SCT movió 3 mil 600 mdp a Edomex sin permiso de Hacienda
Desde 2007, Gerardo Ruiz Esparza, entonces secretario de Comunicaciones mexiquense, exigió al gobierno de Felipe Calderón una compensación... la cual llegó hasta que Peña llegó a la Presidencia.
Foto: Moisés Pablo/ Archivo Cuartoscuro

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no contó con un dictamen presupuestal para entregar 3 mil 566 millones de pesos al gobierno del Estado de México y así finiquitar una disputa que inició la administración de Enrique Peña Nieto como gobernador de esa entidad federativa y que resolvió a su favor ya como Presidente de la República.

Aristegui Noticias obtuvo, vía transparencia, una sentencia judicial que permitía al gobierno federal no reconocer la deuda con la administración mexiquense y el convenio donde falta el permiso de Hacienda para mover el dinero.

Al intentar obtener más documentos sobre este caso, la SCT que encabeza Gerardo Ruiz Esparza decidió reservar la información, argumentando que hay una investigación administrativa abierta y que personas ajenas a la institución podrían desvirtuar los hechos y llegar a conclusiones sin tener facultades legales.

La historia

Los documentos reunidos por Aristegui Noticias permiten establecer la línea del dinero y comprobar que el gobierno federal no estaba obligado a pagar los recursos reclamados por la administración mexiquense.

Los 3 mil 566 millones de pesos derivan de una contribución original de 50 millones de pesos que el gobierno del Estado de México pagó en 1992 para construir la autopista Chamapa-Lechería, según el convenio de transacción.

Desde 2007, Gerardo Ruiz Esparza, entonces secretario de Comunicaciones mexiquense, exigió al gobierno de Felipe Calderón una compensación por ese aporte.

En octubre de 2009, el gobernador Enrique Peña Nieto inició una demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para obligar a la administración de Felipe Calderón a reconocer la deuda.

El juicio terminó el 5 de noviembre de 2014, cuando la Sala Superior del Tribunal concluyó que no podía resolver el caso, pues ambos gobiernos actuaron como entes soberanos y no podían obligarse a reconocer una subordinación jerárquica.

Sin embargo, las partes “se convocaron recíprocamente para la búsqueda de una solución coordinada de sus diferencias”, según el convenio de transacción.

En ese momento ya no había “diferencias” entre las partes, pues al frente del gobierno mexiquense y el federal estaban miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del equipo de Enrique Peña Nieto.

El convenio de transacción se firmó el 12 de diciembre de 2014 entre Raúl Murrieta, subsecretario de Infraestructura (SCT); Carlos Bussey, director de Desarrollo Carretero (SCT); Apolinar Mena Vargas, entonces secretario de Comunicaciones (Edomex) y Francisco González Zozaya, subsecretario de Planeación y Desarrollo (Edomex).

Sin embargo, en la página 7 del documento, se quedó vació el lugar para señalar el dictamen de suficiencia presupuestaria, que debió otorgar la Secretaría de Hacienda.

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