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Crímenes impunes contra el territorio forestal comunitario
Territorios Indómitos por Raúl Benet
  1. Foto: Consuelo Pagaza

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Cada día se comercializan en México cuarenta mil metros cúbicos de madera de procedencia ilegal. Según la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el 70% de la madera que circula en el mercado en nuestro país -cerca de 15 millones de metros cúbicos anuales- es de origen ilegal. La misma dependencia informa en su reporte anual para el 2015 (1), que a lo largo del año se decomisaron cuarenta mil metros cúbicos, es decir, en todo el año tan sólo se logró decomisar el equivalente al volumen ilegal de madera que se vende en un día.

Los datos son contundentes. Mucha de esa madera ingresa al país sin mayores complicaciones, puesto que el único requisito para importarla es presentar la documentación de cumplimiento fitosanitario, y un pedimento de importación. Una parte considerable de esta madera ilegal acaba siendo comercializada por grandes compañías y adquirida por las propias dependencias de gobierno, así como por sus contratistas y proveedores, que son los principales compradores de productos forestales en el país, y que no cuentan con instrumentos eficaces ni con voluntad para cerciorarse del origen de la madera que compran.

La prevención, seguimiento y castigo de los crímenes ambientales que atentan contra los bosques es una responsabilidad compartida por distintas instancias del gobierno federal, principalmente la Profepa, los cuerpos policiacos, y los organismos de procuración de justicia, como el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República.

Sin embargo, esa responsabilidad se desempeña de manera muy deficiente; no se cuenta con un marco legal adecuado, personal calificado o capacidad suficiente para prevenir y sancionar los delitos ambientales que derivan en severos daños ambientales y económicos, principalmente contra las comunidades que habitan los bosques y selvas, en dónde se concentra la biodiversidad. Esta es la situación que describe el reciente informe (2), de un grupo de investigadores de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).

En un sumario de 56 recomendaciones a la Profepa, que se enlistan en el documento titulado Delitos contra la vida silvestre y los bosques. Reporte de la misión de UNODC a México, del mes de julio, se destaca que México no cuenta con la infraestructura necesaria para prevenir y combatir crímenes ambientales como el comercio de madera ilegal y productos forestales, llevados a cabo por redes de tráfico integradas por grupos del crimen organizado, que día con día cobran más fuerza e incrementan su participación en crímenes ambientales por la enorme rentabilidad que ello les significa.

En 2015 las ganancias originadas por los delitos ambientales en el mundo alcanzaron entre 91 mil y 258 mil millones de dólares. Así lo demuestra el Informe (3) elaborado de manera conjunta entre el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Interpol, titulado El auge de la delincuencia ambiental (junio, 2016).

Este informe de las agencias de Naciones Unidas también refiere un incremento de la delincuencia de cuello blanco del medio ambiente, que se vale desde la utilización de empresas ficticias en paraísos fiscales para lavar dinero generado a partir de la extracción ilegal de recursos forestales y fauna silvestre, hasta la falsificación de la documentación, la piratería y el robo de identidad.

Contra la ilegalidad, el manejo sustentable de los bosques

La tala ilegal no es la principal causa directa de deforestación en nuestro país ni en el resto de América Latina. Según la FAO (4), más del 70 % de la deforestación y la degradación son causadas por prácticas agrícolas y ganaderas no sustentables que se extienden sobre los bosques, y tan sólo el 10 % de la deforestación se debe a la tala ilegal. Entonces ¿por qué es tan importante combatir la ilegalidad en el mercado forestal en México?

Uno de los esquemas más exitosos para la conservación de los bosques y los recursos naturales, es su gestión y aprovechamiento sustentable a través de programas de manejo forestal sustentable bien estructurados, instrumentados por las comunidades que habitan los territorios forestales (5).

El aprovechamiento forestal comunitario sustentable es un esquema que conserva los bosques y selvas de manera activa, y que además incide en la generación de bienestar e ingresos para las comunidades que los habitan, quienes no sólo tienen un claro interés por la gestión sustentable de los recursos naturales que han sido su sustento durante siglos, sino que con su capacidad organizativa emprenden proyectos productivos que les permiten generar ingresos por la comercialización de madera y productos forestales no maderables, al tiempo que dan “mantenimiento” al bosque, con la instrumentación de prácticas silvícolas que contribuyen a conservar los bosques sanos, como la apertura de brechas cortafuegos, los aclareos, la identificación de amenazas al territorio, el establecimiento de áreas especiales de conservación, el combate a los incendios, las prácticas de conservación y restauración de suelos, y detectando la presencia de plagas que podrían deteriorar al bosque mismo.

Para que este modelo de conservación de los bosques a través de su manejo tenga éxito, es indispensable que las empresas forestales comunitarias puedan competir en el mercado, lo cual no ocurre cuando el mercado está dominado por productos ilegales. También es necesario contar con un marco normativo eficaz y con las capacidades suficientes para hacerlo valer.

Desafortunadamente, las instancias responsables de vigilar el cumplimiento cabal de la ley en el ámbito forestal, no orientan sus esfuerzos a promover las mejores prácticas y a apoyar a las empresas comunitarias que se esfuerzan por cumplir con todos los requisitos; tampoco cuentan con la infraestructura ni el recurso humano suficiente para perseguir a los verdaderos delincuentes, y les resulta más fácil tomar el listado de permisos de aprovechamiento vigentes e ir a revisar y sancionar a los ejidos y comunidades que tienen un plan de manejo, pues a ellos los tienen como ‘clientes cautivos’ de inspectores y policías.

Según datos del informe 2015 de la Profepa (6), el año pasado se realizaron 6,167 acciones, entre inspecciones, recorridos de vigilancia y operativos en los que participa policía federal, ejército, policía local, inspectores de la Profepa, etc. El resultado fue el decomiso de tan sólo seis metros cúbicos de madera ilegal, en promedio, en cada acción, lo cual resulta muy poco eficiente en términos de recursos y nulo en términos de eficacia, y nos lleva a cuestionar si este modelo tiene sentido. A este hecho se añade otro no menos preocupante; la deforestación no sólo no está disminuyendo, como afirmó el Secretario de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano, durante el evento anual de reforestación (la semana pasada en Tlaxcala), sino que está aumentando.

Una proyección basada en una regresión lineal simple aplicada a los datos de deforestación de los últimos quince años para México, de la plataforma Global Forest Watch (7), nos muestra que de seguir la tendencia actual, en el 2050 se estarán perdiendo cerca de doscientas cincuenta mil hectáreas de bosque cada año, tan solo en México. Si añadimos el hecho de que la deforestación no se está reduciendo, a la ineficacia de las acciones de las autoridades responsables de perseguir los delitos ambientales, vemos que toda la política punitiva de la Profepa requiere una revisión a fondo.

Los bosques están atrapados en un círculo vicioso:

-Instituciones débiles y un marco normativo deficiente permiten el tráfico de madera ilegal => En ese marco de debilidad institucional entra madera ilegal al país o se obtiene mediante tala clandestina en territorios con baja gobernanza => Esta madera ilegal se introduce al mercado con precios muy bajos, pues sus costos de producción son bajos (no tramitan ni pagan permisos, ni asistencia técnica, no realizan trabajos para cuidar, mantener y restaurar el bosque, no reparten beneficios en la comunidad, no pagan impuestos) => La Profepa y otras autoridades persiguen e imponen una fuerte sobre-regulación a las empresas forestales comunitarias legales que tienen en sus bases de datos, pero no persiguen eficazmente a los ilegales, pues es más difícil y peligroso, y no cuentan con recursos para ello => El gobierno y sus compradores y contratistas (el principal comprador de madera del país), además de otros compradores, adquieren preferentemente la madera ilegal, incluso robada, pues es más barata => las empresas forestales comunitarias no pueden competir con las ilegales, por lo que quiebran y salen del mercado => si el bosque legal no es negocio, otros usos del suelo sustituyen a la cobertura forestal, tales como la agricultura y la ganadería extensiva, no sustentable, actividades que además de no estar mayormente reguladas, están fuertemente subsidiadas por el propio gobierno; o bien los territorios forestales se venden a inversionistas para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, minería o fracking.

En consecuencia: en México se pierden actualmente cerca de ciento cincuenta mil hectáreas de bosque al año (8), y la tendencia es al incremento, de la deforestación, no importa cuántos millones de arbolitos se planten en campañas de reforestación (9).

Las dependencias del gobierno federal pueden romper este círculo vicioso, pero no sembrando arbolitos, ni mucho menos persiguiendo a los campesinos. Siendo el gobierno y sus contratistas los principales consumidores de madera, deben dejar de violar leyes como la La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (10), que en su artículo 26 destaca que: “Tratándose de adquisiciones de madera, muebles y suministros de oficina fabricados con madera, deberán requerirse certificados otorgados por terceros previamente registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que garanticen el origen y el manejo sustentable de los aprovechamientos forestales de donde proviene dicha madera”.

El gobierno puede asegurarse de que sus proveedores y contratistas sólo usen madera de origen legal, con esto favorecer a las empresas forestales comunitarias, sacar del negocio a las mafias de talamontes e importadores ilegales, y devolver al bosque su verdadero valor.

1) http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/8233/1/web_versionfinal.pdf

2) UNODC, Herramientas para el análisis de los delitos contra la vida silvestre y los bosques. Reporte de la misión de UNODC a México, México, 2016, Disponible en: https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/2016/wildlife/toolkit_2junio.pdf

3) PNUMA-INTERPOL, El auge de la delincuencia ambiental, 2016. Disponible en: http://unep.org/documents/itw/environmental_crimes.pdf

4) http://www.fao.org/publications/sofo/2016/es/

5) http://www.ccmss.org.mx/manejo-forestal-comunitario-en-mexico-un-modelo-emergente-de-manejo-sustentable-de-ecosistemas-forestales/

6) http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/8233/1/web_versionfinal.pdf

7) http://www.globalforestwatch.org/

8) http://www.globalforestwatch.org/

9) http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/07/14/preven-reforestar-millon-hectareas-pais

10) http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf

Raúl Benet

Biólogo Facultad de Ciencias UNAM. Asociado del programa LEAD Colegio de México. Estudios de Doctorado en Desarrollo Rural UAM Xochimilco y de Ecología por la UNAM. Actualmente soy Coordinador de política pública en el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Ex Director de Greenpeace México. Ex director de Campañas e Incidencia en Oxfam. Ex miembro de la delegación política de Oxfam Internacional. Ex Coordinador de la Campaña Global de Acción Climática en América Latina.



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