En tribunales federales, las arbitrariedades tarifarias del Metro: Netzaí Sandoval
Reprochan al jefe de Gobierno de la CDMX no haber cumplido compromisos sobre descuentos permanentes para estudiantes y otros grupos.
(Foto: Cuartoscuro/Rodolfo Angulo)

Por una tarifa de Metro justa

Lic. Netzaí Sandoval

Cuando en diciembre de 2013 Miguel Ángel Mancera decidió aumentar el precio del metro hubo un gran descontento social. Para tratar de acallar las manifestaciones su gobierno ofreció que las tarifas para estudiantes y otros grupos tendrían descuentos permanentes. Pero incumplió.

Después de entregar algunas pocas tarjetas con subsidios, la administración de Mancera ha modificado múltiples veces los requisitos para acceder al beneficio. Después obligó al cambio de tarjetas por unas de nuevo diseño. Tras ello, decidió incluso suspender el ingreso de nuevos estudiantes en el programa de tarifa preferencial. ¿Cuál fue su fundamento? Su simple voluntad. El Jefe de Gobierno supone que tiene un derecho absoluto al manejo arbitrario y discrecional de las tarifas y los descuentos.

Incluso ha establecido nuevos criterios que resultan discriminatorios. Ha impuesto límites de edad para obtener los descuentos, por lo que si un adulto decide culminar sus estudios, no puede acceder a los descuentos de estudiante. Aceptar tal diferencia por parte del Sistema de Transporte Colectivo “Metro” implicaría que los adultos ya no son aceptados por la sociedad como “estudiantes”, contribuyendo al prejuicio de que los adultos mayores ya no poseen habilidades o capacidades para aportar a la sociedad. Recientemente pretende que esos descuentos solamente apliquen a alumnos de ciertas universidades. Muchos estudiantes que asisten a universidades privadas, logran continuar sus estudios gracias a becas y otros programas de asistencia. Pero para Mancera el derecho a la movilidad de todos ellos puede suprimirse de un plumazo.

Ante este cúmulo de arbitrariedades, la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga (EDPA) decidió litigar ante tribunales federales, en contra de Mancera y su gobierno. Se trata de una universidad donde el 100% de sus estudiantes recibe una beca que cubre la totalidad de sus estudios, por lo que pueden estudiar toda su carrera gratuitamente.

La estrategia de litigio es interesante. Se combaten por un lado los actos concretos de las autoridades administrativas que lesionan los derechos de los estudiantes. Por ejemplo, se impugnan los oficios en los que el Sistema de Transporte Colectivo “Metro” niega la aplicación de una tarifa especial para los estudiantes de la EDPA, sin ofrecer fundamentación y sin una motivación coherente. Pero además también se combaten normas generales que permiten a la administración de Mancera, el manejo discrecional y arbitrario de las tarifas.

La decisión del Gobierno local, viola el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo al derecho a la no discriminación y el artículo 16 en lo relativo a la correcta fundamentación y motivación que deben revestir todos los actos de autoridad. Pero también viola el derecho a la movilidad que se reconoció en la nueva Constitución de la Ciudad de México. Mancera expresa así su nulo compromiso para garantizar lo establecido en ese documento.

Por supuesto se reclama la inconstitucionalidad de los requisitos que las autoridades manipulan continuamente, modificando edades de ingreso y universidades a las que cubre el programa. Las normas de carácter general que publicó Mancera, provienen de tal desaseo que incluso fueron dadas a conocer en sábado, violando con ello los acuerdos oficiales sobre publicación de la Gaceta del Distrito Federal. Esas normas le permiten delegar la imposición de tarifas y de nuevos requisitos en funcionarios de menor jerarquía violando con ello el artículo 82 de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal. Todo ello es materia de impugnación en el amparo. Este proceso judicial es coordinado por la clínica de Derechos Humanos de la EDPA y además sirve de aprendizaje para que su estudiantes practiquen la defensa de sus derechos y los de la colectividad, como podrían hacerlo los pasantes de un despacho de abogados.

Han sido varios meses de arduo litigio en el que las autoridades bajo las órdenes de Mancera han llegado al extremo de afirmar que no les resulta aplicable el artículo 16 constitucional, cuando dirigen respuestas a los gobernados. En el mes de junio la jueza Ana Luisa Hortensia Priego Enriquez tendrá la posibilidad de hacer justicia en este vergonzoso caso de uso discrecional de poder y responder al cúmulo de irregularidades del gobierno local.

Por supuesto se trata de una sentencia difícil, pues puede llevar a declarar inconstitucional el aumento a la tarifa del metro que pasó de 3 a 5 pesos en diciembre de 2013. Es evidente que la sentencia únicamente beneficiaria a los estudiantes de la EDPA, por el principio de relatividad de las sentencias de amparo. Pero podría ocasionar una avalancha de amparos posteriores que impugnarían los abusos de Mancera. Pronto sabremos si los jueces federales están ahí para hacer vigentes los derechos ciudadanos, o para respaldar los abusos de poder.







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