PGR burla resolución del Ifai para transparentar caso Tlatlaya
La Procuraduría General de la República justifica que ya no cuenta con los peritajes que se le solicitan.
pgrtlatlaya

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos solicitó que se investigue a funcionarios de la Procuraduría General de la República, por haberse conducido con falsedad y desacatar una resolución que los obligaba a abrir peritajes del caso Tlatlaya.

Se trata de la investigación sobre la balacera en la que soldados abatieron a 22 civiles; en un primer momento, la Procuraduría de Justicia del Estado de México dijo que fue un enfrentamiento equitativo entre militares y delincuentes.

Sin embargo, investigaciones periodísticas revelaron que los soldados mataron de forma extrajudicial a algunos de los implicados. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó 12 ejecuciones extrajudiciales y la judicatura federal investiga ocho.

Actualmente siete militares son procesados ante los sistemas civil y castrense.

La petición del Ifai por no acatar una de sus resoluciones fue presentada el pasado martes 17 de febrero ante el órgano interno de control de la PGR, vinculado a la Secretaría de la Función Pública.

El 6 de octubre de 2014, mediante una solicitud de información pública la Primera Emisión de Noticias MVS solicitó a la PGR acceso a dichos peritajes.

La Procuraduría negó el acceso argumentando que los documentos estaban reservados, pues tenían datos personales y formaban parte de una averiguación previa en curso.

Por este motivo, el 4 noviembre del año pasado este medio presentó un recurso de revisión ante el Ifai, argumentando que no puede reservarse un expediente cuando hay de por medio violaciones graves a los derechos humanos.

El pasado 14 de enero, el pleno del Ifai ordenó a PGR transparentar mediante versiones públicas esos expedientes. Por decisión unánime, los comisionados validaron los argumentos esgrimidos por este espacio informativo.

Sin embargo, el titular de la Unidad de Enlace de la PGR, Mario Miguel Ortega, notificó al instituto que no entregaría los peritajes, porque habían sido turnados al Juez que lleva el caso y no conservaron copia, desde octubre del año 2014.

De acuerdo con el expediente del caso, la PGR intentó justificar que ya no cuenta con los peritajes mediante un argumento que nunca antes había utilizado.

A lo largo de tres meses, desde la respuesta a la solicitud de acceso a la información y hasta el momento en que el caso se votó en el pleno del Ifai, la PGR nunca dijo que ya no tenía esa información en su poder.

La oficina del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, quien llevó el caso en el Ifai, detectó que la PGR cometió violaciones al Código Federal de Procedimientos Penales, a la Ley de Archivos y a la Ley federal de Transparencia.

En entrevista con el equipo de investigaciones de Noticias MVS, el comisionado sostuvo que la PGR se condujo con falsedad, al reservar un expediente que ya no tenía en su poder.

“Revisando las fechas, ¿cómo pudo la PGR, decirnos hasta ahora que el 29 de octubre consignó la averiguación previa, si el día 3 de noviembre le dijo al solicitante que no le podía dar acceso a la información porque estaba reservada por tratarse de una averiguación previa?”, preguntó.

El comisionado Francisco Acuña dijo que PGR mantuvo una postura ante el ciudadano y el propio Ifai, que no tenía fundamento legal:”Le contestaron con falsedad al particular solicitante porque le dijeron no podían dar información por ser reservada… y también se condujeron con falsedad ante nosotros, en tanto que nos dijeron que esa información estaba reservada y que no la podían proporcionar porque era de una averiguación previa”.

De acuerdo con su postura, los actos de PGR violan el Código Federal de Procedimientos Penales, al no conservar una copia de la averiguación previa.

También falta a la Ley de Archivos, que obliga a conservar documentos por el doble de tiempo que se clasifican como confidenciales.

Y a la Ley federal de Transparencia, al reservar información que en realidad no estaba en sus archivos.

Expediente oculto

A finales de 2014 e inicios de este año, el equipo de noticias MVS tuvo acceso al expediente que creó la CNDH para investigar el caso Tlatlaya, el cual sirvió de base para la recomendación que hizo al Gobierno del Estado de México, la Sedena y la PGR.

Con esos archivos, MVS documentó cómo la Sedena bloqueó a la CNDH el acceso a documentos del Tribunal militar; que hubo presencia de dos generales en la bodega donde ocurrió el tiroteo en Tlatlaya, así como la participación de marinos y un batallón del Ejército que no se habían revelado hasta ese momento.

Sin embargo, el expediente no incluía los peritajes realizados por PGR, los cuales se niega a entregar.

El 14 de enero de 2015, el Ifai decidió, por unanimidad, que la PGR tenía la obligación de entregar la información.

Sin embargo, la procuraduría desacató la resolución del Ifai al no informar cómo recoger la información.

Ante esta irregularidad, el jueves 12 de febrero se hizo una consulta directa a la Unidad de Enlace de PGR. La abogada Lilia Córdova dijo que ya habían informado al Ifai sobre el desacato y esperaban una respuesta del instituto: “Hemos caído en desacato, sin embargo, es que no puedo darle más datos”.

Este proceso no está contemplado en la legislación y la PGR no tiene ningún argumento legal para retener la información, de acuerdo a la funcionaria: “¿Usted no encuentra a la mano ningún fundamento legal para que se haya extendido el proceso? Bueno, de hecho no lo existe, es únicamente como una medida alternativa para hacer del conocimiento del instituto cuál es la situación que se guarda con relación a esa información que usted solicitó. Digamos fuera de cualquier reglamento… Exactamente”.

El 13 de febrero, finalmente PGR justificó el desacato mediante un escrito enviado por correo electrónico, argumentando que los archivos ya no estaban en su poder.

Ante la falsedad en las actuaciones de PGR, el Ifai únicamente puede solicitar una investigación al órgano interno de control de la procuraduría y esperar que se identifique y sancione a los responsables.

De acuerdo con el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas no se podrá reponer el proceso y la investigación correrá a cargo del órgano de control de PGR: “Lo único que nos deja es pedirle al órgano interno de control, conforme a nuestras potestades todavía en esto, reducidas, acotadas, insuficientes, que dirija sus potencias de investigación para que inicie un procedimiento para verificar quién resulta responsable de esta cadena de hechos”.

En estos momentos, el Senado de la República analiza una nueva Ley General de Transparencia donde existe la propuesta de limitar el acceso a expedientes relacionados con violaciones a derechos humanos.

Según la organización Artículo 19, la propuesta del PRI y el PVEM representa una regresión sobre el derecho de acceso a la información.

Sobre este punto, el comisionado del Ifai, Óscar Guerra Ford, dijo que uno de los intereses del órgano colegiado es ampliar su facultad para abrir los expedientes sobre violaciones graves a derechos humanos.

En el programa Aristegui de CNN recordó que ya se ha utilizado esta facultad, como en el caso de los 72 migrantes en San Fernando: “Cuando una información sea solicitada por cualquier persona de una averiguación previa o documentación de determinado acontecimiento, y esta sea reservada porque es una causal de reserva, el Ifai pueda analizar si este acontecimiento se convierte o puede ser calificado como una violación grave de derechos humanos, o crimen de lesa humanidad para hacer la excepción y ordenar la entrega de esta información en versiones públicas”. 

De aprobarse el cambio en la Ley de Transparencia, la ciudadanía podría verse imposibilitada a conocer las investigaciones de casos como San Fernando, Ayotzinapa o Tlatlaya.

El vídeo relacionado con esta información se podrá volver a ver si las controversias judiciales promovidas por MVS contra este sitio y Carmen Aristegui, se resuelvan a favor de la periodista y su portal.

(Sebastián Barragán/ Daniel Lizárraga)



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