Ex funcionario del DIF-Sonora vendía niños hasta en 150 mil pesos: PGJE
La procuraduría sonorense informó que se libraron órdenes de aprehensión contra 16 personas, entre ellas un ex funcionario del DIF local que vendía niños de madres vulnerables a familias que pagaban entre 80 mil y 150 mil pesos.
(Foto: Twitter/@tatianaverushka).

Un ex funcionario del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Sonora, integró una red de tráfico de niños, que vendían hasta en 150 mil pesos, informó la Procuraduría de ese estado.

El procurador de Justicia del estado, Carlos Navarro, indicó que se giraron órdenes de aprehensión contra 16 personas, entre ellas Vladimir Alfredo Arzate Carvajal, quien fue subdirector de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del DIF y encargado de la línea telefónica de ayuda PROTEGE.

Arzate utilizaba información privilegiada para identificar a madres vulnerables y a familias dispuestas a comprar a sus hijos.

El ex funcionario tenía acceso a la información de personas en proceso de adopción, e identificaba a mujeres vulnerables por problemas de drogadicción que daban a luz en el Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora, detalló el procurador Carlos Navarro Sugich en conferencia de prensa.

Arzate Carvajal y José Manuel Hernández López, ex empleado del área jurídica de la Unión Ganadera Regional de Sonora, “se encargaban de identificar a las parejas dispuestas a entregar dinero. Vladimir se encargaba de recoger al bebé que nunca ingresó al DIF ni a la información del estado, como ocurre de los que nacen de madres vulnerables”, explicó.

Desde 2012, ambas personas hallaron la forma de obtener beneficio económico a cambio de entregar menores a personas que los registraron como sus hijos biológicos después de entregar sumas que oscilaron entre 80 mil y 150 mil pesos.

Hasta ahora se ha logrado identificar a nueve menores involucrados que fueron registrados de forma irregular, de los que se conoce su paradero, pero no han sido recuperados.

Si son detenidos, los implicados podrían enfrentar tres penalidades que alcanzan hasta 5, 6 y 40 años de prisión.

(Con información de Notimex).



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