El caso que abrió el debate sobre la mariguana en México
La prohibición para consumir mariguana se basa en un prejuicio sustentado en valoraciones morales y no en estudios científicos, aseguran los quejosos, cuyo caso escaló hasta la SCJN. "La imposición de un estándar único de vida saludable no es admisible para un Estado liberal", sostienen.
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El 31 de mayo de 2013, un grupo de ciudadanos organizados comenzaron su estrategia para que se les diera permiso de usar mariguana en México.

En esa fecha, solicitaron por escrito a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que les expidieran una autorización para el consumo personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos de la mariguana.

El caso escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde probablemente será discutido y resuelto la siguiente semana en la Primera Sala.

No obstante, el asunto ya abre el debate en el que hasta la Presidencia de la República intervino, oponiéndose abiertamente – a través de la Secretaría de Salud- a legalizar la cannabis.

En el proyecto del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, se plantea que, “una vez que se han analizado los beneficios y los costos de la medida”, y “a pesar de que esta Suprema Corte reconoce que el legislador puede limitar el ejercicio de actividades que supongan afectaciones a los derechos que protege nuestra Constitución, en el caso de la restricción al libre desarrollo de la personalidad que comporta la medida impugnada, esta Primera Sala no encuentra que tales afectaciones fueran de una gravedad tal que ameriten una prohibición absoluta a su consumo“.

El proyecto señala que “esta Primera Sala no minimiza los daños que puede ocasionar la marihuana en el consumidor mayor de edad, sin embargo, entiende que la decisión sobre su uso sólo le corresponde tomarla a cada individuo. Así, este Alto Tribunal considera que pertenece al estricto ámbito de la autonomía individual protegido por el derecho al libre desarrollo de la personalidad la posibilidad de decidir responsablemente si desea experimentar los efectos de esa sustancia a pesar de los daños que esta actividad puede generarle a una persona”. 

Zaldívar llega a la conclusión -que será discutida por la sala- de que resultan inconstitucionales los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud, en las porciones que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para la realización de los actos relacionados con el consumo personal con fines recreativos (sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar), en relación únicamente y exclusivamente con el estupefaciente “cannabis” (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas).

Aquí la historia:

Los quejosos que quieren un permiso para usar mariguana, también solicitaron autorización para ejercer los derechos correlativos al “autoconsumo” de mariguana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, empleo, uso y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal, excluyendo los actos de comercio, tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma.

Ante ello, la Cofepris dijo a los peticionarios que hasta el momento no podía ser expedida la autorización solicitada, pues la Ley General de Salud prohíbe la mariguana en todo el territorio nacional.

Los quejosos se inconformaron tras la respuesta y promovieron un juicio de amparo indirecto en contra de la negativa a darles el permiso, alegando la inconstitucionalidad.

Plantearon en síntesis argumentos como los siguientes:

-Indebida restricción de los derechos fundamentales a la identidad personal, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad, autodeterminación y libertad individual, todos en relación con el principio de dignidad humana, así como del derecho a la disposición de la salud.

-La política prohibicionista respecto del consumo de marihuana establecida en los artículos impugnados, no superaba los exámenes de escrutinio establecidos por la Suprema Corte para realizar restricciones a los derechos fundamentales.

-Argumentaron que el Estado no puede socavar o suprimir las acciones que realice cualquier individuo para individualizarse dentro de la sociedad, a menos de que exista un interés superior que los justifique, pues el individuo tiene derecho a elegir de forma libre y autónoma su proyecto de vida y la manera en que logrará los objetivos que considere relevantes; en otras palabras, el Estado no puede imponer modelos y estándares de vida a los ciudadanos, ni intervenir en asuntos propios de la esfera personal y privada de éstos.

-Los quejosos sostuvieron que mediante el consumo de marguana las personas proyectan sus preferencias y rasgos que la diferencian y singularizan del resto de la sociedad. Así, la prohibición del consumo de la misma resulta inconstitucional, indicaron, pues implica la supresión de conductas que confieren al individuo una diferencia específica de acuerdo a su singularidad, restricción que no se encuentra justificada ya que la imposición de un estándar único de vida saludable no es admisible en un estado liberal, que basa su existencia en el reconocimiento de la singularidad e independencia humana.

-Además, señalaron que la elección de consumir marihuana es una decisión estrictamente personal, pues el individuo es quien padece el cambio de percepción, ánimo y estado de conciencia, afrontando las consecuencias de su decisión, sin que ello perturbe o afecte al resto de la sociedad. Por tanto, a través de estas medidas prohibicionistas, el Estado asume que el individuo no tiene capacidad racional para disponer de su cuerpo, mente y persona.

-Por otra parte, los quejosos también argumentaron que la política prohibicionista que se deriva de los artículos impugnados resulta inconstitucional al vulnerar el derecho a la salud en su aspecto negativo, entendido como la facultad o potestad de disponer de la salud personal, inclusive para no gozar de buena salud. Así, señalaron que el Estado no puede interferir en la libertad de los individuos para controlar su salud y su cuerpo, es decir, no puede interferir en la libertad inherente al derecho a la salud para disponer de la salud propia.

-Los quejosos sostuvieron que la prohibición para consumir marihuana se basa en un prejuicio sustentado en valoraciones morales y no en estudios científicos, revelando que el Estado no ha actuado con neutralidad ética. Además, advirtieron que el Estado ha tomado una postura paternalista mediante la que trata a los ciudadanos como si no fuesen seres los suficientemente racionales para tomar sus propias decisiones, lo cual podría llegar al extremo de prohibir substancias como el tabaco, el alcohol, el azúcar, la grasa o la cafeína.

-Finalmente, los quejosos también alegaron que el Estado se excedió en sus facultades para legislar en materia de salubridad general y determinación de los delitos al penalizar el autoconsumo de mariguana. De acuerdo con los quejosos, el autoconsumo de mariguana es una actividad propia del fuero interno de las personas que no incide en la libertad de otros, por lo que no existe justificación para que el derecho penal interfiera y limite esta esfera de libertad del individuo.

El caso llegó al Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien admitió a trámite la demanda, pero a la hora de dictar sentencia definitiva negó darle la razón a los quejosos.

El juez argumentó parte de lo siguiente:

-Consideró que los artículos impugnados no constituyen una intromisión al derecho a la intimidad, pues no se obliga a las personas a revelar aspectos de su vida privada. 

-Estimó que los referidos artículos no vulneran los derechos al libre desarrollo de la personalidad y propia imagen, pues no se limita la forma de elegir la apariencia, actividad o manera en que los quejosos desean proyectar y vivir su vida.

-Dijo que no violan el principio de autodeterminación, ya que el Estado tiene la obligación de tomar todas las medidas que sean pertinentes para tutelar y hacer eficaz un derecho, en este caso, el de la salud.

-Y consideró que los artículos prohibicionistas no ponen en peligro el derecho a la dignidad de las personas, ya que no generan riesgo alguno en la subsistencia digna de los destinatarios ni tiene como finalidad imponer modelos y estándares de vida que sean ajenos a los particulares, además de que es obligación del Estado proporcionar a toda persona el mayor disfrute de salud física y mental, a través de la lucha en contra de las adicciones.

Inconformes con la sentencia de amparo, los quejosos interpusieron un recurso de revisión. En ese momento, intervino la Secretaría de Salud en representación del Presidente de la República. 

Oposición de la Presidencia

El recurso del gobierno argumentó que los agravios de los quejosos eran infundados y sin valor científico alguno.

Además, argumentó que la prohibición del cannabis establecida por la legislación impugnada constituye un control legal válido para la protección del derecho a la salud, sin que las pruebas exhibidas por los quejosos demostraran lo contrario.

Y señaló que las restricciones se encuentran debidamente justificadas, pues están dirigidas a proteger el derecho a la salud de la sociedad en general; indicó que son necesarias, pues se encuentra demostrado científicamente que los efectos del consumo de la mariguana es perjudicial para la salud física y psíquica de las personas; y sostuvo que el grado de la restricción de la mariguana “es sobradamente recompensado por los beneficios que se obtienen al proteger la salud de la población en general, y en particular de los menores de edad”. 

La Corte atrae el caso y abre el debate

En abril del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación asumió su competencia para conocer de amparo del quejoso y turnó el caso al ministro Arturo Zaldívar.

“Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión…

“Como se expuso en los antecedentes de la presente resolución, esta Primera Sala advierte que los ahora recurrentes plantearon originalmente en su demanda de amparo la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley General de Salud, al considerar que los mismos establecen una “política prohibicionista” respecto del consumo individual de mariguana, misma que limita indebidamente, entre otros, los derechos fundamentales a la identidad personal, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad y autodeterminación, todos en relación con el principio de dignidad humana (…)”, explicó.

La Primera Sala concluyó “que existe evidencia para considerar que el consumo de mariguana efectivamente causa diversas afectaciones en la salud de las personas. En este sentido, si bien en términos generales puede decirse que se trata de daños de escasa entidad, ello no es obstáculo para concluir que en el caso concreto el “sistema de prohibiciones administrativas” conformado por los artículos impugnados efectivamente es una medida idónea para proteger la salud de las personas”. 

Además de que “la evidencia analizada no logró mostrar que el consumo de mariguana influyera en el aumento de la criminalidad, pues aunque el consumo se asocia a consecuencias antisociales o antijurídicas, éstas pueden explicarse por otros factores, como al contexto social del consumidor o al propio sistema punitivo la droga. Con todo, los estudios analizados sí permiten concluir que el consumo de mariguana entre los conductores es un factor que aumenta la probabilidad de causar accidentes vehiculares, lo que significa que la medida impugnada únicamente en este aspecto también es una medida idónea para proteger el orden público”.

El proyecto del ministro Zaldívar establece que “el sistema de prohibiciones administrativas configurado por los artículos impugnados es altamente suprainclusivo. Como se sabe, una norma es suprainclusiva cuando comprende o regula circunstancias que no encuentran fundamento en la justificación de dicha norma. En este caso, como ya se explicó, la medida opta por realizar una prohibición absoluta del consumo de mariguana a pesar de que es posible prohibirlo únicamente en los supuestos que encuentran justificación en la protección de la salud y el orden público”. 

“De esta manera, puede decirse que las regulaciones que permiten el consumo de mariguana, acotando la edad para consumir y/o el lugar donde se puede realizar dicho consumo, son medidas que identifican de mejor manera los supuestos en los que efectivamente se producen daños a la salud y el orden público. Estas regulaciones sólo limitan el consumo en estos supuestos, por lo que suponen una menor intervención al libre desarrollo de la personal. En contraste, la medida impugnada es más extensa de lo necesario, pues prohíbe el consumo de marihuana en cualquier situación, alcanzando conductas o supuestos que no inciden en la consecución de los fines que persiguió el legislador, lo que se traduce en una intervención en el derecho en cuestión en un grado mayor. En consecuencia, puede decirse que las regulaciones alternativas resultan más benignas para el derecho al libre desarrollo de la personalidad”, sentencia. 

La discusión está abierta.

Proyecto de Zaldívar:

AR237_2014.doc by Aristegui Noticias





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