Acusación del contralor del IFE carece de argumentos: consejero Córdova
El consejero electoral Lorenzo Córdova aseguró que la acusación por daño patrimonial, hecha por el contralor Gregorio Guerrero, carece de argumentos técnicos y jurídicos y que no le corresponde sancionar.
No hay sustento técnico ni jurídico en acusación del contralor: consejero Córdova
Lorenzo Córdova, consejero electoral del IFE (Foto: Adolfo Valtierra/Cuartoscuro)

La acusación del contralor del Instituto Federal Electoral (IFE), Gregorio Guerrero, sobre supuestas irregularidades en la compra de un inmueble para la institución en 2009 carece de argumentos técnicos y jurídicos para constatar un posible daño patrimonial, sostuvo el consejero electoral Lorenzo Córdova.

En entrevista con Noticias MVS primera emisión, el funcionario señaló que la indagatoria de Guerrero se basa en un avalúo del Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (Indaabin) que el IFE “no conoció (porque) no se entregó en tiempo y forma”, y por lo tanto no habría existido una intención de daño patrimonial en la compra que se hizo.

Córdova explicó que en 2008 el IFE tenía que instalar el Sistema Integral para la Administración de los Tiempos del Estado (SIATE), para verificar que se cumpliera con la transmisión de los tiempos oficiales en medios electrónicos. Dado que la instalación del sistema debía estar lista antes de las elecciones de 2009, el instituto tenía premura en encontrar un inmueble donde instalarlo.

Si bien al principio arrendó un edificio en Acoxpa, ante la posibilidad de adquirirlo el IFE solicitó un avalúo al Indaabin, que estableció el valor de la propiedad en 118 millones de pesos. Sin embargo, ese avalúo no consideraba las remodelaciones que se estaban haciendo al inmueble, por lo que el IFE le pidió un segundo avalúo, el cual demoró más de lo previsto.

A decir de Córdova, como había premura por comprar el edificio, el instituto solicitó otro avalúo a Banobras. El valor que Banobras estableció, considerando las remodelaciones, fue de 265 millones de pesos; sobre ese avalúo se negoció una compra por 225 millones de pesos más IVA, añadió el consejero.

Pero dos años después de la compra, el contralor Guerrero recabó el segundo avalúo elaborado por el Indaabin, el cual había sido cancelado por el IFE y que valuaba la propiedad en 125 millones de pesos. Esa diferencia es la que Guerreo aduce para considerar que se pagó un sobreprecio.

A juicio de los consejeros “no hubo elementos para concluir que hubo un daño patrimonial”, defendió Córdova.

Contralor no tiene atribuciones

Córdova señaló además que la tarea del contralor es hacer indagatorias, recabar pruebas y someterlas a consideración del Consejo General del IFE, pero que no le corresponde sancionar.

Quienes tienen esa facultad son los consejeros, que valoran si las pruebas del contralor son suficientes para emitir una sanción y, en caso contrario, la desestiman, como ocurrió en este caso.



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