Convalida Corte la ampliación del período de 4 magistrados del Tribunal Electoral
El ministro Alfredo Gutiérrez, quien propuso invalidar la ampliación, dijo que esa reforma, impugnada por Morena y PRD, es "una dádiva para los titulares de la función".
(Foto: Cuartoscuro/SCJN).

Lo que ya se esperaba se confirmó: la Suprema Corte de Justicia de la Nación convalidó la desaseada ampliación de los períodos de cuatro de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Por seis votos contra cinco, el Pleno de la Corte avaló este martes 27 la reforma que benefició a los magistrados Indalfer Infante, José Luis Vargas, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez, acordada en “fast track” en octubre por los partidos mayoritarios del Congreso, cuando esos juzgadores ya habían rendido protesta para períodos menores.

La convalidación ya se esperaba porque cuatro de los ministros de la Corte se habían manifestado en ese sentido en días anteriores, por lo cual no se alcanzaban los ocho votos necesarios en una acción de inconstitucionalidad.

El ministro Alfredo Gutiérrez, autor del proyecto de invalidez rechazado por la mayoría, advirtió que esta reforma, impugnada por Morena y el PRD, “se puede valorar como una dádiva para los titulares de la función”.

Gutiérrez agregó que es equivocado ver como un beneficio al Poder Judicial la prolongación de periodos que estaban previstos en ley desde 2008, y que los efectos dañinos “son potencialmente para la sociedad y los futuros quejosos” que litiguen ante el TEPJF, máxima autoridad electoral del país.

Los argumentos de Gutiérrez fueron en calidad de derrotado, pues el presidente Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán ya se habían sumado a cuatro ministros que en sesiones previas defendieron la reforma.

Por su parte, el ministro José Ramón Cossío se manifestó en contra de la mayoría y sostuvo:

“Lo que esta Suprema Corte avaló al declarar la validez del decreto impugnado fue la posibilidad de que el órgano legislativo ordinario modificara las condiciones de ejercicio de un órgano constitucionalmente establecido, determinado e integrado, dejando por tanto las garantías institucionales de este órgano en manos de los órganos ordinarios de cuyas acciones debería encontrarse constitucionalmente resguardado”.

El argumento básico de la mayoría fue que, si bien ya habían protestado en el Senado, los magistrados aún no ocupaban el cargo cuando el Congreso prolongó sus nombramientos, apenas unas horas antes de su toma de posesión.

“Considerar que las garantías que protegen la función jurisdiccional se deben accionar desde el solo nombramiento, implicaría darlas a un ciudadano que no está ejerciendo el cargo”, dijo Aguilar.

Pérez Dayán expuso que la reforma no prolongó los nombramientos más allá de los nueve años que prevé la Constitución, no cancela el relevo escalonado de magistrados, no favoreció a candidatos distintos de los que la Corte propuso, y no implica una reelección al finalizar el periodo.

Aunque Aguilar anunció el jueves pasado que quería que el asunto se votara ese día, luego cambió de opinión, lo que permitió esperar el regreso de Pérez Dayán de un viaje a Francia, y así evitar un empate que hubiera llevado a la Corte a desestimar las demandas sin pronunciamiento alguno.

(Con información de Reforma).



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