CNDH confirma veto publicitario a ‘Proceso’
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación que confirma que el gobierno de Calderón usó la publicidad oficial de forma discrecional y "castigó" a la revista 'Proceso' por su línea editorial.
La CNDH dirigió su recomendación al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré (Foto: Enrique Ordóñez/Cuartoscuro)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, con la que confirma que el gobierno de Felipe Calderón censuró y castigó a la revista Proceso por su línea editorial al excluirla arbitrariamente de la publicidad oficial, a fin de causarle daño económico.

En su edición 1873, el semanario explica que la recomendación 35/2012 fue emitida el  1 de agosto, más de tres años después de que el semanario interpuso una queja ante la CNDH contra el gobierno de Calderón por el bloqueo sistemático de publicidad oficial que padeció desde 2005, pero que se intensificó con la llegada de Calderón a la Presidencia de la República.

En su recomendación, la CNDH le pide a la Secretaría de Gobernación que para el ejercicio fiscal de 2013 emita “lineamientos claros y criterios objetivos, imparciales y transparentes” para el otorgamiento de la publicidad oficial. Señala que en la investigación de la queja se hicieron “evidentes las violaciones a los derechos humanos, a la legalidad, a la seguridad jurídica, así como a la libertad de expresión e información” cometidas por el gobierno calderonista.

Asimismo, apunta que las “autoridades directamente responsables de la desigual contratación de recursos publicitarios” son aquéllas encargadas de emitir los lineamientos respecto de su asignación, “en este caso, la Subsecretaría de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación”.

Aunque Proceso presentó su queja a mitad del sexenio (abril de 2009), la CNDH revisó la forma en que Calderón gastó recursos públicos para anuncios de su gobierno durante casi todo su periodo presidencial. De acuerdo con el semanario, la conclusión del organismo fue que la administración calderonista usó la publicidad oficial para premiar o castigar, fue discrecional y transgredió derechos humanos.



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