Avala Senado cuarto y último dictamen de leyes energéticas; debate va a San Lázaro
Las leyes aprobadas el lunes definen a las comisiones Nacional de Hidrocarburos y Reguladora de Energía como órganos reguladores coordinados en materia energética, con autonomía técnica, operativa y de gestión.

El Senado de la República concluyó el trabajo legislativo de aprobación de las leyes energéticas con el cuarto dictamen sobre órganos reguladores y protección al medio ambiente en el sector de hidrocarburos. Las cuatro minutas fueron remitidas a la Cámara de Diputados para que continúe el proceso legislativo de revisión.

El presidente de la Mesa Directiva, Raúl Cervantes Andrade, informó a la asamblea que el periodo de sesiones extraordinarias se mantiene abierto y que el Senado se mantendrá atento al avance de las minutas que remitió a la Cámara de Diputados, que a su vez tiene otro paquete de iniciativas en materia energética por dictaminar. En San Lázaro se prevé que las discusiones se prolonguen hasta la próxima semana: en esta se discutirán los proyectos en comisiones, y la siguiente irán al pleno para ser debatidos por los 500 diputados.

La noche del lunes fue aprobado, en lo general y en lo particular, el último dictamen de las Comisiones Unidas de Energía, y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que expide las leyes de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con 86 votos a favor, del PRI, PAN y Verde, y 26 en contra, del PRD y PT. 

El documento avalado ayer define a las comisiones Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Reguladora de Energía (CRE) como órganos reguladores coordinados en materia energética, con autonomía técnica, operativa y de gestión.

La oposición puso en duda que ambas comisiones vayan a poder regular a empresas extranjeras.

En el desempeño de sus funciones ambas deberán coordinarse con la Secretaría de Energía y demás dependencias, a fin de que sus actos y resoluciones se emitan de conformidad con las políticas públicas del Ejecutivo Federal.

Estos órganos estarán integrados por siete comisionados, propuestos por el Presidente de la República a la Cámara de Senadores.

Señala que el otorgamiento de contratos, permisos y autorizaciones de los órganos reguladores coordinados en materia energética, implicarán la declaratoria de utilidad pública en predios de propiedad pública, social y privada en las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos; tendido de ductos, tendido de infraestructura eléctrica y otras construcciones relacionadas con las actividades señaladas en las fracciones anteriores.

Además, promoverán los actos jurídicos que se requieran para hacer efectiva la declaratoria de utilidad pública.

Los contratos, autorizaciones, permisos, adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras que otorguen o celebren estarán sujetos a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, así como a las demás leyes aplicables en materia de trasparencia y acceso a la información, de fiscalización y rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Además, se crea la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente  del  Sector  Hidrocarburos,  como  un  órgano  administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con autonomía técnica y de gestión.

La Agencia tiene por objeto la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos a través de la regulación y supervisión de la seguridad industrial y operativa, las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones y el control integral de los residuos y emisiones contaminantes.

Entre sus facultades, contempla ordenar medidas de seguridad como suspender trabajos relacionados con la construcción de obras e instalaciones; ordenar la suspensión temporal de suministros; asegurar sustancias, materiales, equipos, accesorios, ductos instalaciones, sistemas y vehículos de cualquier especie.

Además, tendrá la atribución de imponer sanciones derivadas de acciones como la restricción o entorpecimiento de acceso a instalaciones relacionadas con actividades del sector a los inspectores y verificadores; por el incumplimiento de la obligación de informar o reportar cualquier situación relacionada con la Ley; o por proporcionar información falsa, alterada o simular registros.

La Agencia estará obligada a denunciar ante la Procuraduría General de la República cualquier hecho que pudiera constituir un delito contra el ambiente, en las actividades del sector hidrocarburos.

(Con información del Senado)

 





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