CNDH y Marina firman convenio; ombudsman defiende recomendación por Tlatlaya
Raúl González Pérez afirmó que cuando se determina una violación a derechos humanos, no se descalifica toda una institución, sólo se señalan conductas indebidas de servidores públicos.
CNDH_MARINA
(Foto: captura Twitter/Semar)

El almirante secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, aseveró que, “hoy más que nunca, dejamos en claro que los problemas que se susciten en nuestras filas –cuando se presenten denuncias por violaciones a los derechos humanos-, los resolveremos de frente, dando la cara, con acciones firmes y hechos contundentes”.

Al encabezar la firma de un convenio de colaboración con el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, el almirante Soberón agregó que, si en el cumplimiento del deber se incurre en excesos, la Marina pondrá a disposición de las autoridades correspondientes, a quien quebrante la ley, “ya que ello empaña o podría disolver la misión encomendada”.

Sin embargo, el almirante secretario hizo un llamado a la sociedad, con respecto a los marinos que son acusados de violentar los derechos humanos, para que evite juicios anticipados hacia quienes buscan cumplir con su deber, hasta que un juez determine su responsabilidad legal.

Tlatlaya

Por su parte el titular de la CNDH, al hablar sobre el caso Tlatlaya, sostuvo que dentro de las instituciones que integran al Estado Mexicano “no hay adversarios, ni debe haber confrontaciones” y que todas las instituciones de la República comparten objetivos e intereses comunes.

Soldados que fueron señalados por el organismo como responsables de la muerte de 22 civiles y el ajusticiamiento de al menos 12 de ellos en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, presentaron una queja ante la propia Comisión, así como una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) porque consideran que ésta actuó ilegalmente.

La CNDH emitió una recomendación sobre el caso el 21 de octubre de 2014, dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la PGR y el gobierno del Estado de México.

González Pérez afirmó este martes que “cuando se determina una violación a los derechos humanos, no se descalifica la tradición de servicio u honorabilidad de ninguna institución, se señalan conductas indebidas de servidores públicos que al ser investigadas, sancionadas y prevenidas fortalecen a la institución frente a la sociedad, al diferenciar su compromiso con la legalidad y la justicia”.

(Con información de La Jornada)

 





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