opinión*
“Renuncia Peña por caso #GobiernoEspía”. Ver detalles: (link utópico, como esta columna)
Para la libertad por Alfredo Lecona
Foto: Isaac Esquivel/ Cuartoscuro

Por Alfredo Lecona

Después de la jornada electoral del 4 de junio del año pasado, que había dado por ganador a Alfredo del Mazo en el Estado de México, el PRI recuperó aire tras el desgaste de una presidencia que falló a todos los niveles.

Lo vivido en campañas hizo parecer que la permisividad institucional y social al cúmulo de irregularidades cometidas por el gobierno, había abierto la ventana al peor de los escenarios: la división de la oposición y la falta de voluntad política para detener la regresión autoritaria. El INE y el Tribunal Electoral no sirvieron de contrapeso al partido en el poder y al poder de un partido, el del presidente más impopular de la historia de nuestro país.

Ayer Enrique Peña Nieto envió su renuncia al Congreso de la Unión, como consecuencia principal de lo que comenzó el 19 de junio con la presentación del informe “Gobierno Espía”, elaborado por Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Social TIC, en el que se documentaron 76 intentos de intervención de los teléfonos de 11 periodistas, activistas y defensoras y defensores de derechos humanos y el hijo de Carmen Aristegui, siendo menor de edad.

Los casos revelados en el informe, aquella mañana de junio, fueron tan solo la punta del iceberg. En los días posteriores, medio país bajó la cabeza para buscar si entre sus mensajes existía alguno como aquellos que se enviaron con textos alarmantes, que intentaban provocar el clic que detonaría la infección del teléfono. La realidad fue casi imposible de procesar. Cientos de nuevos mensajes llegaron a las organizaciones que realizaron la primera investigación: diputados, senadores, dirigentes partidistas, más periodistas y más activistas en casi todos los estados. La lista se engrosaba brutalmente.

No hubo cerco informativo. Decenas de columnas escribieron por esas fechas, reconociendo y condenando la vigilancia ilegal del Estado, fuera de control. Medios tradicionales y digitales, líderes de opinión en todos los frentes, todos fueron conociendo y narrando la espeluznante historia de terror de un gobierno que espiaba a quienes le resultaban incómodos y hasta a sus familias.
Una sociedad poco acostumbrada a defender el trabajo de sus informadores y defensores, ocupó plazas públicas y reventó los espacios físicos y digitales con demandas enmarcadas en hashtags como #NoNosCallarán y #GobiernoEspía. Algo finalmente se movía en el país y no era para menos. El gobierno que había respondido a la grave crisis de derechos humanos y corrupción, con más violaciones a derechos humanos y corrupción, había sido desnudado.

Fue así que al presidente no le quedó otra alternativa. Por semanas intentaron administrar la crisis y que la sociedad se creyera el cuento de que se investigarían a sí mismos, siguiendo el modelo “Virgilio Andrade”. Que la procuraduría que había adquirido y –hoy sabemos- usado el software maligno Pegasus, resistiría el paso del tiempo con la tradicional apertura de una carpeta de investigación. Pero la presión social e internacional, además de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), generaron las condiciones para la conformación de un bloque de víctimas del espionaje que, tras complejas reuniones con el gobierno, lograron la firma de un convenio de colaboración internacional para que un grupo de expertos independientes coadyuvara con la investigación de la PGR, el segundo de su tipo en el sexenio.

Así surgió el Grupo Interdisciplinario Contra el Espionaje y la Impunidad (GICEI), que ha trabajado en el país, buscando los contratos, documentando más casos, recorriendo el país y hurgando en las agencias y dependencias federales y estatales. En su primer informe, la magnitud del problema se dibujaba con claridad. No solo era con Pegasus que los gobiernos habían infectado teléfonos de periodistas, defensores y opositores. El software Galileo de la empresa Italiana Hacking Team aparecía una y otra vez en contratos de gobiernos como el de Puebla y Jalisco. Aquellos audioescándalos, como el protagonizado por el entonces Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdoba, iban encontrando su origen. Mucho más indignante cuando se supo que Tomás Zerón, desde la PGR, intervino los teléfonos de quienes acompañan a los familiares de los 43 normalistas, para grabar sus llamadas, sacarlas de contexto y filtrarlas a medios de comunicación.

Las declaraciones de los primeros detenidos trazaron la ruta. Conocimos la historia de los agentes que entregaban reportes periódicos a gobernadores y al mismo Presidente de la República, a quien quincenalmente se le presentaban los informes que solicitaba sobre las actividades que llevaban a cabo quienes comprometían los negocios de sus cercanos y lo que consideraba “la estabilidad del gobierno”. “Ningún chile les embona”, llegó a decirse en algunas de esas reuniones en las que también se le mostraban videos de la intimidad de las personas vigiladas y hasta de sus parejas e hijos, que podían usar “si fuera necesario”.

Las recomendaciones de desafuero a gobernadores hechas por el GICEI, el fracaso de imposición de la Ley de Seguridad Interior y del nombramiento de Raúl Cervantes como Primer Fiscal General, para construirle un paquete de impunidad a Peña, también fueron elementos clave para que el Presidente presentara su renuncia el día de ayer. El segundo y último informe del GICEI, presentado hace unos días, fue la gota que derramó el vaso.

Después de meses de trabajo, acompañamiento a las víctimas, acumulación de casos y a pesar de las trabas de un gobierno que siempre mostró su desprecio por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los contratos de la SEDENA, el CISEN y la PGR fueron encontrados y la correlación de los “objetivos” espiados, concordó con los casos de las primeras víctimas. A Jesús Murilo Karam, Tomás Zerón, Arely Gómez, Salvador Cienfuegos, el prófugo exdirector del CISEN y sus cómplices, les espera un largo camino en tribunales.

Diversos son los motivos que tuvo la clase política para haber comprendido su función y colocarse del lado ciudadano. Quizás la rabia y el orgullo de dirigencias traicionadas o el hecho de que algunos funcionarios cercanos al Presidente también fueron vigilados, como se supo. La renuncia e inminente orden de aprehensión en contra de Enrique Peña Nieto, a pocos meses del fin de su mandato, nos ha hecho despertar el día de hoy en un país distinto al de hace un año. En el olvido quedaron las palabras de aquel candidato, que en una entrevista telefónica, aseguró que era imposible juzgar al presidente de la República, aun saliendo de Los Pinos.

La sociedad que dejó la inercia electoral para activarse, decidió poner de frente nuestra crisis de derechos humanos, esa que, quien hoy deja el cargo con una popularidad del 6%, negó incansablemente hasta el punto de quiebre. El primer gran paso para erradicar la impunidad, está dado.

Lo que acaba de leer es una historia imaginaria de un futuro en el que no ganara la impunidad. Ojalá… 

Alfredo Lecona

Activista. Defensor de derechos humanos. Manifestante. Nació en la Ciudad de México en 1986. Apasionado de la libertad de expresión desde mayo de 2012, cuando jóvenes universitarios dieron una lección de dignidad al país. Ha promovido y acompañado procesos legislativos y políticos desde la sociedad civil y como asesor parlamentario, sin haber pertenecido nunca a partido político alguno. Apartidista. Consultor en temas de libertad de expresión, justicia, corrupción, transparencia y organizaciones de la sociedad civil.


*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.
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