La Ley General de Víctimas, “una traición” al compromiso de EPN: Miranda de Wallace
La presidenta de la organización Alto al Secuestro destacó que solo 17 estados tienen Comisión Ejecutiva Estatal a Víctimas; de ellos, apenas 6 cuentan con el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Daño.
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(Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro)

El dictamen de la Ley General de Víctimas aprobado por el Senado “es una simulación y una abierta traición al compromiso presidencial” para cambiar las condiciones burocráticas y de inequidad a las que se enfrentan las víctimas del delito, denunció Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al  Secuestro.

Al hacer un análisis del dictamen elaborado en comisiones de la Cámara Alta, el organismo destaca que “las reformas a esta ley son una simulación y una abierta traición al compromiso presidencial ya que no se obliga a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a atender y reparar el daño de las víctimas que acuden a ella por falta de atención o respuesta de las Comisiones Estatales”.

En un comunicado, el organismo destaca que el artículo 79 establece que “podrá” otorgar medidas de atención inmediata, por ejemplo, atención médica o psicológica, pero sin darles acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

“El uso de la palabra ‘podrá’ le da la opción de cumplirlo o no, es decir no hay obligación de atender a las víctimas ignoradas por los estados. Dado que la mayor parte de los delitos son del fuero común, la gran mayoría de las víctimas se quedará sin ayuda”.

Además, en el artículo 67 se establece que el límite para la reparación del daño es de un millón 110 mil 208 pesos; sin embargo, solo se contempla a las víctimas de delitos pero no a las de violaciones a los derechos humanos.

Mientras que el artículo 68 señala que para que las víctimas de delitos puedan ser indemnizadas, el responsable debe tener antes una sentencia definitiva. Lo que advierte la organización es que basta la sola existencia del delito o la recomendación de algún organismo nacional o internacional de protección a derechos humanos, para que se aplique el beneficio.

Miranda de Wallace destacó que a tres años de la promulgación de la Ley General de Víctimas, únicamente 17 estados tienen Comisión Ejecutiva Estatal: Nuevo León, Michoacán, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Guerrero, Veracruz, Morelos, Estado de México, Durango, Jalisco, Tlaxcala, Quintana Roo, Colima, Tabasco, Yucatán y Campeche.

De ellos, solo 6 tienen Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Se trata de Nuevo León, San Luis P, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala y Yucatán.

Además, en  esos 17 estados apenas hay 264 abogados victimales. Si se toma en cuenta que en 2016 se denunciaron 561 mil 418 delitos en estos estados, en promedio cada asesor tendría que atender 2 mil 126 casos, más los que se vayan acumulando, “lo cual es humanamente imposible”.

Alto al Secuestro destaca que la mayoría de las entidades federativas siguen sin crear sus respectivas Comisiones de Víctimas con fondos y personal suficiente para su operación, y tampoco cuentan con asesores jurídicos, a pesar de que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio ya entró en vigor en el país y exige que todas las víctimas deben contar con esta figura.

“A pesar de todas estas carencias, que son de sobra conocidas por el Poder Ejecutivo y el Legislativo, en el dictamen de reforma a esta Ley no se establece ninguna sanción para los Estados que incumplen, es decir, es letra muerta“, alerta la organización.



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