opinión
La Cumbre de la Paz en Colombia: un encuentro mundial de mujeres
Plan B por Lydia Cacho

Es morena de facciones afiladas y pómulos prominentes, viste un traje típico, porta en el pecho un gran collar bordado de chaquiras, un abalorio de protección. Se llama Alcira Villafaña. Desde hace treinta años, cuando era niña, su padre, quien fuera un reconocido líder de los movimientos comunitarios indígenas, la involucró en la defensa de la cultura y la tierra. Alcira vive en Magdalena, uno de los 32 departamentos de Colombia localizado al norte del país, en la región Caribe colombiana. Hoy en Bogotá, como miembro de la II Cumbre de Mujeres y Paz, habla con la entereza de una líder espiritual:

La guerra es una epidemia, una enfermedad del espíritu humano. Yo soy parte de la Junta Nacional de Mujeres Indígenas. Estamos aquí en la cumbre de la paz porque tenemos confianza en la construcción que hemos hecho como pueblos y como mujeres para arrancar la raíz de la guerra de nuestra tierra”.

Alcira ha trabajado con víctimas y sobrevivientes del conflicto armado en Colombia, ha visto de todo, dice, conoce las historias de mujeres violadas, de hombres y niños matados por todos los bandos, pero desde niña conoció bien la historia del genocidio de los pueblos originarios de Colombia. Por eso tenemos paciencia, dice, hemos sabido esperar hasta que los políticos entiendan que la voz del pueblo manda la paz y no la guerra. Hoy parece que la espera ha terminado.

A once días de que se lleve a cabo el plebiscito por la paz en Colombia, que tiene como meta poner fin a la guerra interna que ha durado cincuenta años y dejado ocho millones de víctimas, se reunieron más de seiscientas mujeres líderes comunitarias de todo Colombia y  especialistas del mundo dedicadas a procesos de paz. Se dieron cita embajadores y embajadores de países europeos y funcionarias públicas de alto nivel.

Esta Cumbre de Mujeres por la Paz no fue cubierta adecuadamente por ningún periódico colombiano. Ni una sola nota sobre esta segunda cumbre llegó a las primeras planas de los diarios más importantes del país, a pesar de la trascendencia histórica del evento, similar a los que se llevaron a cabo en su momento en la pacificación de Irlanda del Norte, Filipinas, Sudáfrica o incluso en España, durante los diálogos con la ETA.

El ambiente en los salones y pasillos del histórico hotel Tequendama en la ciudad de Bogotá se respira saturado de emoción. Mujeres diversas, activistas, políticas, empresarias, intelectuales, académicas, científicas, diplomáticas de entre dieciocho y noventa años, están presentes. Las afrocolombianas, indígenas originarias, las de la altillanura, las rurales y citadinas, todas se organizan en grupos para poner sus agendas locales sobre la mesa y buscar fórmulas y estrategias para interactuar formalmente en el contexto de la campaña denominada  “Sí a la Paz” y posteriormente en la articulación de lo que se adivina un largo y complejo proceso de pacificación, sanación y justicia restaurativa.

El 26 de septiembre, después de décadas de trabajo comunitario y político, se llevará a cabo la firma definitiva que hará realidad el Acuerdo Final entre el gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular (FARC-EP), para dar fin al conflicto armado de este país sudamericano que durante cinco décadas ha sido sometido a la violencia armada entre grupos guerrilleros, cárteles de delincuencia organizada dedicados a la narcoindustria y la trata de personas, así como los grupos de paramilitares, originalmente auspiciados por empresarios locales, y que terminaron convirtiéndose en milicias mercenarias que robaron y despojaron de sus tierras a cientos de miles de ciudadanos, que cometieron crímenes de lesa humanidad, secuestros y violaciones multitudinarias de niñas y mujeres.

De acuerdo con los informes del gobierno nacional del presidente colombiano Juan Manuel Santos, los carteles de la droga han sido sometidos a una mínima capacidad operativa y con los años se han convertido en pequeños grupos criminales perseguidos persistentemente por las autoridades. Mientras que los grupos paramilitares se han fragmentado y algunos de sus excombatientes se han pronunciado esta semana por el Sí a la paz

El pasado 21 de septiembre, 23 ex jefes de grupos paramilitares denominados Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) todos ellos encarcelados en prisiones de los Estados Unidos y Colombia, firmaron un desplegado difundido en medios y redes sociales; en él se dirigen al presidente Santos y a la sociedad colombiana.

Un fragmento del comunicado dice a la letra:

En otros tiempos fuimos contradictores y enemigos acérrimos de las guerrillas, hoy sólo tenemos la mano tendida y el corazón dispuesto para regresar al país a contribuir con la paz en Colombia”.

Los grupos paramilitares, financiados por empresarios y terratenientes, han sido, de la mano de las guerrillas y los cárteles, instrumentales en la devastación psico-emocional, en la fractura del tejido social y la crisis económica de poblaciones enteras en diversas regiones de Colombia; acompañadas por un abandono histórico del gobierno de su propia responsabilidad respecto al desarrollo social, lo cuál incrementó la pobreza plagada de violencia y emigración forzada.

En un largo proceso de búsqueda de alianzas de paz, Colombia llevó a cabo acuerdos de extradición con los Estados Unidos, gracias a los cuales los líderes paramilitares recibieron sentencias condenatorias a cambio de que treinta mil miembros armados de sus grupos de desmovilizaran e integraran en la vida civil. En su comunicado los paramilitares “tienden la mano a la paz” en búsqueda de nuevos acuerdos para ser integrados en los procesos de justicia transicional que podría acortar las condenas de algunos de sus líderes. El presidente Santos aún no ha respondido a esta propuesta, y según las especialistas de la Cumbre, no lo hará hasta después del plebiscito que se llevará a cabo el 2 de octubre próximo.

Durante tres días de trabajo estratégico y político, más de seiscientas mujeres y una decena de hombres llevaron a cabo mesas para elaborar punto por punto las metodologías necesarias para implementar los acuerdos de paz en todas y cada una de las regiones del país. Entre quienes coordinaron las mesas de debate y el análisis de factibilidad de implementación de los acuerdos, se encontraba la Consejera Presidencial para al Equidad de la Mujer Martha Ordóñez; la mexicana Belén Sanz que es representante de la Agencia de las Naciones Unidas para la Mujer en Colombia (ONUMujer); el Alto Comisionado para la paz, Sergio Jaramillo y Catalina Díaz, la directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia de Colombia. Los debates giraron en torno a las verdaderas posibilidades de implementación de los acuerdos en el contexto de post-conflicto que vive este país latinoamericano.

Las activistas organizadoras de la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz coordinaron veinte mesas regionales con mujeres que representan a todas las regiones de Colombia, para la identificación de estrategias y acciones para la incidencia y participación efectiva de las mujeres en la implementación del acuerdo final entre el gobierno y las FARC-EP. A su lado, en las reflexiones colectivas participaron también Mónica McWilliams, negociadora y signataria del proceso de paz de Irlanda del norte, junto con la experta Carmen Magallón, vicepresidenta de la Asociación Española de Investigación para la Paz, Marie Andersson, embajadora de Suecia y Johan Vibe, embajador de Noruega; a su lado, la experta en negociación de conflictos de Filipinas, Miriam Coronel; Katherine Ronderos, Marina Gallegos y una veintena más de mujeres colombianas organizadoras del encuentro.

Uno de los momentos que adquirió mayor relevancia en el diálogo público se dio cuando la irlandesa Mónica McWilliams advirtió a las asistentes:

La paz es un proceso, largo y complejo; cada vez que alguno de los actores de este proceso de paz retome las armas o ejerza violencia, debemos decirle: no puedes hacer esto, y este es el castigo por romper las reglas”. La negociadora aseguró que la clave del éxito de la paz estable y duradera es la  verdadera integración; “si tu acuerdo de paz dice que deber ceder ciertas cosas a ciertos individuos, esos acuerdos deben ser respetados”, recordó anécdotas de las complejidades que el pueblo irlandés enfrentó para aprender a vivir al lado de quienes antes se consideraban enemigos  terroristas.

McWilliams añadió: “será difícil incluir a la integración a los es ex guerrilleros de las Farc, difícil también estar con los soldados y con los actores de las diferentes fuerzas de seguridad privadas y públicas que cometieron crímenes. Nosotros lo logramos en Irlanda del Norte y la comunidad internacional fue un pilar durante todos estos años”.

La voz de la comandanta guerrillera Victoria Sandino resuena en el salón Rojo del hotel donde se celebra la Cumbre:

Daremos el sí a la paz porque queremos una verdadera democracia donde todos podamos vivir con libertades plenas y seguros donde se respeten las ideas y todos los niños y niñas tengan educación”.

Su verdadero nombre es Judith Salamanca Herrera; ella narra en entrevista que cuando tenía ocho años iba caminando con su abuela en su zona natal de Tierralta, Córdoba. Pasaban los hombres armados, de traje verde con mochilas al lomo. Ella preguntó a la abuela: ¿son los policías? La anciana respondió: “sí, mija, son la policía del monte”. Eran en realidad los guerrilleros de las FARC-EP.

Judith tenía doce años cuando se inició en las juventudes comunistas; trabajó como alfabetizadora haciendo trabajo social en las comunidades, hasta que un día se dio cuenta de que los movimientos civiles y sindicalistas eran perseguidos y no tenían derechos. Entonces se sumó a las filas de la guerrilla. Hace dos años, en 2014, se convirtió en la primera mujer en tomar la palabra en la mesa de negociaciones de La Habana en Cuba, como representante de la Subcomisión de Género de la Mesa de Negociaciones para la paz.

La comandanta  Victoria Sandino asegura que al escuchar a las víctimas durante estos veinte meses, recordó su juventud, en la década de los años ochenta, cuando los paramilitares sembraron el terror y la persecución de la gente de izquierda, de campesinos y guerrilleros.

Tenemos que recuperar la memoria histórica, porque es la única manera en que podremos explicarnos lo sucedido, acceder a la verdad, resarcir a todas las victimas, perdonarnos todas y todos”.

Al día siguiente de este evento, los diarios colombianos daban testimonio de todas las declaraciones, por menores que estar parecieran, de hombres, políticos, analistas, ex presidentes, ex guerrilleros, pero no está reflejada ninguna voz de las mujeres que en este momento están articulando las estrategias para implementar la paz en todas las comunidades y grupos veredales, ni las que están articulando la educación para el voto por el sí en el plebiscito.

Este punto llama la atención en particular porque los acuerdos de paz y el propio presidente Santos, así como el responsable del poder judicial, han declarado públicamente que éste es un proceso que debe integrar a las mujeres el 52% de la población, que ellas han sido las víctimas más golpeadas durante los años del conflicto armado. Son, sí, las encargadas de cuidar a los huérfanos de la guerra, de organizar los programas gubernamentales denominados Madres Comunitarias, cientos de miles de mujeres y niñas víctimas de violencia sexual por parte de guerrilleros, militares, paramilitares y narcotraficantes. Ellas, las viudas y huérfanas de cientos de miles de hijos asesinados y desaparecidos, han sido y son las responsables de la triple jornada que ha permitido la existencia de las organizaciones comunitarias a pesar de la guerra. Los datos revelan que la mayoría de los actores violentos son hombres; la mayoría de las actoras de rescate social y cultural son mujeres.

Diego Bautista, representante del Alto Comisionado para la Paz en Colombia reconoció en la Cumbre el papel de las mujeres, aseguró que la arquitectura institucional en Colombia no es la ideal para implementar la paz. En entrevista aseguró que “se necesitarán reformas constitucionales y legales, pero sobre todo se deberá asegurar la paridad en la participación de las mujeres en la política”.

Ellas trabajan arduamente por la paz y para lograr este acuerdo que se visibiliza en las cúpulas del poder, pero los medios de su país, a pesar del reconocimiento que la ONU ha hecho del trabajo pacificador de estas mujeres, no son vistas por los medios de comunicación como actoras políticas. En el acuerdo de La Habana se menciona la palabra mujer 197 veces, en 14 instancias concretas de implementación se exige la participación de las mujeres; en el acuerdo se reconoce plenamente la discriminación contra las mujeres en todos los ámbitos y se admite que son en su mayoría las mujeres las despojadas del derecho a la tierra, y las víctimas de la violencia económica. De allí que entre las consignas que se escucharon en los salones de la Cumbre la más sonora fue: “Queremos ser ciudadanas pactantes, no mujeres pactadas”.

La abogada Catalina Díaz, responsable del programa de justicia transicional, esclareció algunos de los mitos que se han propagado en redes sociales y medios a fin de desacreditar el acuerdo de paz entre la guerrilla, el gobierno y la sociedad. La funcionaria federal aseguró que no habrá impunidad ni amnistía para nadie.

Habrá investigación, juzgamiento y sanción de todos los crímenes. Habrá sentencias de entre 15 y 18 años para los violadores”.

Dijo que “todo victimario deberá asumir la responsabilidad de los crímenes cometidos”. Además la funcionaria declaró que la reparación del daño deberá incluir  la salud psicoemocional, física y sexual de las miles de mujeres y niñas víctimas de violencia sexual. Agregó que el retorno es un tema crítico  para las mujeres que fueron desplazadas a lo largo de los años y a quienes se les despojaron de sus tierras y asesinado a sus esposos, hijos o hermanos, ultimados por los diferentes grupos armados. Se refirió también a la inminente campaña de desmonte de minas unipersonales que impiden el retorno de las poblaciones a las diversas comunidades.

Díaz enfatizó que todos los insurgentes presentes en La Habana en los acuerdos de paz, están bajo investigación por crímenes de guerra que deberán ser probados. Reiteró que la amnistía general es falsa, que los tribunales especiales sí tendrán jurisdicción frente a los crímenes de financiación de grupos paramilitares e insurgentes, sin importar si quien les financió es una empresa poderosa o reconocida, se investigará y sentenciará a quien resulte responsable.

Las mujeres activistas mencionaron la región de San Carlos Antioquía como el sitio emblemático del conflicto, pues el 95% de la población fue víctima de desplazamientos forzados, debido a las violencia generada por los grupos armados. Un acto simbólico sin precedentes en los eventos protocolarios diplomáticos y gubernamentales, fue la subida al escenario de nueve mujeres afro-colombianas, quienes leyeron en voz alta los acuerdos finales de la Cumbre.

La gente que se opone a la paz, no ha visto lo que nosotras atestiguamos. Entre 1998 y 2002, la época en que hubo un mayor número de masacres efectuadas por los grupos paramilitares, las mujeres de mi organización trabajamos, desde hace 25 años, creando modelos para la defensa de los derechos de la población desplazada por el conflicto armado”.

Estas son las palabras de la activista Miriam Awad, de Santa Martha Magdalena, perteneciente a la organización de derechos humanos Tierra de Esperanza. Ella y sus compañeras han trabajado con familias desplazadas, en particular con mujeres, niños y niñas, en el desarrollo de una agenda común del Caribe colombiano.

“Por lo mismo nosotras sabemos desde hace años cómo en las comunidades más dolidas por la guerra se entiende, se asume y se desea la paz”, declara Miriam durante la entrevista para este medio.

Además de los informes de cada mesa de trabajo regional, se creó el Manifiesto Político de las Mujeres por un País en Paz, el cual fue leído al final de la tercera jornada en un acto protocolario con representantes de España y otros países de la Unión Europea, de África, Filipinas e Irlanda del Norte, así como con funcionarios y funcionarias del gobierno nacional de Colombia.

El encabezado de este Manifiesto de una cuartilla, dice:

Nosotras las mujeres colombianas desde diversas identidades y expresiones de ser mujer, participantes de la II Cumbre de Mujeres y Paz, y provenientes de regiones y territorios andinos, amazónicos, caribeños, insulares, del pacífico, de los llanos, del norte, del sur, del oriente y occidente del país, y de otros territorios fuera de nuestras fronteras, que a lo largo de nuestra vida nos hemos dedicado a construir un país, una casa y una calle en paz, y a que todas las personas podamos vivir seguras y valoradas en nuestra dignidad humana, afirmamos que necesitamos la paz para defender la vida, afianzar la democracia, para garantizar la participación y la representación activa de las mujeres y el goce efectivo de nuestros derechos humanos”.

Lydia Cacho

Periodista, feminista y activista de derechos humanos de las mujeres.



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