Demandan transparentar el proceso de selección para la Rectoría de la UNAM
Académicos exigen a la Junta de Gobierno transparentar su proceso deliberativo, transmitir en vivo las comparecencias de los aspirantes y explicar sus criterios de evaluación; descalificación y apoyo a Sergio Alcocer; respaldos a Rosaura Ruirz y Leonardo Lomelí.
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FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

El proceso para designar rector(a) de la Universidad Nacional Autónoma de México ha entrado en su recta final, en medio de solicitudes a la Junta de Gobierno para transparentar el proceso de selección y no permitir injerencias externas.

En tanto, ha habido pronunciamientos públicos en pro y en contra de algunos candidatos, entre ellos los del ingeniero Jiménez Espriú, quien se manifestó en contra de Sergio Alcocer, en un artículo publicado en Aristegui Noticias. Alcocer recibió de inmediato el apoyo del doctor René Drucker Colín, en una carta enviada a este Sitio noticioso.

Además, casi 150 mujeres universitarias, entre ellas Elena Poniatowska y Sara Sefchovich, manifestaron su adhesión a Rosaura Ruiz, directora de la Facultad de Ciencias.

Por su parte, el expresidente del IFE José Woldenberg hizo público su respaldo, en el diario Reforma, al director de la Facultad de Economía, Leonardo Lomelí.

Woldenberg, quien también planteó la necesidad de que la decisión se tome en las instancias universitarias, sin injerencias externas, escribió:

“La Universidad es autónoma y no por capricho. Se requiere que las decisiones de la institución se tomen en sus propios circuitos de deliberación y ejecución, sin injerencias externas. Y el hoy director de la Facultad de Economía ha probado en los hechos que tiene y sostiene un compromiso indeclinable con esa condición”.

En tanto, permanecen sin respuesta las preguntas que un nutrido grupo de académicos de la UNAM le dirigió a la Junta de Gobierno, a la cual le reprochan la “forma anti-democrática de procesar una decisión del más alto interés público para la Universidad y para la nación”.

Ante la opacidad con que consideran se está desarrolando el proceso de selección del próximo rector o rectora de la UNAM, los académicos, le recordaron a la Junta de Gobierno que “el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que los actos de autoridad deben ser debidamente fundados y motivados. Asimismo, el Artículo 6 garantiza nuestro derecho ciudadano de acceso a la información pública y el Artículo 8 nuestro derecho de petición”.

Entre los académicos, quienes anteriormente firmaron el comunicado “Por la defensa de la universidad pública, de la UNAM”, figuran John Mill Ackerman, Jaime Cárdenas Gracia, Elvira Concheiro Bórquez, Gerardo de la Fuente Lora, Carmen Galindo, Juan Luis González Alcántara, Imanol Ordorika e Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

Además de formular nueve preguntas, los académicas demandan a la Junta transparentar su proceso deliberativo, transmitir en vivo las comparecencias de los aspirantes y explicar sus criterios de evaluación.

Por otra parte, desde las siete de la mañana de este viernes -informó La Jornadafueron difundidos por Radio UNAM y TVUNAM, por orden alfabético, 10 mensajes de los candidatos “finalistas” a la Rectoría: Sergio Alcocer, Francisco Bolívar, Fernando Castañeda, Javier de la Fuente, Enrique Graue, Héctor Hernández Bringas, Juan Pedro Laclette, Leonardo Lomelí, Suemi Rodríguez y Rosaura Ruiz.

 

El posicionamiento de los académicos, hecho público el 20 de octubre, es el siguiente:

 

PREGUNTAS PARA LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA UNAM (20 de octubre, 2015).

Este jueves, 22 de octubre, la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dará a conocer públicamente su lista de “finalistas” en el proceso de selección del próximo rector o rectora de la UNAM.

A partir de ese día, los integrantes de la Junta ya no se reunirán con la comunidad académica para conocer sus opiniones, sino que solamente recibirán comunicaciones por escrito. Después de una serie de entrevistas privadas entre los aspirantes y los integrantes de la Junta, así como un proceso secreto de deliberación, se anunciará el nombre del nuevo rector o rectora que iniciará labores el 17 de noviembre de 2015.

Los y las firmantes del comunicado “Por la defensa de la universidad pública, de la UNAM” reiteramos nuestro desacuerdo con esta forma anti-democrática de procesar una decisión del más alto interés público para la Universidad y para la nación.

Recordamos que el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que los actos de autoridad deben ser debidamente fundados y motivados. Asimismo, el Artículo 6 garantiza nuestro derecho ciudadano de acceso a la información pública y el Artículo 8 nuestro derecho de petición.

En el contexto actual de crisis política, económica, social, institucional y ambiental es particularmente importante tomar todas las medidas posibles para garantizar el fortalecimiento institucional de la Máxima Casa de Estudios así como defender su carácter público, autónomo y democrático.

Solicitamos a la Junta de Gobierno que transparente su proceso deliberativo, transmita en vivo las comparecencias de los aspirantes, explique sus criterios de evaluación, justifique plenamente sus decisiones, y se pronuncie públicamente a favor de una reforma a la Ley Orgánica de la UNAM para modificar definitivamente los próximos procesos de selección de directivos de la universidad. Ninguna de estas acciones violaría disposición alguna de la legislación universitaria.

En ejercicio de nuestro derecho constitucional de petición, también planteamos y esperamos la respuesta de la Junta de Gobierno a las siguientes preguntas:

1) ¿Cuáles pasos propondrían para incrementar la transparencia y la publicidad del funcionamiento de la Junta de Gobierno? ¿Por qué mantener en secreto las deliberaciones de la Junta y las entrevistas con los aspirantes?

2) ¿Qué elementos tomarán en cuenta para la designación del próximo Rector o Rectora? ¿Han establecido un rango cuantitativo y de validez para cada aspecto a considerar (formación académica, experiencia administrativa, experiencia laboral)? ¿O los criterios los van estableciendo sobre la marcha, al calor del proceso mismo?

3) ¿Tienen presente los miembros de la Junta que muchos de los universitarios que asisten a las entrevistas de “auscultación” lo hacen obligados por ser objeto de presiones institucionales o relaciones clientelares? Si los miembros de la Junta tienen conocimiento de que esto sucede, ¿consideran esas prácticas compatibles con el espíritu universitario?

4) ¿Cuál es la relación entre el proceso de “auscultación” y el proceso de toma de decisiones? ¿Estarían dispuestos a informar a detalle y de manera pública sobre el contenido de las opiniones que han recibido de la comunidad universitaria sobre los diferentes aspirantes?

5) ¿Cómo toma sus decisiones la Junta de Gobierno? ¿Resuelven siempre por consenso? Si se realizan rondas de votación, ¿Por qué no levantar actas e informar públicamente sobre los votos recibidos por cada aspirante en cada ronda?

6) ¿Cuentan ustedes con algún mecanismo institucional para prever y procesar los posibles conflictos de interés entre los integrantes de la Junta y los aspirantes a la rectoría? ¿Hay algún miembro de la Junta que debiera exentarse de participar en las deliberaciones actuales por tener demasiada cercanía, de algún tipo, con alguno de los aspirantes?

7) ¿Cuáles son los mecanismos concretos que ha implementado la Junta para blindarse en contra de la injerencia del gobierno federal? En el contexto del regreso del PRI a Los Pinos y las políticas privatizadoras del actual gobierno federal ¿No creen que la Junta de Gobierno debería tomar decisiones que no sólo sean autónomas, sino que lo parezcan así absolutamente al conjunto de la sociedad?

8) ¿Cuáles reformas concretas a la legislación universitaria propondrían para democratizar el proceso de designación de autoridades universitarias?

9) ¿Qué plan de trabajo desarrollará la Junta en conjunto con el futuro Rector o Rectora para ampliar la participación de la comunidad universitaria en el abordaje de los graves problemas nacionales y para revertir la tendencia hacia la privatización de los recursos y los servicios públicos?

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