“Mensaje a la Nación” de 7 partidos políticos (texto)
7 partidos políticos, de los 10 con representación nacional, y sus respectivos consejeros legislativos emitieron la tarde de este 25 de febrero un mensaje a la nación. Manifiestan que el Consejo General del INE y el TRPJF "protagonizan uno de los momentos más preocupantes de regresión autoritaria que hayamos experimentado en la época reciente." Aquí el texto completo.
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Foto: Archivo Cuartoscuro

                                                                                               

                                                                                         MENSAJE A LA NACION

La crisis de legalidad e imparcialidad en el INE.

El pasado miércoles 18 de febrero, 7 partidos políticos de los 10 que tienen representación en el Consejo General del INE, y sus respectivos Consejeros Legislativos, decidimos abandonar la sesión, en protesta por el nivel de deterioro institucional y la falta de independencia e imparcialidad que como en ninguna época, se vive en esta institución clave en el proceso de construcción de la democracia mexicana. El Consejo General del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protagonizan uno de los momentos más preocupantes de regresión autoritaria que hayamos experimentado en la época reciente.

Durante décadas los partidos y la sociedad hemos edificado instituciones garantes de derechos, en busca de arribar a una auténtica competencia democrática basada en la equidad y en la cual sean los méritos y las razones de los asuntos los que determinen las resoluciones de la autoridad. No queremos una autoridad partidista ni favorecedora de la oposición, pero no aceptaremos ni toleraremos que se pretenda regresar a los tiempos donde el gobierno y el PRI, mediante el fraude y la simulación, violentaban la voluntad popular.

En este marco, hacemos públicos nuestros puntos para que se les dé respuesta:

  1. Desde la conformación del INE, advertimos la actuación de un bloque de consejeros que se han desapegado de los principios de imparcialidad que rigen la función electoral para, coordinadamente, favorecer al Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México. Con frecuencia, algunos consejeros se suman a este bloque para conformar una mayoría que, dentro o fuera de la mesa del Consejo General, determina el rumbo de sus decisiones, favoreciendo intereses parciales. Si estas conductas no cesan de inmediato solicitaremos la renuncia de tales consejeros, sin menoscabo de las responsabilidades jurídicas que pudieran devenir.

  2. En la integración de los OPLEs, se incumplió el principio de máxima publicidad y de un proceso amplio de deliberación, se favoreció la selección de perfiles cercanos al PRI. Como es público, la actuación de dichos Consejeros en bloque, actuando bajo una lista que por consigna impusiese el Presidente de la Comisión de OPLEs Marco Antonio Baños Martínez, la amenaza de generar una crisis institucional en la conformación de las autoridades locales si no se aceptaban sus listas, e incluso su ofrecimiento para que los demás partidos seleccionáramos a nuestros preferidos, marca de modo estructural a quien en muchos casos es hoy la autoridad en las entidades del país.

  3. La imposición de la pauta estatal en el Reglamento de Radio y Televisión en detrimento de la prerrogativa de partidos y candidatos ha vulnerado el derecho a la información de la ciudadanía, y ha sido otra de las acciones en la que se advierte la falta de independencia de las y los Consejeros Electorales. El Reglamento no sólo no supuso un avance, sino que se materializan retrocesos en el modelo de comunicación política, aplazando la implementación de medidas tecnológicas como la notificación electrónica, sometiendo la competencia a un ritmo lento en el cambio de materiales e imponiendo limitaciones a la pluralidad de contenidos en los mensajes de radio y televisión.

  4. La exclusión de programas de opinión y debate del monitoreo de programas que difunden noticias, ha supuesto negar el derecho de las y los ciudadanos a conocer las diversas posturas editoriales en la televisión y la radio, censurando incluso la posibilidad de monitoreo de los programas de opinión de mayor audiencia, ello ante las amenazas públicas de que un atrevimiento de esas características tendría consecuencias.

  5. La Comisión de Quejas y Denuncias ha operado como órgano de consigna ha decidido el otorgamiento o no de medidas cautelares según el partido o persona que las solicita, acatando consignas del oficialismo. Esta parcialidad y la emisión en completa opacidad de las resoluciones constituyen uno de los más escandalosos aspectos de la administración de justicia electoral que hoy padecemos.

La censura de contenidos en los promocionales se ha convertido en un instrumento para limitar la libertad de expresión, en contra de todos los precedentes que las autoridades edificaron en los últimos años. Exigimos de inmediato que los integrantes de la Comisión de Quejas se apeguen a los principios constitucionales de la función electoral y a que transparenten los criterios para la toma de decisiones en la misma.

  1. La impunidad de la que goza el Partido Verde en el INE. La adquisición de tiempos en radio y televisión disfrazados de informes legislativos sin que la autoridad electoral actuara para contener el fraude a la Ley ha generado su complicidad, atentando contra la equidad y la igualdad de la competencia política. El Verde y su aliado el PRI, han hecho ya un fraude a la ley que se cuenta en los miles de spots promoviendo al Partido Verde, quien de facto y como partido, debe ser descalificado de la competencia política por actos anticipados de campaña.

El incumplimiento a las medidas cautelares otorgadas en contra de los cineminutos durante 55 días y contando, la falta de resolución en materia de fiscalización sobre el despliegue de una campaña multimillonaria: “El Verde sí cumple”, el evidente uso ilegal de los datos personales del padrón electoral del que deriva para promocionar la misma campaña “El Verde sí cumple”, son todos ejemplo del daño irreparable a la equidad de la contienda electoral que las y los Consejeros Electorales han generado con su pasividad. No toleraremos una autoridad omisa que permanece inactiva ante violaciones graves, sistemáticas y reiteradas de la legislación electoral.

  1. Las exoneraciones a Gobernadores priistas y del Partido Verde por violaciones al artículo 134 constitucional, a través de la difusión de propaganda personalizada y del uso parcial de recursos públicos, y la aplicación de criterios diferenciados en la determinación de las faltas y la adopción de medidas cautelares, han ocasionado una distorsión en la competencia política, abriendo la puerta a la intervención del dinero público en las campañas electorales. Es éste el contexto en que el 18 de febrero pasado el bloque priista, impidió la discusión y adopción de criterios claros para inhibir la parcialidad en la actuación de los servidores públicos y el uso electoral de los programas sociales, en perjuicio de la equidad de la competencia política.

Las decisiones diferenciadas de algunos Consejeros Electorales que integran el bloque priista muestran la parcialidad con que se conduce esta autoridad. Existen ejemplos claros de la postura diferente que los mismos Consejeros han tenido sobre casos similares. Exigimos se adopten de inmediato mecanismos para garantizar la transparencia e imparcialidad en la toma de decisiones.

  1. A pesar de que la fiscalización de los recursos de los partidos políticos constituye uno de los ejes fundamentales de la reforma política de 2014, recientemente el INE rescindió el contrato con la empresa que desarrollaría el sistema de contabilidad en línea, sin que a la fecha exista deslinde de responsabilidades, ni alternativas de solución que garanticen el cumplimiento de esta atribución.

No aceptaremos un modelo de fiscalización superficial, que dé lugar a la simulación. No admitiremos la toma de decisiones que no vayan acompañadas de una investigación paralela sobre las causas de la recisión y el seguimiento que la Unidad Técnica de Fiscalización y otras instancias del INE dieron a la actuación de la empresa a la que se adjudicó el proyecto, la cual tiene antecedentes de incumplimiento en otros países.

  1. La ausencia del Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización mantiene como encargado del despacho a quien solventara los procedimientos de Monex y rebase de tope de gastos de campaña a favor de Peña Nieto. Una labor de Estado de esta relevancia no puede estar en manos de un funcionario designado únicamente por el Consejero Presidente. Exigimos de inmediato se presente al Consejo General una propuesta de designación para el análisis, discusión y decisión del colegiado en pleno.

  2. El deficiente trabajo y la permanente dilación de la Unidad de lo Contencioso Electoral en la integración de los expedientes de procedimientos especiales y ordinarios sancionadores. La administración de justicia electoral se ha caracterizado por investigaciones lentas e incompletas, toleradas por una Comisión de Quejas que administra sus decisiones con criterios partidistas. Exigimos que se establezcan mecanismos que garanticen una actuación imparcial, exhaustiva y expedita en las investigaciones.

  3. La falta de oportunidad para ejercer las funciones de Oficialía Electoral ha trastocado el propósito mismo de su creación. La demora en su actuación la ha convertido en obsoleta, y la circunscribe a los factores institucionales que propician la impunidad.

  4. La deficiente y lenta respuesta de la Secretaría Ejecutiva ante las diversas solicitudes que le presentan los Representantes de los Partidos Políticos y del Poder Legislativo. Las solicitudes y planteamientos que formulamos son atendidas por el Secretario Ejecutivo con el mismo desdén que recientemente ha caracterizado a esta autoridad electoral, convirtiendo las impugnaciones en el único mecanismo para obtener una respuesta cierta, clara y pronta, minando con ello el término de relación entre los diversos integrantes del Consejo General del Instituto.

  5. La exclusión de los Representantes del Poder Legislativo de reuniones de trabajo de la mayor relevancia y la ausencia de información institucional hacia éstos. Los Consejeros Electorales han reducido a su mínima expresión los espacios de discusión y deliberación efectiva al interior del INE, buscando además dificultar la participación de uno de los tres integrantes del Consejo General en las mismas, desconociendo la composición misma de su máximo órgano de dirección. A modo de ejemplo basta recordar las reuniones a las que no hemos sido invitados, así como la negativa de la mayoría de los integrantes del Comité de Radio y Televisión de reconocer reglamentariamente los alcances de nuestra participación en ese órgano.

  6. El menosprecio y el desdén de los Consejeros Electorales hacia el sistema de partidos manifestado mediante expresiones de intolerancia de las sesiones del Consejo General como son la ausencia de debate, la falta de diálogo, la descalificación de nuestras aportaciones. Contrariando el principio de máxima publicidad que ahora rige la función electoral, la mesa de Consejeros, convertida en un espacio privado, inaccesible y opaco, ha sustituido de facto al Consejo General. Es imperante que en el INE se establezcan mecanismos eficientes, transparentes y efectivos de discusión crítica y abierta sobre asuntos de interés público.

  7. El retiro del orden del día de la sesión extraordinaria del 18 de febrero de los proyectos de acuerdo para normar la imparcialidad en el uso de recursos públicos y blindar los programas sociales. La decisión de una mayoría de Consejeros Electorales de sobreponer la opacidad a un debate público y abierto sobre temas de la mayor relevancia, debe ser analizada como el punto de quiebre en la crisis institucional y de imparcialidad en que se encuentra la autoridad electoral.

En este contexto, la decisión que 7 de los 10 partidos políticos, y sus respectivos consejeros legislativos, tomamos el 18 de febrero pasado es un llamado de atención a la autoridad electoral, para que reencauce su actuación a los principios que debe cumplir.

No se trata solo del incidente de retiro de 7 partidos, sino del reclamo en el sentido de que el INE asuma su responsabilidad constitucional de legalidad, independencia, transparencia, certeza, equidad e imparcialidad. No estamos ante una disputa sobre tal o cual asunto sino en un esfuerzo legítimo de 7 partidos para que se garantice el funcionamiento institucional del INE.

Es preciso el fortalecimiento del Instituto pero eso será imposible sin la imparcialidad que hoy escasea en su seno. Los partidos son parte del Instituto y, en tanto tales, se encuentran obligados no solo a vigilar sino también a intervenir en el estudio y en la deliberación de todos los temas en un ambiente de diálogo sincero que hoy no existe. No es verdad que todos los temas se discuten en el Consejo General sino que existen muchas omisiones y actos contrarios a la ley y a la equidad que se procesan en las áreas ejecutivas y en Comisiones que como la de Quejas tienen asignadas funciones decisivas.

En el Consejo General, por lo demás, existe una actitud notoriamente refractaria frente a propuestas de Consejeros y Representantes que no expresan acuerdos previamente negociados al margen del examen y la deliberación, lo cual tiende a convertir cada vez más al Consejo en una instancia más formal y convalidadora de decisiones y mucho menos en la instancia colectiva que debe ser.

Mientras el diálogo sincero no se admita, el INE seguirá padeciendo situaciones críticas y lo peor, seguirá perdiendo respetabilidad y confiabilidad, lo cual es justamente lo que buscamos evitar. Creemos firmemente que los Consejeros Electorales deberían dar respuesta a los presentes planteamientos.

Como elemento adicional, es preciso comentar que los ataques expresados en la sesión de hoy por los Representantes del PRI y el PVEM, el lenguaje utilizado, los calificativos utilizados y el tono sin precedentes en contra de 7 partidos firmantes del presente texto, solo son manifestaciones caricaturescas de una desesperada defensa de la parcialidad del INE que les ha beneficiado. Los improperios expuestos en nuestra contra no merecen respuesta, pero sin duda, sus autores han aprovechado cobardemente nuestra ausencia de la mesa del Consejo hasta el grado de caer en los ataques personales.

 

México, Distrito Federal, a 25 de febrero de 2015.

Los Representantes y Consejeros Legislativos del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido MORENA, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Partido Humanista y Encuentro Social.



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