opinión
“La soberanía nacional reside en la impunidad”, artículo de Jacobo Dayán
Caronte por Jacobo Dayán
Foto: Adolfo Vladimir/ Cuartoscuro

Por décadas, más bien desde casi siempre, la administración de justicia apegada al interés político ha sido la forma en que se ha mantenido el control y el gobierno. Aplicar la ley o inventar culpabilidades en unos casos y ser omiso en muchos otros.

Ayotzinapa ha puesto bajo el microscopio y proyectado nacional e internacionalmente este fenómeno. Se logró generar la presión suficiente para que México abriera por primera vez su sistema de justicia al escrutinio internacional. En este caso ya no se podría apostar por el olvido, como lo son hasta ahora los miles y miles de casos de víctimas en los últimos años, sin que hubiera voces internacionales calificadas que con profundo conocimiento pudieran detallar con precisión las fallas, omisiones y perversiones del sistema mexicano de procuración de justicia. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nos enfrenta con nuestra realidad.

Con más facilidad, hasta ahora, ha podido el Estado mexicano esquivar los informes de comisiones y relatorías de Derechos Humanos. No lo podrá hacer todo el tiempo, en algún momento se quebrará esa red y podremos sumergirnos en el horror.

Después de una fuerte campaña de desprestigio contra los expertos del GIEI, el gobierno mexicano decidió terminar la colaboración, intencionalmente pierde una oportunidad de cambio. Todo este año ha sido de obstaculización al trabajo del GIEI.

En los últimos meses, la PGR se obstinó en “coculizar” la investigación. Buena parte de la discusión giró alrededor de ello, del peritaje independiente y de la opinión del Equipo de antropólogos forenses argentinos. Todo para centrar a la opinión pública en esta línea de investigación que sustenta la “verdad histórica”. El nuevo peritaje de fuego en Cocula carece de rigor científico y no se apega a estándares internacionales, no se pudo conocer los votos particulares en contra (aparentemente 4 a 2) ya que PGR les exigió a los peritos que firmaran un convenio de confidencialidad a perpetuidad. Me pregunto si esto es compromiso con la transparencia.

El último informe del GIEI muestra otra realidad más allá de Cocula:

Hay participación de más cuerpos de seguridad (municipal, estatal y federal), los eventos son más largos y complejos y todo con mucha coordinación.  De lo nuevo que sabemos, hay un retén en Mezcala (entre Iguala y Chilpancingo), trabajo en círculos para impedir la salida de autobuses, presencia de policía federal en el caso de los avispones y otros, sobre militares, por ejemplo, reportan “La presencia de dicho vehículo militar en dicha Colonia 24 de Febrero no está registrada en ninguna declaración ni reporte hasta ahora. Tampoco el vehículo militar identificado por el testigo como un “camión grande” con unos 8-10 efectivos, y no una patrulla. Es un hecho que necesita ser esclarecido.” No se avanzó en la línea de investigación del quinto autobús, no se solicitó apoyo a las autoridades norteamericanas sino hasta 7 meses después de que lo pidió el GIEI, no se presentó el camión para analizarlo. Al menos 17 casos de tortura probada entre presuntos responsables, algunos clave en la creación de la “verdad histórica”. Se presentaron imágenes donde personal de PGR, entre ellos Tomás Zerón, está en el lugar donde se encontraron bolsas con restos óseos pero un día antes de lo que consignan los expedientes, esto genera dudas.

En conclusión. La forma de investigar en México privilegia testimonios y confesiones antes que pruebas científicas, no se realiza investigación de contexto, todos los casos se tratan como hechos aislados, hoy la investigación está más fragmentada que al inicio, “muchas de las diligencias realizadas por la PGR y sobre todo su contenido aparecieron difundidas y publicadas por los medios de comunicación, algunas veces de manera tergiversada”, pérdida de pruebas, alteración de escenas y destrucción de evidencias.

La PGR ha tratado de ensuciar el caso, de confundir, de ahogar la verdad. Lo que está en juego es quién y cómo administrará justicia, si hay o no garantía del derecho a la verdad, si se combate o hay complicidad con el crimen organizado, si habrá algún día garantías de no repetición, si se reparará a las víctimas, si se “investigará eventuales responsabilidades superiores y no solo de autores materiales”, si hemos normalizado el horror, si la justicia seguirá al servicio de la política, si la soberanía descansa en la impunidad.

Por último, es importante resaltar la ausencia absoluta de autoridades del Estado mexicano durante la presentación del informe. El mensaje era claro, informan y se van.

Tenemos déficit de medios libres y plurales, así como de ciudadanía crítica y participativa. Ayotzinapa ha logrado romper la narrativa oficial en el exterior. Sin colaboración ni presión internacional, sin el señalamiento de medios externos, nada se moverá.

Jacobo Dayán

Especialista en derechos humanos y analista internacional. Fue Director de contenidos del Museo Memoria y Tolerancia de la ciudad de México.



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