‘Casa blanca’, claro conflicto de interés: Garza; disculpa sin convicción: Trejo; ¿Funcionará la estrategia?: Zuckermann
En términos legales no hay delito alguno que perseguir… aunque sea políticamente incorrecto decirlo, opina Jorge Fernández.
virgilio
(Foto: Archivo Cuartoscuro/Adolfo Vladimir).

Ramón Alberto Garza, Raúl Trejo Delarbre, Leo Zuckermann y Jorge Fernández Menéndez abordaron, desde ángulos diferentes, el informe del secretario de la Función Pública sobre la “casa blanca” de Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera.

A continuación, fragmentos de sus textos.

Escribió Ramón Alberto Garza en Reporte Índigo:

No hacía falta la reactivación de la Secretaría de la Función Pública con el cuestionado Virgilio Andrade al frente, ni los meses y meses de investigación para extender una agonía a todas luces evidente.

Por el lado que se le vea, las formas en la compra de la llamada Casa Blanca, adquirida por la primera dama Angélica Rivera cuando su esposo Enrique Peña Nieto era gobernador del Edomex, presenta un claro conflicto de interés.

Lo mismo sucede con la casa del Club Malinalco, del secretario de Hacienda Luis Videgaray.

La esposa y el hombre de todas las confianzas de un mandatario estatal –hoy convertido en presidente-  reciben todas las facilidades para que la constructora favorita del gobierno del Edomex y ahora del gobierno federal, les financie la compra de terrenos y les construya sus residencias en condiciones ventajosas, es, sin ambages, un conflicto de interés.

Basta una pregunta para llegar a esa conclusión: ¿Podría cualquier mexicano tener con esa constructora las mismas prerrogativas en costo, financiamiento y condiciones de pago, que las que se le otorgaron a la esposa y al hombre de todas las confianzas del entonces gobernador y ahora presidente?

Ese es el meollo de toda la investigación. Y la respuesta es un inevitable “no”.

Y ese “no” es el resultado de otorgar privilegios a quien en reciprocidad le otorgaba a esa constructora contratos, o como en el caso de Videgaray, de quien acababa autorizando el pago de facturas por las obras asignadas.

 

Escribió Raúl Trejo Delarbre en La Crónica de Hoy:

Para Virgilio Andrade y su jefe, el comportamiento de los funcionarios públicos solamente ha de ser evaluado a partir de la limitada legislación acerca de sus responsabilidades administrativas. Igual que los caballos a los que se les colocan anteojeras para que no se distraigan con lo que mirarían a sus costados, el titular de la Secretaría de la Función Pública y el Presidente de la República han querido ver, y que veamos, únicamente un segmento de los escándalos suscitados por la adquisición de la residencia para la familia Peña Nieto.

Peña Nieto ha reconocido que la adquisición de la residencia propició “interpretaciones que lastimaron e incluso indignaron” y por ello ofreció una disculpa. Siempre es saludable que los gobernantes reconozcan errores y sepan rectificar. Pero la de Peña es una disculpa sin convicción ni credibilidad: un empleado suyo dictamina que no hay conflicto de intereses (como si el hecho de indagar la responsabilidad de su jefe no fuera, de suyo, conflicto de tal índole), el gobierno y quienes le hacen eco se ufanan porque esa averiguación determinó que la legalidad no fue quebrantada, a partir de tal conclusión el Presidente se disculpa, ¿de qué? Aún en ese gesto, Peña Nieto y sus subordinados siguen creyendo que los ciudadanos miran la realidad con anteojeras.

La adquisición de la “Casa Blanca” para la familia Peña fue conocida gracias al meticuloso trabajo de Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera y otros periodistas del equipo encabezado por Carmen Aristegui. Contribuciones como ésas y la necesidad de seguir indagando y difundiendo acciones del poder político escamoteadas a la transparencia hacen más lamentable que sigan ausentes de la radio.

 

Escribió Leo Zuckeman en Excelsior:

No hubo sorpresas. Terminó la investigación que realizó la Secretaría de la Función Pública sobre las casas Higa-San Román del Presidente, su esposa y el secretario de Hacienda. No se cometió ninguna ilegalidad; todo fue kósher de acuerdo a Virgilio Andrade. Acto seguido, el presidente Peña ofreció disculpas: reconoció que, si bien no violó la ley, pudo haberse visto mal y, por eso, pidió perdón a fin de recuperar la confianza. Acto seguido, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, hizo lo mismo: admitió que, a pesar de haber comprado su casa en Malinalco sin violar la norma, pudo haberse malinterpretado y por eso más disculpas. Así la estrategia orquestada por el gobierno para tratar de darle carpetazo a uno de los eventos más escandalosos de este sexenio.

Investigación cerrada con cero ilegalidades, disculpas de los involucrados y vámonos a otras cosas. Lo hicieron el viernes para tener poca reacción mediática. Es el mejor día para gestionar notas vergonzosas, ya que la jornada siguiente, el sábado, es cuando menos noticieros hay y menos lectores tienen los periódicos. Bien pensada y ejecutada, entonces, la estrategia gubernamental para cerrar este tema y apostarle al olvido de la gente. La pregunta es si les funcionará. Dependerá, me parece, de lo que hagan, a partir de ahora, tres actores importantes en toda democracia: la oposición, los medios y las organizaciones ciudadanas.

Una de las historias más ignominiosas del capítulo de las casas fue el papel que jugó la oposición para solapar el tema. PAN y PRD escondieron sus cabezas cual avestruces: ni criticaron al gobierno ni exigieron una comisión especial en el Congreso para averiguar lo sucedido. En este sentido, nuestra democracia fracasó: no funcionó el sistema de pesos y contrapesos para controlar los abusos del poder. Muy caro les costó a panistas y perredistas este error. El electorado los castigó en las pasadas elecciones, más que al PRI, por no haber hecho su trabajo de oposición verdadera. ¿Habrán entendido el mensaje de las pasadas elecciones? ¿Ahora sí le exigirán cuentas a Peña y compañía? ¿Revisará la oposición la investigación de Andrade desde el Congreso? ¿Harán ellos mismos sus propias indagaciones? Si no lo hacen, si siguen comportándose como achichincles del gobierno, la estrategia gubernamental diseñada para el olvido de los escándalos de las casas tendrá una mayor oportunidad de funcionar.

Escribió Jorge Fernández Menéndez en Excélsior:

El 5 de febrero pasado decíamos en este espacio que no veíamos que existieran “elementos legales suficientes para procesar o castigar a Angélica Rivera, Luis Videgaray o al presidente Peña sobre estos temas. En todo caso habrá que revisar los contratos otorgados a las constructoras involucradas. Pero si no hay irregularidades en ellos no hay delito que perseguir. En el caso de la señora Rivera, por más desaseada que haya sido la compra de su propiedad, ella no era funcionaria pública, y tampoco esposa del Presidente cuando compró la casa. Se podrá argumentar que el manejo en todos los casos puede ser sospechoso, incluso, alguien argumentará que fue poco ético, pero de lo que estamos hablando es de decisiones legales y de aplicación de la justicia”. Y en términos legales, insistimos, no hay delito alguno que perseguir… aunque sea políticamente incorrecto decirlo.

Con todo esto se cierra un capítulo político (aunque en la opinión pública, por supuesto, el tema seguirá abierto) que ha tenido altos costos para la administración y para el país, incluyendo la cancelación de obras importantes como el tren México-Querétaro con todas sus repercusiones. Y se desvanecen, también, otros intentos que, esos sí, rayan en lo ridículo. Uno de ellos, el de la separación, divorcio o como se lo quiera llamar de la pareja presidencial. El viernes el presidente Peña fue lo suficientemente enfático sobre su relación personal como para desechar un tema que en todo caso sería del ámbito estrictamente privado.

Cuando el país y el mundo están amenazados por una crisis que puede ser económica, política, de seguridad y social, sería bueno pasar ya a otra cosa, olvidando debates tan trascendentes como esos o los de los calcetines del Presidente.



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