Descarta ministro “otorgar carta” en blanco a Ley Atenco
El ministro Pérez Dayán plantea la constitucionalidad del uso de la fuerza pública para controlar disturbios, sólo si se pone en peligro bienes o vidas.
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(Foto: Archivo / Cuartoscuro)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará un proyecto de resolución que propone declarar la inconstitucionalidad de un artículo que faculta a los cuerpos policiacos del Estado de México para el uso de la fuerza pública como primera opción ante cualquier tipo de evento, al tiempo que reconoce la legalidad de otro artículo que autoriza su uso para el control de multitudes y disturbios.

A partir del próximo lunes, el Pleno de la Corte va a debatir la Ley que Regula el Uso de la Fuerza en el Estado de México, mejor conocida por sus opositores como Ley Atenco, por considerar que legaliza los abusos que han cometido los cuerpos policiacos de esa entidad para disolver manifestaciones.

La norma fue impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por la Comisión Estatal en la materia y por las minorías de oposición en el Congreso del Estado de México mediante tres acciones de inconstitucionalidad, debido a que varios artículos de la norma se consideran violatorios de los derechos fundamentales de las personas.

El proyecto de resolución elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán propone reconocer la constitucionalidad del artículo 14 de la norma impugnada relativa al uso de la fuerza pública para el control de multitudes y disturbios, sobre todo cuando estos ponen en peligro los bienes o la vida de terceras personas.

El artículo fue impugnado por la CNDH bajo el argumento de que no se establece ningún tipo de definición ni requisito para el uso de la fuerza pública, pero el ministro Pérez Dayán considera que el artículo es constitucional si se establece una interpretación del mismo conforme a lo que marcan otros artículos de la Carta Magna.

Por lo anterior, destaca que este artículo no debe ser una carta en blanco para que los mandos policiacos declaren la ilegalidad de una manifestación o movilización con el pretexto de la violencia, ya que si hay una movilización pacífica y un pequeño grupo llega a incurrir en actos violentos, se debe actuar para aislar a individuos y proceder en contra de ellos, en lugar de ordenar una acción en contra de los manifestantes en general.

De igual forma, el ministro advierte que la redacción de este artículo 14, tampoco faculta a los cuerpos policiacos del Estado de México para el uso de armas de fuego en contra de manifestaciones y se advierte que bajo ninguna circunstancia se autoriza la utilización indiscriminada de armas en contra de multitudes.

Incluso, se advierte a los cuerpos policiacos que el uso de medios no letales como el gas lacrimógeno, también se debe analizar cuando en una manifestación hay mujeres embarazadas, menores de edad y personas de la tercera edad.

Uso de la fuerza pública nunca debe ser la primera opción de policías

Por lo que se refiere al uso de la fuerza pública como primera opción para controlar cualquier tipo de evento, el ministro Pérez Dayán propone declarar la inconstitucionalidad de dicha facultad prevista en el artículo 40 de la norma, por considerar que en un país democrático y obligado al respeto de los derechos humanos por la Constitución Política y los tratados internacionales de ninguna manera se puede recurrir al uso de la fuerza pública como primera opción.

La redacción del artículo impugnado establece, en un mismo párrafo, el uso de la fuerza pública como último recurso y primera opción para atender cualquier tipo de evento en dicha entidad, por lo que la CNDH solicitó a la Corte declarar su inconstitucionalidad.

Para el ministro Pérez Dayán, la redacción del artículo 40 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública del Estado de México es totalmente contradictoria, por lo que implica una vulneración a los principios de proporcionalidad y no restringe su aplicación para casos casos de absoluta necesidad.

Por lo anterior, señala la propuesta, la actual redacción de la norma impugnada hace a un lado la obligación de los cuerpos policiacos de buscar métodos no violentos antes de autorizar el uso de la fuerza pública en contra de una manifestación, por ejemplo, o de autorizar el empleo de armas de fuego en otro tipo de incidentes.

El proyecto agrega que las policías tienen la obligación legal de verificar si existen medios alternativos o menos lesivos para la integridad de las personas y sus bienes jurídicos antes de tomar la determinación de recurrir al uso de la fuerza pública para resolver cualquier tipo de evento.

La propuesta también apunta que el principio de proporcionalidad obliga a medir si el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiacos representa un beneficio legítimo en comparación con el daño o la amenaza que se deriva de algún tipo de evento.

De tal forma que si el uso de la fuerza es claramente necesario frente a una amenaza más grande, se puede recurrir a ella.

Conforme al principio de proporcionalidad, apunta el proyecto de sentencia, el uso de la fuerza se debe prohibir cuando el daño infligido supere los beneficios que se pudieran alcanzar mediante el uso de la misma.

El proyecto de sentencia también tiene una llamada de atención para los diputados locales del PRI que presentaron una impugnación en contra de la ley que ellos mismos aprobaron.

El ministro Pérez Dayán les recordó que siendo la mayoría del Congreso que aprobó la norma, los legisladores priistas tenían la facultad legal de modificarla para evitar las dudas sobre su legalidad y constitucionalidad, por lo que desechó por improcedentes las observaciones que este grupo de diputados locales presentó sobre una ley que antes habían avalado con su voto.

Documento completo del proyecto del ministro Pérez Dayán:

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