Homicidios cometidos en caso Iguala no han sido atraídos por la PGR
CNDH investiga 47 denuncias por tortura y la participación de elementos de fuerzas federales. Visitador encargado del caso opina que el incendio en el basurero es una diferencia sutil entre PGR y GIEI.

El director de la Oficina Especial del Caso Iguala, José Trinidad Larrieta Carrasco, reportó que a dos años de los sucesos violentos de Iguala, los 6 homicidios registrados, entre ellos el del normalista Julio César Mondragón, y las investigaciones por las personas lesionadas aún se investigan en el fuero común y no han sido atraídos por la PGR.

En entrevista para Aristegui Noticias, afirmó que desde el primer informe de la CNDH, en julio del año pasado, se recomendó la pertinencia de que agrupar estas investigaciones con la desaparición de los 43 normalistas, “entonces no puede uno disociar ni separar por lógica elemental y también por lógica jurídica estos hechos”, opinó.

Verdad histórica, “expresión” de Murillo

El maestro José Trinidad considera que la verdad histórica sólo “fue una expresión del ex procurador” Jesús Murillo Karam, “refiriéndose a lo que estaba reportando” en ese momento, pero que al tratarse de una averiguación abierta se le han seguido agregando elementos y por lo tanto se ha modificado la hipótesis inicial.

Admitió que puede haber diferencias entre los informes de la propia PGR, como del GIEI y de la CNDH: “hay una de ellas tiene que ver con el presunto incendio en el basurero de Cocula, dato que ha descartado por completo el GIEI en contradicción con lo que ha venido sosteniendo la PGR. “La CNDH piensa que lo más importante es que la ciencia pueda resolver esos aspectos más complicados”. Sostuvo, no obstante, que se trata de una “sutil diferencia”.

La línea de Huitzuco

Recordó que uno de los elementos de la llamada verdad histórica fue la hipótesis de que los 43 estudiantes habían sido sustraídos del tercer camión en el cruce Juan N. Álvarez y Periférico, sin embargo con las investigaciones que han corrido paralelas a la de la PGR, “se planteó por nuestra parte desde el 23 de julio (de 2015) la posibilidad de que hubiera una nueva ruta de desaparición, cuestión que ya quedó más que evidenciada y plasmada en nuestro reporte que hicimos ya posteriormente el 14 de abril (de 2016) que la temática fue específicamente que había habido otro autobús que se había adelantado a esta caravana y que fue interceptado ya en las afueras de Iguala precisamente frente al Palacio de Justicia y entonces nosotros planteábamos que de 15 a 20 estudiantes de estos desaparecidos habían sido sustraídos de este camión”.

“Entonces ya vemos que aquí un grupo de ellos se sustrajo del 1568 pero otro grupo también fue sustraído para sumar los 43, del autobús 1531 en otro punto de Iguala” y con destino a Huitzuco, destacó el funcionario de la CNDH y agregó que lo que hace suponer que se dirigió a este municipio de Guerrero es por el análisis de georeferenciacición de los teléfonos celulares de los normalistas, entre ellos el de Alexander Mora.

“Esto es importante porque en el caso particular de Alexander Mora Venancio, algunos de sus restos fueron conforme a la versión oficial, recuperados en una bolsa del Río San Juan y se supone que esos restos del Río San Juan corresponden a los que llevaron del basurero hacia el Río”, es decir a los estudiantes sustraídos del camión 1568, ubicado en el cruce con Periférico y no en el 1531, frente al Palacio de Justicia, donde la georeferenciación indica que se encontraba su teléfono.

Y enfatizó que habría que “explicar cómo es que si fue interceptado ahí y sabemos que se los llevaron a Huitzuco cómo es que los restos de Mora Venancio terminan finalmente en el Río Cocula (sic) si lo que se había venido diciendo es que los restos de la bolsa correspondían al basurero”.

Larrieta Carrasco desestimó que haya diferencias sustanciales entre las investigaciones de la CNDH con el GIEI, “resulta que cuando uno hace una comparativa de las observaciones y propuestas que hacemos nosotros y las recomendaciones que hace el GIEI hay un  sin número de similitudes, muchas similitudes que convergen”.

Destacó que tanto la CNDH como el GIEI han manifestado en sus informes la posibilidad de “otra ruta de desaparición” que conduce hacia Huitzuco y que incluso la comisión de expertos de la CIDH se ha apoyado en los informes de la Comisión para apoyar sus conclusiones.

Participación de fuerzas federales

El director de la Oficina Especial para el caso Iguala de la CNDH, asegura que desde julio del año pasado se destacó a la PGR la posible participación de al menos dos elementos de la Policía Federal así como de otras fuerzas del orden del estado de Guerrero, sin embargo debido a las reservas de la investigación no se dijo públicamente.

“Dos policías federales, dos elementos que eso es algo que tiene todavía que dilucidar la procuraduría pero al menos hay algunos indicios ahí que dan para investigarse como lo propusimos nosotros y que estarían también de alguna forma participando en los hechos de desaparición”, comentó.

“Respecto a los militares también pedimos en el segundo reporte que se llamara a declarar a el elemento militar que presenció una parte de lo que ocurrió en el puente del Chipote, también pedimos que se declarara en el último reporte que hicimos sobre el caso de Julio César Mondragón que declararan todas aquellas personas que tenían que ver con la localización o que se enteraron de la localización del cadáver”, agregó.

José Trinidad Larrieta Carrasco aseguró que todas los requerimientos hechos al ejército se han cumplido en forma, “nos han mandado documentación, de esa documentación que nos han enviado ha sido útil para hacer los reportes que hemos vertido, en estos tres reportes que hemos enviado son en base a la información en algún sentido que nos ha mandado el ejército”.

Puso como ejemplo que en el segundo reporte que ha hecho la CNDH sobre el caso Iguala, lo relativo al Puente del Chipote, fue la Secretaría de la Defensa Nacional la que proporcionó las fotografías, “de manera que al menos en lo que respecta a la CNDH hemos requerido información y nos la han proveído”.

Sobre la negativa de la SEDENA a acceder a algunas solicitudes del GIEI, comentó que el acceso a las instalaciones militares se había autorizado originalmente y fue por problemas de agenda de los padres de los normalistas que no se concretó y que la solicitud para interrogar a los elementos castrenses, es al ministerio público a quien le corresponde llevar a cabo esta actividad.

Denuncias de tortura contra detenidos

Larrieta Carrasco informó que se tienen “abiertos 63 expedientes de queja que corresponden a los detenidos del caso iguala, 47 de ellos específicamente tienen que ver con el alegato de tortura”. 

Resaltó que dentro de este grupo se encuentra 15 de los 17 que documentó el GIEI en sus informes y los 5 mencionados en el reportaje de Anabel Hernández y Steve Fisher en el semanario Proceso en septiembre del año pasado.

Declaró que el GIEI no hizo el protocolo de Estambul para determinar la tortura, “el instrumento internacionalmente reconocido para que sea a través del cual se determine si en un caso hubo tortura o no y ese justamente, ese instrumento sí lo estamos aplicando en la CNDH”.

Reveló que además de lo que resulte de la aplicación del protocolo de Estambul con las 47 personas que denunciaron tortura, el dictamen se someterá a la opinión colegiada de abogados, médicos y psicólogos.

130 detenidos por caso Iguala

El funcionario de la PGR aclaró que son 130 las personas detenidas e implicadas con el caso Iguala y comentó que se manejan otras cifras superiores porque se cuenta a todos los integrantes de Guerreros Unidos que han sido capturados en el curso de la investigación por la desaparición de los normalistas.

“Algunos de ellos, muy pocos algunos de ellos no necesariamente están vinculados a los hechos pueden pertenecer a la organización criminal pero que no participaron en los hechos”, indicó.

 

 



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