El dulce etiquetado que engorda con anuencia del gobierno
En el quirófano. Colaboración especial de Ruth Rodríguez Pérez.
Foto: Isabel Mateos/ Archivo Cuartoscuro

Por Ruth Rodríguez Pérez

Desde noviembre del año pasado oficialmente nuestro país enfrenta dos emergencias epidemiológicas: una por la alarmante alza de casos de diabetes mellitus y otra por la obesidad que se expande entre los mexicanos, al alcanzar a siete de cada diez adultos. Pero ni aun así se ve cómo la administración del presidente Enrique Peña Nieto vaya a cumplir con la promesa de disminuir estos dos males. Por el contrario, todo se ha quedado en un doble discurso.

Por un lado, en los últimos días vemos como la Secretaria de Salud incrementa la presencia de spots en radio y televisión y su publicidad en distintos sectores con el pretexto de prevenir y atender a los pacientes con diabetes, siendo que en realidad son campañas del gobierno federal para llenar los huecos que no pueden ocupar con otras acciones de gobierno durante la veda electoral por las campañas, principalmente en el Estado de México.

Pero por otra parte, la misma dependencia, por medio de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, sumada a otras instituciones del gabinete presidencial operan con todo en tribunales para defender y mantener a toda costa un etiquetado engañoso de bebidas azucaradas, como es el caso de los refrescos y otros productos, que, de acuerdo con peritajes oficiales, no reportan la cantidad real de azúcar que contienen.

En otras palabras, mientras con campañas coyunturales, en tiempos de elecciones, buscan prevenir y generar conciencia en torno a enfermedades como la diabetes (objetivo muy loable por cierto), por otra parte apoyan un etiquetado engañoso de bebidas azucaradas, vinculadas con una de las causas más importantes de obesidad de los mexicanos, que dulcemente engordan a la población con la anuencia de las autoridades.

De ahí que uno no se explique porqué emitir dos alertas de emergencia epidemiológica y campañas coyunturales en época de elecciones, si al final, en los temas sustanciales no se busca acabar con lo que genera la obesidad y la diabetes en los mexicanos. Es decir las dos causas de esas emergencias.

Emergencias que, dicho sea de paso, fueron advertidas desde hace casi tres décadas por expertos del Instituto Nacional de Salud Pública que vieron venir lo que pasaría con la población del país. Y que también advirtieron de las trampas de etiquetado aunque después fueron acallados.

Con datos en la mano, a principios de los 90, advirtieron a las principales autoridades del sector salud del incremento en la obesidad y sobrepeso en la población, con un ritmo alarmante, con consecuencias, así lo decían desde entonces, catastróficas, pues de la mano de estos males comenzaron a avanzar la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, hipertensión, cáncer, problemas renales y, en suma, la mayoría de males crónicos que hoy padece la población en México.

La declaratoria real de emergencia, por así decirlo, se generó desde entonces. Desde esa época, los expertos del Instituto pidieron al gobierno federal tomar medidas contundentes para frenar esta epidemia causada por factores externos e internos. Pero sus peticiones no fueron atendidas.

En su lugar, desde entonces, las medidas impulsadas por el gobierno federal (lo mismo del PRI que del PAN o desde el Congreso de la Unión con mayoría priista o con presencia equilibrada de todos los partidos) se han centrado principalmente en dar información y educación a los padres de familia y colocar la responsabilidad de la obesidad en las decisiones individuales.

O en impulsar programas como el PrevenIMSS, el Chécate, Mídete y Muévete; la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes y los Lineamientos para los Alimentos y Bebidas en las Escuelas, entre otras.

Pero para diversas organizaciones no gubernamentales estas medidas si bien son buenas, la realidad es que en la práctica han sido paliativos, pues se requiere de medidas más enérgicas como la aplicación de mayores impuestos a productos chatarras y refrescos; la implementación de un etiquetado más claro; la salida de productos chatarra de las escuelas y un mejor control médico desde el primer nivel de atención.

Pero sobre todo que las autoridades sanitarias no estén supeditadas a decisiones empresariales o políticas. Pues de lo contrario, se dan casos como el del etiquetado. Sí, esa decisión mediante la cual hace casi dos años se aprobó un nuevo etiquetado para los más de 80 mil productos alimenticios que se comercializan en México, sin el aval de todos los integrantes del Instituto Nacional de Salud Pública, aunque públicamente no lo puedan admitir, porque les cuesta más que un regaño.

Ese sistema de etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas diseñado por Cofrepris y por la Secretaría de Economía, pero que engaña a los consumidores mexicanos, al no ser informados de forma clara, comprensible, visible y veraz sobre los productos que ponen en riesgo su salud.

Peritajes ventilados en un juicio de amparo promovido por la agrupación el Poder del Consumidor contra los lineamientos de la propia Cofepris muestran que los etiquetados en lugar de ayudar a la población, la afectan al ocultar la cantidad real de azúcar que contienen productos de alto consumo como las bebidas y refrescos que contienen azúcar.

Tal como opera actualmente, el etiquetado no permite al consumidor identificar cuánta azúcar dañina para la salud contiene un producto, de acuerdo con los peritajes ventilados en este juicio. Porque el truco está en que las etiquetas no reportan el porcentaje de azúcar perjudicial que contienen los productos, que se conocen como azucares añadidos.

De manera irregular, a decir con la información vertida en el juicio en cuestión, la Cofepris aumentó hasta 3 mil 600 calorías la cifra de lo que se considera una dieta saludable, para desinformar a los consumidores, a pesar de que datos de la propia Secretaría de Salud, del Instituto Nacional de Salud y de la Organización Mundial de la Salud coinciden en señalar que una dieta saludable permite que una persona sólo pueda ingerir 2 mil calorías por día.

Es decir, que es un doble engaño que lleva a un dulce beneficio para la industria y una dulce muerte crónica por diabetes y obesidad a la población, a la que se supone que se quiere proteger con las declaratorias de emergencia epidemiológicas emitidas.

Porque todavía que con el etiquetado actual se oculta la cantidad real de azúcar que tiene una bebida, además se le dice a la población que puede ingerir más calorías por día de las realmente recomendadas para cuidar su salud.

¿Y así se supone que funcionen las declaratorias de emergencia epidemiológicas para combatir la diabetes y la obesidad? ¿O es una dulce forma de buscarle un paliativo a estos males con los que todas las familias mexicanas se enfrentan en uno o varios de sus integrantes?



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