Desde 1998 candidatos y funcionarios de Tamaulipas recibían sobornos del narco

El expediente penal contra el empresario mexicano Fernando Cano, presunto prestanombres del ex gobernador Tomás Yarrington, describe operaciones de lavado de recursos procedentes de sobornos. Los recursos se transferían en bancos de EU y México y se usaron para la compra de inmuebles.
(Foto:ditae.uat.edu.mx)

Candidatos y funcionarios públicos de alto nivel en Tamaulipas han recibido sobornos del cártel del Golfo desde el año 1998, que usan para conservar sus cargos y posiciones de poder en la entidad, a cambio de facilitar las operaciones de la organización criminal.

Así lo revela el contenido del expediente penal  B12435 de la Corte de Distrito  del  Sur de Texas, abierto contra el empresario mexicano Fernando Alejandro Cano Martínez por lavado de dinero.

Cano es señalado por fiscales federales de Estados Unidos de operar para ocultar los sobornos que recibían los servidores públicos, a través de empresas instaladas en Texas y de transacciones en bancos de México y Estados Unidos. Cano operaba también la compra de inmuebles.

Esta mañana, el periodista Daniel Lizárraga habló del contenido del expediente B12435 en Noticias MVS.

Confirmó que el expediente describe operaciones de lavado de dinero, préstamos bancarios y operaciones financieras para la compra de inmuebles en los dos sistemas.

Lavado de sobornos

Lizárraga detalló que  el expediente penal señala que, desde 1998, el cártel del Golfo “pagó grandes sobornos a funcionarios de alto nivel elegidos en Tamaulipas, así como a candidatos a dichos cargos en forma permanente”, a cambio de protección a sus actividades.

Los sobornos fueron pagados directamente.

El empresario mexicano Fernando Alejandro Cano Martínez habría ayudado a ocultar los recursos obtenidos ilícitamente.  La justicia de EU  le acusa de realizar y supervisar directamente las transferencias de ingresos y ganancias de México a Estados Unidos.

El producto de esos sobornos  fue utilizado para comprar activos en Estados Unidos a través de sociedades o  “empresas fachada”, explicó Daniel Lizárraga,  y señaló que en el documento se contabilizan 25 operaciones con empresas fantasma.

Según el documento, bancos mexicanos habrían participado en las transferencias de dinero dentro de México, entre ellos, HSBC, Scotiabank, Bancomer, Banorte y Regio.

Lizárraga señaló que las empresas GMC,  SA de CV y Spike Tecnología también habrían estado involucradas en transferencias de lavado de dinero con ‘depósitos hormiga’, utilizando los dos sistemas bancarios para la compra de tierras y propiedades en Texas.

Caso Yarrington

Lizárraga también habló en específico del caso Tomás Yarrington.

El  martes 22 de mayo, el gobierno de Estados Unidos, a través de fiscales federales, solicitó ante dos cortes federales de Texas la confiscación de dos propiedades atribuidas al ex mandatario estatal: una en San Antonio, con valor de 6.6 millones de dólares, y otra en la Isla del Padre por 450 mil dólares.

“Se presupone que dos de estas propiedades son de Tomás Yarrington, pero no están a su nombre”, dijo Lizárraga.

En este caso, el ferretero Napoleón Rodríguez es un personaje clave.  “La DEA ha realizado investigaciones.  En alguno de los cruces de información, interrogaron a Napoleón.  Le preguntaron si las propiedades eran o no de Yarrington (…) Napoleón habría sido presionado para señalar  (las actividades de) Fernando Alejandro Cano, quien se presume que es prestanombres de Yarrington”.

Lo cierto es que hasta ahora en México no hay una acusación o proceso abierto contra el ex gobernador Yarrington.

 

Ve a continuación el expediente penal contra el empresario mexicano Fernando Alejandro Cano Martínez:

Expediente penal B12435 de la Corte de Distrito del Sur de Texas



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