“La verdadera noche de Iguala”, la historia que se ha querido ocultar #PrimerosCapítulos
La Visitaduría General de la PGR instruyó investigar al 27 Batallón de Infantería, lo cual fue frenado por órdenes presidenciales. Aquí, un adelanto de esta investigación especial de Anabel Hernández.
VERDADERA

“Ningún país puede seguir adelante sin conocer la verdad a la que tienen derecho las víctimas y la sociedad. Los hechos de Iguala nos obligan a reflexionar sobre el momento que vive México: retratan con crudeza la degradación de las instituciones…”, sentencia el nuevo libro de la periodista Anabel Hernández.

Aristegui Noticias publica un adelanto de La verdadera noche de Igualay dos notas informativas complementarias:

Fue el Ejército… fueron a recuperar la heroína.

EPN ordenó ocultar investigaciones contra Zerón y el Ejército por caso Ayotzinapa.

Con autorización de la autora y la editorial Penguin Random House -que publica a través de su sello Grijalbo-, se reproduce un fragmento de la obra:

Por Anabel Hernández

Se instruye al Titular de la Oficina de Investigación a girar ins trucciones a quien corresponda para que se amplíe la investigación respecto al Capitán José Martínez Crespo con la finalidad de que se averigüe sobre las imputaciones que se le han hecho en relación a sus posibles vínculos con la delincuencia organizada y cuyo resultado sea remitido a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Se instruye al Titular de la Oficina de Investigación a girar instrucciones a quien corresponda para que de conformidad con los artículos 13 último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1); 2, 3, 16, 134, 168 y 180,(2) se valore las conductas omisas en que pudo haber incurrido personal de Sedena del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero, en los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en donde fueron atacados estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y demás personas civiles, para que de contar con datos y elementos de prueba suficientes se amplíe la investigación respecto de posibles ilícitos que se les pudiesen atribuir, como podría ser Encubrimiento, o del Abuso de Autoridad o de cualquier otra circunstancia indebida en el ejercicio de sus funciones.(3)

Así se afirma en las “recomendaciones generales” del borrador de la “Evaluación Técnico Jurídica” practicada por la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, encabezada por César Alejandro Chávez Flores, a toda la averiguación previa AP/ PGR/SDPDS/01/001/2015 abierta en el tiempo del procurador Jesús Murillo Karam, y que acumula todas las indagatorias relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas.

Estas conclusiones preliminares de la auditoría legal realizada a las actuaciones de la PGR y los resultados del expediente de investigación DGAI/510/CDMX/2016, elaborado por la Dirección General de Asuntos Internos de la Visitaduría contra el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, y su equipo, por sus actuaciones en el río San Juan, en Cocula, Guerrero, fueron la razón por la cual Chávez Flores se vio obligado a presentar su renuncia el 12 de septiembre de 2016.

LA INVESTIGACIÓN DE LA VISITADURÍA GENERAL

Tras la llegada de Arely Gómez a la PGR en abril de 2015, la Visitaduría General de la PGR quedó a cargo del abogado Chávez Flores, de 41 años de edad, originario de Chihuahua y con una larga experiencia en órganos internos de control e investigaciones contra la corrupción. La Visitaduría es el área que se encarga de hacer las investigaciones internas sobre irregularidades cometidas en las averiguaciones previas y por parte de los servidores públicos, incluyendo ministerios públicos, peritos y policías federales ministeriales.

Dado el desgaste de la PGR por el caso Ayotzinapa, Gómez y Chávez Flores acordaron hacer una “evaluación técnico jurídica” de la averiguación previa del caso. Esa evaluación significaba revisar cada una de las actuaciones de la PGR para esclarecer los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, y determinar si desde el inicio de su intervención la Procuraduría había actuado conforme a derecho y apegada a los estándares internacionales de derechos humanos. Chávez Flores acordó con la procuradora que la auditoría contemplaría “los más altos estándares internacionales en materia de investigación de desaparición forzada”.

De este modo, el Visitador General de la PGR llevó a cabo una “evaluación técnico-jurídica” cuya documentación resulta fundamental para conocer los pormenores de una investigación que ha estado llena de irregularidades.

La auditoría general a la averiguación previa relacionada con la desaparición de los 43 normalistas ya estaba planeada y acordada entre la procuradora y Chávez Flores cuando el GIEI presentó su último informe el 24 de abril de 2016. Ese día los expertos de la CIDH denunciaron la alteración de la supuesta escena del crimen en el río San Juan y la posible siembra de restos humanos por parte de Zerón de Lucio. Los padres de los 43 normalistas desaparecidos exigieron una investigación contra el funcionario y pusieron como condición conocer rápidamente sus resultados para continuar el diálogo con la PGR. Como defensa, el entonces titular de la AIC presentó un video donde se le observa con el detenido Agustín García Reyes en el río San Juan antes de iniciar las diligencias ministeriales; sin embargo, antes que salvarlo ese registro lo incriminaba y exponía al público las irregularidades en el supuesto hallazgo de las bolsas con restos de los normalistas.

Para mala suerte de Zerón y su equipo, Chávez Flores no es un hombre que se tome las cosas a la ligera. Durante su gestión había roto el récord de sanciones contra funcionarios de la PGR: a lo largo de un año y medio procesó penalmente a ciento setenta servidores públicos y destituyó administrativamente a más de doscientos.

Ante la escalada internacional del escándalo, el Visitador General le advirtió a Arely Gómez que el Estado mexicano estaba ante un caso que, de no zanjarlo sus propias instituciones, podría terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso en la Corte Penal Internacional: debía ser la propia PGR quien realizara la indagatoria con todo el rigor técnico, no había margen para la simulación. La procuradora aceptó que la investigación se hiciera a fondo a sabiendas de que se trataba de un tema sensible, pues Tomás Zerón era un hombre directamente designado y protegido por Enrique Peña Nieto; desde su llegada a la procuraduría había tratado de removerlo, pero la presidencia se negó rotundamente.

La Visitaduría aclaró que la investigación no podía limitarse al día 28 de octubre de 2014, cuando el titular de la AIC llevó personalmente a García Reyes al río; para que tuviera sustento legal también debían averiguar las condiciones en que este y los demás fueron detenidos en el caso del basurero de Cocula, y cómo se había llevado a cabo la diligencia donde supuestamente se encontraron los restos óseos del normalista Alexander Mora. Así se inició el expediente de investigación DGAI/510/CDMX/2016.

En las manos del íntegro Visitador General quedaron las dos indagatorias internas más importantes del sexenio: la auditoría general a la investigación hecha por la PGR sobre el caso de los normalistas de Ayotzinapa y la investigación contra el hombre del presidente, Tomás Zerón. Eran las pruebas de fuego para saber si la mala conducción y manipulación de la investigación criminal más sensible del sexenio de Peña Nieto habían sido fraguadas de manera unilateral por un grupo de funcionarios de la PGR, o si contaba con el respaldo del gobierno al más alto nivel. La investigación de la Dirección General de Asuntos Internos contra Zerón abarcó los hechos ocurridos desde el 25 de octubre hasta el 31 de octubre de 2014, y concluyó formalmente en agosto de 2016. Había sido el compromiso del Visitador General y de la procuradora con los padres de los normalistas desaparecidos. El 18 de agosto de 2016, cuando la procuradora se reunió con ellos, ya se contaba con el “Acuerdo de conclusión”, sólo faltaba la formalidad de que el Visitador lo dictaminara y firmara, lo cual tomaría unas horas. Arely Gómez le pidió a Chávez Flores que no lo hiciera, que esperara, ya que el incómodo dictamen debía pasar primero por el visto bueno del presidente.

Así, en el encuentro dijeron que ya estaba terminada la investigación, pero que aún no estaba dictaminada, lo cual provocó el enojo de los familiares y sus abogados, quienes rompieron el diálogo con el gobierno de Peña Nieto.

LA RENUNCIA DEL VISITADOR GENERAL

“Acabo de presentar mi renuncia ante la disyuntiva de hacer lo correcto y conservar el cargo”, anunció Chávez Flores ante los rostros estupefactos de decenas de colaboradores en las oficinas de la visitaduría; no lo dijo explícitamente, pero para nadie era un secreto que la dimisión se debía a las conclusiones de su investigación contra el intocable Tomás Zerón. “Quienes trabajamos en la visitaduría tenemos la obligación de depurar el sistema de justicia en nuestro país; aquí lo que hacemos tiene un valor trascendente, se trata de darle a México una mejor institución”, agregó el joven abogado.

Cuando terminó su emotivo discurso, los funcionarios de la visitaduría lo despidieron con un gran aplauso. En medio de decenas de elementos de la PGR que durante casi dos años participaron en actos de tortura, detenciones ilegales y manipulación de pruebas durante la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes, hubo un hombre que decidió hacer lo correcto.

Durante varios meses la procuradora, otros subprocuradores de la PGR y el propio Zerón presionaron al visitador para que cambiara las conclusiones de su indagatoria sobre el río San Juan; Chávez Flores se negó a hacerlo a pesar de las amenazas que recibió incluso por escrito. El visitador le explicó a la procuradora el efecto negativo de ignorar las irregularidades en las diligencias en el río San Juan y el basurero de Cocula: no tenía sentido ocultarlas porque tarde o temprano saldrían a la luz cuando interviniera una corte internacional. Sin embargo, el presidente Peña Nieto tenía la última palabra y le dio instrucciones a Arely Gómez para que el visitador dejara el cargo; asimismo le pidió que el incómodo “Acuerdo de conclusión” nunca se hiciera público. Ya movería él a su hombre de confianza a otro sitio donde le fuera más útil.

“Dicen que el problema es contigo, que no quieres cambiar las conclusiones”, le reclamó el propio Zerón a Chávez Flores en los días más álgidos de discusión interna. “No es posible, Tomás, tú sabes que no es posible”, le respondió el Visitador, recordándole que lo había mantenido al tanto de los avances al igual que a la procuradora y al resto de los subprocuradores.

Las conclusiones que ponían en el banquillo de los acusados a Zerón no eran una sorpresa, ni siquiera para él mismo, que había tenido acceso a la indagatoria; sin embargo, todos preferían echarle la culpa al Visitador. “Tener problemas con Tomás era tener problemas con el presidente”, dijo una fuente de la PGR consultada.

Para esta investigación se tuvo acceso al “Acuerdo de conclusión” de la indagatoria sobre Zerón y el río San Juan, coordinado por Chávez Flores y firmado por el ministerio público Ricardo Juan de Dios Martínez, así como a las “Conclusiones preliminares” de la auditoría sobre la averiguación previa, firmadas por cinco ministerios públicos adscritos a la Visitaduría General. La PGR y el gobierno de Peña Nieto han ocultado ambos documentos y es hasta ahora, en el marco de este trabajo periodístico, que la sociedad mexicana puede conocer su contenido.

El contenido de estos dos documentos internos de la PGR es de interés público no sólo por el derecho a la verdad de las víctimas, el cual es un derecho humano fundamental, sino para la indispensable rendición de cuentas en el caso de desaparición forzada más importante de las últimas décadas en México.

La investigación contra el titular de la AIC concluyó que eran inválidas todas las actuaciones del río San Juan porque las ilegalidades cometidas antes y después de las inspecciones en el lugar tenían un efecto corruptor en la prueba. En pocas palabras, echaba por tierra, jurídicamente hablando, la “verdad histórica” que el gobierno de Peña Nieto había defendido hasta entonces, sin importar el costo político, pues en la lectura de Los Pinos cualquier costo era menor que el que se pagaría si se supiera la verdad.

El borrador de la auditoría legal practicada a todo el expediente relacionado con el caso Ayotzinapa determinó que la SEIDO debía replantear de fondo su investigación para dar con el paradero de los 43 normalistas desaparecidos y con los responsables del ataque contra los estudiantes y el camión donde viajaban los jugadores del equipo de futbol Avispones, donde murieron seis personas y decenas resultaron heridas. Y esas nuevas líneas de investigación debían enfocarse en la Policía Estatal de Guerrero, la Policía Federal, el 27 Batallón de Infantería y lo ocurrido particularmente a los autobuses Estrella de Oro 1531 y 1568.

Tras dos años de investigación, más de cien entrevistas, la revisión de miles de fojas del expediente de la PGR, documentos obtenidos a través de solicitudes de información e informes clasificados de seguridad, una extensa investigación de campo y el acceso a un informante, se logró conocer esta versión de lo sucedido entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, la cual aparece como la que más se apega a la mecánica de hechos de esa noche y a las observaciones de la auditoría legal de la Visitaduría General de la PGR.

Semanas después de que Arely Gómez obligó a Chávez Flores a salir, le llegó a ella su turno. El 25 de octubre de 2016 el presidente la removió de la PGR y la envió a la sFP. Dentro de la Procuraduría se afirma que lo anterior fue en represalia por las investigaciones que ella misma había autorizado contra Tomás Zerón y la averiguación previa sobre el caso Ayotzinapa. En Los Pinos era urgente garantizar que los resultados de las investigaciones del Visitador General no salieran a la luz pública ni tuvieran consecuencias legales. El propio consejero jurídico Humberto Castillejos, pieza clave en la desviación de la investigación, recomendó a su primo hermano Raúl Cervantes Andrade. En Los Pinos no sólo quieren que limpie el desastre durante los últimos años del mandato de Peña Nieto, sino que sea garante de la impunidad. Por esta razón se impulsa que Cervantes Andrade sea el nuevo fiscal que permanezca en el cargo durante nueve años.

FUE EL EJÉRCITO

La noche del 26 de septiembre de 2014 le informaron a un narcotraficante con un importante nivel de operaciones en Guerrero, quien se encontraba en Iguala, que estudiantes de la Normal de Ayotzinapa iban a bordo de dos autobuses en los que se ocultaba un cargamento de heroína con un valor de al menos dos millones de dólares; los normalistas ignoraban que viajaban con la preciada carga y que su destino estaba ligado a ella.

Aunque el capo estaba acostumbrado a traficar varias toneladas de heroína, la cantidad que transportaban los autobuses no era menor y no se podía permitir ese robo aunque fuera accidental; si lo toleraban, se perdería el orden en la plaza.

“Si se mata por veinte mil dólares, ¿por dos millones? Es una manera de operar. La recuperación de la mercancía era un tema de dinero y un tema de autoridad, si se permitía ese robo después habría más”, explicó un informante de credibilidad comprobada, con quien se sostuvieron varias reuniones a lo largo de quince meses durante esta investigación.

El narcotraficante en cuestión tenía al menos ocho años trabajando en la entidad; primero como colaborador de Arturo Beltrán Leyva, con el que traficaba droga a Estados Unidos —no como un subalterno sino como un socio minoritario que con el tiempo adquirió más poder, aunque logró mantener un perfil discreto—, pero su nombre nunca se ha mencionado en las causas penales de otros integrantes de ese cártel, como Édgar Valdez Villarreal, Gerardo Álvarez Vázquez o Sergio Villarreal Barragán. En 2009, cuando ultimaron a Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca, el capo decidió seguir con sus propias operaciones usando Guerrero como base: para el control de la zona tenía en su nómina a militares del 27 y 41 Batallones de Infantería, policías federales, policías ministeriales de Guerrero, policías federales ministeriales, policías municipales de Iguala y diversas autoridades de los municipios cercanos, así como en la sierra donde se siembra la amapola y se procesa la heroína.

Cuando le reportaron la pérdida de su valiosa carga, el capo habría hecho una llamada al coronel de infantería José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón, para pedirle que recuperara la mercancía a como diera lugar. El Ejército era la fuerza de seguridad que tenía mayor autoridad en la ciudad; tal vez el narcotraficante no dimensionó la magnitud del operativo para recobrar la droga.

“Quien encabezó la operación para rescatar la droga fue el mismo Ejército”, señaló la fuente de información enterada de los hechos. Los peritajes de balística obtenidos para esta investigación, así como la mecánica de hechos, apuntan a que los autobuses Estrella de Oro 1568 y 1531 eran los vehículos cargados blanco de los ataques de esa noche: detuvieron al primero en el cruce de Juan N. Álvarez y Periférico Norte, y al segundo en la carretera Iguala-Mezcala, a la altura del Palacio de Justicia, con ayuda de la policía municipal de Iguala, Huitzuco y Cocula, así como de la Policía Federal y la Policía Ministerial de Guerrero. De acuerdo con esta versión, en el momento en que los militares rescataban la droga de los autobuses, los normalistas a bordo se habrían dado cuenta de lo que estaban extrayendo de los compartimientos, imprevisto que detonó súbitamente la necesidad de desaparecerlos para no dejar testigos.

El informante señaló que el capo sólo quería recuperar su mercancía y no ordenó la desaparición; por la experiencia vivida con los Beltrán Leyva sabía que la violencia excesiva era el peor enemigo de su negocio. Cuando se enteró de lo sucedido, dice el informante, se preocupó y se molestó por la acción del Ejército: le “calentaron una plaza” que estaba tranquila y lo obligaron a frenar sus operaciones en Guerrero.

Según habría contado el capo a sus conocidos de confianza, su gente no intervino en la operación, dejaron todo en manos de los militares. El mismo personaje desconocería el paradero final de los normalistas, pero alguien le informó que supuestamente habían llevado al menos a un grupo de estudiantes a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería.

De acuerdo con información recabada para esta investigación, en Guerrero opera una red de colusión entre choferes de autobuses de pasajeros y diferentes grupos criminales para mover la droga; habitualmente el negocio funcionaba sin contratiempos gracias a la corrupción que lo protegía.

“Mi intención nunca fue que mataran a tanto cabrón, se excedieron, de haber sabido que iba a pasar eso…”, se habría quejado el capo, quien irónicamente no es ninguno de los detenidos por la PGR vinculados a la desaparición de los 43.

Esta versión de los hechos se comparó con testimonios de víctimas y testigos, y con las declaraciones ministeriales de elementos del 27 Batallón de Infantería y la Policía Federal —cuyas constantes fueron las contradicciones y el ocultamiento de información—, así como con el contenido del borrador de la auditoría practicada a la averiguación previa de la PGR. Según el informante, durante los últimos años Iguala se había convertido en un importante paso del tráfico de la heroína que se produce a raudales en la sierra de Guerrero, el estado con la mayor y mejor producción de amapola en México, más incluso que el llamado Triángulo Dorado, donde convergen Sinaloa, Durango y Chihuahua; el control de Iguala era vital para el movimiento de la droga.

En la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas (4) elaborada por la DEA se afirma que la mayor parte de la heroína que se consume en Estados Unidos proviene de México y en menor medida de Colombia: México tendría un papel cada vez más predominante en la producción de la llamada “heroína blanca”. De acuerdo con este informe, el consumo de heroína en Estados Unidos casi se triplicó de 2007 a 2013, por lo que es un negocio boyante; además, el nivel de “pureza” de la sustancia ilegal en las calles de ese país es cada vez mayor y ha tenido como consecuencia un aumento en la mortalidad entre los consumidores, razón por la que, después de las drogas de uso controlado, es la que representa una mayor amenaza en la Unión Americana.

Según la DEA, hasta 2015 Guerrero seguía siendo una plaza que controlaban el cártel de los Beltrán Leyva y sus socios, con una pequeña presencia del cártel de Sinaloa. Es significativo que en el reporte de esa agencia no existe una sola línea dedicada a Guerreros Unidos ni a los llamados Rojos, los únicos grupos en los que se enfocó la PGR en su investigación sesgada. El informante explicó que si bien las células criminales de Los Rojos y Guerreros Unidos tienen operaciones en Guerrero, son de poca escala y están por debajo del nivel de poder del capo en cuestión.

¿QUIÉN CHINGADOS ES ESTE CABRÓN?

Como parte de las conclusiones de su último informe, de abril de 2016, el GIEI señaló que el autobús de la línea Estrella Roja donde viajaban normalistas y del que fueron bajados violentamente a la altura del Palacio de Justicia “podría haber sido un medio de transporte de la heroína que se produce en la zona, lo que explicaría el nivel del operativo dirigido a no dejar salir los autobuses”; el Grupo denunció “opacidad” de la PGR sobre la existencia de esa unidad y que existen contradicciones en la declaración del chofer que la conducía esa noche. El camión Estrella Roja, que viajaba metros atrás del Estrella de Oro 1531, no recibió ningún disparo y todos los normalistas que viajaban en él sobrevivieron.(5)

Las declaraciones del chofer han cambiado a lo largo de los últimos dos años. En una afirmó que los estudiantes se bajaron voluntariamente del camión porque no funcionaba bien, y en una carta firmada por él mismo, con fecha del 26 de septiembre de 2014, asegura que policías federales detuvieron el camión, bajaron a los normalistas a punta de pistola y lo habrían escoltado hasta la carretera para seguir su trayecto.

De los dos camiones Estrella de Oro, que resultaron aislados del resto, desaparecieron todos los normalistas que viajaban en ellos excepto Fernando Marín, quien logró salvarse. De acuerdo con el primer informe del GIEI, de septiembre de 2015, los conductores de los dos camiones Estrella de Oro “sufrieron un trato brutal y distinto al de los choferes de los otros tres autobuses que se llevaron los normalistas de la central”. Por su parte, “los conductores de los Costa Line sufrieron una parte de la agresión y disparos de la policía, dado que sus vehículos y ellos fueron atacados junto con los normalistas, pero no fueron detenidos. El chofer del autobús Estrella Roja no sufrió agresiones”.

Al chofer del Estrella de Oro 1568, detenido en la calle Juan N. Álvarez, lo golpearon y lo trasladaron a la barandilla de la policía municipal de Iguala, donde más tarde lo habrían liberado. En tanto, el conductor del camión 1531, inmovilizado frente al Palacio de Justicia, aseguró en su declaración ante la PGR que lo llevaron a una casa ubicada en la colonia Jacarandas, en Iguala. Informó que “al llegar me sentaron entre dos policías encapuchados y salió un señor con camisa blanca y pantalón negro, el cual se veía con el cuerpo de una persona que hace ejercicio [de unos cuarenta años], y quien dijo: ‘¿Quién chingados es este cabrón?’. Los policías le dijeron: ‘Es el chofer del autobús’, y dijo el señor: ‘Pues llévenselo también ya saben dónde’, y se fue caminando hacia su camioneta, la cual no pude ver bien, y les gritó: ‘Déjenlo que se largue’”.(6)

La descripción física del “señor” que hace el chofer coincide justamente con la del capo antes mencionado, el mismo que habría solicitado el apoyo del Ejército para recuperar la heroína.

Por lo demás, en esta investigación se pudo constatar que en noviembre de 2014 al menos cuatro de los cinco camiones se encontraban abandonados en el corralón de Grúas Meta, en Iguala, sin ningún tipo de aislamiento para conservar las evidencias; no fue sino a mediados de ese mes cuando la PGR hizo sus primeros peritajes. De acuerdo con la auditoría de la Visitaduría General, pese a que las unidades formaban parte de la escena del crimen, se devolvieron de manera irregular a las compañías Estrella de Oro y Estrella Roja y hasta el 15 de septiembre de 2015 se practicó un peritaje para saber si presentaban alteraciones en su estructura.

En la auditoría legal se lee que:

  • El MP tardó diecisiete meses después de los hechos en hacer una inspección a los camiones para conocer si tenían compartimentos donde se guardara droga. Cuando la hicieron, los autobuses ya habían sido entregados en un primer momento a las compañías propietarias e incluso ya habían sido reparados por las mismas, por lo cual resultaba ocioso el ordenamiento y la práctica de dichas diligencias

Por la importancia de los autobuses Estrella de Oro, la visitaduría ordenó volver a tomar las declaraciones ministeriales de los dos choferes.

EL EJÉRCITO TOMÓ EL CONTROL DESDE ANTES DE LA DESAPARICIÓN

Antes de ser subcomandante de la policía municipal de Cocula, César Nava González, de 36 años de edad, había trabajado en el Servicio Panamericano de Protección durante más de diez años; en abril de 2013 aprobó los exámenes de confianza de la policía. Hoy se sigue una causa penal en su contra por presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas.

La noche del 26 de septiembre de 2014 el 27 Batallón de Infantería tenía “el mando y control” en Iguala tras el primer ataque en la calle Juan N. Álvarez, antes de que ocurriera la desaparición de los normalistas; así lo declaró el subcomandante ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, con sede en Tamaulipas, en una audiencia que se llevó a cabo en diciembre de 2015.

Nava González aseguró que se encontraba en su día de descanso cuando a las 21:30 horas recibió en su celular una llamada de un número privado; la persona que marcó se identificó como subdirector de Seguridad Pública de Iguala y le preguntó por Salvador Bárcenas, director de Seguridad Pública de Cocula. Nava González respondió que los dos tenían su día de descanso y que estaba en Iguala, donde vivía con su familia, pero le preguntó

  • qué era lo que se le ofrecía, que yo era el subdirector César Nava, identificándose él como [Salgado] Valladares, me dijo que… era el que… brindaba apoyo con sus unidades a nuestro municipio en cuestiones de seguridad pública para patrullar las fronteras entre ambos municipios, Cocula e Iguala. Me dijo que estaba pidiendo apoyo a todos los municipios vecinos, como es Taxco, Tepecua [Tepecoacuilco], Huitzuco y Cocula, ya que en Iguala había llegado gente armada haciendo detonaciones de arma de fuego en diferentes colonias, que si lo podíamos apoyar a resguardar la ciudad ya que al parecer era mucha la gente armada.

El agente le habría respondido al subdirector que necesitaba la autorización de Bárcenas, que se comunicara directamente con él, y veinte minutos después recibió la llamada del propio Bárcenas con la instrucción de brindar auxilio; enseguida el subcomandante le marcó a Ignacio Aceves, un subalterno que se encontraba en Cocula, para que ofrecieran apoyo. Nava González dijo que también llamó a su esposa, la puso al tanto de lo que sucedía, y luego fue al centro de Iguala a recoger a sus dos hijas para llevarlas a su domicilio. Se uniformó y Aceves pasó por él, iba con tres unidades y once elementos, mientras que sólo dos policías se habían quedado a resguardar la base en Cocula. En ese momento recibió otra llamada de Salgado Valladares para preguntarle si le habían dado la orden de brindarle apoyo y respondió que ya estaban efectuando recorridos terrestres en Iguala.

Nava González dijo que en Periférico, a la altura de Pemex, se veía estancada la circulación del tránsito y había luces de patrullas y ambulancias. “Nos detuvimos a la altura de Álvarez, donde se encontraba una patrulla Ford tipo Ranger, de la policía de Iguala, bloqueando dicha calle.” Descendieron de sus unidades y preguntaron qué ocurría, “manifestando los policías de Iguala que un grupo de personas armadas venían a bordo de los autobuses que bloqueaban con la patrulla, les habían hecho detonaciones con arma de fuego a sus compañeros en el centro de la ciudad, [y] que por eso estaban ahí bloqueando”.

En los camiones se veían impactos de bala en los vidrios: la patrulla que obstruía el paso tenía el vidrio roto y estaba chocada. Los policías municipales de Iguala dijeron que algunos de los tripulantes de los camiones habían corrido y que otros seguían ahí.

“Al vernos llegar [los normalistas] empezaron a gritarnos desde atrás de uno de los autobuses pidiendo ayuda porque tenían a un herido y me gritaban que los auxiliara, las personas traían el rostro tapado con sus playeras y quise acercarme para ver de qué se trataba y quién era el herido.” Nava González se acercó a la esquina para preguntar qué querían; su dicho coincide con los testimonios de los normalistas que se encontraban en el primer autobús y pedían ayuda para su compañero Pulmón (Miguel Ángel Espino).

  • Me gritaron que fuera adonde estaban ellos, que tenían un herido, les pregunté si venían armados y ellos contestaron que no, que por favor los ayudara. Quise acercarme, pero los policías de Iguala me dijeron: “Te van a matar, vienen armados”. Era tanta la insistencia de los ocupantes del autobús que les grité que okey, pero que no fueran a disparar […] “les voy a ayudar con el herido, pero no disparen”, [y] ellos gritaban “No estamos armados”. Quise entrar con dos de mis compañeros, pero me gritaron “No, ven tú solo”; les dije que eso no era posible, que ese era mi equipo de protección, entonces empecé a creer de verdad que tenían intenciones de hacerme algún daño y retrocedí.

Nava González negoció con los muchachos para que llevaran al herido hacia donde él se encontraba, pero le dijeron que no lo harían. “No dejaban de gritarme por ayuda; yo, al ver la desesperación de esas personas, decidí hacer un acuerdo”: los normalistas dejaron a su compañero a la mitad del camino y Nava González, Aceves y otro elemento fueron a recogerlo.

“Nosotros desconocíamos si venían o no armados”, recalcó Nava González. “Le ordené al comandante Aceves que llamara a una ambulancia”, la cual se encontraba a una cuadra, pero el tripulante se negó a acercarse “porque era peligroso”.

“Cabe mencionar que desde que llegamos no tuvimos ninguna agresión ni detonaciones de ningún lado.” Nava González señaló que revisaron a la persona y no tenía heridas visibles pero no podía respirar, así que la trasladaron en la batea de la patrulla hacia la ambulancia; los rescatistas dijeron que tenía un paro respiratorio y que ellos lo controlarían. Nava González regresó a la esquina de Periférico y Juan N. Álvarez

“Llegando al lugar recibí una tercera llamada del subdirector de Seguridad Pública de Iguala, el señor Valladares, del mismo número privado, el cual me dijo que ya los militares del 27 Batallón de Infantería estaban en su comandancia de la policía municipal… y que ya ellos habían tomado el mando y control de la comandancia… y que ya se encontraban haciendo recorridos terrestres… que gracias por el apoyo prestado, que ya nos retiráramos.”

Según Nava González, en los radios de la policía de Iguala se escuchó “que se retiraran, y que para los policías que habían venido de apoyo, gracias, y de igual modo se retiraran a sus municipios”, así que él y sus elementos abordaron las patrullas que habían dejado en Periférico. Le ordenó a Aceves que fuera a recoger al elemento que se había quedado de guardia en su casa, “y que en la salida a nuestro municipio de Cocula nos juntábamos”. Dijo que hicieron un recorrido desde Mextitlán hasta la entrada a su población, “ya que existía la posibilidad de que la gente que había entrado a la ciudad de Iguala a hacer detonaciones se fuera a Cocula”. Más tarde, al llegar a la base lavaron las patrullas, “como era habitual”, y pidió a algunos de sus elementos que lo llevaran de regreso a su casa, donde arribó a las seis de la mañana; manifestó que se quedó dormido hasta las cuatro de la tarde.

Señaló que posteriormente recibió una llamada de Salvador Bárcenas, quien le ordenó cambiar los números económicos de las patrullas “para evitar posibles represalias contra nuestra integridad personal”, y a su vez llamó a Aceves para que lo hiciera. Dice que siguieron trabajando con normalidad hasta el 13 de octubre; a partir de esa fecha salió de Guerrero porque lo estaban buscando para arrestarlo. Expresó que fue el 15 de noviembre de 2014 cuando personas vestidas de civil lo detuvieron en Colima, trasladándolo en avión a la Ciudad de México junto con su esposa y un primo; según la versión oficial de la PGR, lo habrían detenido en la propia Ciudad de México supuestamente armado.

Nava González afirmó al juez que cuando lo presentaron ante el Ministerio Público en la PGR, quisieron obligarlo a firmar una confesión previamente redactada por la propia procuraduría. Identifica a una funcionaria a la que llamaban “Maestra Blanca” como una de las personas que lo presionaron, torturaron y amenazaron con hacerle daño a su esposa; de acuerdo con el contenido de la averiguación previa, se estaría refiriendo a la ministerio público Blanca Alicia

Bernal Castilla. Lo que la PGR quería era que el subcomandante firmara una declaración donde se hacía responsable del secuestro de los normalistas: pretendían que dijera “que yo los había entregado a unos sicarios de los cuales no recuerdo los nombres, que estaban escritos, y que yo le daba seguridad a una banda delictiva vestido de civil”. En varias ocasiones se negó a firmar tal declaración. “Ya muy molesta, la maestra Blanca rompió las hojas y por tercera vez las imprimió”; “No me quedó más remedio que firmar por miedo y temor por mi familia”.

En su declaración forzada Nava González explica que supuestamente después de mandar a Pulmón al hospital se habría dirigido a la comandancia de Iguala, donde Salgado Valladares le pidió ayuda para trasladar a diez detenidos; salieron hacia Loma de los Coyotes cerca de las 23:00 horas. Al llegar ahí los habrían bajado para entregarlos a policías municipales de Iguala.

Francisco Salgado Valladares ingresó en el cuerpo de paracaidistas del Colegio Militar, y abandonó la milicia diez años después. En 1999 se alistó en la policía municipal de Iguala, donde tenía más de catorce años trabajando; su hermana dijo en entrevista que hacía poco lo habían nombrado subdirector. Un funcionario del municipio sostuvo que “todos sabían que era Salgado Valladares y no Flores Velázquez quien mandaba en la policía”.

Según la primera versión de su hermana, Salgado Valladares no trabajó el 26 de septiembre de 2014. En la tarde estuvo presente junto con sus hermanos y sus padres en el informe de María de los Ángeles Pineda Villa: “Mucha gente vio que mi hermano estaba ahí”.

Cuando iniciaron las balaceras, ella llamó a su hermano en un par de ocasiones. La primera vez él le dijo que no tenía conocimiento de lo que ocurría; la segunda le expresó que se estaba poniendo el uniforme para ir a la comandancia de la policía municipal. Más tarde Salgado Valladares le habría dicho que los responsables de lo ocurrido esa noche fueron el Ejército y la Policía Federal.

Con base en la bitácora de servicio de la policía municipal del 26 de septiembre, Salgado Valladares sí estaba de guardia. En entrevista, otro de sus hermanos aseguró que sí había trabajado, pero sólo en la noche, y confirmó que en la tarde hizo acto de presencia en el informe de Pineda Villa: su hermano y su madre reiteraron que estuvieron con él en el acto.

Conforme a su declaración ministerial del 8 de mayo de 2015, Salgado Valladares confesó que desde 2012 trabó un vínculo con Guerreros Unidos. Señaló que a las 20:30, vía radio Matra, el C4 reportó que estudiantes habían tomado unos autobuses y golpeado a un chofer; a las 22:00 horas recibió una llamada de Felipe Flores Velázquez, secretario de Seguridad Pública de Iguala, para instruirle que fuera a la base de la policía. Al llegar dijo que había cuatro personas detenidas en la celda y ocho en el patio, según él esposados y con las caras tapadas con las playeras, y que el juez de barandilla Ulises Bernabé García les iba a dar entrada cuando a las 23:30 llegó el comandante César Nava y se los llevó sin que él supiera a dónde.

Para esta investigación se le entrevistó vía telefónica desde el Cefereso no. 4, en Tepic, donde se encuentra encarcelado; durante una conversación de diez minutos (7) dio su versión de los hechos, pero esta se contradice con lo señalado por su propia familia en varias ocasiones. Dijo que no era subdirector de la policía de Iguala sino que estaba adscrito a la vigilancia del mercado municipal, y que no se movió de ahí desde las ocho de la mañana del 26 de septiembre hasta las ocho de la mañana del día 27; el mercado está ubicado frente a la central de autobuses donde esa noche los normalistas secuestraron tres camiones.

Aquí un fragmento de la entrevista:

ANABEL HERNÁNDEZ (AH): ¿Estaba usted ahí cuando entraron los estudiantes a tomar los autobuses?

FRANCIsCO SALGADO VALLADARES (FsV): No, porque cuando el radio- operador nos informó… El mercado es grande, abarca desde la central y termina en la Bodega Aurrerá; nosotros nos encontrábamos hasta el otro extremo cuando el radiooperador nos informa que ya se habían llevado los autobuses y ya se habían retirado rumbo al centro de la ciudad.

AH: ¿Usted qué hizo?

FsV: Yo le contesté y le dije que estábamos ahí, pero ya no llegamos hasta la central de autobuses porque le digo que ya se habían retirado.

AH: ¿Usted vio militares esa noche, participando en el evento?

FsV: No, yo me encontraba en el mercado municipal, no andaba a bordo de ninguna patrulla, no me podía mover de ahí.

AH: Hay una declaración del jefe policiaco de Cocula, César Nava, donde dijo que después de haber dado apoyo a la policía de Iguala se comunica con usted, y que usted le dijo que se podía retirar porque el Ejército tenía control de la situación. ¿Esto pasó así?

FsV: No, eso no es cierto.

AH: ¿Usted habló con el señor Nava esa noche? FsV: No, yo no hablé con él.

AH: ¿Pero usted fue al evento donde estaba la señora Abarca con su esposo?

FsV: No, como le repito, yo estaba en el mercado municipal, no podía moverme de mi servicio.

AH: Pero su familia me dice que sí estuvo, señor Salgado. FsV: ¿Que yo estuve en el evento?

AH: Sí.

FsV: ¿Mi familia cómo puede saber eso, si yo estaba trabajando? —preguntó mientras su madre y su hermano, presentes en la entrevista, lo escuchaban en el altavoz del teléfono con expresión de sorpresa e incomodidad.

AH: Porque lo vieron ahí, ¿no?

FsV: Yo estaba trabajando en el mercado municipal, en ningún momento me pude retirar de mi servicio.

AH: ¿Usted estuvo en la base de la policía municipal? ¿Vio a los estudiantes ahí?

FsV: No, eso es completamente falso.

AH: Hay una declaración suya donde aparentemente confesó que estaba en la base de la policía municipal y vio cuando César Nava se llevó a los estudiantes. ¿Esta declaración cómo ocurrió?

FsV: Esa declaración ministerial fue elaborada por el representante social que me atendió [en la PGR].

AH: Usted fue militar, ¿quién tenía realmente el mando en Iguala?

¿Qué corporación tenía el mayor mando en Iguala? Estaba la policía municipal, la Policía Federal y el Ejército. ¿Cuál de estas tres corporaciones tenía mayor poder en Iguala?

FsV: Que yo sepa, el Ejército es el que más puede mandar ahí, incluso yo me di cuenta de que de todas las fatigas, de todos los servicios, se le mandaba copia al Ejército.

Personas involucradas directamente con la investigación del caso realizada por la PGR aseguraron que no hay la menor duda de que el Ejército tomó control de la situación esa noche.

RODRÍGUEZ PÉREZ FUE QUIEN DIO LAS ÓRDENES

En su declaración ante la PGR el teniente coronel Benito Cegueda Hernández, segundo al mando del 27 Batallón, aseguró que el coronel José Rodríguez Pérez giró las órdenes el 26 de septiembre desde la llegada de los normalistas hasta la madrugada, señalando incluso que fue el propio Rodríguez Pérez quien notificó de la presencia de los normalistas desde las 19:00 horas en la caseta de cobro y ordenó su monitoreo; cerca de las 22:30 también habría ordenado la salida de dos escuadrones del 27 Batallón para hacer patrullajes en las calles ante los disturbios ocasionados por la toma de autobuses en la central camionera.

Por su parte, ahora se sabe, el capitán José Martínez Crespo reveló a la PGR que el coronel arribó al 27 Batallón alrededor de las 23:20 horas para comandar los operativos de esa noche. Cegueda Hernández afirmó a la procuraduría que Martínez Crespo rindió de manera verbal a Rodríguez Pérez su informe sobre lo acontecido esa noche: “De estos hechos no se realizó un parte oficial a la superioridad en virtud de que no se vio involucrado personal militar”, justificó. De este modo, nunca quedó por escrito constancia de las actividades y los recorridos de Martínez Crespo, que comenzaron la noche del 26 de septiembre y terminaron la madrugada del día 27, según las declaraciones ministeriales de integrantes de su escuadrón.

Sin embargo, en sus declaraciones del 4 de diciembre de 2014 y el 2 de marzo de 2015, el coronel Rodríguez Pérez no mencionó lo dado a conocer por Cegueda Hernández y Martínez Crespo; tampoco dijo que Eduardo Mota Esquivel le hubiera entregado fotografías que tomó de lo ocurrido en el Palacio de Justicia o de cualquier otro incidente de esa noche.

En su declaración ampliada, Rodríguez Pérez aseguró que el 28 de septiembre de 2014 permitió el ingreso de Elmer Rosas Asunción, MP de la fiscalía de Guerrero, y el perito Daniel Soto Mota a las instalaciones del 27 Batallón para hacer una inspección; aseguró que después de haberles mostrado el área de guardia en prevención les preguntó “si deseaban recorrer alguna otra área y manifestaron que no era necesario, retirándose del batallón”. No obstante, en un reporte de 81 fojas Rosas Asunción afirmó algo diferente.

A las once de la mañana de ese mismo día, como parte de las diligencias de búsqueda de los estudiantes, la MP Elizabeth López Peña, también de la FGE, ordenó una inspección completa en el 27 Batallón, el Centro de Operaciones Estratégicas de la PGR, la base de la Policía Federal en Iguala y las bases de la policía estatal y municipal: la instrucción era “verificar si en dichas instalaciones existen o no personas recluidas en las áreas asignadas como de seguridad o áreas carcelarias”, y también recabar “bitácoras o libros de gobierno y la relación de las personas que son ingresadas en calidad de detenidas”. La inspección debía realizarse en las áreas de separos, “así como en el resto de las instalaciones destinadas a oficinas, habitaciones, bodegas, y verificar la existencia de cámaras de video, de ser necesario solicitar los videos de las fechas 26, 27 y 28 de septiembre [de 2014]”. Desde un inicio, por experiencias anteriores, los padres de los desaparecidos y los estudiantes sobrevivientes temían que los 43 normalistas se encontraran en instalaciones del gobierno federal.

En su reporte Rosas Asunción consignó que se presentó con dos testigos al 27 y 41 Batallones de Infantería en Iguala, ubicados cerca de Galerías Tamarindos, recibiéndolos el coronel Rodríguez Pérez, quien les explicó que “las instalaciones que ocupan los batallones no cuentan con áreas de seguridad de detenidos, ya que al momento que llegan a detener a individuos estos son canalizados directamente a las diferentes dependencias a donde correspondan”.

No obstante, el MP aseguró que no pudieron realizar la inspección de manera total. Rodríguez Pérez dijo que por motivos de “seguridad nacional” no podía mostrarles todas las instalaciones; les indicó que para ello debía tramitarse una petición a la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo.

Rodríguez Pérez aseguró que la noche del 26 de septiembre llamó al secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, detenido el 21 de octubre de 2016; le preguntó si había algún problema con los estudiantes, pero el jefe policiaco le dijo que no. En contraste, familiares de Flores Velázquez señalaron que pidió ayuda a Rodríguez Pérez ante lo que sucedía en Iguala pero el coronel se negó argumentando que no tenía personal, cuando en los hechos sí había militares monitoreando a los normalistas desde su llegada.

Es importante acentuar que el examen de la Visitaduría General advierte de incongruencias entre los testimonios de los militares y los demás elementos recabados en el expediente, y se afirma que es necesario ampliar la información proporcionada por los militares. Asimismo, se ordena investigar por qué no se permitió la entrada de civiles al cuartel para hacer una inspección, por qué el personal militar no se quedó a proteger a los estudiantes en el hospital Cristina, y la comunicación que hubo entre Rodríguez Pérez y Flores Velázquez. En noviembre de 2015 cambiaron de puesto al coronel Rodríguez Pérez y llegó a la jefatura de la sección administrativa de la Dirección General de Infantería, y en febrero de 2016 fue nombrado jefe de los talleres de reparación para vehículos del Ejército y ascendido a general brigadier, nombramiento que por ley pasa por la aprobación del presidente.

De acuerdo con la reconstrucción del 26 de septiembre realizada en esta investigación, (8) todo indica que al comienzo de esa noche no existía la intención de desaparecer a los normalistas, sólo se pretendía detener los camiones. De hecho, cerca de las 22:30 las policías municipales de Iguala y Cocula auxiliaron a tres estudiantes heridos —Aldo Gutiérrez, Jonathan Maldonado y Fernando Marín— así como a Miguel Ángel Espino, quien sufrió un ataque de asma, y los enviaron al Hospital General. Después de esa hora parece que hubo un giro dramático en las decisiones y fue cuando se perpetró la desaparición de los normalistas en la calle Juan N. Álvarez y en el Palacio de Justicia.

La visitaduría determinó que a partir de las propias declaraciones de los militares “se puede advertir que quienes en todo momento tienen conocimiento de lo sucedido con los estudiantes normalistas es el 27 Batallón de Infantería de la Sedena, e incluso circunstancialmente estuvieron en diversos momentos de sucedidos los hechos”.

EN LA ESCENA DEL CRIMEN: CALIBRE DE ARMAS Y CARTUCHOS DEL EJÉRCITO

Para esta investigación se obtuvo una copia del dictamen de balística (9) que la fiscalía guerrerense practicó a los autobuses donde viajaban los normalistas la noche del 26 de septiembre, dos Estrella de Oro y dos Costa Line, así como al camión de Castro Tours donde iban los Avispones; el objetivo era determinar el calibre de las armas que dispararon contra ellos y la trayectoria de las detonaciones.

De acuerdo con ese dictamen, el ataque armado se concentró mayormente en el autobús Estrella de Oro 1568 y en el de Castro Tours. Cabe señalar que tanto los dos camiones Estrella de Oro como el de los jugadores eran de color blanco con franjas verdes. Basándose en las fotografías del dictamen de balística, los tres son casi idénticos y no había manera de diferenciarlos: esa descripción de los vehículos es lo único que justifica el fuego a granel contra el autobús que transportaba a los deportistas.

Según el peritaje, el camión 1568 recibió al menos veintinueve disparos, los cuales se realizaron con proyectiles calibre 7.62. El documento apunta que dicho calibre se usa en los fusiles AK-47, FN FAL y G3, ninguno de los cuales era parte del armamento que las policías de Iguala y Cocula emplearon esa noche; conforme a sus declaraciones y a los dictámenes, sus armas eran calibre .223 y 9 mm. En ninguna de las declaraciones de los atacantes “confesos” se señala el uso de armamento AK-47, FN FAL o G3: los únicos que portaban armas de esas características eran los escuadrones del 27 Batallón de Infantería, y los testimonios de los propios militares indican que estaban equipados con fusiles G3. Los disparos contra el Estrella de Oro 1568 fueron de atrás hacia adelante, es decir, en una posición de persecución, de derecha a izquierda y “ligeramente de arriba hacia abajo”.

Por su parte, el camión de Castro Tours, que circulaba sobre la carretera a Chilpancingo, recibió 83 impactos de bala; de acuerdo con el peritaje, los disparos fueron de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante, en una emboscada. Según el examen, este vehículo fue atacado con armas calibre .223, medida que corresponde a las que portaban las policías municipales de Iguala y Cocula (HK G36 y Beretta) y la Policía Federal, que portaba el rifle de asalto Bushmas- ter. También se encontraron disparos calibre 7.62, que corresponde al G3 del Ejército.

El autobús Estrella de Oro 1531, detenido en el Palacio de Justicia, no presentaba impactos de proyectil, sin embargo, tenía las llantas ponchadas, lo cual indica que la prioridad era que la unidad se detuviera. Este fue el único donde los peritos encontraron restos de gas lacrimógeno, es decir, los atacantes tomaron la medida drástica de bajar a los normalistas a como diera lugar.

El autobús Costa Line 2012 presentó seis impactos de bala calibre .223, el mismo de las armas de las policías de Iguala y Cocula y de la Policía Federal, mientras que el otro Costa Line recibió nueve disparos, unos de calibre .223 y otros 7.62.

El 8 de octubre de 2014 la fiscalía de Guerrero realizó un nuevo peritaje sobre 149 casquillos que se encontraron en la calle Juan N. Álvarez, en el cruce de Santa Teresa, y en vehículos inspeccionados en las escenas de crimen; el objetivo era identificar el calibre y el tipo de armas que los habrían detonado. De acuerdo con este dictamen, 67 correspondían al calibre .223 y se percutieron con diecisiete fu- siles: de esos casquillos sólo dieciocho correspondieron a armas de la policía municipal de Iguala. También se analizaron cinco casquillos calibre 9 mm, los cuales se percutieron con cuatro armas: tres de ellos correspondieron a pistolas de agentes municipales de Iguala. Cincuenta y ocho casquillos correspondían al calibre 7.62 × 39 mm y se dispararon con seis fusiles diferentes, “teniendo entre los más comunes el AK-47”. Se localizaron catorce casquillos calibre 7.62 × 51 mm que fueron descargados por dos fusiles, “teniendo entre los más comunes el G3”; ocho de ellos eran de la marca P.P.U. y siete F.C. Según una fuente de información del Ejército, la marca F.C. corresponde a la Fábrica de Cartuchos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Ante una solicitud de información, la Sedena se negó a notificar el calibre y la cantidad de municiones que produce la Fábrica de Cartuchos por ser información “clasificada”; sin embargo, gracias a la fuente castrense consultada y a otras de información abierta, se sabe que producen proyectiles 7.62 × 51 mm para el G3. Tanto este rifle como sus balas se elaboran en la Dirección General de Industria Militar, que cuenta con la patente. La Sedena aclaró que los pertrechos que produce la Fábrica de Cartuchos son de uso exclusivo del Ejército, “por lo que no pueden ser adquiridos por personas civiles”.

En un informe reciente la Fiscalía General reportó que en nuevas inspecciones se encontraron más elementos de balística, siendo en total 195 casquillos localizados en las escenas del crimen: 77 calibre 7.62 × 39 (AK47), 86 calibre .223 (HK G36, Beretta y Bushmaster); 18 calibre 7.62 × 51 (G3), 6 casquillos 9 mm, un casquillo calibre .22, un casquillo calibre .38 súper y 6 casquillos calibre .380.

Policías estatales de Guerrero fueron llamados a declarar en abril de 2016: al menos dos de ellos reconocieron haber estado en los lugares donde se llevaron a cabo los ataques en el momento en que estaban ocurriendo. Javier Bello Orbe, coordinador de la zona de la Policía Ministerial de Guerrero, dijo que a las 22:00 horas, tras recibir el reporte del secuestro de autobuses, acudió en apoyo “para interceptarlo en compañía del agente Eliohenay Salvador Martínez Hernández”. Afirmó que vio el autobús y a tres patrullas de la policía de Iguala “indicándole de manera verbal un elemento que estaba todo controlado, que mejor se fuera”. Según su dicho, se retiraron y después estuvo presente en la calle Juan N. Álvarez. El policía

Fabián Guerrero Núñez confirmó que los responsables de las cámaras de seguridad del C4 era el Ejército.

LAS VIOLACIONES DE TOMÁS ZERÓN DE LUCIO Y EL FIN DE LA “VERDAD HIsTÓRICA”

Se tuvo acceso a todo el contenido del “Acuerdo de conclusión” del expediente de investigación realizado por la Visitaduría General de la PGR sobre Zerón de Lucio y el río San Juan, fechado el 18 de agosto de 2016, que hasta ahora no ha sido público.

En la indagatoria diseñada por César Alejandro Chávez Flores se determinó que para conocer de fondo si hubo irregularidades el 28 de octubre de 2014 se debía investigar desde la detención de los supuestos confesos. Eso encendió los focos rojos en la sEIDO y la AIC e intentaron bloquear la investigación a como diera lugar. De cono- cerse las conclusiones, es necesario recalcar, no sólo se exhibirían las irregularidades cometidas por el titular de la AIC, sino que se refutaría, desde el interior de la PGR, la llamada “verdad histórica”.

Cuando Chávez Flores presentó sus conclusiones en una reunión de subprocuradores, le sorprendió lo que le pidieron. Le presentaron una contrapropuesta en PowerPoint: ordenar la destitución de Tomás Zerón de Lucio, iniciarle un procedimiento administrativo o penal, pero no tocar el resto de las irregularidades en el río San Juan. La procuradora Areli Gómez quería desde hace tiempo que el presidente Peña Nieto moviera del cargo a Zerón, pero el mandatario no deseaba hacerlo.

Para la procuradora, Zerón era una piedra en el zapato. A través de la AIC él controlaba la tercera parte de la PGR: Policía Federal Ministerial, servicios periciales y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi). Ella deseaba moverlo a toda costa, pero no quería que se le cayera el caso Ayotzinapa.

En su investigación la Visitaduría concluyó que las aprehensio- nes de Agustín García Reyes, Patricio Reyes Landa, Jonathan Osorio Cortés y otras cuatro personas que fueron detenidas con ellos “se realizaron de manera ilegal y arbitraria”. Se afirma que en su arresto se violó no sólo la Constitución mexicana sino la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Según la investigación interna, la MP Blanca Alicia Bernal Castilla, quien desempeñó un papel preponderante en el expediente del caso, ordenó la localización y presentación de García Reyes, Osorio Cortés y Reyes Landa, detenidos el 27 de octubre de 2014. Sin tomar sus declaraciones ministeriales, basada sólo en el parte informativo de quienes los detuvieron, Bernal Castilla decretó su retención por el delito de flagrancia, pues supuestamente habían dicho de forma “espontánea” que eran miembros de Guerreros Unidos

La Visitaduría afirma que la MP nunca acreditó la supuesta flagrancia de los detenidos:

  • La conducta asumida por Blanca Alicia Bernal Castilla en todos los acuerdos de retención ministerial de los involucrados resulta nocivamente contraria al principio de legalidad y seguridad jurídica. […] A ninguno de los detenidos se les requirió que declararan sobre los hechos que fundamentaron su localización.
  • La agente del ministerio público Blanca Alicia Bernal Castilla, en total contravención al principio de buena fe ministerial, se valió del poder público dictando orden de localización y presentación, a sa- biendas que el efecto que buscaba con esta no era desahogar el fin legítimo, sino que la utilizó para gravar una restricción a un derecho fundamental dejando en total indefensión a los presentados.

Asimismo, Bernal Castilla nunca les informó las razones de su detención. Si el arresto de tres de los principales implicados en el supuesto asesinato y cremación de los 43 normalistas fue ilegal, eso tiene un efecto corruptor en todos los testimonios y las pruebas obtenidas a raíz de su detención, por lo que no tienen ninguna validez jurídica.

También se resolvió que Bernal Castilla asentó ilegalmente que el 27 de octubre de 2016 recibió el certificado médico de García Reyes junto con la puesta a disposición de los elementos de la Marina,

cuando en realidad el dictamen médico donde aparecían severas lesiones no se terminó de elaborar hasta el día siguiente. “Resulta evidente que si Blanca Alicia Bernal Castilla no tuvo a la vista el certificado médico de Agustín García Reyes, actuó en contravención a la legalidad”, se afirma en el propio dictamen interno de la PGR. La Visitaduría confirmó que la PGR hizo una nueva valoración médica en la que García Reyes presentaba lesiones distintas a las que consignaba el dictamen médico de la Marina. “Por el momento no es posible determinar con precisión cuándo fueron producidas”, señala el documento, pero infiere que ocurrieron entre la detención de la Marina y las horas de custodia en la PGR. Se afirma que se generó incertidumbre en los derechos del detenido “pues no existen elemen- tos que permitan desentrañar si las lesiones presentadas en este nuevo dictamen fueron resultado de conductas asumidas por el personal de la PGR en las instalaciones de la SEIDO o si dichas lesiones se encontraban presentes desde que fue puesto a disposición [por la Marina]”. “La ausencia de certidumbre en la secuencia de cómo aparecieron las lesiones impide adminicular correctamente su declaración ministerial con otros elementos de prueba idóneos a fin de esclarecer si existió la posible comisión de malos tratos o tortura”, se afirma en las conclusiones de la indagatoria interna.

También se determinó que fue ilegal la salida de García Reyes de los separos de la sEIDO, ocurrida el 28 de octubre de 2014, para ser entregado a Zerón. Fue la misma Bernal Castilla quien “ordenó el cese de la guardia y custodia de forma temporal” y permitió que Zerón y su equipo sacara de manera ilegal a García Reyes de los separos de la sEIDO donde se encontraba bajo resguardo.

La MP dijo que era para realizar “diligencias diversas de carácter ministerial”, pero en el oficio no mencionó las condiciones, modo y lugar de dichas actuaciones, ni el nombre de las personas que serían las responsables de la custodia de García Reyes, no estaba legalmente fundamentado. El MP tampoco cumplió con la obligación de llamar al abogado de oficio para acompañar a García Reyes en las “diligencias”.

“Estas omisiones con las que se emitió el oficio no correspondían a la falta de pericia de la agente del Ministerio Público Blanca Alicia Bernal Castilla, sino que se trató de una conducta deliberada”, determinó la Visitaduría. “Esta conducta rompe con el estándar mínimo de dignidad humana que deben tener las personas sujetas a una privación de la libertad, en cualquiera de sus formas, incluida la retención ministerial. De manera que la conducta desplegada no resulta tolerable bajo ningún parámetro en un estado constitucional de derecho”.

Igualmente se descubrió que el oficio para sacar de manera ilegal a García Reyes de la SEIDO nunca se añadió al expediente de la investigación. Se señala que fue la propia Bernal Castilla quien lo ocultó.

En la investigación interna se tiene identificado que el fiscal Jorge García Valentín fue quien sacó de manera irregular a García Reyes de los separos de la sEIDO, y fue el que lo habría entregado ilegalmente a Zerón. Pese a que quedó constancia y hubo testigos de los separos cuando se interrogó a García Valentín este dijo: “No recuerdo que Agustín García Reyes haya salido de las instalaciones”. En el traslado ilegal de García Reyes también participó la Secretaría de Marina y se identificó al vehículo 800156.

Respecto a la conducta de Zerón, el hombre de confianza del presidente Peña Nieto, se afirma que violó el derecho a la verdad de las víctimas. “Existen datos de prueba aptos y suficientes para acreditar la probable responsabilidad en la comisión de conductas irregulares por parte del director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal por haber realizado actos de investigación en las inmediaciones del río San Juan, en Cocula, Guerrero, el 28 de octubre de 2014, sin encontrarse bajo la conducción del agente del ministerio público en virtud del legítimo mandamiento”, se determinó en el expediente de la investigación interna. Asimismo,“omitió formalizar los resultados de los actos realizados el 28 de octubre de 2014 en la Averiguación Previa”. Con esto, afirmó la Visitaduría, se viola “el derecho a la verdad” de las víctimas.

“El derecho a la verdad no sólo implica la dimensión de esclarecer los hechos, sino también la de transparentar los resultados y procesos penales e investigativos, a efecto de que las víctimas puedan participar en estos libremente y en el marco de exigencias legales”, señalan las conclusiones de la Visitaduría. “También se concluyó que el funcionario mencionado vulneró en perjuicio de Agustín García Reyes su derecho a la defensa” porque fue trasladado al río San Juan sin abogado defensor.

La Visitaduría identificó a cuatro “personajes principales” en los hechos irregulares del 28 de octubre en el río San Juan: Tomás Zerón de Lucio, Abraham Eslava Arvizu, Bernardo Cano Muñozcano, jefe de la oficina del titular de la AIC, y Jaime David Díaz Serralde.

Se asegura que el personal pericial que participó el 28 de octubre de 2014 en el río San Juan violó las normas elementales del aseguramiento de una escena del crimen y la cadena de custodia de pruebas fundamentales. Según la investigación, aunque personal de Zerón declaró que se les ordenó el aseguramiento de la escena del crimen y que peritos estuvieron presentes en el lugar, “no se aprecia que exista algún documento en el que se dé cuenta del aseguramiento del lugar, ni del personal de la institución que llevó a cabo tal tarea”. Esto significa, explicó una fuente de información de la PGR, que se violó la escena del crimen y que las actuaciones realizadas son ilegales. Lo anterior implica que la prueba supuestamente obtenida de los restos de Alexander Mora es inválida. Pese a que hasta ahora sería la única prueba pericial de la supuesta muerte de los normalistas, quedó contaminada y no podría ser aceptada por ningún juez para emitir una sentencia. Este punto sería uno de los temas más sensibles por los cuales la procuradora Areli Gómez quería que Chávez Flores cambiara las conclusiones de su investigación.

La Visitaduría concluyó que la MP Bernal Castilla consignó indebidamente fechas y horas contradictorias en el acta donde quedó asentada la reconstrucción de hechos del 29 de octubre de 2016, día en que la Marina supuestamente encontró la bolsa con restos de Alexander Mora.

La responsable de levantar el acta del hallazgo de los restos de Alexander Mora fue Bernal Castilla, quien dijo haber estado en el río San Juan desde las 8:00 horas del 29 de octubre hasta la mañana del 31 de octubre. En esa acta quedó asentado que estando ella presente cerca de 50 minutos después, es decir cerca de las 9:00, buzos de la Marina encontraron una bolsa con restos óseos humanos carbonizados. Según Bernal Castilla, después del hallazgo llegaron los peritos argentinos y los de la sEIDO.

Sin embargo, la Visitaduría descubrió que al mismo tiempo, mientras se supone que estaba en el Río San Juan, Bernal Castilla firmó nueve actas importantes en la Ciudad de México donde se afirma que estaba en las oficinas de la SEIDO. Incluyendo un acta firmada a las 9:00, donde designó a los peritos para ir al Río San Juan, otra a las 14:00 para permitir la salida de salida de Osorio Cortés y García Reyes de las instalaciones de la SEIDO para hacer la reconstrucción de hechos en el río San Juan, entre otras actuaciones relevantes. Este hecho también invalida las actuaciones en el río San Juan, la actuación de los peritos y el hallazgo de los restos de Alexander Mora.

LA SIEMBRA

El perito Luis Daniel Hernández Espinoza recibió la orden de acudir al río San Juan a las 17:00 horas del 28 de octubre de 2014, tres horas después de que Tomás Zerón y su equipo habían grabado en video las supuestas bolsas de plástico señaladas presuntamente por García Reyes.

Según el perito se les informó que ahí debían buscar bolsas de basura arrojadas al Río San Juan. Aunque en el video al que tuvo acceso el GIEI aparecen las bolsas durante el recorrido de Zerón, Hernández Espinosa afirmó que ese mismo día una perito en criminalística de campo realizó la evaluación del lugar “buscando algún elemento que requiriera el estudio específico de la materia, sin encontrar nada”.

A los peritos Mauricio Cerón Solana y Patricia Gómez Ramírez se les responsabiliza de “perturbación ilícita de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso o los instrumentos, objetos o productos del delito”, “omisión de preservar indicios”, “omisión de peritajes” y violación a la “cadena de custodia”.

El día 29 de octubre de 2014 se acordó acudir de nuevo al río San Juan a llevar a cabo la búsqueda. Cuando llegaron al lugar, señaló Cerón Solana, “ya se encontraban buzos de la Marina, policías federales ministeriales, Cisen y agentes del ministerio público de la federación”. Fueron los buzos de la Marina quienes “pusieron a la vista” una bolsa de basura que tenía en su interior fragmentos óseos de origen humano “con huellas de exposición al fuego”. La bolsa estaba abierta.

La Visitaduría interrogó directamente a García Reyes sobre lo ocurrido el 28 de octubre de 2014. Él declaró que las bolsas con los restos humanos ya estaban puestas en el río cuando lo llevaron, lo cual coincide con lo que manifestó su esposa en una entrevista realizada a principios de mayo de 2016.

El 24 de junio de 2016 García Reyes aseguró:

  • Yo estaba detenido en la SEIDO, estaba en una celda y nomás me sacaron y me subieron al helicóptero, y ya en el helicóptero me dijeron que me iban a llevar a puente río San Juan y que ahí había unas bolsas que yo tenía que señalar, que si no lo hacía me iban a torturar, entonces yo contesté que sí y volamos hasta puente río san Juan y ya cuando íbamos aterrizando en la cancha de futbol me dijeron que si conocía el lugar y me dijeron que si [sic] y entonces llegamos y me bajaron y me dijeron que no se me olvidara lo que había dicho y entonces ya me llevaron hasta donde estaban unas bolsas de plástico, y ya uno de ellos vestido como de negro que me llevaba del cuello y me dijo que si intentaba correr me iba a disparar ya llegamos a donde estaban las bolsas [e] hice lo que me habían dicho.

García Reyes explicó que lo anterior ocurrió en presencia de Zerón de Lucio, jefe del personal que lo amenazó y aleccionó. Le preguntaron si estaba presente algún defensor particular o público, a lo que respondió: “No, ninguno, sólo había wachos”, refiriéndose al personal de la Marina.

En la indagatoria interna de la PGR se determinó remover de su cargo a la agente del MP Blanca Alicia Bernal Castilla, al coordinador de peritos Mauricio Cerón Solana, a la perito Patricia Gómez Ramírez, así como al fiscal Jorge García Valentín. Dado que Zerón de Lucio, en su carácter de personal administrativo, no estaba

sujeto a la normatividad interna de la PGR, se propuso dar vista a la sFP para que fuera sancionado con base en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En sus conclusiones, la Visitaduría también ordenó investigar si el personal que participó en las diligencias del río San Juan había incurrido en delitos penales.

Nunca fue firmado el dictamen del “Acuerdo de conclusión” de la Dirección General de Asuntos Internos. Se afirma que fue directamente Peña Nieto quien defendió a Zerón de Lucio y no autorizó la formalización del documento y la puesta en marcha de sus conclusiones. Pero se sabe que para que la PGR no pudiera desaparecerlo quedó incluido en el acta de entrega-recepción del Visitador César Alejandro Chávez Flores cuando dejó el cargo.

EJÉRCITO Y POLICÍA FEDERAL DEBEN SER INVEsTIGADOs: ASUNTOS INTERNOS DE LA PGR

Los resultados preliminares de la auditoría interna realizada por la Visitaduría General a la averiguación previa de más de mil fojas sobre el ataque contra los normalistas señalan de manera contundente que está plagada de graves irregularidades. Jurídicamente implica que no tiene validez técnica ni legal y que tendría que repetirse. Uno de los señalamientos más graves es que se hicieron a un lado líneas de investigación importantes sobre la actuación del 27 Batallón, la Policía Federal, la Policía Federal Ministerial y las policías estatal y ministerial de Guerrero.

“Se observa que no se ha llevado a cabo una investigación seria, parcial y efectiva por todos los medios legales disponibles orientada hacia una finalidad específica, esto es, la determinación de la verdad”, afirma el documento elaborado por la Visitaduría. En síntesis, “no se practicaron diligencias necesarias para encontrar la verdad y justicia en el caso”.

El documento de la Visitaduría advierte que se dio prioridad a acreditar la intervención de Guerreros Unidos y con ello de la delincuencia organizada, y ejercer acción penal contra el mayor número de personas, “dejando en un segundo término el deber del Estado mexicano de realizar una búsqueda sistemática y rigurosa tendiente a encontrar a los estudiantes desaparecidos”. La investigación interna de la PGR señala que se debió haber hecho una investigación por desaparición forzada, no por secuestro y delincuencia organizada.

Basándose en las declaraciones de los militares, quienes dijeron no haber intervenido, la visitaduría determinó que “se considera que la conducta omisa desplegada por el personal militar del 27 Batallón de Infantería en los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre en la ciudad de Iguala, tuvo consecuencias fatales en los estudiantes de la Escuela Normal ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa e integrantes del equipo de futbol los Avispones de Chilpancingo”. Asimismo, “se considera oportuno investigar si el personal de la Sedena del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero, incurrió en algún tipo de responsabilidad de carácter penal”. En tal contexto, se propuso notificar al Órgano Interno de Control de la Sedena para que iniciara procedimiento de responsabilidad.

Respecto al C4 y los militares que controlaban las cámaras de seguridad, la visitaduría afirma que hubo “una falta de regulación en cuanto a su funcionamiento operativo y la carencia de supervisión, lo que generó la posible manipulación de bitácoras, videos y registros de dicho Centro respecto a los hechos investigados”.

Sobre el papel de la Policía Federal, cuyo ex comisionado, Enrique Galindo, negó su participación, la visitaduría destacó: “Resulta necesario y trascendente evaluar la participación de la Policía Federal en Iguala sobre los sucesos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014”.

En el documento interno de la PGR se consigna que ya existe una averiguación previa contra los agentes federales Víctor Manuel Colmenares Campos y Emmanuel Pérez Arizpe por los delitos de “abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y lo que resulte”, y se ordena “que se amplíe la investigación de conductas omisas en que pudo haber incurrido personal de la estructura de la Policía Federal en Iguala”, y en su caso ejercer la acción penal que corresponda. Asimismo, exige que se solicite “al comisionado general de la Policía Federal la puesta a disposición de las armas de fuego que tenían en su poder los policías federales” para hacerles peritajes. Como ya se ha señalado, la mayoría de los casquillos que se encontraron en las escenas de crimen no son de las armas de las policías municipales de Iguala y Cocula, y la Policía Federal portaba armamento del mismo calibre esa noche.

En la auditoría legal se afirma que hay “confusión y poca claridad” en las declaraciones de los policías federales. Así ocurre, por ejemplo, en los testimonios de Colmenares Campos y Pérez Arizpe: el primero dijo que las patrullas no contaban con GPs y el segundo que sí, información con la que se habría podido conocer con certeza el recorrido de las patrullas. Tampoco se recabó oportunamente la información de posicionamiento geográfico de las patrullas federales, lo cual resulta clave para saber cuántos vehículos y elementos intervinieron en el ataque contra los estudiantes.

De acuerdo con el dictamen interno de la procuraduría, “la primera autoridad que tuvo conocimiento de hechos relacionados con los estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa fue la delegación de la PGR en el estado de Guerrero, autoridad que el día 26 de septiembre de 2014 inició el acta circuns- tanciada AC/PGR/GRO/IGU/I/256/2014 a las 21:45 horas”.

Según el documento, “debió existir una actuación inmediata de las autoridades locales y federales encargadas de la procuración de justicia, ya que los elementos de prueba obtenidos en las primeras horas posteriores al hecho delictivo tendrán mayor importancia dada la eficacia probatoria”. La visitaduría determinó que los policías federales ministeriales Romeo Ortiz Valenciana, José Manuel Dirzo Correa y Enrique Ramírez Hernández “incumplieron su obligación de investigación minuciosa de los hechos” al igual que el MP César Iván Pilares Viloria, por “negligencia en la omisión de haber elevado inmediatamente el acta circunstanciada iniciada a averiguación previa”.(10) “Al haber entregado un irregular informe de investigación cumplida propiciaron que no se salvaguardara la certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficacia, honradez, lealtad, disciplina y respeto al orden jurídico de los derechos humanos de los probables responsables y víctimas directas e indirectas.”

La evaluación del visitador interno dice que no se preservaron las instalaciones de la base de la policía municipal de Iguala, donde según la PGR habrían llevado a los normalistas, y tampoco se resguardó correctamente el basurero de Cocula, donde supuestamente asesinaron y quemaron a los estudiantes. Se hicieron peritajes invasivos a los detenidos, y se cometieron errores en los “perfiles genéticos” de familiares de los desaparecidos: habría fallas en 22 de los 134 que se llevaron a cabo en el Laboratorio de Genética Forense de la Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, cuyo responsable superior era Tomás Zerón.

La visitaduría también ordenó que “se investiguen las conductas omisas” en que pudo incurrir personal de la ssP de Guerrero, “para que de contar con datos y elementos de prueba suficientes se amplíe la investigación respecto a posibles ilícitos que se le pudiesen atribuir como ‘encubrimiento’ o ‘abuso de autoridad’”.

Finalmente, la auditoría advirtió que se tomaron deficientemente las declaraciones ministeriales de testigos, principalmente respecto a los militares. “Faltó dirección y supervisión por parte del personal que ejercía el mando de los ministerios públicos.”

La auditoría determinó que las siguientes detenciones fueron ilegales: los hermanos Osvaldo y Miguel Ángel Ríos Sánchez; Carlos Pascual Cervantes Jaimes; Ramiro Ocampo Pineda; Rosario Manuel Borja; los hermanos Luis Alberto y Juan Estrada Montes de Oca; Raymundo Salvador Bernal y David Hernández Cruz.

También se afirma que fue ilegal la detención de Carlos Canto Salgado; Elmer Nava Orduña, supuesto primo del Gil; de los policías municipales de Iguala Esteban Ocampo Landa, José Alfredo Leo- nardo Arellano Landa, Justo Neri Espinoza, Ubaldo Toral Vences, Gerardo Delgado Mota, Jorge García Castillo, Matías González Domínguez y Natividad Elías Moreno.

Se determinó que fue ilegal el arresto de Agustín García Reyes, Patricio Reyes Landa, Jonathan Osorio Cortés, Darío Morales Sánchez, Salvador Reza Jacobo y Benito Vázquez Martínez, y del ex alcalde de Cocula Carlos Peñaloza Santana.

Como resultado de la auditoría, se ordenó que se practicaran al menos 95 protocolos de Estambul al mismo número de detenidos, “al considerar que pudieron haber sido objeto de conductas relacionadas con el ilícito de tortura”. La visitaduría encontró indicios de tortura entre los policías de Iguala y Cocula detenidos en octubre de 2014, unos en la base militar de Tlaxcala y otros en la base de la policía municipal, además de Osorio Cortés, Reyes Landa, García Reyes, Canto Salgado, Ocampo Pineda y muchos otros.

Al mismo tiempo se abrió un expediente “por conductas probablemente constitutivas de delito” perpetradas contra el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda por los policías federales Agustina Calvo Suriano, José Hugo Espejel Carrillo, Daigoro Herrera Ojeda y María Lucerito López Martínez. Los ministerios públicos responsables de estos arrestos indebidos son Juan Eustorio Sánchez Conde, Blanca Alicia Bernal Castilla, Ignacio Quintana Candelario, Norma Angélica García Zúñiga, Lourdes López Lucho, entre otros.

LAS TRES RUTAS A DONDE LLEVARON A LOS NORMALISTAS

Testigos de los hechos refieren que entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 vieron el traslado de al menos tres grupos de personas, que se presume podrían ser algunos de los normalistas desaparecidos: uno señaló que a la medianoche se observaron patrullas con la torreta encendida bloqueando la carretera federal 51, que va de Iguala a Ciudad Altamirano, bajo el puente del distribuidor vial que conecta con la carretera ramal a Cocula; mientras tanto, otras unidades pasaban a un camión de redilas a varias personas que pueden haber sido algunos de los estudiantes desaparecidos. Este punto no está en Loma de los Coyotes, sino en la carretera.

Otra persona refirió haber visto cerca de la una de la mañana del 27 de septiembre a un grupo de patrullas que llevaban personas a bordo y circulaban a toda velocidad en la carretera a Huitzuco, entre los entronques de los caminos que van a Tepecoacuilco y Tlaxmalac.

Un tercer testigo señaló que aproximadamente a las cuatro de la mañana del 27 de septiembre vio a tres pick up blancas (semejantes a las de la policía ministerial de Guerrero o las de la Policía Federal Ministerial de la PGR) circular dentro de Iguala, sobre Periférico en dirección al cruce con el puente de la carretera hacia Taxco. Desde un segundo piso advirtió que llevaban personas acostadas una sobre otra, aunque no pudo distinguir si iban vivos.

Nota final

A pesar de que hay más de un centenar de detenidos supuestamente involucrados en el ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa y la desaparición de 43 de ellos, el gobierno de México no ha podido explicar verazmente lo que ocurrió esa terrible noche en Iguala y tampoco ha dado con el paradero de los normalistas. En vez de otorgar alguna certidumbre, los restos identificados de Alexander Mora hoy representan una profunda y oscura inquietud.

La lección que este caso ha dejado a México no debe olvidarse; cualquiera de nosotros puede ser uno de los 43, también de los detenidos arbitrariamente y torturados de manera infame. Resulta imperioso encontrar a los normalistas y someter a juicio a los verdaderos responsables: los que ordenaron, los que ejecutaron, los que encubrieron y los que desde el más alto nivel protegieron a los encubridores y perpetradores. No se trata sólo de un tema de justicia elemental para las familias que buscan desesperadamente a los suyos, significa dar un ejemplo de justicia a un país que debe salir de este agujero profundo de corrupción, impunidad y violencia.

El derecho a la verdad es un derecho fundamental por el que hay que luchar todos los días.

 

REFERENCIAS

(1) Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado (involucrado) un paisano (ciudadano), conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.

(2)Del Código Federal de Procedimientos Penales .

(3) Compete al MP federal llevar a cabo la averiguación previa y ejercer en su caso acción penal ante los […] 3. Las policías actuarán bajo la conducción y mando del MP; 16. Al expediente de la AP únicamente tendrán acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido o su representante legal. 134. En cuanto aparezca en la AP que se han acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, en los términos del artículo 168 […] el MP ejercitará acción penal ante los tribunales; 168. El MP acreditará el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del indiciado. 180. Para la comprobación del delito y de la probable responsabilidad del indiciado, el MP y los tribunales gozarán de la acción más amplia para emplear los medios de investigación que estimen conducentes.

(4) 2015 National Drug Threat Assessment Summary: http://2015 National Drug Threat Assessment Summary

(5) Diversos elementos que se ofrecen en esta investigación periodística no coinciden necesariamente con la tesis que sostiene que el camión Estrella Roja también podría haber estado cargado con droga.

(6) Informe Ayotzinapa, investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, GIEI, 78.

(7) Cada nueve días los internos tienen derecho a una llamada.

(8) Véase capítulo 9, “Las horas del exterminio”.

(9) Documento de la Dirección General de Servicios Periciales, 30 de septiembre de 2014.

(10) El acta no se elevó a averiguación previa hasta el 11 de octubre de 2014: AP/PGR/ GRO/IGU/I/1196/2014.

Aristegui Noticias publica un adelanto de La verdadera noche de Igualay dos notas informativas complementarias:

Fue el Ejército… fueron a recuperar la heroína.

EPN ordenó ocultar investigaciones contra Zerón y el Ejército por caso Ayotzinapa.

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