Juzgado federal pone a salvo a exgobernador de Nuevo León
Sobresee juicio de amparo promovido por cinco personas en contra de la PGJ de Nuevo León por no iniciar una averiguación previa penal contra Rodrigo Medina
Juzgado federal pone a salvo a exgobernador de Nuevo León
Foto: Archivo Cuartoscuro/Gabriela Pérez Montiel).

Un juzgado federal sobreseyó el juicio de amparo promovido por cinco ciudadanos y de ese modo evitó que el ex gobernador Rodrigo Medina fuera investigado por hechos que los quejosos consideran delictivos.

El Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León declaró improcedente el juicio de amparo por considerar que había “falta de interés cuando menos legítimo de los quejosos”, informó el Consejo de la Judicatura Federal en un comunicado de prensa.

Los quejosos argumentaron que se les negaba el derecho que tienen como gobernados, de que se investiguen hechos considerados delictivos, en perjuicio y detrimento al patrimonio del Estado y del pueblo de Nuevo León.

“Sin embargo, los quejosos no aludieron ni probaron un agravio diferenciado al del resto de los integrantes de la sociedad neolonesa; por lo que única y exclusivamente cuentan con un interés simple, como el que tiene la sociedad en general, que es insuficiente para la procedencia del juicio de amparo, como lo mandata la Constitución Federal y la Ley de Amparo”, concluyó el juzgado federal.

Quienes promovieron el amparo “no sufrieron una afectación o peligro en sus bienes jurídicos o derechos, como consecuencia de la comisión de un delito, tampoco sus familiares o alguna persona a su cargo con la que tengan una relación inmediata, ni se trata de un grupo, comunidad u organización social que hubiere sido afectada en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos”, determinó.

“Sobre todo que los quejosos acudieron al amparo en lo personal, no así como parte de algún grupo, comunidad u organización social; ni representan los intereses de la sociedad en general, es decir, de todos los neoloneses”, agregó el órgano judicial.

Además, el no inicio de la investigación no impide que la PGJE inicie alguna averiguación por algún hecho concreto y determinado, que pueda ser delictivo ya sea cometido por los propios denunciados o terceras personas, funcionarios públicos o no.

 

 





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