Aplaude UNICEF sistema de justicia penal para adolescentes y urge a diputados aprobarla
Sostuvo que "de no aprobarse la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones, los casi 15,000 adolescentes acusados de cometer un delito que son sujetos a procesos penales cada año, y la sociedad en general, quedarían en estado de incertidumbre jurídica, al no existir marco legal acorde con la Constitución que les resulte aplicable".
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El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México felicitó al Senado de la República por la aprobación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

En un comunicado, destacó que “la aprobación de este ordenamiento, el pasado martes 26 de abril por parte de las senadoras y senadores mexicanos, constituye un paso fundamental para seguir avanzando en el proceso de adecuación legislativa derivado de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la emisión de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”.

Además, señaló que se trata de “un requisito fundamental para instaurar en todo el país un sistema de justicia penal especializado para adolescentes, plenamente armonizado con los principios internacionales y constitucionales de protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes”.

“La aprobación de esta Ley Nacional por parte del Senado es resultado de grandes esfuerzos realizados durante los últimos años por legisladoras y legisladores de las diversas fuerzas políticas del país, junto con académicos, especialistas, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios públicos y operadores de los sistemas de justicia, que culmina con un instrumento legal que establece nuevas bases para mejorar y consolidar los cambios que en materia de justicia para adolescentes se vienen dando desde el año 2005”, destacó.

La UNICEF México llamó a los diputados del Congreso Federal “para que esta Ley sea aprobada también por la Cámara revisora, durante el presente periodo ordinario de sesiones” que termina el 30 de abril, “de forma que el país pueda contar con este nuevo marco jurídico a la brevedad”.

Recordó que “la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México en septiembre de 1989, establece que ninguna persona menor de 18 años de edad puede ser juzgada como adulto y en caso de ser acusado de la comisión de un delito, tiene derecho a acceder a un sistema de justicia especializado que tomando en cuenta su edad, respete todos sus derechos y promueva su reintegración social y familiar a través de medidas que fomenten su sentido de la dignidad y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales de terceros”.

“Un sistema especializado de justicia para adolescentes protege los derechos de las y los adolescentes acusados de haber cometido un delito y también es un mecanismo de protección a las víctimas y a la sociedad en general, al establecer los criterios y procedimientos para responsabilizar a las y los adolescentes por los delitos cometidos y establecer las consecuencias jurídicas de los mismos, asegurando la reparación del daño a la víctima y la inclusión en programas de reinserción social y comunitaria encaminados a evitar la reincidencia y a generar oportunidades que les permitan reconstruir proyectos de vida alejados del delito”, abundó.

Y señaló que “la Ley Nacional en proceso de aprobación ahora por la Cámara de Diputados, refuerza los mecanismos necesarios para cumplir con los objetivos de la justicia para adolescentes, unificando los principios, disposiciones y procedimientos que permitirán que todas las y los adolescentes del país que sean acusados o vinculados con la comisión de un delito tengan acceso a diversas formas alternativas de justicia para la resolución del conflicto, así como a un juicio oral y acusatorio, en el que -de comprobarse su responsabilidad- se dicten las sanciones correspondientes para promover su reintegración y reinserción social y familiar y garantizar la reparación del daño”.

“En consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales en la materia, la Ley privilegia la aplicación de las medidas sancionadoras no privativas de libertad y revierte la tendencia al aumento indiscriminado en las penas aplicables a las y los adolescentes en conflicto con la ley, reconociendo que los largos periodos de internamiento en esta etapa tan importante del desarrollo, lejos de resolver la criminalidad agrava los índices de violencia y limita las posibilidades de reinserción social”.

 



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