Gobierno federal pudo detener liberación de Rafael Caro Quintero …¡y no lo hizo!
Investigación de Noticias MVS revela de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto tuvieron información suficiente sobre los recursos y estrategia legal que promovía el narcotraficante buscando su liberación, y que consiguió en agosto de 2012.

Los dos últimos gobiernos de México tuvieron a su alcance información suficiente para detener la liberación de Rafael Caro Quintero, uno de los líderes históricos del narcotráfico mexicano.

Sin embargo, el capo abandonó su celda el pasado 9 de agosto sin que hasta el momento, se conozca de su paradero.

A lo largo de dos años y cuatro meses, en el periodo que va de mayo de 2011 a agosto de 2013, los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto recibieron nueve alertas o avisos de que el capo buscaba su libertad con argumentos novedosos, reveló esta mañana una investigación de Noticias MVS primera emisión.

Para el gobierno de Peña Nieto, la liberación de Caro Quintero fue producto de “un fallo judicial incomprensible”, dijeron entonces el procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, y el canciller, José Antonio Meade.

“En el  caso de esta sentencia, de primera entrada -ya lo dije y lo puedo repetir-, me produce un escozor, no entiendo el mecanismo mental (del juez)”, dijo Murillo Karam.

“Ya ha comentado el procurador que nosotros no coincidimos con el criterio que adoptó el juez en el caso Caro Quintero”, comentó Meade.

No obstante, Noticias MVS pudo constatar que los avisos sobre la posible liberación de Caro Quintero fueron notificados a la Procuraduría General de la República, a la Cancillería y a la Secretaría de Gobernación, de acuerdo con documentos oficiales.

Esto sucedió primero durante el gobierno de Felipe Calderón y, recientemente, en la admnistración de Enrique Peña Nieto.

Durante todo este tiempo (2011-2013), la PGR nunca informó al gobierno de Estados Unidos sobre la situación de caro Quintero para que pidiera la extradición y, por otro lado, el gobierno de Washington tampoco lo hizo por su propia iniciativa.

Alegato novedoso

La historia de la liberación del capo no es un asunto nuevo. Ni tampoco se resolvió en una cuantas horas.

En realidad, empezó desde el 1 de mayo del 2011, cuando los abogados defensores pidieron un amparo con un novedoso alegato: Caro Quintero fue condenado en 1985 por el secuestro y homicidios del agente estadounidense de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, por un “juez incompetente”.

La defensa de Caro Quintero argumentó que la condena por 20 años de prisión debió dictarla un juez del fuero común y no uno federal.

 

Primera alerta

El 10 de mayo del 2011, la Ministerio Público federal responsable del caso, Magdalena Sinecio González, fue notificada personalmente de este juicio de amparo.

La PGR estaba en manos en Marisela Morales, quien actualmente se desempeña como cónsul de México en Milán, Italia. La propia ministerio público, estaba enterada de ese argumento presentado por el capo, el mismo que, dos años depués, le abrió las puertas de la carcel.

En un oficio fechado el 12 de mayo del 2012 puede leerse lo siguiente:

“Respecto al juicio de amparo promovido por el quejoso Rafael Caro Quintero, solicito que se me proporcionen los autos del expediente de que se trata, con el objeto de realizar un estudio y emitir, en su caso, el procedimiento que corresponda”.

Este documento tiene sellos oficiales y está firmado por la ministerio público Magdalena Sinecio. De hecho, la PGR presentó alegatos contra este amparo.

Esta es la notificación del amparo, en 2011:

1 2 3 4 5

 

Segunda alerta

El 12 de junio del 2012, la magistrada Rosalía Moreno notificó a la PGR que estaba por cerrar el juicio de amparo.

 

Tercera alerta

Entre junio del 2012 y marzo de 2013, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la defensa del Caro Quintero presentó tres alegatos. En todos ellos, insistió en la incompetencia del juez para condenar a Caro Quintero, según consta en el Expediente 180/2011.

 

En el último de ellos, fechado el 4 de marzo del 2013, el actuario Judicial, José Daniel Lomelí, notificó a Magdalena Sinecio sobre los movimientos de los abogados defensores. La ministerio público Magdalena no respondió.

 

Cuarta alerta

El 26 de junio del 2013, el tribunal informó que el juicio sería resuelto en su sesión del 3 de julio, es decir, siete días después.

Este aviso, como cualquier otro, se colocó en los estrados del tribunal y, cualquier persona, lo pudo consultar. Los ministerios públicos están obligados a atender dichas listas para estar al tanto de los asuntos relevantes.

Magdalena Sinecio tuvo a la vista esa agenda durante una semana, pero los magistrados no lograron ponerse de acuerdo y el expediente fue pospuesto una semana.

La resolución del caso ya era inminente.

 

Quinta alerta

El 3 de julio de 2013, la PGR fue notificada de que Caro Quintero tramitó un amparo para detener cualquier juicio de extradición promovido por Estados Unidos, según consta en el expediente 1319/2013, también fueron notificadas la Secretaría de Gobernación y la Cancillería.

Aun más, la propia PGR, la Cancillería y Gobernación negaron que existiera una orden de aprehensión contra el capo.

 

Sexta alerta

Casi un mes después, el 26 de julio de 2013, Caro Quintero presentó un nuevo amparo para evitar su trasladado del penal estatal de Puente Grande, en Jalisco, o a cualquier otra prisión. La PGR y la Secretaría de Gobernación fueron notificadas de este nuevo juicio.

De acuerdo con el expediente1594/2013, con estos amparos, la defensa del capo intentaba atajar cualquier movimiento del gobierno para mantenerlo tras las rejas. Pero en realidad, no había nada más en su contra.

 

Séptima alerta

El 1 de agosto del 2013, el Tribunal Colegiado encargado del caso informó que el juicio de amparo mediante el cual Caro Quintero buscaba su libertad se resolvería, de forma definitiva, el 7 de agosto a las 11:00 horas.

De nuevo, la ministerio público Magdalena Sinecio tuvo a la vista la agenda del Tribunal durante una semana.

 

Octava alerta

El 7 de agosto los magistrados Rosalía Moreno Ruiz, José Félix Dávalos Dávalos y Lucio Lira Martínez otorgaron a Rafael Caro Quintero.

Ese mismo día, a las tres de la tarde, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Jalisco publicó el sentido del fallo en sus estrados.

A partir de ese momento, Magdalena Sinecio tuvo oportunidad de conocer el revés sufrido por la PGR y de avisar del fallo a sus superiores dentro de la delegación de la PGR en Jalisco, actualmente a cargo de Gerardo Octavio Solís Gómez.

En el Tribunal no recuerdan a la ministerio público preguntando por el sentido de la resolución o consultando las listas para ponerse al tanto.

La sentencia, fue enviada de inmediato al Segundo Tribunal Unitario Penal de Jalisco para que, un plazo máximo de 24 horas, dejaran en libertad a Caro Quintero.

 

Novena alerta

El 8 de agosto del 2013, el Tribunal Colegiado publicó la resolución sobre la libertad otorgada a Caro Quintero.

La ministerio público Magdalena Sinecio no se presentó para conocer la resolución, según se desprende de dos notificaciones firmadas por la actuaria judicial, Mónica Ibarrola Chagollán, a las cuales tuvo acceso Noticias MVS.

En la segunda de ellas, se dice lo siguiente:

“El 8 de agosto del 2013 al no haberse presentado las partes hasta las 14:00 horas, se tiene por hecha la notificación que se fijó por lista el día de hoy (….)”

A diferencia de la PGR; los abogados defensores sí actuaron.

La abogada Janette Iliana González Linares, llegó hasta el Tribunal Colegiado para darse por enterada, formalmente, del fallo favorable a su cliente.

La misma actuaria que dio fe de la ausencia de la PGR por la mañana, fue la encargada de atender a la abogada del narcotraficante.

El mismo 8 de agosto, pero a las 23:00 horas, el Tribunal Unitario emitió la sentencia que liberó a Caro Quintero.

Esa misma noche salió del penal estatal de Puente Grande, en Jalisco.

A pesar de los nueve avisos, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, responsabilizó al Poder Judicial de no avisarle a tiempo para impedir la libertad del capo.

“Fuimos notificados de su liberación horas después de que ya había salido. Y en ese momento, como usted se imaginará, nosotros no teníamos un instrumento legal de detención porque habíamos agotado todas las acusaciones en el proceso, y de repente

en un juicio de amparo, que tenía que haber tenido una resolución para efectos, resuelven la salida inmediata, la cumplen con una inmediatez impresionante, y nos quedamos prácticamente sin posibilidad de alguna detención porque aunque hubiésemos sido notificados a tiempo, no tenía yo ningún instrumento legal para detenerlo, hoy lo tengo”, dijo el titular de PGR.

Fue hasta el 16 de agosto del 2013, ya con Rafael Caro Quintero Libre, la ministerio público responsable del caso solicitó copias certificadas de la sentencia, así como de las listas y estrados que siempre estuvieron a la vista de todos, incluso de ella.

Poco después, Magdalena Sinecio desapareció del Tribunal. Al principio se creyó que estaba de vacaciones, pero jamás regresó.

En noviembre pasado llegó una nueva ministerio público, Ana Elsa Lepe Estrada.

De acuerdo con la delegación estatal de la PGR en Jalisco, Magdalena Sinecio sólo fue cambiada a un juzgado de amparo. No existe ningún procedimiento penal o administrativo en su contra por su actuación. Tampoco se le investiga por una actuación indebida.

Por otro lado, la PGR tampoco presentó una queja contra los magistrados ante el Consejo de la Judicatura, aun cuando públicamente los criticaron.

(Investigación especial de Noticias MVS. Juan Omar Fierro, reportero. Coordinación: Daniel Lizárraga)

El video relacionado con esta información se podrá volver a ver si las controversias judiciales promovidas por MVS contra este sitio y Carmen Aristegui, se resuelvan a favor de la periodista y su portal. completo de la investigación.







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