Policía de Huitzuco desapareció a normalistas y atacó a Avispones… pero siguen libres
En el Cruce de Santa Teresa fueron atacados tres taxis, un camión de carga y el autobús de Los Avispones. Además de las tres víctimas fatales, 12 personas más resultaron heridas.

En el ataque contra Los Avispones y cuatro vehículos más perpetrado en el Camino a Santa Teresa, elementos de la Policía Municipal de Huitzuco actuaron de manera coordinada con miembros del crimen organizado, presuntamente vinculados con “Guerreros Unidos”, ocasionando la muerte de dos hombres y una mujer.

La evidencia científica del caso, así como los testimonios de testigos protegidos por su calidad de víctimas, permitieron confirmar la participación activa de los agentes de Huitzuco en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y el uso de sus armas de cargo en contra de los integrantes del equipo de fútbol Los Avispones.

En el Cruce de Santa Teresa fueron atacados tres taxis, un camión de carga y el autobús de Los Avispones. Además de las tres víctimas fatales, 12 personas más resultaron heridas, dos de ellas de gravedad. Todas los lesionados, presentaban heridas de armas de fuego.

A pesar de ello, ningún elemento de esa corporación ha sido detenido por la Procuraduría General de la República (PGR) o la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGEG) y el entonces director de Seguridad Pública municipal, Javier Núñez Duarte o Javier Duarte Núñez, no está localizable desde mediados del 2015.

Junto con Núñez Duarte se esfumaron sus dos hijos Celedonio y Ariel, ambos de apellidos Núñez Figueroa, y otros 38 elementos de la Policía Municipal de Huitzuco que abandonaron su cargo de forma intempestiva y sin dar explicaciones. Los agentes y ex mandos policiacos no están desaparecidos ni son prófugos: legalmente nadie los busca.

Dicha irregularidad fue denunciada por el actual alcalde, José Luis Ávila López, al tomar el cargo. En declaraciones rendidas ante la PGR, el ex alcalde de Huitzuco, Norberto Figueroa Almazo, dijo que no conocía los vínculos de sus policías con el crimen organizado, pero tampoco supo explicar la renuncia de 38 agentes casi de manera simultánea.

La línea de investigación planteada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en abril del 2016 se confirmó con pruebas en materia de balística y la geolocalización de diversos teléfonos celulares que pertenecieron a los mandos y agentes municipales de Huitzuco.

Las diligencias para poder comprobar la participación de las fuerzas de seguridad de Huitzuco en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa iniciaron hasta que la CNDH anunció que contaba con un testigo protegido que había estado presente el día de los hechos.

En total, cinco camionetas de la Policía de Huitzuco intervinieron en los hechos de Ayotzinapa: tres unidades participaron en el ataque de las fuerzas del orden contra el autobús Estrella de Oro 1531 en las inmediaciones del Palacio de Justicia, donde se dio la segunda ruta de desaparición de los estudiantes normalistas, y dos unidades más en el ataque contra los integrantes del equipo de fútbol Los Avispones y otros civiles.
En ambas intervenciones, los agentes de Huitzuco se coordinaron con integrantes del crimen organizado por órdenes de su ex director Javier Núñez Duarte, según consta en las declaraciones ministeriales rendidas por diversos testigos en el expediente del Caso Iguala.

Al momento del ataque contra los normalistas, los días 26 y 27 de septiembre del 2014, Huitzuco contaba con 89 policías municipales, de los cuales 38 renunciaron a su puesto o dejaron de ir a sus labores tras la desaparición de los 43 estudiantes normalistas y los primeros señalamientos de que estaban involucrados en estos hechos.

La Policía de Huitzuco en el Palacio de Justicia

Una reconstrucción audiovisual realizada por la Plataforma Digital Ayotzinapa, elaborada por los expertos de Forensic Architecture que tiene su sede en la Goldsmiths Universidad de Londres, explica con detalles los dos frentes en los que intervino la Policía Municipal de Huitzuco.

La primera de ella fue en los hechos del Palacio de Justicia, ocurridos entre las 22:30 y 23:00 horas del 24 de septiembre, escenario en el que desaparecieron entre 12 y 15 estudiantes que fueron llevados con rumbo a Chilpancingo y cuyo paradero no se ha pedido acreditar.

El Palacio de Justicia fue uno de los focos principales de las investigaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), puesto que abre una una segunda ruta en la desaparición de los normalistas en oposición a la llamada “Verdad Histórica” del ex procurador Jesús Murillo Karam, y el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zeron.

La conclusión oficial de la PGR sostiene que los 43 estudiantes normalistas desaparecieron sobre la calle Juan N. Álvarez y Periférico, cerca del centro de Iguala, lugar en el que fueron atacados por policías municipales de Iguala y Cocula, para posteriormente ser sometidos y llevados al basurero de Cocula y donde habrían sido incinerados en grupo.

Sin embargo, las evidencias y testimonios que obran en la averiguación previa y conforme a la reconstrucción forense realizada por la Plataforma Ayotzinapa, Cartografía de la Violencia, entre las 22:30 y 23:00 horas, tres patrullas de la policía de Huitzuco llegaron hasta el Palacio de Justicia para apoyar el ataque contra uno de los autobuses de los normalistas que buscaban salir de Iguala.

En el lugar ya se encontraban otras 13 patrullas de la policía municipal de Iguala, además de que había presencia de la Policía Federal, hecho que la propia CNDH reveló en abril del 2016 y que la PGR ya reconoció, sin que se haya imputado ninguna responsabilidad en contra de los federales.

De acuerdo con testigos, mediante el uso de gas lacrimógeno, las diferentes corporaciones obligaron a los estudiantes a salir del autobús Estrella de Oro con número económico 1531. Un reducido grupo de estudiantes alcanzó a huir hacia la colonia Pajaritos y se refugiaron en el monte.

Posteriormente, un grupo de entre 12 y 15 jóvenes fueron sometidos y subidos a la parte trasera de cuatro vehículos policiales, tres de ellos pertenecientes a la Policía Municipal de Huitzuco y uno más a la de Iguala. Las cuatro patrullas salieron rumbo a Chilpancingo y el paradero de los jóvenes se desconoce.

El autobús fue retirado con grúa, ya bajo el resguardo de militares que llegaron a la escena del crimen alrededor de las 00:20 de la mañana del 25 de septiembre del 2014.

La evidencia más importante que se podía utilizar para la reconstrucción del Caso Ayotzinapa, fueron las grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia, cuyo contenido fue destruido. Aquí puedes ver que se habría observado en ellas.

El ataque contra Los Avispones, más patrullas de Huitzuco

En el Camino a Santa Teresa se dio la segunda intervención de la policía de Huitzuco, en coordinación con presuntos sicarios de “Guerreros Unidos” y sin que existiera presencia de ninguna otra corporación policiaca a nivel municipal, estatal o federal.

Esa ruta es una de las salidas de Iguala hacia Chilpancingo y por ahí emprendió su retirada el equipo de fútbol de Los Avispones a bordo de un autobús. Sus familiares viajaban en diversos particulares. Eran cerca de las 11:30 de la noche del 26 de septiembre del 2014.

En un comportamiento extraño, un retén de la Policía Federal separó el convoy de Los Avispones: a los familiares los envió por una terracería, pero al autobús le ordenó continuar su camino por la carretera. Ese retén se instaló de forma posterior a las agresiones que ya habían sufrido los normalistas de Ayotzinapa.

La orden parecía clara: ningún autobús de pasajeros tenía permitido salir de Iguala hacia Chilpancingo esa noche. Por eso se realizaron bloqueos concéntricos alrededor del municipio que es considerado cuna del movimiento final de Independencia.

Desde adentro hacia afuera los bloqueos comenzaron en el Palacio de Justicia, donde interceptaron a un grupo de estudiantes; posteriormente en el Camino a Santa Teresa, lugar del ataque a Los Avispones. Fuera de Iguala, hubo dos bloqueos adicionales en Sabana Grande y Mezcala, ambos rumbo a Chilpancingo.

En el Camino a Santa Teresa un camión de redilas cortaba el paso hacia la capital de Guerrero y cuando un taxi intentó pasar por el lugar fue rafagueado por policías e integrantes del crimen organizado. El conductor se echó en reversa para escapar del tiroteo

Familiares del equipo Los Avispones que viajaban en un vehículo particular y que ya se habían reincorporado a la carretera intentaron auxiliar a las víctimas al darse cuenta de los hechos.

Blanca Montiel, una mujer que viajaba en el vehículo de servicio público, murió instantes después derivado de la agresión. Su acompañante y el chofer del taxi, también resultaron lesionados.

La historia se repitió con dos taxis más, con un camión de transporte, cuyos ocupantes lograron huir visiblemente heridos, y con el autobús de Los Avispones, al que incluso intentaron entrar.

Un futbolista, David Josué Evangelista, murió en el lugar. El chófer del autobús de Los Avispones, Víctor Manuel Lugo Ortiz, murió más tarde, cuando era trasladado a un hospital.
Otros ocho integrantes de Los Avispones, entre jugadores y cuerpo técnico, resultaron heridos de bala.

Los testigos de estos hechos señalan que en el lugar se encontraban presentes dos patrullas de la Policía Municipal de Huitzuco de Figueroa que en todo momento actuaron en coordinación con los miembros de “Guerreros Unidos”.

Tras las pruebas periciales correspondientes, algunos de los cartuchos percutidos que fueron recogidos en la escena del crimen y otros que fueron recuperados en los cuerpos de las víctimas, indican que fueron disparados por las armas de cargo de los policías municipales de Huitzuco.

Sin embargo, en el expediente que fue consignado ante un juez penal de Guerrero para proceder a los presuntos responsables, los acusados por el homicidio de las tres víctimas fatales que cayeron en el Camino a Santa Teresa son policías municipales de Iguala.

Los agentes de Huitzuco todavía no enfrentan cargos penales por el ataque contra Los Avispones y tampoco por sus nexos con el crimen organizado. Los que no están localizables, gozan de impunidad.

Para poder imputar cargos a los agentes de Huitzuco por su intervención en los hechos del Palacio de Justicia y el Camino a Santa Teresa, la PGR está obligada a modificar la llamada “Verdad Histórica” ante los jueces de procesos penales federales y a replantear todo el expediente penal en contra de los presuntos responsables.

Hasta el momento, los matices que la propia PGR ha reconocido para modificar la versión oficial sobre el caso de los 43 estudiantes normalistas es que hubo dos rutas en el secuestro y desaparición de los estudiantes, una en la calle Juan Álvarez y otra en el Palacio de Justicia, pero esa verdad, todavía no llega a los tribunales ni forma parte del expediente judicial.

Cuando los agresores de Los Avispones se retiraron, llegaron hasta el lugar cinco patrullas de la Policía Federal, dos unidades blindadas del Ejército Mexicano y cuatro vehículos de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, corporaciones que jamás ofrecieron apoyo a las víctimas ni siquiera para recibir atención médica.

El video con la reconstrucción forense de los hechos de Iguala, se puede consultar aquí:



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