Balance de Calderón: Una reforma acotada y el auge de la sociedad civil
Durante el sexenio, la relación entre gobierno y sociedad fue limitada, lo que motivó el surgimiento de diversos movimientos de la sociedad civil. Algunas exigencias tuvieron eco; otras fueron desoídas.
La indiferencia del gobierno a los reclamos de la sociedad civil motivó el surgimiento de grpos y movimientos abanderando diversas causas, entre ellas la de las víctimas de la guerra (Foto: Isaac Esquivel/Cuartoscuro)

En materia política, el mayor avance durante el sexenio de Felipe Calderón fue la aprobación de la reforma política. Calderón presentó la iniciativa de reforma al Senado de la República en diciembre de 2009. Sin embargo, su discusión y aprobación se postergó y fue promulgada hasta el 8 de agosto de 2012.

La propuesta original incluía temas como la reelección de diputados, senadores y alcaldes, la reducción del Congreso, el aumento en el porcentaje de votos mínimos para registrar un partido político y la segunda vuelta electoral. Pero en la reforma aprobada quedaron fuera las iniciativas de segunda vuelta electoral (que Calderón que propuso a tres días de terminar su gobierno) y la relección de funcionarios.

Lo que sí quedó en la ley fue la posibilidad de los ciudadanos de postularse en candidaturas independientes para puestos de elección popular y de presentar iniciativas de ley. También se planteó que el presidente electo pueda tomar protesta ante las Mesas Directivas del Congreso o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en caso de que existan manifestaciones en su contra que le impidan hacerlo en un acto público.

Se avaló que el secretario de Gobernación pueda asumir las funciones de encargado del despacho presidencial en caso de ausencia del mandatario.

Asimismo se aprobó la posibilidad de que el titular del Ejecutivo presente iniciativas preferentes, como un mecanismo para evitar la parálisis legislativa. Con ello, el Presidente puede enviar al Congreso dos iniciativas de ley en cada inicio del periodo ordinario, las cuales tendrán que ser discutidas y votadas en un máximo de 30 días.

Con la recién instalada LXII legislatura, Calderón hizo uso de esta nueva facultad al proponer las reformas laboral y de contabilidad general. No obstante que el objetivo de esta iniciativa era acelerar el proceso legislativo, la aprobación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo se postergó hasta el 13 de noviembre pasado.

En cuanto a las candidaturas ciudadanas, aunque ya se aprobaron tienen que ser reglamentadas por los congresos locales y federal en la legislación secundaria para instrumentarse. Esto deberá hacerse antes del 9 de agosto de 2013, pero no hay seguridad de que los cambios se puedan implementar para las elecciones intermedias de 2015.

Este 27 de noviembre, a tres días de que concluya su sexenio, Calderón envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma para establecer la segunda vuelta para la elección de Presidente de la República. La propuesta plantea que cuando ninguno de los contendientes por la Presidencia obtenga más del 50 por ciento de los sufragios, se realice una segunda votación en la que participen solamente los dos candidatos que hayan tenido el mayor número de votos en la primera elección.

La relación con la sociedad civil

Durante el mandato de Felipe Calderón el diálogo entre su gobierno y la sociedad civil fue limitado, lo que generó inconformidad e incluso la descalificación de ciudadanos y organismos de la sociedad civil, sobre todo en lo referente a las exigencias relacionadas con la estrategia de seguridad y las políticas públicas, que no fueron atendidas por el mandatario, como expresó el representante en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Javier Hernández, en entrevista con el diario El Economista.

Sin embargo, la indiferencia del gobierno motivó la organización civil y el surgimiento de grupos y movimientos abanderando diversas causas, tanto de índole política como en la defensa de derechos humanos. Las exigencias por la seguridad y la justicia provocaron que padres de familia terminaran convertidos en activistas sociales, como fue el caso de Isabel Miranda de Wallace y Fernando Martí, cuyos hijos fueron secuestrados y posteriormente asesinados.

Otros padres convertidos en activistas fueron aquéllos cuyos hijos fueron asesinados o desaparecidos en el contexto del combate al narcotráfico, como Javier Sicilia: su hijo, Juan Francisco, fue encontrado muerto el 28 de marzo de 2011. Tras el asesinato, Sicilia convocó a la sociedad a manifestarse contra la violencia y encabezó la Marcha Nacional por la Seguridad en México y la Caravana del Sur y desde la dirigencia del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad logró que Felipe Calderón se reuniera con víctimas de la guerra contra el narcotráfico.

Entre los padres que buscaron justicia para sus hijos, destacan los casos de Marisela Escobedo Ortiz y Nepomuceno Moreno, pues ambos fueron asesinados. A Escobedo Ortiz la mataron el 16 de diciembre de 2010, mientras protestaba frente al palacio de Gobierno de Chihuahua para que las autoridades reaprehendieran al asesino confeso de su hija Rubí Frayre; Moreno buscaba a su hijo Jorge Mario, secuestrado el 1 de julio de 2010, y durante su búsqueda denunció la negligencia de las autoridades. Lo mataron el 29 de noviembre de 2011.

La organización civil tuvo logros relevantes en hechos relacionados con la defensa de la tierra y los recursos naturales en los casos de Wirikuta, La Parota, Cabo Cortés y el Parque Eólico Cozumel, en los que se consiguió la cancelación de megaproyectos promovidos o avalados por el gobierno federal. La comunidad michoacana de Cherán logró su autonomía gracias a la organización de sus pobladores, quienes frente a la indiferencia del gobierno de sus reclamos de seguridad, se organizaron para defenderse de los talamontes y las bandas del crimen organizado.

La sociedad civil también impulsó el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio, que busca la aprobación de una ley para regular los servicios de cuidado en las estancias infantiles del Estado, tras la muerte de 49 bebés y niños en un incendio en la Guardería ABC, el 5 de junio de 2009.

Asimismo, fue una iniciativa ciudadana la que promovió una petición de juicio a Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional, por “crímenes de guerra y de lesa humanidad”. La solicitud de juicio fue presentada en noviembre de 2011 y respaldada por alrededor de 20 mil personas, entre ellos abogados, periodistas, investigadores, académicos y defensores de derechos humanos.

Redes sociales: la nueva herramienta social

En muchos de esos casos, las redes sociales sirvieron como un eficiente vehículo para propagar sus demandas sin necesidad de recurrir a los medios tradicionales de comunicación, lo que reflejó el poder de esas herramientas digitales.

Ejemplo de ello fueron movimientos como #ReformaPoliticaYa, para que se dictaminara la reforma política, #InternetNecesario, contra la intención de gravar el acceso a internet, y #NOalACTA, en oposición al acuerdo para penalizar la descarga ilegal de contenidos de internet.

En el caso del movimiento estudiantil #YoSoy132, el uso de las redes sociales fue inherente a su surgimiento, ya que gracias a éstas los alumnos de la Universidad Iberoamericana pudieron responder a las acusaciones de que quienes habían protestado contra el entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto, durante su visita a esa institución el 11 de mayo de 2012, no eran estudiantes.

Con credencial en mano, 131 alumnos de la Ibero respondieron en un video a los señalamientos hechos por Joaquín Coldwell, Emilio Gamboa y Arturo Escobar, y por medios de comunicación. El tema de los “131 alumnos de la Ibero” se volvió tendencia en la red social Twitter y motivó que más estudiantes manifestaran su apoyo reconociéndose y sumándose a su reclamo, adoptando el hashtag #YoSoy132.

Transparencia

México retrocedió en transparencia durante este sexenio, de acuerdo con el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria. En su informe de 2011 otorgó a México 45 puntos de 100 posibles, mientras que para 2005 había alcanzado un puntaje de 53.8 puntos. Entre los rubros peor evaluados se encuentran la participación ciudadana en el presupuesto y la asignación y modificaciones en el presupuesto. La información sobre la deuda y la rendición de cuentas también están entre las variables con más bajas calificaciones.

En cuanto a la opacidad que persistió durante el sexenio, son representativos los casos sobre el costo de los festejos por el Bicentenario (datos que se intentaron reservar por 12 años, a pesar de los señalamientos por desvío de fondos que existieron), la construcción de la nueva sede del Senado de la República (cuya información se reservó, incluida la licitación de la obra y los pagos a la empresa constructora) y el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado 11 de julio, para negar el acceso a la información sobre nombres, monto y razones para la condonación de créditos fiscales en 2007 por 74 mil millones de pesos.

La investigadora Irma Eréndira Sandoval ha enlistado entre los temas que quedaron pendientes en materia de transparencia una ley que obligue a funcionarios y representantes populares a hacer pública su declaración patrimonial y transparentar la opacidad en las finanzas de los estados, en el Poder Judicial y en los fideicomisos públicos.

(Con información de Milenio, El Universal, Proceso, La Jornada, ADN Político y El Economista)



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