Se oponen a la ratificación de la magistrada presidenta del Tribunal Contencioso del DF
Yazmín Esquivel tiene conflicto de interés, señalan organizaciones y ciudadanos, entre ellos Sergio Aguayo, Daniel Gerhenson y Cristina Barros.
FOTO: ISAAC ESQUIVEL /Archivo CUARTOSCURO.COM

Un grupo de ciudadanos y de organizaciones civiles expresaron su reprobación a que la actual presidenta del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, Yazmín Esquivel Mossa, sea ratificada como magistrada.

En un comunicado de fecha 25 de agosto de 2015, señalan que Esquivel ha estado marcada por un conflicto de intereses, dado que su esposo, José María Riobóo Martín, es socio de una importante constructora que ha participado en la construcción de obra pública.

A continuación, el texto íntegro del comunicado:

El Jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, ha propuesto a la Asamblea Legislativa (ALDF) la ratificación de Yazmín Esquivel Mossa como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo. Por su parte, la misma Asamblea, a través de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, publicó el 21 de agosto de 2015 el aviso para que los ciudadanos hagan llegar sus comentarios sobre dicha postulación.

Al respecto, además de hacer llegar información de manera directa a la ALDF, manifestamos públicamente lo siguiente:

La actuación de la Magistrada Esquivel, como Magistrada Presidente del Tribunal Contencioso, ha estado marcada por un conflicto de intereses dado que su esposo, José María Riobóo Martín, es socio de una importante constructora que ha participado en la construcción de obra pública y algunos de sus litigios se han ventilado en el Tribunal Contencioso que ella preside, como fue el caso de la llamada Supervía Poniente.

Permitió que más de medio centenar de demandas presentadas por vecinos en contra de la instalación de parquímetros en Coyoacán fueran concentradas y desechadas por un solo magistrado; situación irregular pues las demandas debieron ser conocidas por distintos magistrados.

En noviembre de 2013 un grupo de ciudadanos y de organizaciones demandamos al Jefe de Gobierno y a la ALDF la remoción de la Presidenta del Tribunal y que fuera sujeta a investigación por sus acciones de ilegalidad y de presunta comisión de delitos, sin que nuestra petición fuera atendida.

Además, de acuerdo con la Reforma Constitucional en materia de combate a la corrupción y para impulsar el Sistema Nacional Anticorrupción (27 de mayo de 2015), el DF debe realizar las reformas que transformen al Tribunal Contencioso en uno de Justicia Administrativa, de manera que además de conocer las controversias entre los particulares y el Gobierno del Distrito Federal, también imponga sanciones a los servidores públicos de la administración pública local  que incurran en faltas administrativas graves e inclusive a los particulares vinculados a tales faltas.

Para cumplir cabalmente con las atribuciones que la Constitución le otorga, el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa tiene que desempeñarse de manera diferente a como lo ha venido haciendo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que en los últimos años se ha caracterizado por ser un Tribunal puesto al servicio del Gobierno y no atento a la justicia administrativa; un Tribunal de consigna como se ha visto en casos relevantes de demandas ciudadanas, como ocurrió con la Supervía Poniente y con la instalación de parquímetros a los que legalmente se opusieron sectores importantes de ciudadanos, al igual que en casos notables de construcciones ilegales. Esto, además de la opacidad y de la inaceptable discrecionalidad con los que se han manejado los recursos públicos en el propio Tribunal.

Por tanto, las ciudadanas, ciudadanos y organizaciones firmantes demandamos que Yazmín Esquivel Mossa no sea ratificada como magistrada por la ALDF cuando concluya el período para el cual fue nombrada. Su ratificación sería un agravio para la ciudadanía, y una declaración de que la justicia administrativa en la Ciudad de México continuaría relegada y en buena medida inexistente.

Ciudadanas y ciudadanos:
Sergio Aguayo, Mónica Tapia, Luis Zambrano González, Lorena Velazco Díaz, Daniel Gerhenson, Marco Buenrostro, Cristina Barros, Rafael Martínez, Gerardo Moreno Ballesteros, Leticia Moreno Ballesteros, Lourdes Moreno Ballesteros, Margarita Pérez Negrete, María Ana Portal, Cristina Sánchez Mejorada, Gilberto Anguiano, Simón Hernández León, Rocío Culebro, Edgar Cortez, Laura Velazco Díaz, Margarita Pérez Negrete, Alberto Serdán Rosales, José Antonio Guevara Bermúdez, Salvador Medina Ramírez, Mayela Delgadillo Bárcena, Edgar Avilés Gómez, Ximena Ramos Pedrueza, Iván Azuara Monter, Gabriela Rodríguez, Amparo Sevilla Villalobos, Irma Hernández Jiménez.

ORGANIZACIONES:
Alarbo, A. C.
Al Consumidor, A. C.
Asociación en Defensa Roma-Condesa
Bicitekas, A. C.
Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C.
Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, A. C.
Defendamos la ciudad. Frente ciudadano
Frente Amplio contra la Supervía Poniente
Greenpeace México, A. C.
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C.
Investigación, Organización y Acción Comunitaria Altepetl A. C.
Litiga Ole, A. C.





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