“Pobre y decepcionante” inicio de la investigación de PGR sobre #GobiernoEspía: expertos en CNN
“No me queda claro para qué los han citado y qué expertiz tienen esas personas”, señaló el director de R3D respecto al grupo que coadyuvará en las indagatorias.

A una semana de haberse dado a conocer el espionaje a periodistas y activistas mexicanos, la PGR ha iniciado una investigación del caso conocido como #GobiernoEspía. El lunes, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, fiscal especial para delitos contra la libertad de expresión en México, reveló el plan de esa dependencia para indagar lo ocurrido.

“A partir de los pronunciamientos del fiscal nos quedan muchas más dudas que certezas”, aseveró en entrevista para Aristegui CNN Luis Fernando García, director de Red en Defensa de los Derechos Digitales, uno de los organismos que dieron a conocer el uso del malware Pegasus por parte del gobierno mexicano.

Es muy decepcionante lo señalado por el fiscal, hay algunos puntos que para nosotros son muy preocupantes como el hecho de que muchas de estas medidas no cuenten con el consentimiento de las víctimas, en particular con respecto a este grupo de apoyo y asesoría que menciona el fiscal, nos quedan muchísimas dudas respecto a qué tipo de asesoría técnica les está solicitando a estas personas y por qué estas personas e instituciones son las idóneas para pronunciarse respecto de la asistencia que les piden”, destacó el representante R3D.

García dijo que continúa “sin entender y no han dado ninguna información sobre qué le va a pedir a Héctor Osuna, ex presidente de la Cofetel y por qué él está en capacidad de dar una opinión sobre qué e igual sobre el resto de las instituciones que no quiero descalificar pero que no me queda claro para qué los han citado y qué expertiz tienen esas personas”.

El director de R3D señaló también que “otra cosa muy grave que me parece que se menciona es que el fiscal pide el resguardo de información respecto a los procesos de contratación del software Pegasus pero no pide esa información para que sea añadida al expediente, algo que hemos fijado como un mínimo indispensable para una investigación”

“Se menciona que se va a pedir información respecto a estos datos relativos a los números telefónicos y dice que es para identificar coincidencias entre los números que hubieran enviado esos mensajes infecciosos cuando lo que debería hacer es solicitar esas sábanas solamente en los momentos específicos en los que hemos señalado los denunciantes y quienes los representamos. Este tipo de información debe servir para identificar los mensajes y confirmar la fecha de recepción que hemos señalado que han constituido el intento de infección”, finalizó.

Por su parte, Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, expuso: “Nos encontramos en un status en el que la PGR deja de lado a las víctimas, de alguna manera nosotros hemos sido muy insistentes en impulsar un comité asesor de la investigación pero uno impulsado y aprobado por las propias víctimas para garantizar un nivel de independencia, de exhaustividad y de pluralidad en la investigación”.

El fiscal Ricardo Sánchez Pérez del Pozo señaló que el gobierno solicitará el apoyo de organismos internacionales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el Organismo Especializado en Telecomunicaciones de la ONU y la Asociación Mundial de Operadores Móviles con sede en Londres.

Al respecto, Eruviel Tirado, coordinador del programa de seguridad nacional y derechos humanos de la Universidad Iberoamericana, explicó que la decisión “es relevante en términos técnicos pero vemos que no podemos limitarnos a esta parte pues hay una vulneración de derechos civiles y derechos humanos”.

Explicó que el inicio de la investigación por parte de la PGR es “pobre y decepcionante porque se está limitando solamente a la cuestión técnica… (víctimas) no fueron consultados sobre la idoneidad de las personas que van a colaborar con las autoridades, pues ya de entrada nos habla de que hay un sesgo y una intención si no de cubrir huellas, de no ir a fondo, tan no ir a fondo que solamente se van a limitar a la cuestión tecnológica y en términos de investigación ministerial se plantea de una manera deficiente solamente llamar a declarar a las empresas, así dicen, a las supuestas empresas que intermediaron para obtener este tipo de software invasivo. Y del lado de las instituciones públicas, las dependencias federales o gobiernos estatales, a ellos no se les va a investigar del todo”.

 



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