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Últimos textos de la corresponsal de ‘Proceso’ en Veracruz
2014/06/13
2013/04/11
2013/04/10
   
Sus últimas colaboraciones fueron sobre corrupción de jueces y un alcalde, así como el reclamo del gobierno del estado sobre 25 millones de pesos confiscados en el aeropuerto de Toluca
Regina Martínez se ocupó de casos corrupción, narcotráfico y derechos humanos para Proceso y su agencia Apro.

La corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, Regina Martínez, quien fue asesinada el sábado, abordó en sus últimas colaboraciones temas como: corrupción de jueces y un alcalde, así como el reclamo del gobierno del estado sobre 25 millones de pesos confiscados en el aeropuerto de Toluca. Ella también reportó

Lee las colaboraciones de la periodista en la revista Proceso

Ligan a nueve policías con el narco en Veracruz

27 de abril de 2012

XALAPA, Ver. (apro).- Elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) detuvieron a nueve policías del municipio de Tres Valles, por su presunta vinculación con el crimen organizado, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ). En una acción coordinada entre las fuerzas del orden que participan dentro del programa Veracruz Seguro, en las primeras horas de este día se llevó a cabo la detención de los uniformados del municipio de Tres Valles, cuyo presidente es el panista Carlos Alberto Córdova Morales.

Con ello, dieron cumplimiento a una orden de aprehensión -investigación ministerial 76/2012- en contra de los integrantes de la corporación policiaca municipal, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, informó la PGJ. La aprehensión de los preventivos en Tres Valles, municipio ubicado en la Cuenca del Papaloapan, se registró un día después de que efectivos de la Marina y del Ejército Mexicano, detuvieran a María Teresa González Sánchez, identificada como la Comandante Tere, quien junto con un grupo de sicarios atacó a elementos de la Policía Municipal de Tierra Blanca, tras sostener un enfrentamiento a balazos.

En el ataque registrado el miércoles pasado cerca de un centro comercial de Tierra Blanca, el comando dirigido por González Sánchez, intentó secuestrar al jefe de la Policía Municipal de ese lugar, debido a que supuestamente estaba impidiendo trabajar al grupo delincuencial a su cargo. En sus declaraciones ministeriales, la presunta líder del grupo delincuencial detenido junto con otros delincuentes que participaron en el enfrentamiento reveló que ese mismo día se había entrevistado con el comandante de la Policía Municipal de Tres Valles, a quien le pagó por colaborar con la célula criminal a la que pertenece.

La Comandante Tere, también habría denunciado que el mismo jefe policíaco de Tres Valles, le sugirió que fuera a la Agencia del Ministerio Público y a la oficina de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), ubicadas en Tierra Blanca, para “intimidar” a los funcionarios para que pararan las investigaciones que los involucraban en asesinatos. La agencia del Ministerio Público en Tierra Blanca investigaba los hechos denunciados por un campesino que sobrevivió al secuestro y agresión perpetrada contra él y otro jornalero por el grupo criminal, luego de que, supuestamente, agentes policiacos de Tres Valles se los entregaron para asesinarlos.

Hoy, el secretario de Seguridad Pública estatal, Arturo Bermúdez Zurita, informó que esta mañana se llevó a cabo un operativo para detener a nueve policías de Tres Valles, incluido su comandante, tras la orden de aprehensión girada en su contra por autoridades de la PGJE. Los hechos fueron confirmados por el gobernador Javier Duarte después de la graduación de cadetes de la nueva Policía estatal.

En entrevista, aseguró que su Gobierno está trabajando en la conformación del mando único de la Policía estatal, sin embargo, “es un proyecto que requiere de muchos recursos, es un tema que tiene que ver con una cuestión presupuestal y en ese sentido se está utilizando cada centavo que se destina para seguridad pública”. Tras la detención de los uniformados, Duarte señaló que a partir de ahora la seguridad pública de ese municipio estará a cargo de las autoridades estatales, “para dar certidumbre a la población”.

Investigan muerte del coordinador del FAS en Veracruz

27 de abril de 2012

XALAPA, Ver. (apro).- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) investiga las causas de la muerte del coordinador regional del Frente Amplio Social (FAS), Rogelio Martínez Cruz, ocurrida el pasado jueves 26. El ex líder perredista en Veracruz fue hallado sin vida en su domicilio particular, ubicado en la colonia Puente Roto, en el puerto veracruzano hasta donde acudieron agentes del Ministerio Público para dar fe de los hechos. Luego de la diligencia ministerial, el cuerpo del dirigente fue trasladado al Servicio Médico Forense, para someterlo a la necropsia de ley.

Sin conocer aún el resultado, las autoridades se aventuraron a dar un primer reporte en el sentido de que Martínez Cruz “falleció por causas naturales”. Esta primera apreciación choca frontalmente con la versión del actual candidato a Diputado federal por la coalición “Movimiento Progresista”, Uriel Flores Aguayo, quien aseguró que familiares y testigos revelaron que la casa del dirigente del FAS “se encontraba en completo desorden”, y que hacían falta algunas pertenencias personales de la víctima. Luego de lamentar la muerte de su compañero, Flores Aguayo solicito a las autoridades ministeriales realizar una investigación a fondo sobre los hechos.

De acuerdo con fuentes policiacas, el cuerpo del ex líder perredista, de 47 años de edad, fue hallado alrededor de las 10 de la mañana del jueves 26, cuando varios vecinos de la colonia Puente Roto acudieron a su domicilio a visitarlo y se percataron de que la puerta de la vivienda estaba abierta. Según los testigos, al entrar a la casa encontraron el cuerpo del ex dirigente municipal del PRD “tirado en el suelo y ya sin vida”, por lo que de inmediato dieron parte a las autoridades correspondientes.

No descartaron que Martínez Cruz haya sido asesinado para robarle, pues la vivienda se encontraba “toda revuelta” y habían desaparecido una pantalla, un DVD y unas bocinas. Tras el suceso, el dirigente estatal del Frente Amplio Social y ex diputado local, Uriel Flores Aguayo, solicitó a la PGJE que investigara el caso, pues al parecer el cuerpo de su compañero presentaba huellas de asfixia, “por eso exigimos a las autoridades que se realice una investigación a fondo”, dijo la víspera.

Veracruz: sancionan a dos jueces por corrupción y dilación de la justicia

25 de abril de 2012

XALAPA, Ver. (apro).- El Consejo de la Judicatura de esta entidad cesó y procedió penalmente contra la juez Rosa María Ortiz Gómez, adscrita al municipio de Huatusco, por presuntos actos de corrupción.

Además, suspendió por 30 días al juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, Cesáreo Pio Lili, por dilación de la justicia.

Sobre el primer caso, el presidente del Consejo, Alberto Sosa Hernández, comentó que ya se giró orden de aprehensión contra la juez Ortiz Gómez y que por las imputaciones que se le hacen podría enfrentar una pena mínima de cuatro años de cárcel, sin derecho a fianza.

El también presidente del Tribunal Superior de Justicia reveló que la juez incurrió en desvío de recursos al quedarse con los recursos de las fianzas por diversos asuntos turnados a su juzgado, según la denuncia hecha por un grupo de particulares.

Según el funcionario, dichos recursos ascendían a casi 500 mil pesos, cantidad que luego se redujo a 200 mil pesos, ya que el resto del dinero fue comprobado.

El magistrado Sosa Hernández detalló que durante el proceso de las investigaciones “aparecieron” dos cheques de depósito y, ante ello, el monto del presunto delito de peculado en que incurrió la funcionaria, se redujo a 200 mil pesos.

A pesar de ello, detalló que, por tratarse de un delito grave, la impartidora de justicia “no alcanza la libertad bajo fianza”. El presidente del TSJE mencionó que el viernes de la semana pasada se decretó el auto de formal prisión contra la juez Ortiz Gómez y que por ello “permanece en el penal de Misantla”, lugar donde se inició el procedimiento ministerial en su contra por los presuntos afectados.

El faltante fue detectado durante una visita judicial al Juzgado de Misantla, señaló Sosa Hernández, luego de explicar que dicha irregularidad no fue producto de una revisión o auditoría ordenada por el juez que reemplazó a Ortiz Gómez en el cargo.

Debido a ello, el magistrado presidente del TSJE recordó que cuando Rosa María Ortiz estaba adscrita al Juzgado de Misantla dispuso de 450 mil pesos, correspondiente al pago de fianzas, dinero que no ingresó a la cuenta bancaria del Fondo Auxiliar para el Mejoramiento de la Impartición de  Justicia.

Detalló que Rosa María Ortiz fue inhabilitada en sus funciones dentro del Poder Judicial.
Por otro lado, el presidente del Consejo de la Judicatura confirmó que también se suspendió por un mes al juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, Cesáreo Pio Lili, por irregularidades y retrasos en la integración de expedientes ministeriales a su cargo.

Sosa Hernández no descartó que para la próxima convocatoria para el ingreso de nuevos jueces, se establezca la obligatoriedad de presentar examen de confianza, “con la finalidad de garantizar la honestidad de los juzgadores y que sus resoluciones de apeguen al marco jurídico”.

Piden diputados de Veracruz regular circulación de camiones con doble remolque

25 de abril de 2012

XALAPA, Ver. (apro).- El diputado priista Eduardo Andrade Sánchez presentó una iniciativa para reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte, con el objetivo de “regular” la circulación de camiones con doble remolque en carreteras federales.

Ante las miles de muertes que año con año se registran en las carreteras federales, debido a accidentes provocados por este tipo de unidades que circulan por esas vías de comunicación, el también presidente de la mesa directiva del Congreso local planteó modificaciones al artículo 50 de dicha ley.

De acuerdo con la iniciativa, que fue turnada a comisiones para su análisis y dictamen, hay cifras que revelan que los camiones con doble remolque provocan cada año entre 3 mil 500 y 5 mil accidentes, y la muerte de hasta 900 personas.

Según Andrade Sánchez, la pérdida de vidas en las carreteras federales es provocada en su mayoría por el exceso de velocidad, por ello, agregó, es necesario reglamentar el peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte.

Lo ocurrido en el norte de Veracruz el pasado sábado 21, subrayó, es “una tragedia terrible”, ya que hubo 44 muertos y más de 20 heridos, “lo que nos obliga a reaccionar y exigir que se regule, pues el problema es la falta de aplicación de la ley y es un asunto que debe corregir la autoridad federal”.

En este caso, consideró que lo conveniente es prohibir la circulación de vehículos con doble remolque, tomando en cuenta que lo más grave y lamentable es el costo de vidas humanas. En los últimos días, agregó, “todos hemos sido testigos de terribles tragedias”, entre ellas la de los estudiantes de economía de la UNAM que murieron en un accidente.

“Son lamentables tragedias donde muchas personas han perdido la vida y podrían haberse evitado si los camiones que se transformaron en armas mortales hubieran estado en buenas condiciones y se hubieran ajustado a la normatividad”, señaló.

La circulación de camiones doblemente articulados por caminos y puentes de México, insistió, impacta negativamente en la vida y la seguridad de quienes circulan por las carreteras, además de que ante el mayor consumo de combustible contribuyen a incrementar el problema de polución ambiental.

El legislador refirió que uno de los aspectos que colocan a México en los peores lugares de los llamados países emergentes es la inseguridad en sus carreteras, derivada del número y consecuencias funestas de los accidentes registrados como resultado de la combinación entre irresponsabilidad, incuria y apetito excesivo de ganancia de propietarios y administradores de empresas transportistas que no dan mantenimiento a sus unidades.

 

Espera a “narcoalcalde” detenido en Veracruz revocación de mandato o desafuero

19 de abril de 2012

XALAPA, Ver. (apro).- Después de la detención del alcalde panista de Chinameca, Martín Padua Zúñiga, tras un enfrentamiento con militares el martes 17, el Congreso local analiza si procede la revocación del mandato o el desafuero, a raíz de que el juez determine la situación jurídica del edil.

El alcalde ya fue trasladado a las oficinas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) en la Ciudad de México, donde rinde su declaración ministerial en calidad de presentado, por lo que en las próximas horas se determinará si lo consignan o no ante un juzgado federal.

Mientras, el presidente de la mesa directiva de la Legislatura local, el priista Eduardo Andrade Sánchez, señaló que “lo que procedería sería la revocación del mandato” de Padua Zúñiga, ya que fue detenido en flagrancia en una casa de seguridad, donde un grupo de sicarios de “Los Zetas” enfrentó a los militares.

Por tratarse de un delito federal, consideró, “no es necesario llevar a cabo un proceso de desafuero”, sino la revocación del mandato, acción que cualquier ciudadano puede solicitar ante el Congreso local, “pues se trata de una acción popular que puede proceder”.

En tanto, al frente del ayuntamiento de esa región sur de la entidad quedó la síndico Eduarda Montiel Santiago, hasta que el Congreso local resuelva si llama al suplente o permanece la edil junto con los regidores Santiago Patraca Valencia y Rosa Rogel Hernández.

La síndico de Chinameca, quien dijo confiar en la “inocencia” de Padua Zúñiga, subrayó que por mandato de ley y ante la ausencia del alcalde ella asumirá el cargo hasta por un término de 90 días, mientras las autoridades correspondientes determinan la situación jurídica del caso.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, el panista Francisco Lara Arano, consideró que, sin pretender hacer juicios a priori ni politizar este caso, las autoridades primero tienen que investigar; además, “si el alcalde de Chinameca tiene responsabilidad en este tipo de delitos, se debe aplicar la ley”.

Subrayó que el hecho de ocupar un cargo público no significa que debe haber impunidad, ni tampoco se debe utilizar el fuero para cometer tropelías o incurrir en abuso de autoridad, “por eso el que la hace que la pague, ya que si hay delitos que perseguir que se aplique la ley”.

El edil, quien fue postulado por el PAN como candidato externo en las elecciones locales de 2010, fue detenido durante un operativo militar junto con el jefe de operaciones de “Los Zetas” en varios municipios en esa región sur del estado, José Carmen Fragoso Martínez, El Concha o El Comandante Reyes, confirmó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En un comunicado, la dependencia señaló que luego del enfrentamiento registrado en calles del municipio de Minatitlán, muy cerca de Chinameca, fue detenido Padua Zúñiga junto con el jefe de plaza del grupo criminal de “Los Zetas” en los municipios de Acayucan, Oluta, Soconusco, Jáltipan, Chinameca, Cosoleacaque, Minatitlán, Coatzacoalcos, Nanchital, Agua Dulce, Las Choapas y Soteapan.

Además de armas de diversos calibres, droga y varios vehículos decomisados, la dependencia explicó que en esta acción también fueron detenidos Eligio Aurelio Ramírez Amores, Marcos González León, Sergio López Ramírez, La Cobra o El Jorgito, y Gregorio Ramón Barradas, El Roche o El Barradas.

La Sedena detalló que, como parte de la misma operación, el lunes 16 personal militar detuvo a José Manuel Rodríguez Barrientos, operador financiero del mismo grupo criminal en la plaza de Coatzacoalcos, además de Mario García Cisneros y Rogelio Aispuro Mendoza, a quienes también se les aseguraron armas, drogas, vehículos y dinero en efectivo.

Según medios de la región, hasta esta tarde el palacio municipal de Chinameca permanecía bajo vigilancia de elementos del Ejército, quienes realizaban revisiones en entradas y salidas, en tanto que las autoridades judiciales ordenaron “congelar” las cuentas bancarias del ayuntamiento “para evitar manejos irregulares”.

Por su parte, la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, en voz de su secretario general, Marco Antonio Núñez, reiteró su postura en el sentido de que no “encubrirá” a ningún servidor público que haya incurrido en delitos o que tenga vínculos con el crimen organizado, “sea o no del PAN”.

“No se trata de lavarse las manos ni de desconocer a nadie”, subrayó sobre lo dicho el día anterior en torno a que Padua Zúñiga no es militante de este partido. En este caso, dijo, “fuimos muy claros al señalar que si bien el alcalde de Chinameca fue postulado por el PAN, en ningún momento se negó su postulación, que fue a través de una candidatura externa”.

El hecho de que el edil aprehendido por el Ejército no sea militante ni miembro adherente del albiazul, apuntó, “significa que es improcedente que el partido inicie un proceso de expulsión”, sin embargo, remarcó, “no se va a encubrir absolutamente a nadie, sean candidatos externos o militantes, y que tengan vínculos con el crimen organizado”.

Reclama gobierno de Veracruz los 25 MDP confiscados

9 de abril de 2012

XALAPA, Ver. (apro).- El gobierno de Javier Duarte exigió de nueva cuenta a la Procuraduría General de la República (PGR) la “devolución” de los 25 millones de pesos en efectivo que fueron incautados por la Policía Federal a dos empleados de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) en el aeropuerto internacional de Toluca, Estado de México, en enero pasado.

En conferencia de prensa, el subprocurador de Justicia región Xalapa, Antonio Lezama Moo, dijo que la dependencia que encabeza Marisela Morales debe declararse “incompetente”, debido a que hasta ahora no se ha emitido un fallo en torno del asunto.

A nombre de Amadeo Flores Espinosa, titular de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), Lezama Moo señaló que desde hace más de dos meses, peritos de la PGR determinaron que los recursos en efectivo que transportaban los empleados del gobierno estatal en una aeronave propiedad del estado de Veracruz “tenían un origen lícito”.

Detalló que enviaron un oficio a la titular de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de Control Regional, Procesos Penales y Amparo, Martha Guadalupe Ponce Ibarra, “para que se declaren incompetentes para atender el caso y devuelvan el dinero”.
Añadió: “Los propios peritos de la PGR confirmaron el origen lícito de los recursos y, desde la fecha que fue emitido el dictamen, no existe fundamentación o justificación legal alguna para retener el numerario de procedencia”.

Es decir, insistió, “no existe fundamentación o justificación legal alguna para la retención de los 25 millones de pesos, porque peritos de la PGR confirmaron en el dictamen pericial con folio 14578, de fecha 29 de febrero, que los recursos pertenecen al gobierno veracruzano”.

El funcionario refirió que el titular de la PGJE, Amadeo Flores, mediante oficial PGJE/2812/2012 presentado ante la PGR, “señala que la administración estatal se opone al abandono de los recursos que tienen acreditado su origen”.

De acuerdo con el funcionario estatal, la administración de Duarte ha acreditado cada una de las indagatorias y requerimientos que la PGR ha solicitado.

“Se comprobó ante las instancias correspondientes que las personas que portaban el dinero del erario son servidores públicos adscritos a la Sefiplan y que, mediante oficio de comisión, estaban autorizados para trasladar los recursos, lo que evitó que fueran detenidos”, puntualizó.

En su oportunidad, el titular de la Sefiplan, Tomás Ruiz González, aseguró que la transportación de los 25 millones de pesos en efectivo vía área, en una aeronave propiedad del estado, “se debió a las prisas”, ya que tenían que pagar a una empresa privada contratada para la elaboración de promocionales de las fiestas de La Candelaria, en Tlacotalpan, el Carnaval de Veracruz y la Cumbre Tajín, en Papantla.

Días después de que se realizaron las fiestas de la Candelaria y el Carnaval de Veracruz, el contralor general del estado, Iván López Fernández, aseguró que la “procedencia lícita” de dichos recursos había sido acreditada por el gobierno estatal ante las autoridades federales.

No obstante, los 25 millones de pesos que fueron trasladados por dos empleados del gobierno estatal, que luego se dijo no estaban registrados en la nomina de la Sefiplan, continúan en manos de la PGR, aunque los presuntos trabajadores de la actual administración fueron liberados bajo fianza.

A la CIDH el caso de indígena violada y ejecutada por militares en 2007

1 de noviembre de 2011

XALAPA, Ver. (apro).- El caso de la indígena Ernestina Ascencio Rosario, asesinada en febrero de 2007 por presuntos militares, será enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en virtud de que se agotaron todos los procedimientos legales en las instituciones mexicanas “sin ningún resultado en la aplicación de la justicia”.

Así lo señaló el activista Julio Atenco Vidal, presidente de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), quien señaló que las abogadas Carmen Herrera y Pilar Noriega, de la Asociación de Abogados por la Defensa de los Derechos Humanos, preparan ya el recurso correspondiente para presentarlo ante la CIDH.

Mencionó que las comunidades del municipio de Soledad Atzompa –de donde era originaria la indígena de 72 años de edad, quien el 25 de agosto de 2007 fue violada y asesinada por presuntos militares–, que a la fecha siguen reclamando justicia, recurrieron al apoyo de dos grupos de abogados especializados en la defensa de los derechos humanos.

En este caso, dijo, “contamos con el apoyo” del equipo de abogados dirigido por Miguel Cano y por el de la Asociación de Abogados por la Defensa de los Derechos Humanos, quienes ante las instancias judiciales, tanto estatales como federales, reivindicaron el derecho a la información, es decir “a conocer la verdad sobre las causas que motivaron la muerte de la anciana indígena”.

Atenco Vidal puntualizó que este proceso inició luego de las “pifias” de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) y del exgobernador Fidel Herrera Beltrán, quien a pesar de haberse comprometido a aplicar la justicia en el caso de la indígena asesinada, se desistió y avaló lo dicho por el presidente Felipe Calderón, en el sentido de que había muerto “por una gastritis aguda y no por violación”.

A través de un amparo de la justicia federal, diversas organizaciones civiles y familiares de la víctima exigieron su derecho a la información, establecido tanto en la Constitución federal como en la local, ante la negativa de las autoridades estatales para entregar el expediente relativo a los peritajes realizados tras el fallecimiento de la indígena.

Luego de un largo proceso, explicó el activista, el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que recientemente emitió el falló y ordenó a la PGJE que entregara la información solicitada, “pero lo que entregaron las autoridades fue la misma basura de siempre”, es decir, “nada”.

Ante ello, detalló, hace unos días las abogadas Herrera y Noriega consultaron e informaron que luego de haberse agotado todas las instancias relacionadas con la aplicación de la justicia en México, estarían ya listas para presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Nosotros confiamos que los procedimientos que han seguido estas compañeras son los adecuados y aprobamos que presenten el caso, ya que hay familiares de la señora Ernestina que están dentro de nuestra organización y que seguramente tendrán que ratificar la denuncia ante esta instancia internacional”, subrayó.

A través de estos familiares cercanos de Ascencio, cuyo nombre se reservó para evitar que sean presionados por parte de las autoridades estatales, como ocurrió con los hijos de la anciana asesinada, el activista detalló que solicitaron a las abogadas que los representara en todo este procedimiento ante las instancias judiciales mexicanas y ahora ante la CIDH.

Atenco Vidal dijo desconocer cuándo será presentado este caso ante la CIDH, “pero será pronto”, agregó, porque en este momento se está preparando el expediente y recabando e integrando todos los elementos de prueba contra la actuación de las autoridades por negar información sustantiva sobre las pruebas periciales practicadas por peritos de la PGJE.

Estos peritajes, subrayó, “podrían demostrar la existencia del delito de violación y asesinato”, información que el gobierno del estado negó reiteradamente, aun cuando la SCJN ordenó que se entregara a quienes promovieron el amparo. “La PGJE vuelve a dar la basura que ya conocíamos, sólo es un juego para ellos”, insistió.

Lo que en este caso se está exigiendo son las pruebas periciales, puntualizó, “porque eso es lo que realmente puede demostrar o no la configuración del delito” y la probable responsabilidad de elementos del Ejército mexicano en la muerte de la anciana indígena, que perdió la vida luego de ser atacada en su propia comunidad, Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa.

“Lo que se quiere demostrar es que Ernestina Ascencio fue violada y asesinada, y que no murió por una gastritis, como lo suscribió la supuesta investigación de la PGJE y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en ese entonces presidida por José Luis Soberanes, quien solio fungió como comparsa a lo dicho por el propio Calderón”, acusó.

A cuatro años de los hechos ocurridos en la sierra de Zongolica, dijo, las comunidades indígenas y las organizaciones civiles que conocieron del caso siguen esperando justicia para la anciana de 72 años de edad, asesinada y ultrajada, “por lo que ahora tenemos la esperanza de que instancias internacionales actúen para que se conozca la verdad de los hechos”.

Indagan suicidio de alcalde veracruzano

14 de noviembre de 2011

 

XALAPA, Ver. (apro).- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) indaga la muerte del alcalde de San Juan Texhuacan, el panista Juan Alejandro Hernández Cano, quien presuntamente se suicidó al darse un tiro la noche del pasado domingo 13.

La PGJE explicó en un comunicado que, según declaraciones de la esposa del funcionario local, Genoveva Amador Flores, y del hermano del alcalde, Joaquín Hernández Cano, a las 21:00 horas de ese día escucharon una detonación en una de las habitaciones de la casa, ubicada en la cabecera municipal de San Juan Texhuacan.

Según los primeros reportes, detalló la dependencia, los familiares del occiso relataron que, al escuchar el disparo y revisar el sitio, encontraron el cuerpo de alcalde con una herida de bala en la boca con salida en la nuca, por lo que de inmediato fue llevado al hospital de Zongolica, donde posteriormente falleció.

“La esposa señaló que se trató de un suicidio”, sin embargo, la PGJE realizará una investigación para el esclarecimiento de los hechos, subrayó la dependencia.

En entrevista con medios locales, la esposa y otros familiares del extinto alcalde aseguraron que éste “sufría” una fuerte depresión, razón que suponen lo orilló a dispararse en la boca cuando ya se disponía a descansar la noche del domingo en el dormitorio de su propio domicilio.

Pese a que pudo ser ingresado a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Zongolica, el alcalde de 45 años de edad falleció cuando era atendido de emergencia.

Al lugar se trasladó personal de la agencia del Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes.

Los primeros indicios indican que el presidente de San Juan Texhuacan, quien asumió el cargo el 1 de enero de este año, se habría disparado con un arma de fuego tipo escuadra calibre 8 súper, matricula 4547, según reportes de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) de la PGJE.

Luego de los hechos, María del Rosario Castro Lozano, directora del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), dependiente de la Secretaría de Gobernación, expresó sus condolencias de los familiares del alcalde panista muerto.

En un comunicado precisó que “la Secretaría de Gobernación, por conducto del Inafed, estará atenta a los informes que rindan las autoridades del gobierno de Veracruz sobre este acontecimiento”.

Mientras, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, Enrique Cambranis Torres, luego de lamentar la muerte del edil panista, consideró que corresponde a las autoridades ministeriales investigar los hechos, ya que no se puede especular si se trató de un suicidio o de un homicidio.

“Creo que debemos permitir a las autoridades correspondientes realizar las investigaciones” y, en ese sentido la dirigencia estatal del PAN “exige se lleve a cabo una exhaustiva investigación sobre el deceso de nuestro compañero”, acotó.





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