América, región de contrastes que impactan acceso a la justicia: Luis María Aguilar
El presidente de la SCJN habló durante la inauguración del 55º periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
cidh 55 periodo
(Foto: Twitter @CorteIDH)

Este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inauguraron el 55º periodo extraordinario de sesiones de ésta en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, de acuerdo con un comunicado.

El ministro presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, afirmó que el continente americano es una región de marcados contrastes y problemas endémicos con raíces añejas que impactan en el acceso a la justicia, no obstante, aseguró que el compromiso de la Corte mexicana es inalterable a favor de las libertades y de los derechos.

“Los derechos humanos son condiciones esenciales a la dignidad del ser humano, constituyen el mínimo indispensable para la plenitud de las personas; de ahí la importancia de la labor jurisdiccional nacional e interamericana para materializarlos”, expresó el ministro.

Las carencias económicas, las desigualdades sociales y los conflictos políticos han sido factores de alto impacto en el funcionamiento del orden jurídico nacional e internacional, dijo Aguilar Morales, quien llamó a cobrar conciencia de estos factores para que, a través del derecho y su interpretación, el ideal de la justicia no sea un anhelo sino una realidad cotidiana.

De acuerdo con la página de la CIDH, desde 2005 ha celebrado periodos extraordinarios de sesiones fuera de su sede en San José, con el objetivo de incrementar la actividad jurisdiccional y difundir de manera eficiente sus labores. El evento se llevará a cabo en México del 23 al 26 de agosto y puede seguirse en vivo en por internet.

Las audiencias públicas que se celebrarán son las siguientes:

  • Caso Vásquez Durand y otros vs. Ecuador

Se alega que durante el conflicto del Alto Cenepa entre Ecuador y Perú se presentaron varias detenciones de ciudadanos peruanos en Ecuador por parte de cuerpos de seguridad ecuatorianos. En ese contexto se desarrollan los hechos del caso que trata sobre la presunta desaparición forzada del señor Jorge Vásquez Durand, comerciante de nacionalidad peruana. Tras emprender un viaje hacia Ecuador desde Perú, el 30 de enero de 1995 el señor Vásquez Durand se comunicó por última vez con su esposa, María Esther Gomero de Vásquez, expresándole su preocupación por pasar su mercadería por la aduana de la localidad de Huaquillas. Se argumenta que existen testimonios, según los cuales ese mismo día habría sido detenido en dicha localidad por miembros del Servicio de Inteligencia ecuatoriano, así como que habría sido visto a mediados de junio de 1995, en el Cuartel Militar Teniente Ortiz en malas condiciones. Las autoridades policiales y militares ecuatorianas han negado que el señor Vásquez Durand hubiera estado bajo custodia estatal.

  • Caso Gutiérrez Hernández y Familia vs. Guatemala

Desde el 7 de abril de 2000, la señora Mayra Angelina Gutiérrez Hernández se encuentra desaparecida. El caso se relaciona con la presunta falta de una investigación seria, diligente y oportuna por parte del Estado sobre lo ocurrido a la señora Gutierrez Hernández. No se cuenta con elementos suficientes para establecer que lo sucedido a la presunta víctima fue una desaparición forzada. No obstante, se alega que desde el momento en que el Estado tuvo conocimiento de su desaparición, éste sería responsable por el incumplimiento de su deber de proteger la vida e integridad personal de la presunta víctima. Precisamente, se argumenta que Guatemala no habría realizado ninguna labor de búsqueda dentro de las 48 horas siguientes a la denuncia y que las medidas adoptadas en las semanas posteriores fueron mínimas. Asimismo, existiría responsabilidad estatal por la forma en que se condujo la investigación, por el incumplimiento de la garantía de plazo razonable y por la falta de debida diligencia desde el inicio, así como a lo largo de toda la investigación.

  • Audiencia pública sobre Medidas Provisionales en el Caso Masacre de La Rochela vs. Colombia

El objeto de la audiencia es recibir información actualizada, sobre las medidas que ha tomado el Estado para proteger la vida e integridad personal de la compañera y esposas de tres de las víctimas fallecidas en el caso de la “Masacre La Rochela Vs. Colombia”. Estas medidas provisionales fueron ordenadas a Colombia por la Corte Interamericana mediante una resolución el 19 de noviembre de 2009, que se puede encontrar aquí.

Las medidas se adoptaron, entre otras cosas, debido a que las beneficiarias fueron sujeto de varios actos de hostigamiento y amenazas por la visibilidad que habrían adquirido, al ser familiares de las víctimas de la masacre de La Rochela y al haber destacado públicamente la vinculación de ex funcionarios del Estado al proceso penal seguido por la investigación de la masacre.

Desde que se adoptaron las medidas en 2009, según lo ordenado por la Corte Interamericana, el Estado ha presentado periódicamente información y los representantes de las beneficiarias y la Comisión Interamericana sus observaciones al respecto.

Las beneficiarias de las medidas provisionales son: Paola Martínez Ortiz, Luz Nelly Carvajal Londoño y Esperanza Uribe Mantilla.

El caso de la Masacre de La Rochela fue conocido por la Corte y ésta dictó sentencia el 11 de mayo de 2007.

  • Caso Valencia Hinojosa y otra vs. Ecuador

El agente de policía Luis Jorge Valencia Hinojosa habría muerto violentamente en el marco de un operativo policial, en el cual era perseguido. Según se alega, la investigación penal habría incumplido con las obligaciones estatales en materia de esclarecimiento y justicia. El caso fue conocido por la justicia penal policial, lo cual habría constituido una violación al derecho a un Juez independiente e imparcial. Igualmente, se alega que la investigación no habría sido llevada a cabo con la debida diligencia, ni en un plazo razonable. El Estado no habría desplegado los esfuerzos necesarios para esclarecer si se trató de un suicidio, como alegaron los funcionarios involucrados, o si se trató de una ejecución extrajudicial, como apuntaban otra serie de indicios.



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