opinión*
¿#GobiernoEspía?
El mundo al revés por Ernesto Villanueva
(Foto: Aristegui Noticias)

Se ha discutido y hablado mucho sobre el denominado #Gobierno-Espía. Hay cosas, sin embargo, que no se han dicho o se han abordado en forma escasa. Por esta razón me parece relevante entrar al debate con algunas reflexiones sobre el tema. Veamos.

Primero. Todas las Constituciones del mundo establecen el derecho a la vida privada como un valor cardinal de los derechos humanos. En todo Estado de derecho se requiere la autorización de un juez competente a solicitud de la Fiscalía General, llamada en México Procuraduría General de la República. Esta medida se ha establecido para generar contrapesos institucionales y evitar el uso indiscriminado de intervenciones telefónicas, así como en las redes que tienen los teléfonos inteligentes con todo y la información que guarda en su memoria: redes sociales, mensajes de WhatsApp, Telegram, entre otros, así como el contenido de los correos personales que también se encuentren dentro del teléfono. En suma, la intervención del teléfono objetivo es integral.

Segundo. No obstante, lo anterior, hay autorizaciones generales en diversos países para que los servicios de inteligencia hagan sus labores. Eso en México no debe pasar así de acuerdo a la ley: se debe precisar motivo, tiempo de la intervención y tipos de contenidos que se desea interceptar por una causa probable de la eventual comisión de uno o varios delitos. Por supuesto, periodistas y activistas no caben salvo prueba en contrario, en la hipótesis normativa que marca la ley.

Tercero. El presidente Enrique Peña Nieto al crecer el impacto mediático declaró, entre otras cosas que: “Nada más falso que eso (el espionaje) porque ninguna de las personas que se sienta agraviada, puede afirmar o mostrar o evidenciar siquiera que su vida se haya visto afectada, lastimada por esas supuestas intervenciones y por ese supuesto espionaje”. Esa negativa pinta de cuerpo entero a @EPN por las razones siguientes: a) Si no se tienen pruebas del espionaje por parte del gobierno es por las características del equipo usado para esos propósitos ilegales. Aceptando sin conceder que no fue el gobierno el que espió, de cualquier forma, la administración de @EPN ha quedado tocada porque el gobierno tiene la obligación de hacer que se respeten todos los derechos humanos, incluido el de la vida privada.

Cuarto. El gobierno de @EPN está atrapado en este conflicto donde no tiene salida alguna: Si espió, mal. Si permitió que un tercero espiara, peor. El Estado tiene obligaciones de acción y de omisión. De acción cuando ejerce un acto de autoridad fundado y motivado. De omisión, porque si se llegara a la conclusión que las manos de Osorio Chong han estado fuera del espionaje, el gobierno es responsable por omisión. Todos los derechos humanos deben ser garantizados por el Estado. Es tanto como si @EPN en un caso de bloqueos de vialidades respondiera que él no fue y, por consiguiente, nada hay que hacer.

Quinto. Los periodistas y activistas agraviados con invasiones a su vida privada y al secreto de las comunicaciones han identificado como medio responsable a un programa denominado “Pegasus” que usa supuestamente el gobierno mexicano. El programa funciona enviando mensajes que el portador del teléfono objetivo debe descargar. “Pegasus” es ya parte de la historia. Ahora hay mejores sistemas de espionaje como el israelí “Piranha” que sustituyó a “Pegasus”. “Piranha” tiene la cualidad de que el receptor del teléfono que se va a intervenir no requiere hacer nada para que el malware entre en la memoria y contenidos del teléfono.

Sexto. Presentar una denuncia ante la Procuraduría General de la República vale poco si es el gobierno el que espía y vale menos si es un tercero o alguna otra entidad la que lleva a cabo estas ilegales acciones.

Séptimo. Al final del día la solución no se va a encontrar en el gobierno y, con toda probabilidad, seguirá el espionaje con sistemas cada vez más avanzados e imperceptibles para el usuario del teléfono inteligente. Es necesario adoptar contramedidas; es decir, usar equipos de comunicación que sean a prueba de intercepciones, así como jammers cuando haya una reunión privada en donde se traten asuntos delicados. Un jammer es un bloqueador de señales (neutraliza señales de teléfonos, wifi, así como toda señal digital, con un nivel de confiabilidad arriba del 95%. Nada es 100% seguro, pero sí hay amplísimos niveles de seguridad para mantener bajo control las comunicaciones entre particulares. Es evidente que la solución ideal sería que el gobierno identificara a los responsables de estas intervenciones, pero no hay voluntad política ni capacidad técnica operativa para llevar a cabo esa proeza.

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Ernesto Villanueva

Ernesto Villanueva es doctor en derecho y doctor en comunicación pública por la Universidad de Navarra. Investigador por oposición del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Su obra más reciente es "Parásitos del poder: cuánto nos cuesta a los mexicanos mantener los privilegios de los expresidentes de la República". Ediciones Proceso, 2015.


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