Videos evidencian que Fiscal de Michoacán encubre matanza de Cuitzeo
El fiscal Alfredo Becerril comparecerá por el registro fílmico de su actuación ilegal en el cateo al rancho del ex alcalde de Álvaro Obregón, acusado de la ejecución y calcinación de 10 civiles. Es una de las pruebas que la defensa usará contra su fiscalía por presuntamente encubrir a policías ministeriales a su cargo.
Foto: Especial

Por: Laura Castellanos/ @lcastellanosmx

La videograbación muestra a Alfredo Becerril Almazán, Fiscal Especial para la Atención de Delitos de Alto Impacto en Michoacán, titular de la principal oficina de persecución criminal de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado, dirigir el cateo al rancho Santa Fe, propiedad del ex edil Juan Carlos Arreygue Núñez, en el municipio de Álvaro Obregón.
Su fiscalía acusa al ex alcalde del homicidio de 10 civiles encontrados calcinados en un paraje de Cuitzeo, Michoacán, el 30 de julio de 2016, según la causa penal 381/2016. Los únicos dos testigos contra Arreygue son su ex director de seguridad municipal Marín Martínez Correa y el policía ministerial Marco Antonio Flores Jiménez, subalterno del fiscal.

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En la escena avanzada del cateo, hecha el 26 de agosto de 2016, en la segunda planta de la residencia, entra el abogado de Arreygue, Ignacio Mendoza Jiménez. Luce tenso. Un trabajador le dijo que el personal ministerial violó el candado de la puerta y que le quitó su celular. Becerril lo tiene a él y a 3 personas más ante su vista, mientras los policías se despliegan por el lugar.

-Ustedes si quieren se pueden bajar- Mendoza le dice a los civiles previendo alguna siembra de evidencia. Él y su colega Carlos Martínez Rosas corroboran la revisión que el único equipo de peritos hace en una habitación.

-¡No van a bajar!- les ordenó el fiscal que en Michoacán persigue los delitos de homicidio, desaparición, actuación criminal de policías y lavado de dinero, arguyendo el respeto a la ley.

Pero el que estaba actuando ilegalmente era Becerril, pues no estaba en el listado del personal ministerial autorizado a realizarlo por parte del juez Noé Reyes Millán, conforme a la audiencia del 25 de agosto, -filmada de acuerdo al nuevo sistema de justicia oral- realizada en la sala civil 9 del Supremo Tribunal de Justicia de Morelia:

El video del cateo lo grabó la oficina de Comunicación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) estatal, según Mendoza, para difundir en los medios de comunicación el presunto hallazgo de evidencia contra Arreygue: 3 cargadores calibre 10 milímetros (uno en el cajón vacío de un buró, otro en una chamarra, y dos balas de igual calibre en una camioneta), que de acuerdo a la fiscalía, fue el calibre que se encontró en 1 de los 10 cadáveres. En 2 más los exámenes forenses no precisaron el calibre, y en los demás se dictaminó que la muerte fue por razones “indeterminadas”.

Ahora, sin embargo, ese video se volvió un bumerang contra Becerril: acompañará la denuncia penal que hoy Arreygue, a través de su defensa, interpondrá contra él y su subalterno Luis Méndez Romero, entonces agente del Ministerio Público encargado de la Fiscalía de Homicidios, por los delitos de allanamiento de morada y contra la administración y procuración de justicia de acuerdo a los artículos 263, 280 y 281 del Código Penal para el estado de Michoacán.

Y a decir de Mendoza, es una de las evidencias centrales que muestra la fabricación de pruebas y la omisión de líneas de investigación que involucran a policías ministeriales a cargo de Becerril, violando así el debido proceso a la libertad de Argueyes y de cuatro policías municipales acusados de ser los homicidas.

“El hecho de que hagas un cateo violando el proceso sugiere que lo hiciste porque algo quisiste plantar”, externa Mendoza sobre Becerril, que estuvo al frente de la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) cuando ocurrió la masacre de Apaztingán en 2015, en la que testigos denunciaron la fabricación de pruebas para encubrir ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de Policías Federales (PF).

Becerril arribó al estado como parte del equipo de Alfredo Castillo cuando fungió como Comisionado Federal de Seguridad en Michoacán.

Arreygue, en la primera entrevista que concede en el interior del Centro de Reinserción Social David Franco Rodríguez a las afueras de Morelia, llamado penal de Mil Cumbres, asegura que es inocente. Afirma que a la 1:20 am del 1 de agosto se le pidió ir a la PGJ a dar su testimonio por ser la autoridad municipal. Dice que lo incomunicaron por 15 horas sin la presencia de un abogado y sin informarle su situación legal.

Luego se le presentó Becerril y le advirtió: “La manera en la que te zafemos de este asunto es que convenzas a tu familia que nos escriture el rancho donde ustedes viven”, en referencia al rancho Santa Fe que tiene una extensión de 25 hectáreas. Arraygue externa que su madre lo heredó a sus hijos hace 18 años. Dice que se negó y el fiscal lo amenazó”: “Entonces te vamos a meter a la investigación”.

Mañana martes, además, Becerril y Méndez deberán comparecer ante un juez de control en el que la defensa buscará acreditar la nulidad del cateo, pues los cargadores son la única evidencia material que hasta el momento podría inculpar al ex edil, pues él y los 4 policías municipales resultaron negativos en la prueba de radiozonato. En opinión de Mendoza, si esta prueba se anula, se allanará el camino para la liberación de los acusados.

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La reportera solicitó a la PGJ una entrevista con el funcionario sobre las ejecuciones de Cuitzeo pero -al cierre de la edición- no fue concedida.

LA INCRIMINACIÓN

La Fiscalía de Homicidios en su documento de “formulación de acusación” con fecha del 2 de marzo, elaborado por los Agentes del Ministerio Público Claudia Elizabeth Carrillo Madrigal y Reybert Díaz Pineda, consigna que el 29 de julio a las 23 :30 horas 10 civiles compraban cerveza en la tienda Los Arcos, ubicada en los límites municipales de Indaparapeo y Álvaro Obregón, cuando policías municipales y un ministerial llegaron al lugar.

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Los agentes, usando como base la declaración del director de seguridad pública y del policía ministerial, registraron que Arreygue llegó a la tienda Los Arcos acompañado del subdirector de seguridad pública municipal Isaid Reynaldo Rosales Medrano, y de los policías Víctor Hugo González Espinioza, J. Sacramento Nava Alvarado y Humberto Sosa Ávalos y Omar Guzmán García.

Que golpearon y subieron a la camioneta Tacoma a: Ricardo Guillen Jacobo, Sergio López Arellano, Braulio Santiago Pérez Andrade, Kevin Jaime Hernández, Eric García Díaz, Juan de Dios Chávez Cervantes, César Omar Mejía González, Miguel Ángel Rosel Huerta, Luis Alberto López Guille y el menor Gustavo López Ayala.

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Que se dirigieron a un rancho de nombre “Zacatito”, todos descendieron de los vehículos. Arreygue sacó una pistola calibre 10 milímetros, se la dio a Rosales Medrano, quien a su vez se la dio a Guzmán García.

Les dijo: “ya saben lo que tienen que hacer, mátenlos”. Y que los amenazó: “el que hable se muere y sabe que lo cumplo”.

Guzmán García está prófugo. Los demás policías están recluidos con Arreygue. La Fiscalía de Homicidios lo inculpó pese a que los 4 testigos que estaban en la tienda –cuyos testimonios están integrados a la causa penal y se posee copia-, no lo vieron en el lugar.

El director de seguridad municipal y el policía ministerial testificaron que atestiguaron las ejecuciones pero la fiscalía no los investigó. A diferencia de los 5 acusados, no les hizo la prueba de radiozonato y, si bien al principio su condición penal fue la de “imputados”, es decir, acusados, los cambió sin razón aparente a la de “testigos”.

En el Acuerdo de Archivo Temporal de la Fiscalía de Homicidios con el número de caso 1003201639166 y con fecha del 19 de septiembre, de la que se tiene una reproducción, la Fiscalía de Homicidios argumentó el cambio jurídico de manera confusa:

“…la sola presencia en el lugar de Marco Antonio Flores Jiménez y Marín Martínez Correa, no hace causa posible de que participaron en el hecho, ya que para que exista una coautoría debe haber reparto de actividades (…) lo cual en el presente no se surte ya que como se ha hecho referencia en el presente hecho no se desprende cual fue la conducta específica”.

El juez Juan Salvador Alonso Mejía avaló la actuación violatoria de la PGJ. Su valoración, no obstante, ya escaló a nivel federal.

El 16 de marzo la jueza federal Claudia Guerrero Centeno, del Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región con sede en Zacatecas, Zacatecas, resolvió en favor de los acusados en el juicio de amparo 949/2016 , por lo que ordena al Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, revise de nuevo las evidencias presentadas por la fiscalía al considerar que no son suficientes para iniciar un proceso penal en su contra.

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A partir de hoy lunes, la fiscalía tendrá 10 días para presentar un recurso de revisión del amparo. A decir de Mendoza, por esta vía, se abre una posibilidad de que los acusados queden en libertad.

LA VERDAD DE LOS POLICÍAS MUNICIPALES

El subdirector de seguridad municipal, Reynaldo Rosales, en la primera entrevista que concede en el penal Mil Cumbres, externó que, al igual que Arreygue, fue llamado a la Fiscalía de Homicidios para presentarse como testigo. Dice que a él lo incomunicaron 40 horas y lo tuvieron sin comida.

También se le presentó el fiscal: “Becerril me dijo que tenía que declarar lo que él me dijera porque lo que quería era al presidente (municipal)”.

Prosigue: “Incluso me hizo como un borrador en una hoja, que lo estuviera repasando”. El texto: “Expresaba mi nombre, mi cargo que tenía en la corporación, de dónde era, y decía que el presidente (municipal) había dado la orden de que se ejecutara a las personas y que me había dado el arma a mí y que yo se la había dado al comandante en turno”.

Explica que Becerril mandó traer a su esposa con engaños, que lo amenazó que si no lo obedecía “ella podía pagar las consecuencias, incluso mis hijos”. Aceptó declarar en contra de Arreygue y el fiscal “me tomó un video sin que yo tuviera abogado o nada”.

Luego a él y a los otros tres policías, que también habían sido llamados como testigos y tuvieron incomunicados, los sacaron de la PGJ, amplía. Ya fuera dice que, los esposaron, los colocaron en la caja de una camioneta oficial y los ingresaron de nuevo a la institución simulando su captura.

La defensa presentará otro testimonio más en la Audiencia Intermedia, de descargo de pruebas por ambas partes, programada para el 5 de abril. Se trata del testimonio inédito en video del policía municipal prófugo César Giovanni Ortíz García, conocido como El Harry.

Ortíz asegura que con Nava, uno de sus compañeros – recluido con Arreygue-, estuvo presente en la tienda al momento de las detenciones de los 10 civiles. Niega la participación de Arraygue. Afirma que quienes los golpearon y se los llevaron fueron el director de seguridad municipal, el policía ministerial y el policía municipal Guzmán.

Detalla que el primero le ordenó a él y a Nava que siguieran su recorrido. Y que él y su compañero tomaron el trayecto opuesto al grupo.

Ortíz narra que a los minutos de ir en marcha vio que en la dirección en la que el policía ministerial y los otros llevaban a los 10 civiles “iban dos camionetas blancas, sin placas, con antenas de radio similares a las que utilizan los policías ministeriales destacamentados en Zinapécuaro, y seguí con mi compañero Sacramento el recorrido”.

Hasta el momento, no hay ninguna línea de investigación que implique a policías ministeriales de la fiscalía de Becerril.

LAS ACUSACIONES DE AUREOLES

El móvil de las ejecuciones no está claro. La reportera Jesusa Cervantes en su reportaje “Otra mentira oficial” de la revista Proceso, informó que los familiares de los 10 hombres asesinados negaron las versiones periodísticas de que estos fueran criminales. Escribió que uno de ellos tenía una relativa posición económica, mientras “uno padecía retraso mental y los otros eran un operador de maquinaria pesada, tres estudiantes y jornaleros, dos ayudantes de un soldador y uno más era el chofer del hijo del presidente municipal”.

El 1 de agosto, dos días después del hallazgo de los cadáveres, el gobernador Silvano Aureoles Cornejo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) dijo a los medios de comunicación que la investigación de la PGJ sobre el multihomicidio de Cuitzeo apuntaba hacia Arreygue y, sin presentar evidencias, señaló que detrás podría estar la ordeña ilegal de combustible o su vínculo con el crimen organizado.

Tres días después, el 4 de agosto, el Excélsior difundió que en 2008, en el rancho Santa Fe de Arreygue, aconteció un encuentro con capos líderes de los cárteles de Tijuana, del Golfo, de Juárez, Sinaloa y de la Familia Michoacana, de acuerdo a “versiones documentadas de servicios de inteligencia del gobierno federal”.

En los medios de comunicación se menciona también que rentó caballerizas a la familia de Enrique Kike Plancarte, capo del cártel de los Caballeros Templarios.

Argueyes dice que las declaraciones de Aureoles tienen fondo político. Que él llegó a la gubernatura postulado por el Partido del Trabajo (PT) aunque inicialmente el PRD quiso lanzarlo. Dice que él no lo aceptó porque éste le impuso regidurías de candidatos con dudoso historial.

Niega además la información de Excélsior y opinó: “Me ponen como un controlador de todos los cárteles, cosa que se me hace hasta irrisoria”. Arreygue dice que ha sido empresario agrícola y gastronómico y fue dueño de conocidos centros botaneros como “El último tren”.

El abogado Mendoza, por su parte, manifiesta que “no existe” ninguna investigación federal sobre Arreygue y narcotráfico. “Esas son payasadas”, puntualiza.

Expone que Argueyes, de quedar en libertad, podría regresar a su cargo de presidente municipal. De hacerlo, dice, valorarán si contra Aureoles interpondrán una demanda por daño moral o una denuncia penal por la comisión de diversos delitos.

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Méndez también es el abogado de Manuel Mireles, ex Coordinador de Autodefensas y Comunitarios de Michoacán, así como de 200 autodefensas que fueron encarcelados. De los cuales 100 ya lograron su derecho de libertad bajo fianza y 35 ya salieron libres.

Fue subprocurador de la PGJ en 2009 y uno de los 30 funcionarios de distintos partidos detenidos por el gobierno de Felipe Calderón por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada en el capítulo conocido como “el michoacanazo”. Mendoza y su esposa, la abogada Claudia Oropeza, diseñaron la estrategia legal para la defensa del grupo, y con el apoyo de una comisión plural del senado, lograron su libertad.

El juicio de Arreygue y los cuatro policías municipales será en mayo. La denuncia penal contra Becerril, hoy comienza. Y la PGJ en la que es poderoso, será la encargada de investigarlo.



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