Empresa que lavó dinero del Cártel del Golfo era contratista de SCT
La constructora mexicana GMC, implicada en lavado de dinero producto de sobornos del narcotráfico, fue contratista de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) entre 2006 y 2011, y obtuvo 14 contratos por un monto de 521 millones de pesos.
(Foto: Especial)

Constructora GMC, una de las empresas-fachada que participó en operaciones de lavado de dinero producto de sobornos del narcotráfico, y que es investigada en Estados Unidos  en el caso Tomás Yarrington, fue contratista de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) entre 2006 y 2011, es decir, en el gobierno del presidente Felipe Calderón.

Así lo revela una investigación de Noticias MVS primera emisión presentada esta mañana por el periodista Daniel Lizárraga.

La empresa constructora participó en licitaciones públicas en ese periodo y obtuvo 14 contratos por un monto de 521 millones de pesos.

La investigación

De acuerdo con información oficial de los contratos localizados por Noticias MVS primera emisión, en el Portal de Obligaciones de Transparencia, del IFAI, existen contratos a favor de esta empresa firmados entre los años 2006 y 2011.

En este periodo, la SCT estuvo fue dirigida por Luis Téllez, Juan Molinar Horcasitas, y  por Dionisio Pérez Jácome.

Noticias MVS primera emisión consultó el jueves 24 de mayo a la SCT sobre los 14 contratos firmados con la empresa Constructora GMC, investigada por lavado de dinero en Estados Unidos.

Por medio de su coordinación de prensa, la SCT respondió que ha iniciado la revisión de las licitaciones de esta compañía constructora ubicada en Tamaulipas. “La SCT coadyuvará con las autoridades correspondientes si le solicitan información sobre esta investigación”, dijo.

Las operaciones de lavado

El jueves 24 de mayo, Noticias MVS primera emisión dio a conocer el contenido de la investigación número B-12-425 abierta en una Corte de Distrito de Estados Unidos, en el distrito Sur de Texas.

En una versión pública de 14 páginas elaborada por la Corte de Distrito de Texas, se describe cómo el empresario Fernando Alejandro Cano Martínez operó una red en Estados Unidos y México para “lavar” sobornos procedentes del cártel del Golfo a funcionarios públicos de Tamaulipas por medio de empresas fachada, préstamos bancarias, compra de propiedades y transferencias de dinero entre ambos países.

El documento señala que desde 1998 el cártel del Golfo usó parte de sus ingresos para pagar grandes sobornos a altos funcionarios de elección popular en Tamaulipas y a candidatos a esos cargos.

Los pagos eran a cambio de poca o nula interferencia policiaca en sus actividades o a cambio de tolerancia policiaca en el tráfico de droga en el lavado de dinero.

Modus operandi

En Estados Unidos se han detectado alrededor de 20 movimientos financieros que terminaron en la compra de casas y terrenos en Texas por varios millones de dólares para blanquear el dinero.

En el rastreo de estas operaciones aparece el nombre del empresario Fernando Cano Martínez, quien con un grupo de cómplices aun no identificados crearon 10 cuentas de banco en México en HSBC, Scotiabank, Bancomer y Banregio.

A partir del 2007 y hasta 2009, el grupo depositó “decenas de millones de pesos” en esas cuentas y luego los transfirieron a un negocio transmisor de dinero en México conocido como Monex.

Entre 2007 y 2009, nuevamente transfirieron desde Monex ese dinero a cuentas en Estados Unidos. Entre ellas hubo una en International Bank, de MacAllen Texas y una cuenta más en Cantera Parway en el First National Bank de Brownsville, Texas.

En el expediente número B-12-425 hay 18 movimientos detallados en transferencias hormiga, que van de los 99 mil dólares hasta 312 mil dólares entre los años 2008 y 2009.

En este mismo periodo, algunas de esas transferencias fueron hechas desde compañías mexicanas: GMC SA de CV y Expide Tecnología SA de CV.

El misterio GMC

GMC, SA de CV es una empresa constructora que ha obtenido contratos para el desarrollo de tramos carreteros, especialmente en Tamaulipas: Tampico-Monterrey, Zaragoza-Ciudad Victoria y Tampico-Ciudad Mante.

La prensa local de Tamaulipas ha citado a Alberto Berlanga, ex secretario de Obras Públicas  y Desarrollo Urbano en el Gobierno de Eugenio Hernández, el sucesor de Tomás Yarrington, como uno de los inversionistas de esta empresa.

Entre los años 2006 y 2011 -periodo que coincide con las presuntas transferencias bancarias para el lavado de dinero-, la empresa constructora GMC ganó 14 licitaciones en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y obtuvo contratos por  521 millones 226 mil 791 pesos.

El contrato más alto fue por 87 millones 458 mil 351 pesos y el más bajo por 9 millones 158 mil pesos.

Por otro lado, el empresario, Fernando Cano Martínez, la cabeza de esta red de sobornos y lavado de dinero es dueño de dos constructoras: Materiales y Construcciones Villa Aguayo y Gifer.

Hasta el momento, estas dos últimas empresas no aparecen en el expediente de la DEA. No obstante, al igual que GMC S.A. de C.V, también han ganado jugosos contratos con el Gobierno Federal.

Gilfer S.A de C.V ganó tres licitaciones por 94 millones 531 mil 128 pesos entre los años 2007 y 2009 en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esta compañía construyó e hizo labores de mantenimiento y modernización tres tramos carreteros:

-Ciudad Victoria-Monterrey.

-San Luis Potosí-Ciudad Victoria.

-Chihue-Ciudad Mante.

Construcciones Villa Aguayo es la más productiva de las dos. Entre 2006 y 2011 ganó 441 millones 601 mil 654 pesos por contratos, también con la SCT.

Los montos en estas licitaciones públicas fueron de  22 millones de pesos  –el más bajo- a los 36 millones -el más cuantioso-.

Esta empresa construyó los siguientes tramos de autopistas:

-Tampico-Monterrey

-Zaragoza-Ciudad Victoria

-Tampico-Ciudad Mante.

-Además remodeló las oficinas de la delegación de la SCT en Tamaulipas.

Para ganar las licitaciones, Materiales y Construcciones Villa Aguayo hizo grupo con otras tres  compañías; Rumbo Constructora, Luga Construcciones y, paradójicamente, con Gifer.

Es decir, hizo sociedad con su empresa hermana, propiedad del mismo dueño, Fernando Cano quien es acusado por la DEA de lavado de dinero para el Cartel del Golfo.

Más información: 

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