“La lógica de la impunidad y sus cómplices”, artículo de Carlos Herrera de la Fuente
"Para romper la lógica de la impunidad es indispensable resquebrajar el monopolio fáctico de las ideas en los medios de comunicación...".
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Foto: Archivo Cuartoscuro

Carlos Herrera de la Fuente/ colaboración especial

México está mal. He ahí un lugar común que todos repiten. Desde la persona más humilde hasta políticos encumbrados. Incluso algunos empresarios beneficiados por el sistema (con excepción de los banqueros, quienes hace poco más de un mes –La Jornada, 11 de marzo de 2016-, en voz de Luis Robles Miaja, presidente de la Asociación de Bancos de México, anunciaron que se encontraban en el mejor ciclo de su historia).

Todos sabemos que el país no marcha bien y, además, por si fuera poco, somos capaces de enunciar, una por una, las cosas que no funcionan: una economía estancada desde hace más de treinta años; un campo destruido; migración creciente; narcotráfico, crímenes, torturas, secuestros y violencia desatada; desapariciones forzadas; desempleo; pobreza en aumento; pésima distribución del ingreso; trabajo informal; violencia contra las mujeres y los niños; crisis educativa; corrupción en todos los niveles de gobierno (en especial en los más elevados); ineficiente (por decir lo menos) procuración e impartición de justicia; contaminación; destrucción ecológica; etc., etc.

A diferencia de la llamada época de la “dictadura perfecta”, durante la cual, en cada informe de gobierno, se hacía un recuento detallado de los “grandes logros” de la nación, consignados bajo el lema de “la revolución continúa”, ahora, en la época de la democracia postergada, casi todos los políticos (con gran dosis de cinismo, claro) son capaces de reconocer que “algo anda mal”, que “hay mucho por hacer”, que es necesario “dar un golpe de timón”.

El problema es que, a la hora de determinar, en los casos concretos, qué es lo que está mal, quién es el culpable de que las cosas no hayan salido como debían salir, por qué nadie es castigado por haber realizado actos indebidos desde los cargos públicos, lo único que los gobernantes y sus voceros oficiales en los medios de comunicación atinan a decir es que “los hechos se malinterpretaron”, que “en el fondo no hay nada ilegal y las cosas se pueden aclarar”, que “no se puede acusar a nadie sin pruebas contundentes”, que “todo ha formado parte de una campaña de desprestigio orquestada por fuerzas políticas que sólo buscan traer agua a su molino”, etc.

Las mismas frases siempre, repetidas hasta el cansancio por centenas de plumas y voces. Y nada pasa. La impunidad se perpetúa. Al final, quedan únicamente las explicaciones anodinas y vulgares, como la dada por Peña Nieto hace algún tiempo, de que el problema de la corrupción en México “es cultural” (de la cual hace ahora eco su amigo y “defensor de oficio” Virgilio Andrade).

Sucede así, entonces, que al reconocimiento de cada uno de los males del país, le sigue siempre, de parte de los gobernantes y sus voceros en los medios masivos de comunicación (quienes, con excepciones notables como Aristegui Noticias, La Jornada, Proceso y algunos otros), se han convertido en un coro homogéneo y vergonzoso que sólo repite lo que quiere escuchar el grupo en el poder, una retahíla de excusas y disculpas desproporcionadas que anulan el reconocimiento original. Se acepta el mal general, pero al tratar de determinar a los culpables concretos de esos males, se les exculpa sin excepción (siempre y cuando, como sucede en la mayoría de los casos, pertenezcan al grupo de los poderosos). Y, al final, no se castiga nadie (porque ya se nos explicó que no hay nada que castigar). Ésa es la lógica de la impunidad.

Guardando toda proporción debida ante hechos históricamente disímiles, ocurre aquí como en la Alemania de la segunda posguerra, cuando al tratarse de establecer la culpabilidad de atrocidades tales como el intento de exterminio de los judíos, se decía que dicha culpabilidad recaía en todos los alemanes (por una cuestión cultural, claro).

Fuera de ciertos líderes nazis sobresalientes juzgados en Nüremberg, se exculpó así a una gran cantidad de miembros del partido nacionalsocialista que, efectivamente, participaron en la planeación y ejecución de crímenes de lesa humanidad, dejándoles el camino libre para su colaboración en los gobiernos posteriores. Ésta fue una de las causas del movimiento alemán de 1968. Los jóvenes sabían que muchos de los políticos de su país habían sido colaboradores del régimen totalitario y los denunciaron públicamente.

Aquí, casi la totalidad de medios masivos de comunicación, a través de conocidos periodistas, hacen hasta lo imposible por demostrar que cada una de las acusaciones que se hace contra miembros del gobierno en temas de relevancia nacional e internacional son falsas y, por lo tanto, no hay ningún delito que perseguir. Simplemente no hay nada que criticar. Lo único malo que le sucede al país son las denuncias “injustificadas” que hacen los críticos del gobierno… y todos aquellos que protestan contra él. Veamos algunos casos.

Todos sabemos que la “investigación” hecha por la PGR en el caso de las 43 desapariciones de Ayotzinapa adolece de innumerables fallas (por decir lo menos) que ponen en duda la veracidad de aquello que Murillo Karam llamara, con total irresponsabilidad, la “verdad histórica” de lo ocurrido en esa región de Guerrero. Como lo documentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el informe de la segunda parte de su mandato, gracias a fotos satelitales se pudo comprobar que los días 26 y 27 de septiembre llovió en Iguala y, por si fuera poco, no se registró ningún incendio ni en Cocula ni en Iguala durante esos dos días. Además, se propuso la hipótesis de un quinto autobús que transportaba droga o ganancias de droga hacia Chicago, Estados Unidos, y que “fue primero interceptado y luego custodiado por policías federales” (Aristegui Noticias, 9 de septiembre de 2015). Finalmente, para poder completar su investigación, el GIEI pidió autorización al Estado mexicano para entrevistar al personal del 27° Batallón del Ejército Mexicano, ubicado en Iguala.

Tanto las pruebas, como la hipótesis y la solicitud de autorización fueron rechazadas por el Estado en innumerables ocasiones. En connivencia con este múltiple rechazo, los medios oficiales hicieron hasta lo imposible por demostrar que ninguno de los dichos o hipótesis del GIEI (surgido de un acuerdo entre la CIDH, los representantes de las víctimas y el propio Estado mexicano) eran factibles. Que las nubes no permitían ver si había fuego o no; que no había ningún registro de un quinto autobús; que nadie, más que el Estado a través de sus instituciones, podía entrevistar a efectivos del Ejército Mexicano.

Como verdaderos defensores de oficio al servicio del Estado, sin ninguna capacidad crítica frente a él, desecharon y desechan lo argumentado por el GIEI. Hoy, convertidos en xenófobos decididos (cuando, supuestamente, critican a los “nacionalistas nostálgicos” que defienden el petróleo y otros recursos estratégicos para el desarrollo nacional), exigen la salida inmediata de ese grupo de expertos extranjeros del país y encabezan una campaña de desprestigio de sus labores y de sus personas. Para ellos, la única verdad es la presentada por Murillo Karam cuando era Procurador General de la República. Por supuesto, cuando se trata de criticar a gobiernos de países como Venezuela, entonces lo que haga o diga la CIDH se convierte en una verdad absoluta.

La casa blanca. El escándalo desatado por la publicación del magnífico reportaje del grupo de investigación encabezado por Carmen Aristegui en su portal de noticias, unos meses antes de que fuera despedida de manera injustificada de MVS, ratificó por enésima ocasión la forma en la que funcionan las cosas en México cuando se trata de otorgar concesiones a particulares para obras de relevancia nacional. Nada extraño: todo el mundo sabe que así es la realidad en nuestro país desde siempre. Pero cuando se trata del caso específico del presidente en funciones, Enrique Peña Nieto, de su esposa, Angélica Rivera y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, recibiendo favores de uno de los principales contratistas del gobierno, Juan Armando Hinojosa, presidente del Grupo Higa y presunto evasor fiscal exhibido en los Panama Papers, nadie (con excepción de la propia Aristegui y de los pocos medios mencionados) se atreve a señalarlo.

Resultado: bajo el argumento de un “conflicto entre particulares” se despidió a Carmen Aristegui de MVS (reforzándose así la ausencia de libertad de expresión y la clara homogeneidad de opiniones en los medios de comunicación masiva del país) y, en un acto digno de las comedias más burdas o del autoritarismo más ramplón, se nombró a un empleado del propio presidente (al ya mencionado Virgilio Andrade) para que los investigara, a su esposa, a su secretario de Hacienda y a él mismo. Los voceros de los medios se dieron por satisfechos: todo había quedado aclarado. Sólo se quería desprestigiar al presidente y a sus hombres cercanos sin pruebas contundentes.

Para mencionar un tercer caso entre los cientos y cientos que existen en México, baste recordar lo que le aconteció hace poco a la periodista Karen Cota cuando publicó un reportaje en Milenio sobre “El (falso) éxito de la Cruzada Nacional Contra el Hambre”, encabezada desde la Sedesol por Rosario Robles. A pesar de haberse llevado más de cinco meses para realizar la investigación y demostrar que el pretendido “éxito” de dicha cruzada era en realidad una farsa, bastó una “visita de Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a las oficinas del diario para ser lapidada” (Vanguardia, 16 de marzo de 2016).

Ya un año antes, la propia Auditoría Superior de la Federación había denunciado la existencia de un fraude masivo cometido en el contexto de dicha campaña, a partir de acuerdos firmados con universidades. “A través de cinco convenios firmados en 2013 con las universidades autónomas del Estado de México y de Morelos (UAEM y Uaemor, respectivamente), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que encabeza la experredista Rosario Robles, encubrió un fraude masivo en el marco de la entonces recién creada Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), que costó al erario no menos de 845 millones de pesos” (Proceso, 19 de febrero de 2015). Obviamente, todo esto no fue suficiente para que Carlos Marín, director de Milenio, privilegiara el trabajo y la investigación de su reportera por encima de la visita de Rosario Robles a su diario.

Finalmente, lo ocurrido en Tlatlaya, Tanhuato y, recientemente, lo exhibido en un video donde aparecen elementos militares y de la policía federal torturando a una mujer, ratifica las crecientes denuncias de delitos y violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de miembros del orden castrense en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico”, en la cual, como la han mencionado multitud de expertos desde el sexenio pasado, no debería participar el ejército, puesto que no se trata de un cuerpo institucional especializado en la realización de dichas funciones. No obstante, a pesar de las múltiples evidencias, denuncias y quejas acumuladas durante tantos y tantos años, los voceros de los medios de comunicación no se cansan de decir que se trata de casos aislados, que no se puede generalizar a partir de esos acontecimientos e, incluso, como se atreve a hacerlo Ciro Gómez Leyva en su columna de El Universal (19 de abril de 2016), que en el caso de la torturada en el video (de nombre Elvira Santibáñez), se trataba en realidad de una “torturadora” (así, sin presentar ninguna prueba contundente que justifique dicha denominación).

La impunidad en México es el resultado conjunto de la colaboración estrecha entre el Estado y los medios masivos de comunicación que, en lugar de cuestionar, criticar o poner en duda las versiones oficiales del gobierno en funciones, fungen sistemáticamente como defensores de la “verdad institucional”. Para ellos, los culpables de lo que sucede en el país (aunque, en la realidad, siempre terminan sosteniendo que no pasa nada) son todos aquéllos que efectivamente critican, cuestionan o ponen en duda la veracidad de “la sagrada palabra estatal”. Es decir, todos aquéllos que no han gobernado en las últimas tres décadas. Los gobernantes son inocentes. Los culpables son sus críticos.

Para romper la lógica de la impunidad es indispensable resquebrajar el monopolio fáctico de las ideas en los medios de comunicación. Podrá haber dos, tres, cuatro o cinco empresas invirtiendo en estos rubros (televisión, radio, prensa), pero mientras los ciudadanos no participen democráticamente en el proceso de elaboración y difusión de la información, la homogeneidad de las opiniones y de lo transmitido seguirán anulando de hecho la libertad de expresión en el país. No basta el internet en un país donde la información está centralizada. Sin la libertad de expresión y crítica en los medios masivos de comunicación, hablar de democracia en México es sólo un buen deseo que nadie puede decir cuándo habrá de cumplirse.



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