opinión*
En Constitución capitalina, logros históricos en derechos indígenas: Julio Moguel
por Julio Moguel
(Foto: Cuartoscuro)

En la Constitución de la CDMX, logros históricos en torno a los derechos indígenas

Julio Moguel

 

Nota introductoria

A unas pocas horas de que terminen los trabajos de la Asamblea Constituyente de la CDMX ya podemos decir, prácticamente sin reservas, que los capitalinos tendremos el mejor documento constitucional que se haya construido a lo largo de toda la historia del país. Y no sólo de cara a lo que ya ofrecen en la materia las constituciones de algunas entidades del país (destacadamente Oaxaca, San Luis Potosí, Querétaro), sino incluso frente a lo que en 2001 y 2011 ya había sido ganado en el tema en la Constitución federal.

Ya llegarán los ríos de tinta que den cuenta de manera cabal de los alcances y contenidos de la Carta Magna de la ciudad. Pero conviene ahora, así sea rápidamente, revisar lo que se logró en materia de reconocimiento de derechos a Pueblos y Barrios Originarios y a las Comunidades Indígenas Residentes. Y no sólo con respecto a lo que quedó establecido en los artículos 63, 64 y 65, correspondientes al capítulo titulado “Ciudad pluricultural” (centrado en la materia propiamente indígena), sino también a lo que, en torno al tema, ya ha quedado finalmente sembrado en todo el cuerpo constitucional.

I

Deberá felicitarse en primer lugar a la Asamblea Constituyente por haber forjado un cuerpo constitucional muy superior en técnica legislativa al “Proyecto de Constitución” presentado para el debate por el Jefe de Gobierno capitalino: se pudo eliminar de éste, sin demérito del contenido, lo que era una retórica excedida en formulaciones genéricas o de cartabón que no pocas veces mezclaban el agua con el aceite. Y el avance no solamente fue por el rigor sintáctico de la estructura y la composición de la letra, sino por la presencia de una conceptualización más rigurosa y mucho más ajustada a los términos de uso de la buena academia o de los espacios sociales e institucionales –internacionales y nacionales– que a lo largo de las últimas décadas han ido forjando a pulso los términos o las fórmulas más propias en la materia.

La confusa definición del sujeto de derecho, fijada en el documento de Miguel Ángel Mancera como “pueblos y comunidades indígenas y barrios originarios”, quedó claramente ubicada, desde el artículo 2, como “Pueblos y Barrios Originarios y comunidades indígenas”. Y la clasificación que finalmente se hizo en el artículo 63 estableció felizmente la diferencia sustancial con la que se ha venido dando el proceso histórico de autoidentificación de tales sujetos sociales de derecho, a saber: los Pueblos y Barrios Originarios, por un lado (con una definida territorialidad y un sello de etnicidad determinado en su condición originaria), y las Comunidades Indígenas Residentes por el otro.

Más problemático era, en el documento del Jefe de Gobierno, conceder la calidad de sujetos colectivos de derecho tanto a “los pueblos y comunidades indígenas y barrios originarios” como a “la familia” (artículo 14), o determinar que dicho reconocimiento, referido a los “barrios originarios”, pudiera hacerse extensivo a “los barrios no-originarios” (artículo 63).

Esa línea de aparente confusión o de manejo sin rumbo del tema relativo al “derecho colectivo” quedaba finalmente ligada, de origen, a un grave problema en la proyección conceptual de todo el documento, a saber: reducir todo derecho colectivo a un “por persona” que lo convertía de manera silenciosa en “derecho individual”, lo que terminaba por anularlo en sus esencias, transformándolo, como decíamos, en un elemento básicamente retórico de enunciación.

II

El Constituyente tuvo a bien reconocer tanto los derechos individuales como los derechos colectivos, dando a cada uno de ellos su propio estatuto jurídico y su propia especificidad (“Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo”, dice el numeral 2 del Artículo 9). Quitó la confusa e improcedente idea de convertir a la familia en una entidad “de derecho colectivo” (Apartado D del Artículo 11), y dejó de lado toda ambigüedad de reconocimiento colectivo que pudiera ser aplicable tanto a los “barrios originarios” como a los “barrios no-originarios”.

Y, justo en la perspectiva de dar contenidos específicos a “los componentes” de esos sujetos de derecho, incluyó expresamente a “la propiedad ejidal y comunal” como sustantiva –y no secundaria o transitoria– del régimen de propiedad de la ciudad: “Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal” (numeral 2 del Artículo 3 ya aprobado).

Esta consideración pudiera pasarse de lado y considerarse poca cosa si no fuera porque se agrega la “tutela [de] los derechos de toda persona campesina y [de] todo propietario rural”, promoviendo “su participación en la adopción de políticas para el desarrollo de sus actividades, con pleno derecho a la propiedad social y a la propiedad privada” (numeral 1 del Apartado E del Artículo 15 (“Ciudad productiva”).

Y ambas aproximaciones (numeral 2 del Artículo 3 y numeral 1 del Apartado E del Artículo 15) también podrían parecer muy poca cosa si no fuera porque se concibe en definitiva que “lo rural” (la parte rural de la ciudad, se entiende) no es una área-frontera asimilable en el futuro a la implacable y creciente densidad de una asfáltica urbanización, sino un componente esencial del futuro propiamente moderno de la ciudad: “Las zonas rurales serán protegidas y conservadas como parte de la funcionalidad territorial y el desarrollo de la entidad, promoviendo un aprovechamiento racional y sustentable que permita garantizar el derecho a la tierra, así como la prosperidad de las personas propietarias y poseedoras originarias” (numeral 1 del Apartado D del Artículo 21: “Ordenamiento territorial”). No sin que antes se hubiera definido que “[se] determinarán las áreas no urbanizables por razones de preservación ecológica, áreas de valor ambiental, recarga y captación de acuíferos, productividad rural, vulnerabilidad ante fenómenos naturales y protección del patrimonio natural, cultural y rural” (numeral 2 del Apartado C del Artículo 21).

III

No podríamos aquí integrar, valorar o enumerar los derechos que finalmente quedaron establecidos en los artículos 63, 64 y 65, que son justamente los que integran propiamente la temática indígena o de pueblos originarios de la Carta Magna de la ciudad. Por ello es que sólo nos referimos a algunos que, me parece, dan una idea del sentido comprehensivo e integral con el que finalmente quedó determinada la materia.

Ya habiendo sido perfilado en los numerales 6 y 20 del Artículo 22 (“Bienestar social y economía distributiva”) el concepto integrador de “economía social” o de “economía social y solidaria”, dirigido a identificar la “parte” de la economía de tales sujetos colectivos que les resulta ser propia o esencial (sin ello, ¿cómo pensar o imaginarse sus formas históricas de reproducción, más allá de los elementos culturales que los identifican?), el numeral 6 del Apartado F del Artículo 65 reconoce a los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes el “derecho a una economía social, solidaria, integral, intercultural y sustentable”.

El concepto invitará a los sujetos colectivos implicados a delinear sus propias vías de reconstitución, pues la idea permite dar majestad propositiva y de proyecto a muy diversas actividades económicas que en su fórmula anterior de enunciación eran concebidas como “menores” o “de indigencia” (propias entonces para la asistencia pública o la filantropía).
Pero veamos, ya sin detenernos demasiado, otras líneas de reconocimiento ubicados en los artículos 63, 64 y 65 que no se pueden subestimar:

a) El derecho a la consulta en los términos plasmados en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (“libre, previa e informada”);

b) Acceso a cargos de representación popular “atendiendo al principio de proporcionalidad y de equidad”;

c) El derecho a “establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propias lenguas” (se supone o implica lo que ya está marcado en otra parte del texto, relativo a que se trata de la educación bilingüe e intercultural);
d) Derecho incluso, también en el rubro educativo, a la “creación de un subsistema de educación comunitaria desde el nivel preescolar hasta el medio superior” (decíamos en otro artículo que aquí tendría que validarse la idea de que el “subsistema” se extendiera hasta el nivel de la educación superior; pero ya la Constitución federal concede ese derecho, por lo que habrá que hacer las adecuaciones pertinentes en la Conferencia de Armonización de la propia Asamblea Constituyente);

e) Reconocimiento del “derecho a sus prácticas de salud, sanación y medicina tradicional, incluida la conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales de interés vital”.

Faltaría mucho más que decir sobre el asunto. Pero creemos que con el manejo de estos ítems ha sido posible mostrar el cauce del mencionado avance constitucional. Quede en el registro finalmente que, en forma inusitada, sin aviso, el articulado revisado en este artículo fue votado a favor, en la Asamblea Constituyente, ¡por unanimidad!

Julio Moguel

Economista de la UNAM, con estudios de doctorado en Toulouse, Francia. Colaboró, durante más de 15 años, como articulista y como coordinador de un suplemento especializado sobre el campo, en La Jornada. Fue profesor de economía y de sociología en la UNAM de 1972 a 1997. Traductor del francés y del inglés, destaca su versión de El cementerio marino de Paul Valéry (Juan Pablos Editor). Ha sido autor y coautor de varios libros de economía, sociología, historia y literatura, entre los que destacan, de la editorial Siglo XXI, Historia de la Cuestión Agraria Mexicana (tomos VII, VIII y IX) y Los nuevos sujetos sociales del desarrollo rural; Chiapas: la guerra de los signos, de ediciones La Jornada; y, de Juan Pablos Editor, Juan Rulfo: otras miradas. Ha dirigido diversas revistas, entre ellas: Economía Informa, Rojo-amate y la Revista de la Universidad Autónoma de Guerrero.


*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.


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