Caso MVS: opiniones de Fernando Negrete, Camacho Solís, Jesús Cantú…
El caso MVS sobre el "rescate" de la banda 2.5 Ghz anunciado por la SCT y la revelación de las presiones del gobierno federal a la empresa en febrero de 2011, tras los comentarios de Carmen Aristegui,
  1. colash 2 Ok Foto: Especial

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El conflicto entre el gobierno Federal y Joaquín Vargas, presidente de MVS Comunicaciones, sobre las presiones que habría recibido del gobierno federal en el tema de renovación de las concesiones de la banda de 2.5 MHz y la vinculación que en 2011 habrían hecho del tema con la salida y recontratación de Carmen Aristegui de Noticias MVS, son tema este lunes para algunos de los articulistas y columnistas de los principales diarios de México.

Jorge Fernando Negrete, director general de Mediatelecom Policy & Law,  La banda 2.5 Ghz, SCT y su autopista, Reforma (lunes 23 de agosto):

Cuando el titular de la SCT anunció el rescate de la banda de 2.5 Ghz ejemplificó su subutilización comparándola con una autopista de la que sólo se estaría utilizando el acotamiento, desaprovechando los carriles centrales de alta velocidad. El símil es desafortunado. Hacienda reveló la pretensión de cobrar 27 mmdp por los 190 Mhz de la banda. Al mismo tiempo exhibió una supuesta intención de MVS por pagar 104 mdp. La propuesta de MVS parece tan escasa, como desproporcionada la de Hacienda. Los fines naturales de esta última son recaudatorios, ante la falta de objetivos claros en política pública. Sin embargo, MVS respondió a las cifras oficiales con una contraprestación de 11 mil 164 mdp (858.8 mdd), más congruente y acorde con otras experiencias internacionales. Hacienda quiere cobrar 0.105 dólares Mhz/PoP nacional, mientras que MVS ofrece 0.04 dólares Mhz/Pop. Según un estudio de GSMA, la valuación del fisco nos ubica al nivel de Dinamarca (0.1530), Suecia (0.1969) o Francia (0.1750), donde los niveles de desarrollo, el PIB per cápita y la densidad poblacional no se comparan con los de México. La propuesta de Hacienda daría mil 200 millones de dólares para el gobierno (la contraprestación se divide en un pago inicial al momento de la subasta y pagos diferidos a 15 ó 20 años). Este monto nos ubicaría por encima del promedio mundial de 0.07 dólares Mhz/Pop.

En una primera propuesta, el monto determinado por la SHCP, rechazado por MVS, se basó en el promedio de 14 licitaciones internacionales, ajustadas al tamaño de la economía. Sin embargo, incluía una amplia gama de bandas para servicios de telecomunicaciones distintos. Una valuación posterior retomó los resultados de 13 licitaciones en la banda de 2.5 Ghz, pero sin ajuste por el tamaño y poder adquisitivo de la economía.

Para la última valuación Hacienda se basó en las licitaciones 20 y 21, en las cuales se pagó en promedio 0.25 dólares Mhz/Pop en las bandas de 1.7 y 1.9 Ghz, con claras diferencias entre el monto de enganche pagado por el entrante Nextel-Televisa de 180.3 mdp (0.17 Mhz/Pop), contra los otros operadores por casi 5 mmdp (0.27 Mhz/Pop).

En contraste con México, Brasil obtuvo mil 420 millones de dólares, 31% más que el precio mínimo de referencia y el doble de población de México. El despliegue de las redes deberá realizarse en las ciudades sede de las copas Confederaciones, Mundial de Fútbol y Juegos Olímpicos hacia 2013. Además, conectará las zonas urbanas con población mayor a 100 mil habitantes hacia 2016.

En Chile la recaudación resultó aún menor y el gobierno obtuvo 12 millones 470 mil dólares por 3 bloques de espectro nacional. La Subsecretaría de Telecomunicaciones impuso obligaciones de cobertura para los operadores ganadores: Claro, Movistar y Entel. Las empresas tendrán un año para el despliegue y operación de las redes, así como la obligación de conectar 543 localidades aisladas como contraprestación al Estado en dos años.

Las telecomunicaciones son infraestructura y tecnologías avanzadas. Su despliegue e instalación requieren cuantiosas inversiones en capital y periodos prolongados de recuperación. Si bien los ingresos son considerables, la reinversión debe ser igualmente intensiva para seguir desplegando y modernizando redes.

Dionisio Pérez-Jácome partió de un hecho ficticio: que ya existe la autopista, cuando en realidad MVS o cualquier otro operador apenas tendría que construirla, empezar de cero porque no existe la red y hay que adquirir la tecnología LTE. La banda de 2.5 Ghz son las rutas pero hace falta -pequeño detalle que no se aclaró- todo lo demás, incluidos los “caminos” rurales para llegar con banda ancha móvil a las regiones más apartadas.

Sin embargo, durante la conferencia de prensa donde se respondió a los señalamientos de Joaquín Vargas de MVS, el secretario de SCT no explicó la metodología para fijar la contraprestación de 27 mmdp y planteó, en función de su insistencia, que los fines de la “política espectral” sí son recaudatorios y no sociales para la banda de 2.5 Ghz. En conclusión, el que tenga más dinero pagará más por las frecuencias, olvidándose de la cobertura social y el servicio universal.

Si el gobierno fuera congruente y realmente buscara cumplir sus propias metas de 70 millones de usuarios de Internet y 24.2 millones de accesos de banda ancha, hubiera resuelto el problema al inicio de la administración, hubiera incorporado las políticas de competencia, a las de cobertura y acceso universal, cobraría una contraprestación adecuada, exigiría una fuerte inversión inicial en infraestructura, fijaría plazos perentorios de cobertura social y definiría condiciones de calidad y precios acorde con el nivel socioeconómico de los consumidores. Si lo que la autoridad espera es que la explotación de la banda de 2.5 Ghz la realicen los actuales operadores, que ya tienen desplegada cierta infraestructura, en bloques nacionales de 40 Mhz, deberá incrementar los topes de espectro de los operadores, ponerlos a competir en la subasta ascendente y los 27 mmdp serían el precio mínimo de referencia.

Entonces la SCT nos dejaría una autopista con peaje inaccesible, reservada para algunos autos de lujo y que por acción de una mala política pública no utilizaríamos ni el acotamiento. La historia de la banda 2.5 es una más de la desarticulada política de telecomunicaciones de México, donde ha campeado la planeación sistemática de la ocurrencia.

 

Manuel Camacho Solís, Aristegui, Presidencia y MVS, El Universal (lunes 23 de agosto):

El conflicto que se hizo público entre la Presidencia y MVS es la gota que derrama el vaso de una relación entre la política, la prensa y las empresas de comunicación que le representa altos costos al desarrollo económico, la democracia y el ejercicio de las libertades. El modelo existente es disfuncional para la sociedad y a mediano plazo lo será incluso para las empresas que hasta ahora se han beneficiado.

El conflicto hizo ostensible que el modelo no protege el interés público. El otorgamiento de las concesiones sobre el espectro radioeléctrico —que es un bien público— es completamente discrecional. Lo mismo se cobran caro que se llegan a regalar, se prolongan sus tiempos de duración o se aplican las leyes a conveniencia. Está demostrado que el otorgamiento de las concesiones ha sido un poderoso instrumento de control político a partir de actos de complicidad.

Esta rencilla demostró que el gobierno no tiene ningún interés en favorecer la competitividad. En este caso, la `supercarretera` —el carrier de carriers— representaba la posibilidad de mayor competencia en el sector. La asociación entre MVS, Alestra y otras empresas extranjeras como Clear Wire, constituía un grupo diferente a los de las televisoras, cableras y a la principal telefónica. El proyecto había sido bien visto con simpatía por la Cofetel y por la Cofeco. La pugna llevará a acentuar el retraso tecnológico. Si la banda ancha ofrece posibilidades de mayor rapidez, menor costo y velocidad para los usuarios de internet, su no introducción significará años adicionales de retraso por los juicios a los que dará lugar el conflicto. Este retraso se adiciona al tiempo que ya se perdió por falta de decisiones oportunas.

Este asunto ha expresado con crudeza cómo la libertad de expresión puede quedar condicionada a intereses políticos y comerciales. Ya no queda ninguna duda de que una periodista honesta, profesional y valiente, como Aristegui, le es incómoda al poder, al punto de condicionar decisiones de gobierno de la mayor trascendencia a lograr su control o hasta sacarla del aire. Lo ocurrido fue una intervención contraria a la libertad de expresión. Fue también un serio error político: el manejo informativo que suscitó el enojo por la referencia a la declaración de Fernández Noroña se pudo haber resuelto con una aclaración directa, oportuna y creíble; en cambio, ahora los funcionarios involucrados serán incluidos entre aquellos que en el pasado tomaron decisiones contrarias a la libertad de expresión. El registro de las intervenciones de los funcionarios para `proteger` al Presidente y lograr el sometimiento de la periodista, además de vergonzoso, pasará a la historia como un nuevo agravio contra el periodismo independiente.

El conflicto da argumentos adicionales a una sociedad y una opinión internacional críticas que se han movilizado en contra de las empresas televisoras y sus aliados políticos. En la jornada electoral y en su impugnación fue un tema central. Los movimientos #YoSoy131 y 132 nacieron para luchar por la democratización de los medios de comunicación. La prensa internacional seguirá siendo crítica y tendrá nuevas evidencias de la falta de transparencia en la relación de los medios con el poder en México.

La crisis que ha provocado el conflicto entre el gobierno y MVS, donde en medio quedó lastimada la libertad de expresión, simbolizada por la periodista Carmen Aristegui y su equipo, confirma que el modelo es ya un obstáculo para el desarrollo económico, la consolidación de la democracia y el ejercicio de las libertades.

Se necesita un nuevo régimen en la materia que proteja el interés público, acelere el cambio tecnológico, aumente la competencia con sus debidos beneficios para el consumidor, garantice las inversiones privadas a largo plazo y proteja la libertad. Hay que conformarlo tomando en cuenta los intereses reales, pero con una visión que lleve a un mejor arreglo para la sociedad.

 

Jesús Cantú, MVS y el autoritarismo mexicano, Proceso  (lunes 23 de agosto):

Las revelaciones de Joaquín Vargas sobre las acciones del gobierno para retirarle la concesión de la banda 2.5 ghz., y las discusiones posteriores, revelan en toda su magnitud la persistente presencia del autoritarismo en el Estado mexicano: la ausencia flagrante del estado de derecho y la supremacía de las prácticas clientelares en el tratamiento de los asuntos públicos.

En primera instancia, con lo ocurrido hasta ahora en este caso se demuestra diáfanamente la ausencia de un procedimiento claro, transparente y preciso que brinde garantías jurídicas a todos para renovar, revocar o modificar los términos de las concesiones vigentes o que concluyeron su periodo. Esa es precisamente la discusión: si MVS podía prorrogar, según expresión del mismo presidente del Consejo de Administración de esa empresa, dicha concesión, y si a través de la misma podía prestar servicios adicionales.

En un país donde se respeta el estado de derecho, eso está normado y tiene procedimientos, autoridades, requisitos y tiempos claramente establecidos. En México, según reconocen los actores involucrados, todo esto se realizó a través de varias decenas de anárquicas reuniones privadas, donde regía la arbitrariedad y la discrecionalidad de la autoridad. Precisamente por ello se hicieron propuestas y contrapropuestas, como si se tratase de un bien privado y de un acuerdo entre particulares.

En este caso se trata de un bien y un servicio públicos, cuya concesión a un particular debe hacerse con estricto apego a la normatividad vigente, no en función de los humores de la autoridad y los acuerdos privados en los que los requisitos y las prestaciones y contraprestaciones se establecen libremente.

Pero ante la falta de una legislación y una reglamentación adecuadas, todos los actores implicados aceptan su participación en estas reuniones privadas con el claro objetivo de lograr un acuerdo que los favorezca a ambos (concesionario y autoridad), no a la ciudadanía, la que debiera ser el verdadero receptor de los beneficios de un servicio público.

 

Salvador Camarena, Banda 2.5 #todosmal, La Razón (lunes 23 de agosto):

Luego de la segunda conferencia del presidente de MVS Joaquín Vargas y antes aún de que ese miércoles ocurriera la de la vocera presidencial Alejandra Sota, escribí en twitter la impresión que me quedó tras la revelación de conversaciones entre varios de los protagonistas de este affaire. En esa red social simplemente puse: #todosmal.

Cada protagonista del enredo MVS-Presidencia ha quedado por debajo de las expectativas, aunque es justo decir que en principio desempeñaron algo muy parecido a lo que se espera de ellos: un empresario defiende su emporio, la jefa de comunicación del Gobierno la imagen presidencial y, ausente de ambas conferencias pero personaje central en ellas, la periodista Carmen Aristegui ha querido, en todo este tiempo, mantener intocable su margen de operación y la influencia de su espacio. ¿Pero por qué todos mal? Como el caso ha sido expuesto profusamente, y audios y documentos son fácilmente conseguibles, expongo lo siguiente a partir de lo que cualquiera que lee diarios conoce ya de este aquelarre.

El empresario chamuscado. Al señor Joaquín Vargas le reventó en la cara su intento por retener la banda 2.5 Ghz. El presidente de MVS quiso utilizar a Carmen Aristegui como ariete. Era un elemento táctico que le resultó contraproducente. En pánico, utilizó de nueva cuenta a la periodista cuando al despedirla quiso ganar terreno ante un gobierno dolido por las expresiones de ésta en la ya famosa mañana de febrero. Y la utilizó de nueva cuenta al saberse perdido, último, y hoy sabemos fallido, intento por evitar que Felipe Calderón le dejara quedarse con la banda en disputa. ¿Al empresario le importó la libertad de expresión? No. ¿Le importó la labor integral de un equipo editorial y de una influyente periodista? No. Su único motivo, legítimo pero egocéntrico, fue su negocio. Y lo ha perdido.

Los enredos de la Presidencia. Un vocero gubernamental que no comunica lo que a su juicio es una expresión indebida debería ganarse el despido. Hay veces que reclaman cosas sin sentido, sustento o relevancia, pero así como el jefe de la comunicación social puede expresarse, medios y periodistas pueden juzgar y canalizar como crean debido cada una de esas llamadas. Ellos pueden exigir rectificación o aclaración. Disculpa es un extremo, sin duda. El medio puede, o no, hacerles caso. En el caso de la vocera el desfiguro quedó evidenciado en dos momentos. Hubo en Sota falta de capacidad de operación política al aceptar revisar la disculpa que tenía que haber sido asunto estrictamente de MVS. Pero lo peor vino en la conferencia del miércoles: ¿Qué hace un alto funcionario de un gobierno dando a conocer en vivo y en directo el correo electrónico de una empresa? Qué poca credibilidad ha de tener este gobierno si tiene que ponerse al nivel de un desesperado empresario y revelar ante los medios documentos de orden privado para acreditar sus dichos.
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