Segob quiere el control político de toda la información pública del país: Merino (Nota y video)
La iniciativa de la Ley General de Archivos incluye aspectos "gravísimos" y se trata de "una de las decisiones más regresivas que pone en riesgo todos los esfuerzos en materia de transparencia y combate a la corrupción", advirtió el coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas.
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Al estilo de los regímenes totalitarios, la Secretaría de Gobernación (Segob) pretende el control político de toda la información pública del país, denunció Mauricio Merino, coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC).

Al realizar un análisis de la iniciativa de la Ley General de Archivos que actualmente se discute en el Senado de la República, el profesor de El Colegio de México aseguró que el proyecto “tiene muchos problemas”, aunque destacó tres:

  • Se otorga a la Segob el control de todos los archivos del país (municipales, estatales y federales), por razones meramente políticas, ya que no existe una justificación técnica para ello;
  • Se establece que la Federación tiene la obligación de que, un plazo máximo de tres años, debe revisar todos los archivos y acervos históricos en su poder para testar aquella información que pudiera ser considerada como “datos personales”; darlos de baja (es decir, destruirlos), o reclasificarlos como confidenciables. Todo ello bajo criterio discrecional de la dependencia. A los gobiernos estatales se les da la misma atribución, con un periodo de cuatro años, y
  • Se determina que funcionarios designados por la Segob así como los propios gobernadores, y no expertos historiadores, sean quienes determinen si los documentos son testados, destruidos o reclasificados.

En entrevista con Aristegui Noticias, Mauricio Merino apuntó que la suma de estos hechos “es gravísimo y una de las decisiones más regresivas que pone en riesgo todos los esfuerzos en materia de transparencia y combate a la corrupción”.

Recordó que toda la información pública se encuentra en archivos “y si no hay una buena gestión de esos documentos, se viene abajo desde sus cimientos todo el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción”.

Indicó que los ciudadanos no podrían conocer mucha información a través de las solicitudes de transparencia, ya que la información se manejaría con criterios políticos y estaría testada, destruida o clasificada como confidencial.

El doctor en Ciencia Política y Sociología señaló que desde hace meses han alertado a los senadores sobre estos “focos rojos” de la iniciativa, sin que hayan notado en ellos sensibilidad para atender estas cuestiones “que son contrarias al espíritu de la Constitución, de los tratados internacionales firmados por el país y a los compromisos en materia de gobierno abierto”.



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