Respuesta del gobierno ante agresiones a periodistas debió ocurrir antes: CNDH
El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, dijo que México atraviesa una coyuntura crítica en materia de derechos humanos y enfrenta gran hartazgo social.
(Foto: Twitter/CNDH)

Luis Raúl González Pérez, el ombudsman nacional, señaló que la respuesta y medidas que formula ahora el Gobierno de la República ante las agresiones contra periodistas debió haberlas dado hace tiempo.

Dijo que lo anunciado recientemente por la administración de Enrique Peña Nieto fue lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió hace un año, en la Recomendación General 24, y subrayó que la Comisión no es adversaria del gobierno, sino institución coadyuvante.

González Pérez reconoció que nuestro país atraviesa una coyuntura crítica en materia de derechos humanos y enfrenta gran hartazgo social en temas sensibles de seguridad, violencia, desapariciones forzadas, pero principalmente de impunidad e incumplimiento del Estado de Derecho.

Al encabezar una reunión de trabajo con una delegación de miembros del Pacific Council on International Policy (PCIP), dentro de su Iniciativa México, González Pérez sostuvo que, aunque estamos fortaleciendo nuestras herramientas legislativas para resolver estos problemas, la ley por sí misma no va a cambiar las cosas.

“Para combatir la impunidad hace falta más voluntad política y fortalecer las estructuras de administración de justicia”, enfatizó, de acuerdo con un comunicado de la CNDH.

Ante 27 integrantes que conforman esa red de líderes de diferentes profesiones y sectores empresariales de Los Ángeles, California, encabezados por Michael C. Camuñez, los embajadores Rockwell Schnabel, Robert H. Tuttle, Nancy Rubin y el investigador Jerrold D. Green, González Pérez habló de los grandes desafíos y retos que enfrentan los derechos humanos en nuestro país.

Anunció que está por aprobarse un marco regulatorio muy fuerte con herramientas para combatir el flagelo de la desaparición de personas, y que se acaba de aprobar una norma con todos los estándares internacionales contra la tortura. Pero es necesario que haya voluntad política para aplicar la ley.

Nuestro problema, dijo, es que “no hemos tenido todavía capacidad de traducir ese reconocimiento en la cotidianeidad; es decir hay muy buenas normas, pero tenemos desafíos enfrente para su cumplimiento”.



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