Juez tiene 10 días para decidir si Escobar va a la cárcel
Tras el proceso electoral 2015, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales consignó tres averiguaciones previas, entre ellas la que involucra a Arturo Escobar, por la entrega de tarjetas Premia Platino.
Foto: Adolfo Vladimir/ Cuartoscuro

Un juez federal tiene 10 días para decidir si el hasta ayer subsecretario de Gobernación, Arturo Escobar, pisará la cárcel o no.

Así lo detalló la Procuraduría General de la República en un comunicado emitido anoche, sobre el caso, del que apunta: “En términos de lo dispuesto por el artículo 142, párrafo segundo del Código Federal de Procedimientos Penales, el Juez tiene diez días, contados a partir de la radicación del expediente, para ordenar o negar la orden de aprehensión”. 

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales solicitó al juez la aprehensión de Escobar, debido a que el ex vocero del Partido Verde firmó contratos para repartir tarjetas Premia Platino, que se distribuyeron por todo el país en la pasada elección, incluso con el nombre de las personas a las que se les otorgó.

Al respecto, la PGR indicó que “se consignó la Averiguación Previa relacionada con presuntos delitos electorales cometidos por un dirigente de un partido político y empresarios por las aportaciones en dinero y en especie cuando existe prohibición legal para ello, contemplado en el artículo 15 de la LGMDE. Así como por el diverso contemplado en el artículo 7 Fracción XXI, relativo a proveedores no autorizados por la autoridad administrativa (Instituto Nacional Electoral)”.

Y agregó: “La Procuraduría General de la República será respetuosa de la resolución que en su momento llegue a determinar el órgano”, en referencia a la decisión que tome el juez.

Pero Escobar no es el único caso que destapó la FEPADE. Además hay otros dos casos, vinculados a la elección de Colima, la cual fue anulada por el Tribunal Electoral.

“Con relación a la elección para gobernador de Colima, esta Fiscalía ejerció la acción penal en contra de un secretario del gobierno estatal de la anterior administración, por ejercer supuesta coacción del voto hacia sus subordinados, en favor de un partido político”, detalló la Procuraduría.

“Dicha acción constituye un ilícito electoral en términos de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en su artículo 11 fracciones I y II, así lo establece la “Fracción I. Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición”, indicó.

“En el contexto de la misma elección, sobre la indagatoria relacionada con la alteración del listado nominal en el estado de Colima, previsto en el ordinal 13 Fracción II de la citada Ley, también se ejerció acción penal en contra de abogados de quien fuera candidato a gobernador en los pasados comicios”, agregó.



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