opinión
Valadés, Susarrey, Zamarripa, 3 artículos sobre autodefensas en Michoacán
por Redacción AN
(Jaime Sánches Susarrey, Diego Valadés, Roberto Zamarripa)

Aquí las opiniones de los tres editorialistas de Reforma sobre las autodefensas en Michoacán, publicadas entre el sábado 18 y el martes 21 de enero.  

 

“Qué hacer”
Por Jaime Sánchez Susarrey
Reforma, sábado 18 de enero, 2014.

Sabemos que Los Templarios son una organización criminal que roba, extorsiona, asesina y cobra derecho de piso; además, que secuestra y viola muchachas y jovencitas.
Sabemos, por diferentes testimonios, incluido el obispo de Apatzingán, que allí donde las autodefensas se han desarrollado, el poder del crimen organizado ha sido contenido.
Sabemos que la estrategia de Calderón fue un completo desastre. Hacia el final de su gobierno anunció la muerte de El más loco y la desintegración de La Familia. Nada era cierto.
Sabemos que La Familia se transformó en Los Templarios y que su poder se incrementó exponencialmente. Los cercos de la Ruana y Tepalcatepec, el año pasado, lo ejemplificaron a la perfección.

Sabemos que la presencia de las fuerzas federales no puede ser indefinida. Y que, una vez que empiece la retirada, Los Templarios regresarán para ajustar cuentas.

Sabemos que el poder de Los Templarios ha derivado en la cooptación de múltiples autoridades y policías municipales.

Sabemos que el poder de los Templarios va más allá de Tierra Caliente y extorsionan, de manera generalizada, a diferentes sectores de la población, como los ganaderos.

Sabemos que la fuerza y la impunidad de Los Templarios no se puede explicar sin la complicidad o la tolerancia de las autoridades estatales.

Sabemos que el actual secretario de Gobierno, Jesús Reyna, que fungió como gobernador interino, minimizó el problema de Tierra Caliente y se pronunció en contra de las autodefensas, como si estuvieran al mismo nivel que el crimen organizado.

Sabemos que el repliegue del crimen organizado no fue obra de las autoridades municipales y estatales, ni tampoco de las federales, sino de las autodefensas que se propusieron sacar a Los Templarios de Apatzingán, Nueva Italia y Aguililla.
Sabemos que las autodefensas de la región de Tierra Caliente no buscan enfrentar al Estado, sino combatir a los Templarios.

Sabemos que los líderes de las autodefensas tienen nombre y apellido, no se esconden en la sierra ni usan pasamontañas, sino dan la cara y hacen pronunciamientos públicos exigiendo que el gobierno federal detenga a los principales jefes Templarios.
Sabemos que las autodefensas tienen fundados temor y recelo de ser desarmadas, porque una vez que las fuerzas federales se retiren, sus integrantes serán perseguidos, asesinados, y habrá poblaciones arrasadas.

Sabemos que la Constitución establece el derecho a la legítima defensa y, en el artículo 16, faculta a cualquier ciudadano a detener a quien esté cometiendo un delito.
No se puede, en consecuencia, equiparar a ciudadanos que se han armado para defenderse con criminales que asesinan, extorsionan y violan.

Tampoco se puede emprender el desarme de las autodefensas cuando no se ha detenido a los principales jefes Templarios, que, a decir de la diócesis de Apatzingán, todo el mundo sabe dónde se encuentran.

La nueva estrategia del gobierno federal va, por una parte, más allá de lo que hizo Felipe Calderón; pero, por la otra, reedita el envío de las fuerzas federales, como si fuera la solución.

El gobierno federal debería, en consecuencia, reconocer la valentía y la importancia que han tenido las autodefensas en el combate a Los Templarios y, a partir de ahí, debería ser imaginativo y creativo para abrirles espacios legales e institucionales.

Dicho de otro modo, desperdiciar la energía social y la experiencia que han adquirido las autodefensas sería imperdonable; sobre todo, cuando se sabe que la construcción de cuerpos policiacos confiables será una tarea que llevará muchos años.

El gobierno federal, por lo demás, está pagando los errores que cometió en Michoacán. Primero, al replegar las fuerzas federales al inicio de la administración. Y luego, al subestimar la gravedad del problema y suponer que con unos cuantos contingentes federales contendría a Los Templarios.

Se equivocó, también, al iniciar el desarme de las autodefensas y encarcelar a sus integrantes por el solo delito de portar armas de uso exclusivo del Ejército.

Porque hay que decirlo con todas sus letras: la Ley Federal de Armas es absurda (al prohibir, por ejemplo, que un civil pueda utilizar una pistola calibre .38 o 9 milímetros) e injusta al dejar a los ciudadanos a merced de criminales que utilizan armas de alto poder.

En resumen, los líderes de las autodefensas tienen toda la razón al afirmar que no entregarán sus armas hasta que las autoridades den resultados y sean capaces de brindarles seguridad. Lo que, ciertamente, no ocurrirá de un día para otro. @sanchezsusarrey

 

“Obnubilados”
Por Roberto Zamarripa

Reforma, lunes 20 de enero, 2014.

Una honda crisis de conciencia enaltece la violencia. La fascinación por las autodefensas, la conmiseración por sus líderes, los favores gubernamentales, el apapacho de la izquierda, la porra fanática de la derecha, todos, en coro, subliman a los alzados.

La declaración de incompetencia, la cruda moral, la expiación de culpas, decretan la obnubilación. Las autodefensas pesan más que un partido y mandan más que el gobierno. Tienen mejores armas que una policía municipal y más dinero que un michoacano común.

Es el culto a la venganza, ojo por ojo, más vale templario en mano que la muerte rondando, la firma de la rendición y la incompetencia.

Las autodefensas constituyen una singular mezcla de ánimos reivindicatorios, control de territorios, financiamiento oscuro, armamento sofisticado, pertrechamiento de mercenarios, apoyo de pobladores, ganaderos y agricultores desesperados, estela de narcotráfico y criminalidad, aspiraciones políticas, conservadurismo económico.

“El Comandante Cinco saca un fajo de billetes y le entrega dos a una de las mujeres: ‘Vete a comprar cosas para limpiar el piso’, le indica. Explica que su financiación proviene de empresarios de la región y niegan que un cártel rival los esté apoyando. Las armas, cuenta, son trofeos de guerra. ‘Se las quitamos a Los Templarios que matamos'” (“Los justicieros de Tierra Caliente”, reportaje de Verónica Calderón. El País. 19/01/14).
En el mismo reportaje, un comisario de la Policía Federal asegura que las autodefensas “no son unas blancas palomitas” pues son financiadas por el cártel de Jalisco.
La ambivalencia ratifica el titubeo. El secretario de Gobernación emplazó a las autodefensas a entregar las armas pero la incursión militar es un fracaso.

Los amenaza pero los protege. El viernes 17 a Hipólito Mora, otro líder armado, lo trasladaron en nave federal al Hospital de Cardiología por una crisis de hipertensión.

Al médico Mireles lo llevaron a Médica Sur con una atención que ni a sus soldados otorga.

Con el doble lenguaje -emplazo al desarme pero les protejo hasta la camilla-, el gobierno toma posiciones. Erige la Procuraduría de Atlacomulco sobre el terreno de guerra y deposita al maltrecho gobernador michoacano encima del despacho del comisionado Alfredo Castillo. Sí, como un florero parlante.

Franjas de partidos de izquierda han concedido a las autodefensas gérmenes revolucionarios. Incluso, el ex senador Cristóbal Arias destapó al médico Mireles como candidato a gobernador de la izquierda.

Los dirigentes de autodefensas, Mora, Mireles, Estanislao, peinan más que canas. Cercanos a los 60 años, no fundamentan un discurso político sino la proclama del velador, del vigilante, del cancerbero. Tienen tropas de muchachos, desempleados, amagados, sin horizonte. Defienden intereses económicos, territorios, ranchos. Su guerra es diferente. Quieren acabar con Los Templarios, uno de los grupos más sanguinarios, con los mismos ingredientes con los que sus rivales actúan. La violencia para la aniquilación del contrario, la inexistencia del otro, para recuperar el territorio.

También Los Templarios simulan ser justicieros. Llamaron hace una semana en Apatzingán a la guerra contra sus enemigos los comunitarios con un mensaje firmado por “Ernesto Villa Morelos”. Dicen que el firmante es Nazario Moreno, al que desde el 2010 dan por muerto. Su rúbrica corresponde a los homenajes a Ernesto Guevara, el Che; Francisco Villa y José María Morelos.

Los perredistas no deslindan de la violencia. En realidad, las autodefensas son creación de su fracaso como gobernantes de la entidad. Ni una pizca de autocrítica. Sí una rendición.
Hay quienes quieren a las autodefensas liderando la reconstrucción de Michoacán. Son necesarios, sí, pero bajo condiciones claras: desarme, compromiso con la legalidad, deslinde del narcotráfico, abandono de prácticas de extorsión.
Y que el gobierno doblegue a Los Templarios y anule los circuitos económicos del despojo y el enriquecimiento de las mafias (minas y puertos). Lejos de eso, Michoacán gangrena.  [email protected]

 

“La impotencia del poder”

Por Diego Valadés

Reforma, martes 21 de enero, 2014.

La sociedad se siente indefensa ante la violencia. Diferentes administraciones han enfrentado el desafío sin encontrar las claves para su solución. La magnitud del problema ha aumentado y al sufrimiento de las personas y a la afectación de la economía se suma ahora un fenómeno que puede erosionar los fundamentos del Estado.
La formación de las denominadas autodefensas, que una parte de la población apoya, que otros rechazan y que el Estado acepta en silencio, denota el extremo al que se está llegando. Hay quienes hablan de una autorización tácita para que alguien haga el trabajo sucio sin comprometer a las fuerzas del Estado en actos violatorios de los derechos humanos. Al margen de eso, los “vengadores” tolerados, como los que retrata Akira Kurosawa en su magistral Siete samuráis y que J. M. Coetzee identifica como parte de una teoría del Estado arcaico, son una negación del Estado constitucional.

En los lustros que llevamos de delincuencia exacerbada, el Estado ha ensayado remedios penales y policiales. Los hechos demuestran que es un enfoque equivocado. No se ha reconocido que son necesarias reformas sociales y democráticas que inspiren confianza a la sociedad, que frenen la corrupción y que hagan más responsable y eficaz la acción del Estado. El resultado es que la inseguridad ha aumentado, y al delito organizado para el tráfico de drogas y a las células gansteriles dedicadas a extorsionar a productores y comerciantes, se adicionan ahora grupos armados que dicen actuar ante la ausencia de las autoridades.

Sorprende que al cabo de tantos años de combatir la violencia sin éxito, el Estado todavía no emprenda el estudio científico de sus causas y de sus expresiones. Tenemos expertos en cuestiones de seguridad y hay instituciones que investigan la incidencia delictiva, pero la violencia tiene una enorme complejidad cuyo conocimiento obliga a utilizar herramientas de muchos otros campos del saber: antropología, comunicación, criminología, economía, derecho, pedagogía, política, psicología, psiquiatría, sociología, urbanismo.

En Estados Unidos y en Europa hay numerosos centros académicos dedicados a examinar ese fenómeno en sus diversas variantes y con todas sus implicaciones. En México necesitamos llevar a cabo un esfuerzo análogo, porque uno de los peores padecimientos de la sociedad todavía no es objeto de investigación científica por parte del Estado.

Al analizar la violencia desde una perspectiva amplia se vería que el componente democrático es muy relevante. El estudio sistemático de ese flagelo permitiría ver hasta qué punto lo que se encuentra en riesgo ya no es sólo la tranquilidad de los gobernados sino el destino mismo del Estado. El viejo problema del narcotráfico está desembocando en una crisis creciente que amenaza la legitimidad democrática de las instituciones.

Desde una perspectiva institucional la autocomposición de conflictos y la autodefensa de intereses corresponden a manifestaciones primitivas de la organización social. Cuando un Estado consolidado permite el retroceso hacia estilos rudimentarios de comportamiento, comienza un proceso de decadencia que debe ser detenido a tiempo. La generalización de conductas antijurídicas afecta a la sociedad, y en su nueva dimensión daña asimismo al Estado.

Hay argumentos que explican la existencia de las autodefensas. Son comprensibles en función de las circunstancias, pero el asunto de fondo es que también son un síntoma de que el Estado mexicano del siglo XXI comienza a parecerse al del siglo XIX, cuando la multiplicación de bandas armadas fue una de las causas de la dictadura.

El Estado no puede permanecer expectante ante su propia dilución. Todo Leviatán reacciona en algún momento y debemos estar conscientes de que su respuesta espontánea suele ser autoritaria. Por eso es necesario adelantarnos, construyendo una democracia radical que ofrezca soluciones para los dos problemas mayores del país: inequidad e inseguridad. Será un error dejar que todo siga su curso, porque la exigencia de resultados policiales puede ser un pretexto para el autoritarismo.

La demagogia apela a las emociones y se agota en el corto plazo. Todas las expresiones de demagogia, las concernidas con la seguridad incluidas, pasan por encima de las libertades y de la racionalidad constitucional.

La violencia se desliza hacia un estilo de vida que el poder contempla con impotencia. No puede haber una contradicción más peligrosa para un Estado constitucional.  @dvalades

 

Redacción AN



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