Avala Senado sistema anticorrupción; va a los congresos estatales
Con 97 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, el Senado de la República aprobó en lo general el dictamen a la minuta que modifica diversas disposiciones de la Constitución Política y establece el Sistema Nacional Anticorrupción para prevenir, detectar y sancionar hechos relacionados con la corrupción.
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El Senado de la República remitió a los congresos estatales, para su aprobación, el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia de combate a la corrupción.

Durante una sesión de más de 12 horas y que concluyó en los primeros minutos de este miércoles, fueron aprobadas en lo particular las reservas a los artículos 22, 73, 74, 79, 108, 109, 113 y 114; Segundo, Quinto y Décimo Primero, Transitorios.

Con las reformas anticorrupción, se modificaron diversas disposiciones de la Constitución Política.

Por ejemplo, se establece al Sistema Nacional Anticorrupción como instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Al respecto, el senador Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo, señaló que con el nuevo sistema el Presidente de la República seguirá “intocado”, pues no se le considera susceptible de responsabilidad administrativa y se le dota de impunidad; además, el nuevo andamiaje institucional será controlado por el Ejecutivo federal y los tres partidos mayoritarios.

La senadora Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, dijo que es ineludible insistir en una reforma que elimine el fuero, ya que representa uno de los compromisos pendientes para corresponder a las exigencias y reclamos que la sociedad hace, “porque nos demanda remontar la grave crisis de credibilidad de las instituciones”.

El senador del Partido Acción Nacional, Fernando Torres Graciano, refirió que la corrupción le cuesta al país 341 millones de pesos al año, por lo que este ordenamiento permitirá avanzar en el combate a este fenómeno, que no sólo repercute en la economía, sino que socava la legitimidad de las instituciones y afecta la posibilidad de desarrollo integral de los pueblos.

En favor del dictamen, el senador Daniel Amador Gaxiola, del Partido Revolucionario Institucional, afirmó que si bien se establecen nuevas reglas para acabar con este cáncer que lacera a la sociedad, no es la solución para abatir la corrupción; para ello, es necesario cambiar el modelo y sancionar penalmente a quienes hagan mal uso de recursos públicos sin importar el partido al que pertenezcan.

Al hablar en pro, el senador del grupo parlamentario del PRD, Zoé Robledo Aburto, dijo que “hoy vivimos en la más grave crisis de credibilidad de la que se tiene registro en los tiempos modernos”, ya que la corrupción se “pavonea” en la vida diaria y se ha convertido en un problema ético, político y jurídico.

En favor del dictamen, la senadora Laura Rojas Hernández, del PAN, aseguró que la reforma no se quedó corta en lo que buscó reformar. Además, planteó crear un grupo plural de legisladores que trabaje durante el receso, a fin de no detener el trabajo sobre la materia.

En el mismo sentido, la senadora del PRI, Diva Gastélum Bajo, resaltó que en el combate al problema de corrupción México está en los estándares internacionales; al mismo tiempo, recalcó que la participación ciudadana es fundamental.

A su vez, el senador del PRD, Benjamín Robles Montoya, lamentó que este proyecto no contemple la desaparición del fuero, pues esta figura se ha constituido como un permiso para afectar el equilibrio que debe existir entre los poderes de la Unión.

El senador Javier Corral Jurado, del PAN, dejó en claro que la enmienda sólo contempla sanciones administrativas y no penales, por lo que cualquier interpretación de cárcel para los corruptos es una magnificación que hace daño a la misma reforma, sirve a la confusión y da pretexto al poder en turno “para tratar de lavarse la cara de la corrupción que los enloda”.

El senador del PRI, David Penchyna Grub, indicó que a partir de estas modificaciones al marco constitucional se podrá prevenir, investigar, consignar y sancionar los catos de corrupción en el país, a través de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. “De lo que se trata es de recuperar la confianza ciudadana y devolverle el prestigio al quehacer público”.

La senadora del grupo parlamentario del PRD, Dolores Padierna Luna criticó que no se incluyera al presidente como sujeto de investigación por corrupción, la eliminación del fuero constitucional y la obligación de declaración patrimonial de servidores públicos. Para combatir la corrupción, dijo, se requieren contrapesos democráticos y un alto total a la impunidad.

Su compañero de bancada, senador Fernando Mayans Canabal, señaló que la corrupción es un fenómeno que no se resolverá con la ley que se pretende aprobar, toda vez que es un problema que se tiene que enfrentar desde diversos ángulos tales como el educativo y cultural. Refirió que de acuerdo a cifras del INEGI el país tiene un nivel de impunidad del 98 por ciento.

En su intervención a favor, el senador Daniel Ávila Ruiz, del PAN, dijo que se trata de un asunto de seguridad nacional para el país pues, según diversas instituciones, la corrupción genera pérdidas de hasta dos mil millones de pesos en inversión privada y mil millones más, por inversión extranjera directa.

Por su parte, el senador del PRI, Omar Fayad Meneses apuntó que se da un gran paso en la construcción de un sistema que tendrá que ser probado y quizá pulido a futuro, pero se ha cumplido “con una responsabilidad histórica”. Además, puntualizó que el Presidente de la República puede ser acusado por delitos graves, a través de un procedimiento constitucional.

A su vez, Pilar Ortega Martínez, senadora del PAN, subrayó que como todo instrumento jurídico-legislativo este sistema es perfectible y tendrá que ser puesto a prueba; la tarea no está acabada, apuntó.

Para la senadora de la bancada del PRI, Graciela Ortiz González, la aprobación de este proyecto forma parte de un largo proceso en el que se llevaron a cabo reformas importantes para el país, a fin de conformar andamiaje jurídico moderno.

Alejandra Barrales Magdaleno, del PRD, precisó que con las nuevas medidas que incluye el sistema anticorrupción el secreto bancario no será un medio para evadir ilícitos, se ampliarán los plazos para la prescripción de delitos, se crearán salas especializadas en el Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa y de órganos especiales en los estados.

A su vez, la senadora del PAN, Sonia Rocha Acosta, se pronunció a favor de la declaración patrimonial de servidores públicos y la exposición de sus esferas de interés, ya que dijo, la declaración no es una concesión, sino una obligación de los funcionarios y servidores públicos.

Por Acción Nacional, el senador Francisco Búrquez Valenzuela expresó que la ciudadanía exige combatir la corrupción que ha sido “la marca de la casa” en esta administración, e hizo un llamado para impulsar la aprobación de la reforma constitucional en los congresos estatales.

El senador Mario Delgado Carrillo, del PRD, consideró que en la lucha contra este fenómeno “no se puede aceptar la tibieza, porque se termina siendo funcional para permitir que exista un sistema político corrupto” y aceptar avances a medias es validar la idea de que nuestra democracia y sistema de partidos no funciona para hacer los cambios que el país necesita.

(Con información del Senado y Notimex)



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