“Cada dos horas, una fémina es asesinada por el hecho de ser mujer”
La Red Nacional de Refugios llama al Estado mexicano a proteger a mujeres de violencia.
mujer-violencia
(NTMX)

En el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, la Red Nacional de Refugios, AC hace un llamado al Estado Mexicano a proteger a las mujeres y a sus hijas e hijos.

A continuación, el comunicado íntegro:

En México, 2 de cada 3 mujeres vive algún tipo de violencias (INMUJERES 2015). Siete mujeres son asesinadas cada día (ONU Mujeres, 2015), una de cada seis Mujeres mayores de 15 años viven violencia en su relación de pareja (INEGI, agosto 2015). Una de cada 4 mujeres ha vivido discriminación laboral (ONU Mujeres, 2015).

Si bien, el Estado mexicano ha implementado diversas acciones para dar cumplimiento a las recomendaciones del comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), es pertinente destacar que: la violencia estructural de la feminización de la pobreza todavía constituye un grave obstáculo para el goce pleno de los derechos de las mujeres que representan la mayoría de los sectores más vulnerables, en especial, las mujeres de zonas rurales e indígenas.

A casi 10 años del nacimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que busca garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, lo que implica que los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) deben intervenir para prevenir, atender, investigar y reparar el daño, tal como se establece en su artículo 20, tenemos cifras tan alarmantes en nuestro país, que señalan que cada dos horas una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer.

Colocando con esto al feminicidio como el resultado de todas las violencias acumuladas que viven las mujeres en nuestro país. Los altos índices que ha alcanzado este delito son la señal de la profunda crisis de Derechos Humanos que México enfrenta. A pesar de que el gobierno de México está obligado a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas, ha sido incapaz de garantizar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencias.

Sostenemos que uno de los principales problemas para tener una vida libre de violencias, radica en la falta de acceso de las mujeres a la justicia, aunado a la falta de armonización entre las leyes de cada estado, encontrando la no coordinación entre las autoridades del sistema así como la poca agilidad en los procesos políticos que denoten compromisos institucionales.

Aunado a lo anterior, la falta de presupuesto con perspectiva de género continúa siendo un obstáculo para responder a las recomendaciones de la CEDAW y Belém Do Pará, para que las mujeres gocen de una vida sin violencias y se promueva la Igualdad sustantiva.

Con estas lamentables cifras aún no podemos hablar de acceso a la justicia para las mujeres. Como sabemos, éste acceso entraña la reparación del daño perpetrado contra las mujeres y sus familiares. Sin embargo, no existe reparación del daño real y efectiva, la cual es una obligación de Estado que va más allá de una compensación económica o el encarcelamiento de su agresor, se busca erradicar las relaciones de dominación, subordinación, sojuzgamiento, explotación y opresión que crean y reproducen las condiciones de desigualdad, discriminación y exclusión social por las que el cuerpo de la mujer se dispone como objeto sexual-desechable y que posibilita el caso más extremo de violencia: el feminicidio que está contemplado en la recomendación 19 del Comité de CEDAW.

Ante esto, la sociedad civil ha presionado al Estado mexicano para diseñar mecanismos que protejan la vida de las mujeres; uno de ellos es la Alerta de Género. No obstante, la realidad diaria refleja los pocos avances que se tienen al respecto, ya que los índices de violencias de género no han disminuido y siguen existiendo Estados donde se niegan a implementarla.

Otro de los mecanismos que surgieron de la sociedad civil en México y que hasta hoy día es el más articulado para proteger, restituir los derechos de las mujeres y prevenir feminicidios son: los Refugios y sus Centros de Atención Externa especializados para atender a mujeres víctimas de violencias, y en su caso a sus hijas e hijos. De hecho a nivel Latinoamérica, México es el único país que cuenta con una Red Nacional de Refugios integrada por 43 Organizaciones tanto de gobierno como de sociedad civil que representa a más del 50% de los Refugios del país.

Sin embargo, aún no están dentro de la política pública del Estado Mexicano, no se contemplan como un programa específico y especializado que deba tener un presupuesto etiquetado anualmente, sino que cada año este presupuesto está en riesgo y solo se accede a él a través de convocatorias, es imprescindible contar en el Presupuesto de Egresos de la Federación con un fondo revolvente para el fortalecimiento, operatividad y continuidad de los Refugios y sus Centros de Atención Externa.

Necesitamos como país no solo mitigar la pobreza, sino potenciar e impulsar en las mujeres la garantía del reconocimiento y ejercicio de sus derechos, promoviendo su autonomía y empoderamiento como agentes de cambio para el desarrollo sostenible y sustentable.

En este 25 de noviembre fecha para conmemorar a todas las mujeres que han sido víctimas de las violencias de género; violencias que a cientos de mujeres les ha arrancado la vida, la Red Nacional de Refugios, AC hace un llamado al Estado Mexicano en sus tres órdenes de gobierno y las Instancias cuyo mandato tienen el deber de proteger a las mujeres, sus hijos e hijas víctimas de violencias a que:

– Hagan efectivo su compromiso de promover el derecho a una vida sin violencias y no exista disminución en el PEF 2017 asignado a los Refugios y sus Centros de Atención Externa.

– Las mujeres sean prioridad en la agenda política quienes conforman más del 50% de la población mexicana.

– Se realice la activación inmediata de las alertas de género en los Estados en donde las OSC la han demandado, entre ellos en San Luis Potosí.

– Se legisle y asignen recursos para la prevención, atención y eliminación de las violencias contra las mujeres desde el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género.

– Se implemente una política de estado post-refugio para la restitución de sus derechos humanos como ciudadanas: casas de transición, fomento económico, acceso a la salud, educación y todas las necesarias para fomentar su bienestar y su desarrollo integral de las mujeres, y en su caso de sus hijas e hijos.

Wendy Figueroa Morales
Directora General de la Red Nacional de Refugios, AC





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