Las opiniones del caso MVS: Riva Palacio,Sosa Plata, D’Artigues…
Los columnistas cuestionan y analizan los argumentos de los involucrados, así como las posibles soluciones a dicho conflicto.
(Foto: especial)

Las revelaciones de Joaquín Vargas, presidente de MVS Comunicaciones, sobre las presiones que habría recibido del gobierno federal en el tema de renovación de las concesiones de la banda de 2.5 MHz continúan siendo tema de articulistas y columnistas de los principales diarios de México.

Raymundo Riva Palacio, Citizen Joaquín, 24 Horas (viernes 24 de agosto)

Joaquín Vargas, presidente de MVS, comenzó la semana pasada un pleito de barandilla sin precedente en la historia de las relaciones de los medios con el poder en contra del gobierno federal, que en su primer balance lo dejó tirado en el campo de batalla, desangrándose lentamente. Decidió jugar en el terreno del valor de su palabra frente a la de sus interlocutores, en un tour de force de credibilidad donde apostó a su autoridad moral contra la de varios colaboradores cercanos del presidente Felipe Calderón.

Pero por alguna extraña razón, incomprensible para alguien que decía haber pasado días preparando su respuesta al gobierno para documentar cómo lo chantajearon para que a cambio de despedir a la conductora de radio Carmen Aristegui le refrendaran la concesión de la banda de 2.5 GHz, escogió una estrategia que lo descalificó y lo desacreditó.

Vargas construyó una narrativa a partir de correos electrónicos y chats que tuvo con varios funcionarios, que desnuda a un empresario que muchos –incluido quien esto escribe- pensaban diferente a aquellos viejos barones de la prensa, valientes hacia afuera y sumisos ante el poder, que presumían músculo cuando en realidad eran dóciles, porque lo más importante para ellos no era la libertad de expresión sino su interés particular. El heredero de un imperio familiar se colapsó con sus propias palabras. No es ya una batalla de credibilidad y moral, sino la manera en que, al estilo de la vieja escuela, asumió el tutelaje del gobierno que pidió abiertamente.

Casi 19 meses después de haber despedido a Aristegui por difundir un rumor al aire, Vargas dijo que había enfrentado presiones y chantajes del gobierno para despedirla, como condición de negociar el refrendo de la banda de 2.5 GHz. Su afirmación que esas actitudes eran inaceptables porque atentaban contra la libertad de expresión, contrasta con la realidad que pintan los mensajes que él mismo difundió. En ellos se muestra a un empresario de prensa que no entiende que hay fronteras en la relación con el poder que nunca deben borrarse.

Gabriel Sosa Plata,  Telecom y Medios, El Universal   (viernes 24 de agosto)

¿A qué problema me refiero? A un gobierno que puede seguir premiando o castigando a empresarios del sector a través de concesiones, refrendos, “rescates” o “expropiaciones” y otras herramientas mucho más claras o tangibles como el otorgamiento de publicidad oficial. Por eso es que muy pocos concesionarios o ninguno muestran públicamente su apoyo personal a la familia Vargas, porque consideran que podrían existir represalias gubernamentales en su contra, ya que, como es evidente, no es un asunto técnico, sino político.

¿Dónde está la posición de las cámaras industriales, como la CIRT, o de los grupos de la radiodifusión y de las telecomunicaciones ante las revelaciones de este miércoles? ¿No recuerdan algunos radiodifusores historias similares? ¿Por qué no abrir el debate sobre un tema fundamental para la democracia, como es la transparencia plena en los procedimientos para la asignación, prórroga o cualquier trámite relacionado con las concesiones, sin acuerdos “extra formales”?

Por eso es que el antiguo régimen y los gobiernos del cambio democrático tienen todavía mucho parecido en cuanto a sus prácticas de presión a algunos medios de comunicación. Dos ejemplos. El gobierno de Carlos Salinas amenazó con revocar en 1993 la concesión de X’Press Radio, hoy Sabrosita 590, porque transmitía en inglés, sin la autorización correspondiente. Una decisión extrema, como ahora el “rescate” de la banda 2.5 GHz, que se pudo evitar con un simple llamado de atención.

¿De qué manera se acabó el problema? Simple: el concesionario, sin que se le dijera expresamente el funcionario del gobierno, despidió al periodista Miguel Ángel Granados Chapa, quien se “atrevió” días antes a entrevistar a Cuauhtémoc Cárdenas en el noticiario que tenía en el Núcleo Radio Mil (NRM). El concesionario asumió toda la responsabilidad, como sucedió en la primera etapa del caso revelado este miércoles, para evitar que le fuera quitada su concesión.

Katia D’Artigues, MVS, Los Pinos: ¿quién miente?,  El Universal (viernes 24 de agosto)

Desnudos. Así quedan todos los actores involucrados en el caso de la concesión de la banda de 2.5 GHz que ahora sabemos tiene todo que ver con el despido, y luego reinstalación, de Carmen Aristegui en el noticiario estrella de Noticias MVS.

De paso, desnudo también quedó, por primera vez, con pruebas, la forma en que el gobierno federal —que aún sigue teniendo de manera discrecional el otorgamiento de concesiones— presiona a empresarios de los medios.

También la manera en que estos empresarios están acostumbrados a dejarse presionar y no dudan ofrecer cabezas de periodistas con tal de seguir con sus negocios.

Como mentirosos quedan todos: la vocera presidencial, Alejandra Sota, quien dijo que nunca tuvo que ver nada cuando ahora sabemos que sí fue ‘consultada’ (ah, ese verbo en este contexto equivale a ‘decidir’) sobre la salida de Aristegui; y el mismo Joaquín Vargas, quien, para exhibir la mentira del otro exhibe la suya propia.

¿Y ahora qué? ¿Por qué ahora cuando este sexenio está a punto de terminar?

Pablo Hiriart, El pleito gobierno-MVS,  La Razón  (viernes 24 de agosto)

El conflicto de MVS con el gobierno, o del gobierno con MVS, es eminentemente comercial y la libertad de expresión no está en juego ni la estuvo.

Carmen Aristegui se excedió al demandar una explicación a Los Pinos por el supuesto alcoholismo del Presidente. Al plantearlo como pregunta al acusado, se hizo eco de una calumnia y le dio resonancia a una perversidad política.

Quien acusa tiene la carga de la prueba, sobre todo en periodismo, un terreno propicio para la difamación y con pocos riesgos por la facilidad para lavarse las manos.

Felipe Calderón está a punto de irse y la exitosa conductora Carmen Aristegui continuará con un micrófono, por lo que es muy atractivo sumarse al coro que canta contra el gobierno porque “atentó contra la libertad de expresión”. Así se granjea uno la simpatía de la que conserva poder y se deslinda del que se va.







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