Ampliar investigación y reparación para las víctimas de Tlatlaya, demanda la ONU
"Llevar a los responsables ante la justicia es la mejor manera de garantizar que estas violaciones no se vuelvan a cometer”, señaló la portavoz Cécile Pouilly,
Cécile Pouilly, portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU (Foto: ONU)

Un año después de la matanza de 22 personas durante una operación de fuerzas militares, supuestamente contra una banda criminal, en Tlatlaya, en el estado de México, la portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Cécile Pouilly, emitió hoy un llamamiento por la justicia y la reparación para las víctimas, informó la ONU.

La Comisión de Derechos Humanos de México considera que al menos 12 de esas muertes fueron ejecuciones extrajudiciales. Tres mujeres que presenciaron el incidente también sufrieron presuntas violaciones de derechos humanos, incluyendo la detención arbitraria y la tortura.

Si bien un oficial y seis soldados están en espera de juicio, el organismo de la ONU instó a las autoridades mexicanas a ampliar las investigaciones para incluir a las autoridades civiles y militares que podrían tener parte de responsabilidad en las presuntas ejecuciones extrajudiciales y demás violaciones cometidas el 30 de junio de 2014.

“Investigar estos casos y llevar a los responsables ante la justicia es la mejor manera de garantizar que estas violaciones no se vuelvan a cometer”, señaló la portavoz.

Inicialmente, la Secretaría de Defensa del país dijo que los 22 fallecidos pertenecían a una banda de secuestradores y que murieron en un tiroteo con las fuerzas militares.

Sin embargo, un testigo, una de los tres supervivientes del incidente, relató a un medio de comunicación que sólo uno de los civiles murió en el enfrentamiento y que los demás fueron sumariamente ejecutados tras rendirse y haber sido interrogados.

Ocho soldados que participaron en la operación fueron detenidos el 25 de septiembre de 2014. Tres de ellos afrontan cargos de homicidio y uno un cargo de manipulación de pruebas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos llevó a cabo su propia investigación y concluyó que 15 de las 22 víctimas fueron ejecutadas.





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