Cumple un año denuncia por operativo ‘Rápido y Furioso’; en PGR, “pasividad”, acusan
Hasta ahora ningún funcionario ha sido llamado a comparecer por el operativo que introdujo armas a México desde EU.
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FOTO: ENRIQUE ORDÓÑEZ /ARCHIVO CUARTOSCURO.COM

A un año de que se presentara una denuncia ante la PGR -por el operativo que introdujo armas al país, conocido como ‘Rápido y Furioso’- en señal de hartazgo de que se vulnere el derecho a vivir en paz sin consecuencia alguna, aún no hay explicaciones para entender este grave episodio, y en la dependencia gubernamental existe “pasividad”, indicó la organización Desarma México.

En un comunicado, recordó que a inicios de 2011, después de la muerte del agente estadounidense Brian Terry, salió a la luz el operativo “Rápido y Furioso”, un programa ideado por la Agencia de Alcohol Tabaco, Armas de fuego y Explosivos (ATF) de EU, con el cual se permitió el tráfico ilegal de armas a México, algunas de ellas recuperadas en escenas del crimen donde hubo muertos y heridos.

“El 23 de septiembre de 2014 presentamos ante la Procuraduría General de la República una denuncia penal contra el gobierno mexicano por este operativo y sus precursores, como el programa Wide Receiver. Denunciamos la pasividad del Estado mexicano y, en su caso, la complicidad de funcionarios de nuestro país con sus contrapartes norteamericanas en el tráfico ilegal de armas provenientes de EU de 2006 a 2011”, apuntó Desarma México.

Agregó que existen indicios que permiten formular la hipótesis de una vinculación de autoridades mexicanas con estos operativos que derivaron en tráfico de armas ilegales a nuestro país, pese a que hasta ahora lo han negado.

Por ello, la “exigencia es que la Procuraduría General de la República realice las investigaciones correspondientes y atribuya responsabilidad penal a quien o quienes resulten responsables de los hechos denunciados”. 

Según la organización, estos son los aspectos más relevantes del curso de la denuncia:

• Debido a que el asunto en cuestión involucra a funcionarios mexicanos, la denuncia se presentó ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGR. Esta acción fue revertida por la Procuraduría, quien radicó nuestra averiguación previa en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). En la SEIDO la Averiguación Previa se acumuló con otras existentes sobre el caso de Rápido y Furioso.

• Una de las pruebas que se incluyen en la denuncia es un oficio de la Sedena, en el que, aparentemente, se reconoce que las armas utilizadas en la matanza de Villas de Salvárcar corresponden a armas de “un programa de rastreo de la ATF”. Desarma México exige que la Procuraduría General de la República desahogue las diligencias correspondientes a verificar la autenticidad del documento y/o la veracidad de su contenido. Ello, a través de las compulsas correspondientes con los libros de gobierno de dicha dependencia, las pruebas periciales pertinentes, así como la comparecencia ministerial de los mandos militares en él mencionados, lo cual hasta el momento no ha sucedido.

• Los reportes e informes emitidos por autoridades estadounidenses sobre Rápido y Furioso contienen información indispensable para esta investigación. No obstante los requerimientos por parte de la PGR, las autoridades de EU han omitido proporcionarlos así como colaborar en la investigación. Desarma México exige que la Procuraduría General de la República insista en dichos requerimientos y, entre otros elementos, se allegue de todos y cada uno de los documentos que conforman los anexos a las entregas del reporte denominado “Fast and Furious: The Anatomy of a Failed Operation” (Rápido y Furioso: La Anatomía de una Operación Fallida) de la Comisión de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes y la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado de los Estados Unidos de América, en sus versiones sin censura.

• Desde que se presentó la denuncia por parte de este colectivo, ningún funcionario ha sido llamado a comparecer por estos acontecimientos. A un año de haber presentado esta denuncia, Desarma México llama a la Procuraduría General de la República a atender este caso y a romper con la pasividad que en su momento denunciamos. Dejar en la impunidad el caso de Rápido y Furioso mostraría, una vez más, la ineficacia del Estado.

Los firmantes de la denuncia son: Gonzalo Aguilar Zinser, Sergio Aguayo Quezada, Miriam Morales Sanhueza, Felipe Gómez Mont Landerreche, José Miguel Castillo Hernández, Paulina Arriaga Carrasco, Javier Schütte Ricaud y Daniel Téllez Santana.



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