opinión
Áreas Naturales Protegidas en México: del prohibicionismo al manejo sustentable
Territorios Indómitos por Raúl Benet
Foto: Elizabeth Ruiz/ Cuartoscuro

A lo largo del siglo XX se generalizó en el mundo un modelo conservacionista inspirado en varias reservas naturales decretadas desde el XIX en los Estados Unidos. Algunas de las más conocidas son los parques Yosemite y Yellowstone. Mediante estas reservas, se pretendía conservar relativamente intactos los paisajes y sus atributos naturales impidiendo cualquier tipo de actividad productiva, expulsando o minimizando la presencia de población humana y estableciendo fuertes medidas de vigilancia.

En México hubo importantes decretos de parques nacionales, particularmente en la década de 1930 con Lázaro Cárdenas y Miguel Angel de Quevedo. El objetivo de esos decretos era el de preservar para las futuras generaciones la belleza escénica, la riqueza de especies, y la recarga de acuíferos, entre otros atributos. Pero Cárdenas no pretendía expulsar a las comunidades ni limitar sus opciones de desarrollo. En varios de estos parques nacionales se dotaron ejidos y comunidades, se incluyeron ‘reservas forestales’ y se establecieron mecanismos para promover el manejo forestal por parte de comunidades y ejidos, pero a lo largo del tiempo esos mecanismos se fueron desvirtuando, hasta el grado de transformarse en esquemas de prohibición y control vertical sobre los territorios en contra de las comunidades.

La gran mayoría de estos Parques Nacionales están habitados, en muchos casos por comunidades indígenas con derechos ancestrales sobre la tierra. Además del derecho consuetudinario, muchas de las comunidades cuentan con títulos primordiales, decretos de dotación y restitución de ejidos y núcleos agrarios indígenas, y más recientemente la titulación derivada de las modificaciones del artículo 27 constitucional instrumentadas a través de los programas de certificación de predios comunales y ejidales. Los ejidos y núcleos agrarios indígenas en México son dueños de cerca de un 70 % de los bosques, y prácticamente la totalidad de territorios forestales dentro de áreas naturales protegidas pertenece a ejidos y comunidades.

Los objetivos de conservación que se pretendía alcanzar a través del sistema de áreas naturales protegidas bajo el modelo conservacionista norteamericano, resultó contraproducente en muchas partes del mundo. Las prohibiciones que se establecieron no sólo violaron los derechos de las comunidades a decidir sobre su territorio, sino que inhibieron el desarrollo de capacidades para el manejo del bosque. Las comunidades y ejidos fueron vistos como enemigos de la conservación, y el resultado ha sido en la mayoría de los casos que las áreas naturales protegidas están mucho más dañadas que las tierras que las circundan y que están bajo manejo, y muchas de las comunidades dentro de las ANP viven en condiciones precarias, pese a la riqueza de sus territorios.

Por otro lado, la existencia de un sistema nacional de áreas naturales protegidas ha sido necesaria e incluso conveniente, porque se reconoce legalmente la necesidad de cuidar y proteger ciertos atributos naturales, particularmente la biodiversidad, y se establece formalmente una zonificación basada en las aptitudes del suelo, a través de la cual se establecen criterios de uso de suelo, tales como preservación, conservación, restauración, aprovechamiento.

La declaratoria de Área Natural Protegida ha sido un instrumento que ha sido reivindicado por movimientos sociales para detener mega proyectos, como fue el caso del Club de Golf en Tepoztlán, que formalmente pudo detenerse haciendo valer el decreto del Parque, como documenta María Rosas en Tepoztlán, Crónica de Desacatos y Resistencia. Actualmente la ampliación de la autopista en el mismo Parque está detenida por un amparo que alude al ANP.

Las áreas naturales protegidas, si bien con limitaciones, han permitido en algunos casos muy importantes detener el cambio de uso de suelo y la pérdida de bosques, además de que han sido utilizadas con cierto éxito para evitar invasiones y privatización.

En particular en la Selva Lacandona, el macizo forestal más importante de nuestro país, el área natural protegida ha sido un instrumento importante que ha ayudado a detener la deforestación y el cambio de uso del suelo. Esto se ha logrado primeramente reconociendo que los principales involucrados en cualquier esfuerzo de conservación y buen manejo son las comunidades que habitan el territorio. En consecuencia, se han canalizado recursos, se ha buscado fortalecer y apoyar sus mecanismos de participación, toma de decisiones colectiva y gobernanza, y se ha invertido seriamente en el desarrollo de capacidades para el manejo sustentable de su territorio.

El resultado es que el área natural protegida Reserva de la Biósfera Montes Azules, cuenta con importantes proyectos para el manejo sustentable de los recursos naturales, genera ingresos para las comunidades y a la vez se conserva sana la selva. Muchas otras reservas cuentan con programas para el aprovechamiento comunitario, como ocurre en El Triunfo y La Sepultura, en Chiapas, entre otras.

En la misma dirección, la existencia de alguna categoría de protección con base en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas normado por la LGEEPA puede ser utilizada para detener proyectos mineros, ya que la ley minera reconoce la autoridad que confiere la LGEEPA a la Semarnat para determinar lo que está permitido en un ANP. La ley minera viola derechos constitucionales, y es probable y deseable que en un futuro cercano sea declarada inconstitucional, pero por ahora es vigente y existe en ella esa salvedad respecto a las ANPs.

Son de particular interés las Áreas Voluntarias para la Conservación, ya que son acuerdos comunitarios que establecen programas de manejo y conservación para ciertas áreas o atributos del territorio que tienen algún valor singular reconocido por la comunidad. Estas mismas áreas pueden ser invocadas en la defensa ante proyectos mineros.

El problema viene cuando las ANP entran en conflicto con los derechos de las comunidades a aprovechar de manera sustentable sus recursos. Es el caso de la mayoría de los Parques Nacionales (una de las categorías más restrictivas establecidas en la LGEEPA), que al prohibir de manera unilateral cualquier actividad de aprovechamiento contradicen los derechos de las comunidades e impiden que se lleve a cabo el manejo activo, que es indispensable tanto por motivos de saneamiento como por la generación de valor, necesaria para la conservación misma y para la vida de la gente que habita el bosque.

Ha habido un lento avance en la política pública en este sentido. El Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas ha establecido una estrategia para permitir el manejo activo en las áreas naturales protegidas. Como consecuencia de esto, los programas de algunas ANPs permiten ya el aprovechamiento, siempre y cuando se haga de manera sustentable con base en un programa de manejo. Esta visión está en línea con una declaratoria del Consejo Mundial de Parques, que en 2003 dio cuenta del fracaso del paradigma prohibicionista y reconoció en cambio la importancia del respeto a los derechos indígenas y del manejo activo de los territorios.

Recientemente la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza IUCN hizo importantes contribuciones en la misma dirección. La propia CDB reconoce la importancia del manejo activo de los territorios, y en México la Conabio también promueve el manejo activo de la biodiversidad y el respeto a los derechos de las comunidades. Esta nueva forma de ver las áreas naturales protegidas apenas comienza a ser instrumentada y a dar sus primeros resultados. La reciente re categorización del Parque Nacional Nevado de Toluca, que se ha convertido en un Área de Conservación de Flora y Fauna, y su consecuente Programa de Manejo, son un ejemplo imposrtante, si bien aún incipiente, en esa dirección.

El gobierno mexicano ha comprometido ante el Convenio de Diversidad Biológica que para el 2020 el 17 % del territorio nacional terrestre estará dentro de un área con categoría de protección. Actualmente un 12 % del territorio cuenta con algún estatus en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas de alcance federal, además de otras que pueden estar protegidas a nivel estatal o municipal.

Para que dicha meta se pueda cumplir de una manera aceptable desde el punto de vista de los derechos de las comunidades y por ende de manera exitosa para la conservación, tendría que incluir una serie de principios indispensables:

* El pleno reconocimiento a los derechos que tienen las comunidades sobre el territorio forestal y el respeto y fomento a los modos de participación, toma de decisiones y gobernanza de las comunidades indígenas y locales. Si el establecimiento de un área natural protegida entra en conflicto con los derechos de las comunidades, está destinado al fracaso.

* El establecimiento de mecanismos efectivos de participación de las comunidades, la academia, las organizaciones civiles, los productores y los gobiernos municipales, estatales y federal en la declaratoria de las áreas, en la elaboración de los programas de manejo y en su instrumentación

* La elaboración participativa de programas de manejo sólidos y bien fundamentados que fomenten el manejo activo y sustentable de los territorios forestales por parte de las comunidades

* La inversión para las áreas naturales protegidas debe priorizar el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad productiva, administrativa, financiera y de la competitividad de las empresas forestales comunitarias, así como para el fortalecimiento de la gobernanza en los territorios

* El reconocimiento de las áreas forestales de bosques naturales bajo manejo comunitario que cuenten con estándares de buen manejo forestal, como la certificación FSC, podrían formar parte del sistema nacional de áreas naturales protegidas

* El fomento y financiamiento de nuevas Áreas Voluntarias de Conservación Comunitaria, que si bien existen y son reconocidas, han recibido poca atención y financiamiento por parte de los diferentes órdenes de gobierno.

Territorios indómitos recomienda estos video de Conecto.mx:

#ViveLaLacandona from Conecto México on Vimeo.

Raúl Benet

Biólogo Facultad de Ciencias UNAM. Asociado del programa LEAD Colegio de México. Estudios de Doctorado en Desarrollo Rural UAM Xochimilco y de Ecología por la UNAM. Actualmente soy Coordinador de política pública en el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Ex Director de Greenpeace México. Ex director de Campañas e Incidencia en Oxfam. Ex miembro de la delegación política de Oxfam Internacional. Ex Coordinador de la Campaña Global de Acción Climática en América Latina.

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