Aún sin sentencia, compensan a familiares de militares caídos en Jalisco
Se trata de acciones de restitución, rehabilitación, satisfacción, medidas de no repetición y compensación.
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(Foto: Archivo / Cuartoscuro)

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) autorizó el acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a favor de dos afectados directos y sus familiares, sin la emisión de una sentencia judicial o declaratoria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Se trata de una resolución que apoya a dos de las víctimas directas y de familiares de los militares que fallecieron en los hechos ocurridos el 1 de mayo de 2015 entre los municipios de Casimiro Castillo y Villa Purificación, en el estado de Jalisco.

“Esta es una resolución histórica, ya que por primera vez la CEAV hace uso de los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, sin una sentencia judicial de por medio ni una recomendación de la CNDH”, dio a conocer la comisión.

Para el comisionado presidente, Julio Hernández Barros, con este dictamen se cumple el compromiso de buscar mecanismos alternativos e innovadores que permitan obtener la compensación subsidiaria a la que tienen derecho las víctimas del delito o de violaciones a los derechos humanos.

Explicó que la determinación es aplicable sin que medie sentencia o recomendación de la CNDH, debido a que la no aplicación de una compensación subsidiaria a favor de las víctimas directas e indirectas solo trae prejuicio y revictimización, al no acceder eficazmente al derecho establecido por la Constitución mexicana.

El alcance de la reparación, apuntó, consiste en establecer las medidas que contribuyan a garantizar la reparación integral, efectiva y eficaz de las víctimas, a través de un Plan de Reparación Integral que contiene las acciones de restitución, rehabilitación, satisfacción, medidas de no repetición y compensación.

“Es así que esta resolución histórica abona en la restitución del derecho de las víctimas, a las cuales tenemos la obligación de proteger inmediatamente, y ya una vez que se ejerza la acción penal contra alguna persona inculpada, la autoridad jurisdiccional podrá determinar y condenar la reparación del daño”, puntualizó en un comunicado.



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