opinión
“Castigo selectivo: autoritarismo en estado puro”, artículo de Miguel Pulido
Alegatos por Miguel Pulido
Foto: Gabriela Pérez/ Archivo Cuartoscuro

¿Es México un país de leyes como dicen los políticos? Será en su imaginación. Al menos eso es lo que opina un amplio sector de la sociedad.

Aquí algunos datos que lo demuestran:

El Informe País Sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, elaborado por el INE señala que el 66% de los mexicanos considera que la ley se respeta poco o nada. Estos hallazgos son consistentes con otros estudios (como el de María Marvan) que sostienen que en México sólo 4% cree que la ley se respeta mucho y 29% creen que se respeta algo. El 37% cree que se respeta poco y 29% que no se respeta nada.

El problema es que la ley se diseña para unos cuantos.

La percepción de un considerable sector de mexicanos es precisamente que el Estado funciona sólo al servicio de unos cuantos: el 36% cree que, al elaborar las leyes, el Congreso toma en cuenta los intereses de sus partidos; el 31% cree que toman en cuenta sus propios intereses; sólo el 14% cree que toman en cuenta a la población (Secretaría de Gobernación, 2012).

La distancia de las y los mexicanos no es sólo con la legalidad, sino con la institucionalidad y la política en su conjunto. Esto puede resumirse en la expresión popular: hay un divorcio entre la clase política y la ciudadanía.

Los datos son contundentes: el 49.61% de los mexicanos cree que los políticos no se preocupan por la gente común; sólo el 2.29 considera que sí lo hacen. Otro 22.4% considera en alguna medida que los políticos no se preocupan por la gente, mientras que 10.83% considera que en algo los políticos sí se preocupan por la gente (INE, 2015).

Pero la cosa en realidad es más densa.

La película completa incluye la falta de respeto de normas fundamentales de convivencia social. Esta sensación general de descomposición se puede confirmar con la poca confianza institucional que vivimos.

Es sabido el descrédito del gobierno, particularmente cuando se trata de los gobiernos estatales (los mexicanos confían 30% en el gobierno estatal y 36% en el federal). Es peor para los partidos políticos y los diputados que tienen menos de 20% de confianza, por debajo de jueces, policías y sindicatos.

El aviso de que estamos frente a algo más grave está en que el 72% de los mexicanos considera que no se puede confiar en la mayoría de las personas; apenas el 28% considera lo contrario (INE, 2015).

A estas cifras es preciso agregarle otros hallazgos que revelan la compleja situación que se vive en México. El 54% de los mexicanos dijo que es más importante que las autoridades capturen a personas acusadas de cometer algún delito por encima del respeto a los Derechos Humanos.

La corrupción en México: percepción, prácticas y sentido ético presenta reveladoras cifras:

92% de los encuestados consideró que hay corrupción en México. Apenas el 5.8% que consideró que no la hay. La corrupción (70%) es el segundo problema más importante, después de la inseguridad (80.9%) y antes que el narcotráfico (56.9%).

Este escenario es idóneo para extraordinarias contradicciones: si la clase política y las autoridades son corruptas y las leyes sólo sirven a los poderosos ¿cómo podemos confiar que persiguen y capturan a las personas efectivamente acusadas y/o presumiblemente culpables? ¿Se puede confiar en autoridades corruptas y que violan Derechos Humanos?

Pues bien, hace apenas dos días, el diario Noroeste, fue embargado por el SAT justo en el contexto de la publicación de sendos reportajes sobre la familia Labastida y el uso de sus redes políticas con fines económicos.

En su Editorial el Noroeste ha dicho: “En Noroeste no queremos ser tratados de manera diferente ni nos consideramos intocables. Exigimos que se nos trate conforme a la ley y ayer no fue el caso.”

Todo esto levanta sospechas. Sí, las mismas que generó en su momento el despido de Aristegui o las que produce en amplios sectores de la sociedad el encarcelamiento de los líderes de la CNTE, justo cuando resisten la llamada Reforma Educativa. Como las que dejó el abusivo y oprobioso encarcelamiento de Mario Luna por parte del ex gobernador Padrés en Sonora, por el conflicto Yaqui y una larguísima, pero larguísima lista de personas que han sufrido consecuencias, muchas de ellas acusadas y presas.

Acciones que contrastan con esas promesas vacías cada que algo involucra a la clase política: “se aplicará todo el peso de la Ley” o el clásico “caiga quien caiga”. Piensen concretamente en la suavidad y el trato displicente en la investigación de la casa de Malinalco o de la Casa Blanca. O el cauteloso proceder contra los millonarios de los Panama Papers o la deferencia contra los abusivos gobernadores, a quienes no incordian sino apenas con frívolas diligencias.

En corto: la aplicación selectiva del castigo es autoritarismo en estado puro.

Miguel Pulido

Miguel Pulido es abogado. Ha sido director de Fundar, profesor en la Universidad Iberoamericana y visitante en la Universidad de Yale. Actualmente participa en Antifaz (www.antifaz.org.mx) un proyecto que busca abordar críticamente los asuntos públicos, las élites políticas y las dinámicas de poder.

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